| El desarrollo de las ideas socialistas en Chile. Sebastián Jans |
8.6. MIL DÍAS DE GOBIERNO POPULAR. |
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Allende Presidente. En 1970, Allende fue elegido Presidente de la República, iniciando un gobierno de tres años que sería interrumpido en su desarrollo constitucional por el golpe militar. Previamente, luego de ser elegido y antes de asumir el cargo, fue objeto de una conspiración, respaldada por el gobierno norteamericano de Nixon, tendiente a impedir su acceso al poder. Posteriormente, como lo demuestran los archivos desclasificados del gobierno norteamericano, aquella acción desestabilizadora se mantendría hasta su derrocamiento. En la foto, en una ceremonia oficial, junto al Ministro José Tohá y el comandante naval Araya. Tohá murió a causa de las torturas y Araya fue asesinado antes del golpe militar por un comando derechista. Junto a ellos, quien era, cuando se grabó esta imagen, jefe de la Guarnición de Santiago, Augusto Pinochet.
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Capítulo Primero. LAS PRIMERAS DÉCADAS DE LA REPÚBLICA.
Capítulo Segundo. ARCOS Y LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD. Santiago Arcos, su orígen e influencias. El Club Reformista de la calle de las Monjitas.
Capítulo Tercero. FORMACION CAPITALISTA Y MUTUALISMO. Montt, el último gobierno pelucón. La revolución burguesa de 1859. La expansión capitalista mundial. Factores que influyen en la proletarización.
Capítulo Cuarto. LA CLASE OBRERA A FINES DEL SIGLO XIX. El régimen que reemplazó a Balmaceda. Alejandro Escobar y Ricardo Guerrero. Las organizaciones socialistas precursoras.
Capítulo Quinto.RECABARREN Y EL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA. Los hechos sociales de principios del siglo XX. Dos años de sangrienta lucha de clases. La masacre en la Escuela Santa María de Iquique. La Federación Obrera de Chile. La crisis imperialista y la situación internacional. La Asamblea Obrera de Almentación Nacional. La mesocracia y el populismo de Alessandri.
Capítulo Sexto. LA GRAN CRISIS DE LOS TREINTA. La crisis y la caída de la tiranía.
Capítulo Séptimo. LAS DOS VERTIENTES SOCIALISTAS EN CHILE. Fundación del Partido Socialista de Chile. La represión de González Videla.
Capítulo Octavo. ALLENDE Y EL MOVIMIENTO POPULAR. El gobierno reformista de Frei. Los mil días de Gobierno Popular.
Capítulo Noveno. LA RENOVACION SOCIALISTA. El fin de la República Mesocrática. La dictadura de Pinochet. La crisis del Partido Socialista y el movimiento de renovación. El liderazgo de Ricardo Lagos. El derrumbe de los "socialismos reales". La Concertación de Partidos por la Democracia.
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En noviembre de 1970, asumía el gobierno de Salvador Allende, dando inicio a los que se conocería como la vía chilena al socialismo, novedoso proceso que concitó la atención mundial. Aquello que algunos clásicos del marxismo habían previsto, entre ellos Federico Engels, por primera vez era posible: la conquista del poder, o parte de él, por la vía legal o intrasistema. Durante la campaña electoral, la Unidad Popular había elaborado un plan de acción inmediata, que sería puesto en práctica por el gobierno, apuntando esencialmente a crear condiciones sociales, políticas y económicas para favorecer el proceso de cambios que se había propuesto llevar a cabo. Ese plan, conocido como Las 40 Medidas, consideraba la nacionalización del cobre y de las riquezas básicas, la profundización de la reforma agraria, relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, definición de tres áreas de la economía, educación plena para todas las personas en edad escolar, etc. Estas medidas significaban poner el acento en la acción social y en reivindicaciones que representaban, sin duda, una profundización de aspectos sobre los cuales había mayoría social para respaldarlas. Ello se advierte en las elecciones municipales de 1971, pocos meses después de las presidenciales, en que la Unidad Popular incrementa significativamente su apoyo electoral. A cuatro meses de estar en el gobierno, Allende obtenía para sus partidos un 52% de los sufragios. A pesar de tener un parlamento contrario, el gobierno pone en marcha sus principales propuestas hechas al país. Recordemos que había solo 57 diputados de la Unidad Popular, en un total 150, y 23 senadores entre 50. En su primer año de gestión, los índices de entrega de leche a los escolares, embarazadas y lactantes fueron cuadruplicados, beneficiando a mas de 3 y medio millones de personas; se construyeron 70.000 viviendas; las matriculas de enseñanza básica crecieron un 5,1%, las de enseñanza media profesional, un 37,1%, las de enseñanza media humanista, un 20,1%, y la enseñanza universitaria, un 28%; los programas de obras públicas absorbieron a más de 45.000 cesantes, se establecieron relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, sobre la base del respeto a la autodeterminación de los pueblos y el fin de las fronteras ideológicas, etc. Sin embargo, también empezaron a ponerse en marcha aquellas medidas estructurales de transformación de la economía. Entre enero y octubre de 1971, se expropiaron 1.328 predios agrícolas en manos del latifundio, que implicaban 2.400.000 hectáreas; se inició la conformación del área social de la economía, interviniendo las principales empresas, calificadas de estratégicas para la planificación económica; se inició el proceso de estatización de la banca, a fin de eliminar el poder de los monopolios financiero; etc. Empero, la medida más importante del gobierno fue el envío al Congreso Nacional, del proyecto de nacionalización del cobre y de las riquezas básicas (hierro, salitre, etc), el cual sería aprobado en una solemne reunión del Congreso Pleno, por todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento, el 11 de julio de 1971, fecha que fue declarada como Día de la Dignidad Nacional. A fines de 1971, se realizaba en Santiago, un symposium sobre la experiencia chilena y el problema de la transición al socialismo, que congregó a pensadores, académicos y teóricos del pensamiento socialista de distintos países de América y Europa, entre los cuales cabe destacar a Lelio Basso, Paul Sweezy, Theotonio Dos Santos, Michel Gutelman, Armand Mattelart, Kalki Glauser y otros, junto a altos dirigentes del gobierno y del mundo académico de la Unidad Popular, entre los que cabe destacar a Pedro Vuskovic, Jacques Chonchol, José Antonio Viera Gallo, Manuel Antonio Garretón y Marta Harnecker, donde se analizó, en profundidad, la cuestión de la transición al socialismo y el problema del poder. El italiano Basso, refiriéndose al uso de la legalidad en la transición al socialismo, planteó de manera descarnada: " La sociedad socialista, como la sociedad capitalista, puede solo vivir como sistema, como totalidad. Debe existir en ella una coherencia interna, una coherencia entre todas sus partes, una coherencia en particular, entre el ordenamiento jurídico y el personal que ha de aplicarlo. Abandonadas a la antigua dirigencia, a la antigua burocracia, a la antigua magistratura, incluso las leyes nuevas y las nuevas instituciones pueden ser inutilizadas, despojadas de su contenido innovador, retrotraídas a la rutina del viejo sistema. Sería ilusión peligrosa creer en poder cambiar la sociedad mediante decretos, sin cambiar a los hombres que, de alguna manera, están investidos de autoridad, y sería otra ilusión peligrosa creer en poder cambiar a los hombres a través de órdenes". Glauser, en tanto, afirmaría: "La revolución chilena se propone utilizar el legado jurídico e institucional de la burguesía, para avanzar hacia y en la transición socialista. Se propone hacer la revolución, respetando la constitucionalidad y la ley burguesa. Pero, eso no significa que no exista un punto crucial en el cual el Estado efectivamente cambia de carácter, un punto de quiebre, en que, respetando las formas burguesas de cambio, las leyes y las instituciones dejan de ser burguesas. La revolución (en Chile) ha comenzado antes de la toma del poder. Pero, el proletariado debe tomar el poder para que esa revolución se haga efectiva y no solo potencialmente socialista. De allí que la actual situación chilena sea todavía una etapa de lucha por el poder, pero, una lucha por el poder que utiliza las leyes y las instituciones públicas, creadas por la burguesía para demoler el poder de esa misma burguesía". Sin duda, tales conceptos pertenecían de una manera fundamental al acervo del pensamiento revolucionario socialista de gran parte de la intelectualidad y de la dirigencia, que estuvo vinculada al gobierno de la Unidad Popular. Estas reflexiones, sin embargo, no consideraban, sin embargo, la realidad que mostraba el sistema político, jurídico e institucional chileno, con fuerte predominio mesocrático. Era cierto que la confrontación principal estaba determinada por la dicotomía entre las clases burguesas y terratenientes, por un lado, y las clases trabajadoras, por el otro. Es decir, la contradicción principal estaba radicada en el ámbito de las bases económicas de la institucionalidad, en definitiva, en las formas de producción. Sin embargo, el sistema jurídico-político estaba determinado por el carácter mesocrático instaurado tres décadas antes, y si bien la burguesía controlaba parte importante del poder económico, no controlaba el poder político, y solo una parte del poder jurídico. Sin lugar a dudas, la incomprensión de esa realidad por parte de la dirigencia y la intelectualidad de la Unidad Popular, será un factor determinante en la crisis del sistema político-institucional. Esa incomprensión desvinculó al movimiento popular del concurso de parte importante de las clases medias, y restó un decisivo apoyo social al proceso de cambios. Cuando la dirigencia de los partidos políticos de izquierda buscaron el apoyo de las clases medias, lo hicieron de un modo demasiado utilitario, sin la debida validez y coherencia. De este modo, las clases medias terminaron siendo instrumentos sociales de la reacción. Es lo que ocurrirá con los colegios profesionales, con las instituciones y los gremios de pequeños y medianos propietarios. Allende tuvo esa comprensión, y siempre se expresó y manifestó su naturaleza intrasistémica, lo que no ocurrió con parte importante de la dirigencia de los partidos que le apoyaban. La historia da cuenta de que Allende no contó con la decidida adhesión de los partidos que formaban la Unidad Popular, que actuaron siempre como si el proceso revolucionario fuese irreversible, pero, claramente, las mayores dificultades las tendría con su propia partido. Joan Garcés señala al respecto, al analizar los problemas tácticos observados, desde su privilegiada posición de asesor presidencial de Allende: "A lo largo de 1970-1973, nunca los partidos de la Unidad Popular se propusieron crear un sentimiento de confianza, respeto y disciplina en relación con el comité político conjunto de la Unidad Popular, ni hacia el gobierno, como institución compartida, ni hacia Allende como representante común. Cada partido político, en un grado mayor o menor, se preocupó de su propio sector, de su jerarquía interna, sustrayéndola de las del conjunto de la coalición, es decir, del comité político de la Unidad Popular, del gobierno y del Presidente de la República". En enero de 1971, se realiza en La Serena, el Congreso del Partido Socialista, donde el mando político del partido quedó en manos de quienes no tenían un compromiso fundamental con la estrategia política que el Presidente Allende representaba. El Comité Central elegido, destinado a reforzar la gestión del gobierno, según sus declaraciones de prensa, mantendría en el futuro siempre una actitud critica y dogmática frente al gobierno. Los problemas que se habían venido gestando dentro del partido, desde el Congreso de Chillán, donde la acción política estaba en contradicción con radicalizados contenidos resolutivos, comenzarán a agudizarse, al consolidarse grupos tendenciales con políticas abiertamente contradictorias. Paulatinamente, cada grupo cerró filas en torno a sus seguidores y se convirtieron en fracciones que sobrepasaron la autoridad y las decisiones asumidas por el Comité Central, con regularidad. La dirección política del PS, se convirtió en una sumatoria de representantes fraccionales, y como tal, un campo de disputas y negociaciones por cuotas de poder, lejos del pretendido estado mayor revolucionario que pretendía ser. Sumado a esto, cada fracción trataba de legitimarse en la divergencia cotidiana con el Presidente de la República, pretendiendo ser más coherente con la supuesta estrategia revolucionaria. Ral divergencia se hace patente, en forma dramática, cuando Hernán del Canto, dirigente dell CC y de una de las fracciones partidarias, se hace presente en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, para preguntarle al Presidente que hacer y donde estar, ante lo cual, Allende, con su bizarro estilo, le responde: "Yo sé cual es mi lugar y lo que tengo que hacer. Nunca antes me han pedido mi opinión. ¿Por qué me la piden ahora? Ustedes que tanto han alardeado, deben saber lo que tienen que hacer. Yo he sabido desde el comienzo cual es mi deber". El Partido Comunista, en tanto, fuertemente influenciado por sus política anti-imperialista, que caracterizaba a los PC latinoamericanos, basaba sus propuestas en un reformismo, que excluía la acentuación de la lucha de clases, pero, a partir de un discurso excesivamente obrerista, que no lograba convencer al centro político sobre su estrategia de liberación nacional. La forma de entender el proceso que llevaba a cabo el Gobierno de la Unidad Popular, le hacía deducir que las medidas que el gobierno implementaba, constituían un ataque a fondo y definitivo a la burguesía. Jorge Insunza, teórico del Partido Comunista, citado en un libro publicado por Carlos Cerda, señalaba: "La victoria del 4 de septiembre (día de la elección de Allende), reforzó a la Unidad Popular con la legitimidad del triunfo, y el resultado electoral ensanchó por sí mismo la base política que sustentaba al Presidente Electo, tal como lo previó la dirección política popular. La fuerza de la legalidad, usada hasta ahora sistemáticamente para combatir al movimiento popular, se puso de parte del pueblo. La posibilidad teórica de atar las manos del enemigo, sobre la base de acumular una fuerza potencial, de tal magnitud, que bastan su presencia y la evidencia pública de su decisión de lucha, para ahogar la resistencia reaccionaria, se concretó en Chile". En tanto, el radicalismo, carente de una capacidad de definición en el ámbito ideológico, que fuese coherente con lo que históricamente representaba, embarcó a su dirección política en un inexplicable proceso de marxistización. Ello llevó a los sectores más doctrinarios a provocar una crisis que desembocará en un quiebre, al constituirse el Partido de Izquierda Radical, que encabezaron líderes relevantes del radicalismo, tales como Luis Bossay, Manuel Sanhueza y Alberto Baltra, que, con el paso de los meses, terminaron sumándose a la oposición. Con algunas coincidencias, será el proceso que sufrirá el MAPU, que había nacido de la escisión producida en la Democracia Cristiana, en las postrimerías del gobierno de Frei, y que, antes que constituirse en un referente para los demócratas cristianos disidentes, optó también por un proceso de adscripción del marxismo, por obra de su líder Rodrigo Ambrosio, y la influencia de la teórica Marta Harnecker. La primera escisión, como consecuencia de esa política, se producirá al producirse una nueva crisis en la DC, que provocó la formación de la Izquierda Cristiana, que se sumó al gobierno de Allende, y que acogió además, a los miembros del Mapu que no compartían la visión marxista. Sin embargo, poco tiempo después, se produciría un nuevo quiebre, entre un sector pro-PS y un sector pro-PC, liderizados respectivamente por Oscar Guillermo Garretón y Jaime Gazmuri. Esto, hacia inicios de 1973, terminaría en la existencia de dos partidos. Obviamente, aquellos problemas, que se expresaban en las distintas concepciones de las fuerzas de la Unidad Popular, no daban cuenta del terreno en que estaban pisando, porque, paralelamente a aquellas divergencias y discrepancias, la estrategia urdida por el gobierno norteamericano de Nixon, desde el momento en que Allende había sido elegido Presidente de Chile, comenzaba a implementarse de manera decidida, y, hacia fines de 1971, comienzan a manifestarse los primeros vestigios de las maniobras desestabilizadoras. El 6 de enero de 1972, el Ministro del Interior, José Tohá, era acusado por la vía constitucional en la Cámara de Diputados, con los votos del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana y de la Democracia Radical. Comenzaba a implementarse de éste modo, la unidad de la oposición, a partir del compromiso decidido del PDC en esa perspectiva, luego de un primer año, en que los equilibrios internos de ese partido, entre los diversos sectores, habían llevado a tener una actitud opositora más bien cautelosa. La acusación contra Tohá, era eminentemente política, sin asidero legal, y era interpretada por la oposición como una acusación constitucional contra el Presidente, por lo cual, una elección complementaria, que se debía realizar en las provincias agrarias, para reemplazar a un senador (O'Higgins y Colchagua) y a un diputado (Linares), fueron elevadas a la categoría de una especie de plebiscito. Mientras tanto, la perspectiva de ahogar al gobierno por la vía económica, se daba tanto en el territorio chileno, como en el ámbito internacional. En éste segundo aspecto, se trataba de impedir la venta del cobre chileno, buscando la requisición de los embarques de ese metal, en puertos europeos, y se vetaban los créditos ante los organismos internacionales. En el plano interno, comenzaban a escasear los productos, ante las acciones de ocultamiento de productos por las empresas distribuidoras y el estímulo del mercado negro. Clandestinamente, comenzaba a explorarse la penetración en las Fuerzas Armadas. Así, en noviembre de 1971, la estación de la CIA en Chile, recibió la instrucción del gobierno de Nixon, de ponerlo en situación de aprovechar cualquier solución política o militar, para conseguir los objetivos de derrocamiento de Allende, como lo demuestra el Informe al Comité del Senado ("Covert Action in Chile"), presidido por el senador Church. Desde luego, los vínculos con los militares chilenos con los organismos de inteligencia norteamericanos, eran parte de la realidad de América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial. A modo de ejemplo, Drew Middleton, periodista norteamericano, señalaba la importancia de la USARSA (United State Army Scholl of the Americas), centro de formación de oficiales latinoamericanos por parte de oficiales de Estados Unidos, entre los jefes militares que condujeron el golpe militar en Chile. Así mencionaba como protagonistas del golpe, como ex alumnos de la Escuela de la Américas, al jefe de la Inteligencia Militar, a los comandantes de la II y III División del Ejército, al comandante de la División de Apoyo de Santiago, al jefe de la escuela de ingenieros de Tejas Verdes (Manuel Contreras) y al jefe de Fuerzas Especiales. La estrategia de la vía de fuerza, diseñada por el gobierno norteamericano, se fue imponiendo gracias a la acción del Partido Nacional y del movimiento fascistoide "Patria y Libertad", que lograron arrastrar a la DC en esa perspectiva, en la medida que se consolidó el control del partido, por parte del sector freísta. El camino del estrangulamiento económico se consideraba esencial, para lo cual, una de las vías será el paro nacional. La huelga por parte de los transportistas, presididos por León Vilarín, será la forma de implementar tales propósitos, que se concretan en octubre de 1972, por primera vez, a cuya convocatoria se suma el comercio detallista, presidido por Rafael Cumsille, y los taxistas. A ese movimiento se sumaron también los Colegios Profesionales. Si bien, en ese momento, aquello apareció como un movimiento gremial contra el gobierno, era obvia su naturaleza específicamente política, y que, con el paso de los años, quedaría taxativamente demostrado, que correspondió a un claro propósito desestabilizador. En el parlamento, complementariamente, los partidos de la oposición lanzaban acusaciones constitucionales contras los ministros, buscando minar la capacidad de gestión de las autoridades administrativas del país. Sin embargo, aquella maniobra de desestabilización se vio frustrada, en esa oportunidad, ante la decisión de Allende de incorporar al Gabinete Ministerial a los tres comandantes en jefe de las FF.AA. y al jefe de Carabineros, asumiendo el general Carlos Prats, jefe del Ejército, como Ministro del Interior. Poco después, los militares fueron encargados también de encargarse del abastecimiento y distribución, con el fin de terminar con los problemas de mercado negro, gestión que quedó encabezada por el general Bachelet, de la Fuerza Aérea, considerando que el acaparamiento de productos tenía un claro componente sedicioso. Tres días después del juramento de los nuevos ministros, el paro llegaba a su término, y las fuerzas opositoras fijaban sus expectativas en las elecciones parlamentarias que deberían producirse cinco meses después, donde esperaba lograr en el Congreso nacional los dos tercios necesarios para destituir al Presidente Allende, por la vía de la acusación constitucional. Buscando apoyo para resolver los problemas derivados del boicot interno y externo, Allende viaja a fines de 1972 a la Unión Soviética, con el propósito de conseguir un crédito por 500 millones de dólares, que se requerían para sortear las dificultades más inmediatas. El gobierno soviético solo concedió un crédito de 27 millones de dólares en materias primas y productos alimenticios, y agregó 20 millones de dólares a un crédito anterior de 80 millones, según recuerda Joan Garcés. El 4 de marzo de 1973, se efectuaron las elecciones parlamentarias, donde la oposición obtuvo poco más de la mitad de los votos, fracasando su plan de lograr los dos tercios necesarios para provocar la destitución política de Allende. Las fuerzas del gobierno, con el 44 % de las preferencias, aumentaba su representación en diputados y senadores. Ello dejaba cualquier solución política en una suerte de interregno, que resultaba poco posible de dilucidar, que no fuera por la vía de la negociación o del enfrentamiento. En adelante, la polarización se profundizará inevitablemente, y toda iniciativa del gobierno era rechazada virulentamente por la oposición. Por eso, no resultaría extraño, que un nuevo paro se planificara con claros objetivos desestabilizadores. En ese contexto, la primera acción la constituyó una huelga de los trabajadores de El Teniente, a través de reivindicaciones realmente absurdas y sobredimensionadas. Sin embargo, la conspiración llegaba también a los cuarteles. Así, el 29 de junio de 1973, el Regimiento Blindados # 2, daba un cuartelazo, tratando de tomarse el Palacio de La Moneda, en lo que fue un ensayo del golpe militar de septiembre. Al mes siguiente, la Confederación de Dueños de Camiones iniciaba una huelga nacional. Su finalidad era la caída del gobierno, para lo cual, contaban con el financiamiento económico ilegal aportado por los organismos del gobierno norteamericano. A esa paralización se agregarían los propietarios del transporte de pasajeros urbano e interprovincial. En esos mismos días, el Edecán Naval del Presidente de la República, comandante Arturo Araya Peters, era asesinado por un comando derechista. Mientras, los sectores constitucionalistas dentro de las Fuerzas Armadas, eran aislados por los sectores golpistas. En el Ejército, el general Carlos Prats se ve obligado a renunciar a no contar con el apoyo de todos sus generales, siendo sustituido por el general Augusto Pinochet, que presume de constitucionalista ante su superior. Hacia finales de agosto, la situación social y política se vuelve insostenible, cuando adhieren a la paralización de los transportistas, los Colegios Profesionales, lo que implicaba que se había perdido toda posibilidad de contar con apoyo de las clases medias al gobierno. Señala Joan Garcés que, después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la táctica político-institucional de Allende reposaba en tres acciones: 1) Proporcionar un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano; 2) Privar a la derecha de respaldo militar; y 3) Abrir la vía del referendum. En los últimos días de agosto, solo la posibilidad del referendum quedaba como camino para evitar la acción golpista, sin embargo, a aquella opción se había opuesto decididamente el comité político de la Unidad Popular. Conociendo la posibilidad de un golpe, para antes de diez días, Allende logra convencer al Partido Comunista, de la necesidad de ofrecer esta camino para resolver el conflicto político existente, relacionado con las medidas fundamentales que el gobierno de Allende estaba tratando de implementar, que tenía como escenario central de debate con el PDC, lo referido a las tres áreas de la economía. Ello ocurre el 9 de septiembre, ante lo cual, Allende decide comunicarlo al país al mediodía del martes 11 de septiembre, horas antes de la reunión del Consejo Nacional del PDC, con el fin de que aquellos evaluaran la propuesta. A las 23 horas del 10 de septiembre, en una reunión que Allende sostenía con sus colaboradores más directos, se conocen los primeros movimientos de tropas, en la zona de San Felipe. A las 6,30 hrs. del día 11, se conoce la sublevación de la Armada. Una hora después, el Presidente estaba en La Moneda, donde permanecería hasta su muerte, poco antes de las 14 hrs., luego del bombardeo por aire y tierra del palacio presidencial. |
