| El desarrollo de las ideas socialistas en Chile. Sebastián Jans |
9.7. LA CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA. |
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Líderes de la Concertación Democrática. Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos, los Presidentes de la República que, de manera consecutiva, han conducido los gobiernos concertacionistas. Abajo, quienes la condujeron cuando se luchó por la democracia: Gabriel Valdés y Enrique Silva Cimma, junto a Ricardo Lagos.
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Capítulo Primero. LAS PRIMERAS DÉCADAS DE LA REPÚBLICA.
Capítulo Segundo. ARCOS Y LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD. Santiago Arcos, su orígen e influencias. El Club Reformista de la calle de las Monjitas.
Capítulo Tercero. FORMACION CAPITALISTA Y MUTUALISMO. Montt, el último gobierno pelucón. La revolución burguesa de 1859. La expansión capitalista mundial. Factores que influyen en la proletarización.
Capítulo Cuarto. LA CLASE OBRERA A FINES DEL SIGLO XIX. El régimen que reemplazó a Balmaceda. Alejandro Escobar y Ricardo Guerrero. Las organizaciones socialistas precursoras.
Capítulo Quinto.RECABARREN Y EL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA. Los hechos sociales de principios del siglo XX. Dos años de sangrienta lucha de clases. La masacre en la Escuela Santa María de Iquique. La Federación Obrera de Chile. La crisis imperialista y la situación internacional. La Asamblea Obrera de Almentación Nacional. La mesocracia y el populismo de Alessandri.
Capítulo Sexto. LA GRAN CRISIS DE LOS TREINTA. La crisis y la caída de la tiranía.
Capítulo Séptimo. LAS DOS VERTIENTES SOCIALISTAS EN CHILE. Fundación del Partido Socialista de Chile. La represión de González Videla.
Capítulo Octavo. ALLENDE Y EL MOVIMIENTO POPULAR. El gobierno reformista de Frei. Los mil días de Gobierno Popular.
Capítulo Noveno. LA RENOVACION SOCIALISTA. El fin de la República Mesocrática. La dictadura de Pinochet. La crisis del Partido Socialista y el movimiento de renovación. El liderazgo de Ricardo Lagos. El derrumbe de los "socialismos reales". La Concertación de Partidos por la Democracia.
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Las protestas contra la dictadura de Pinochet, iniciadas bajo la convocatoria de los trabajadores del cobre, a inicios de los 1980, apuró el tranco para que los grupos de oposición, dieran forma a una expresión pública de su presencia, bajo el respaldo de la democracia cristiana y de socialdemocracia europeas, que potenciaron las expresiones políticas embrionarias que les eran afines, para que constituyeran una alianza o referente que diera conducción a la oposición a la dictadura. La expresión previa de ese propósito, había estado al margen de toda solidaridad o influencia externa, el Grupo de Estudios Constitucionales, o Grupo de los 24, una instancia en que estaban presentes la mayoría de las corrientes políticas, a excepción de los comunistas y de la derecha pinochetista. Sin embargo, la elección de Gabriel Valdés, en la presidencia del PDC, dará un impulso distinto a la forma de hacer oposición de los demócratas cristianos, validando las demandas de los trabajadores, y, en el ámbito de la expresión política, dando paso al Manifiesto Democrático, declaración que dará paso al primer referente de oposición, integrado por personalidades que representaban las "culturas políticas", escondiendo de modo legal la eventual existencia de partidos, o expresando de modo fidedigno la inexistencia real de organizaciones políticas. Los firmantes del Manifiesto Democrático y quienes asumieron su presencia pública, fueron Gabriel Valdés (democracia cristiana), Enrique Silva Cimma (radicalismo), Armando Jaramillo (derecha no pinochetista), René Abeliuk (social demócrata) y Ramon Silva Ulloa (socialismo ampuerista). Pronto, el socialismo altamiranista impuso a Hranán Vodanovic, como su representante en el conglomerado, y Julio Stuardo llegaría en representación del almeydismo. Sin embrago, al medida que el proceso de las protestas avanzó, y fracasado un primer intento de negociación con el representante de la dictadura, el Ministro de Interior Sergio Onofre Jarpa, los partidos que habían cobrado presencia pública, a través del Manifiesto Democrático, decidieron avanzar a un nivel más formal y expresivo de los acuerdos que habían alcanzado, como expresión de una política común, surgiendo la Alianza Democrática, que decididamente se manifestó como una coalición de partidos políticos, desafiando el receso partidista decretado por la dictadura en 1973, y aún vigente diez años después. Constituyeron la AD el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata (ex radicales entre los cuales estaban René Abeliuk, el académico Eugenio Velasco, Mario Papi, etc.), y el Partido Republicano (ex miembros del antiguo Partido Liberal, desaparecido en 1965, liderados por Armando Jaramillo Lyon). Bajo el amparo de la AD se efectuaron concentraciones abiertamente políticas en distintos puntos del país, en un abierto desafío al receso político que la dictadura trataba de mantener a costa de cualquier medio. Sin embargo, la presión de las embajadas europeas impidió toda acción contra sus dirigentes, los cuales ganaban cada vez más espacio y presencia, en medio de la etapa más heroica si se quiere, contra la brutalidad del régimen. Sin embargo, en un momento en que la pugna dictadura-oposición parecía encontrarse en un callejón sin salida, el nuevo Arzobispo de la Iglesia Católica de Santiago, Francisco Fresno, que reemplazaba en la arquidiócesis al sólido anti-pinochestista Cardenal Raúl Silva Henríquez, y como consecuencia de la alta influencia de la Iglesia Católica sobre la oposición democrática, que éste último había dejado, quiso hacer un esfuerzo de aproximación entre las distintas fuerzas de oposición y aquellas partidarias del gobierno, con verdadera vocación democrática. Esta iniciativa de Fresno fue acogida por la Alianza Democrática y por el naciente partido de derecha Unión Nacional, representada por el joven Andrés Allamand, que buscaba rearticular la Derecha que antes estuviera en el Partido Nacional. El resultado fue la firma de Acuerdo Nacional, una propuesta que ofrecía al régimen una posibilidad de negociaición. Sin embargo, aquello fue ignorado por Pinochet, dejando las buenas intensiones de Fresno y de los firmantes del acuerdo en el fracaso más absoluto. Aún más, el dictador se dio el gusto de ridiculizar al arzobispo, motejándolo semi-privadamente en parangón con un cómico personaje televisivo vestido de rojo, en alusión a sus vestimentas obispales. Durante 1984 y 1985, la AD fue el referente más importante de la oposición, bajo el decidido liderazgo de Gabriel Valdés, cuyo compromiso con la lucha contra la dictadura impuso un sello que la historia le reconocerá con grandeza. Sin embargo, su estilo aguerrido y su estrecha vinculación con la movilización social, como forma de buscar la apertura política y la democratización, fue provocando la reactivación de los sectores conservadores del partido, que se potenciaron en la expectativa de tener mayor capacidad de lograr un acuerdo con el régimen, a partir de los vínculos con la Derecha pre-pinochetista, cuyo máximo exponente estaba, precisamente, a cargo de la política interior de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa. El relevo de Valdés en la presidencia del PDC, significará el ascenso de los sectores más conservadores, bajo el liderazgo de Patricio Aylwin, teniendo como su operador más significativo a Gutemberg Martínez. Este relevo tuvo un significativo impacto en la oposición, y en no menor medida en la capacidad orgánica del PDC, cuyos dirigentes vinculados a la movilización social tomaron la opción de actuar más allá de la conducción del partido, por sobre la voluntad de la nueva directiva, de aplacar la intensidad de las protestas. Frente a los esfuerzos de la nueva dirección del PDC, por consolidar su liderazgo y ganar legitimidad, los militantes del partido que actuaban en las organizaciones sociales que lideraban las protestas, siguieron actuando bajo la estrategia de desobediencia civil. Aquellos más vinculados a la acción política, que no se sentían representados por la nueva directiva, optaron por promover instancias extrapartidarias, como es el caso de Jorge Lavanderos, que optó por un referente hacia la izquierda extra Alianza Democrática, o como Sergio Molina o Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que formaron el Comité por Elecciones Libres. Como hemos visto, la pertinaz actitud de Pinochet de ignorar la realidad socio-política y acción opositora que buscaba la negociación, y su sensación de controlarlo todo, bloqueó toda posibilidad de una evolución en el proceso político. Fracazadas las jornadas de protestas y el Acuerdo Nacional, la realidad política cayó en una especie de callejón sin salida, que los referentes sociales, como la naciente Asamblea de la Civilidad, trataron de romper. Con el PDC sometido a pugnas internas, entre el valdecismo y la nueva directiva de Aylwin, y el socialismo confrontado en tres sectores contrapuestos (Briones, Mandujano y Almeyda), hubo una pérdida de continuidad en el esfuerzo de dar una coherente conducción política. Sin embargo, aquella inercia vendría a romperse con el hallazgo de armas en Carrizal Bajo, en 1986, internadas por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo que hizo reaccionar a los sectores más cuerdos del pinochestismo, pero, por sobre todo al indiferente gobierno norteamericano de George Busch, que temió la nicaragüización del conflicto político chileno, ante la tozudez de Pinochet y la decidida acción cubana de apoyar una opción militar de los comunistas. El gobierno norteamericano notificó a Pinochet que alteraba su actitud marginal, y que debía buscarse una solución política, de la misma forma que tomó contacto con la oposición nucleada en la Alianza Democrática, y sus representantes fueron validados como interlocutores ante el gobierno republicano de EE.UU. En 1987, por ejemplo, Elliot Abrams, Secretario Adjunto para América Latina de la Administración Busch, recibiría en Washington a Genaro Arriagada, Ricardo Lagos, Mario Papi, Germán Riesco y Andrés Allamand, en el curso de un evento que buscaba respaldo en los círculos de poder norteamericanos para un proceso democratizador en Chile. A partir de ese momento, diversas instituciones norteamericanas prometieron recursos y esfuerzos para la oposición chilena, a excepción de los comunistas. El acuerdo que generaron esas tratativas, apoyadas por los gobiernos europeos, encabezados por líderes demócratas cristianos (siendo el alemán Helmuth Khol, el más importante) o socialistas (Mitterand, Craxi y González, en forma relevante), era enrielar una derrota de la dictadura dentro de su propio itinerario institucional. De acuerdo al articulado transitorio de la cuestionada Constitución de 1980, a fines de 1988 debía efectuarse un plebiscito para que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo, a la propuesta de un candidato presidencial único, efectuada por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros. En el caso de que ese candidato fuese aprobado plebiscitariamente, asumiría la Presidencia de la república, con pleno ejercicio de la Constitución, eliminándose la vigencia del articulado transitorio. Si el candidato era rechazado, a fines del año siguiente, deberían verificarse elecciones abiertas, pero, hasta entonces, se mantendrían vigentes los artículos transitorios y la continuidad del gobierno vigente. Revitalizada en torno a la estrategia de derrotar a Pinochet, en octubre de 1988, en el plebiscito, la debilitada unidad DC-PS, recobró fuerzas y se prepararon para conducir todos sus esfuerzos hacia ese fin. No fue un camino exento de dificultades. Hubo muchas desconfianzas que vencer, sobre todo por la poca cercanía entre Aylwin y su grupo, con los socialistas. Sin embargo, contribuyeron a ello dos figuras DC que estaban desvinculadas de las querellas pre-dictadura: Genaro Arriagada, un operador próximo a Valdés, de muchas vinculaciones con instituciones norteamericanas, y Gutemberg Martínez, un operador político de gran sagacidad y visión de futuro. Ambos, en sus respectivas responsabilidades, el primero, articulando en la sumatoria de fuerzas opositoras, y el segundo, en la dirección del PDC, lograron afianzar los lazos con el socialismo que construyera Gabriel Valdés con lúcido pragmatismo. Abiertos los registros electorales, para la inscripción de los electores mayores de 18 años, la oposición debía resolver como preparar el control del plebiscito, para evitar que los resultados fueran alterados por la maquinaria dictatorial. Para ello se requería tener apoderados en las mesas de votación de todo el país, los cuales solo podían ser designados por los partidos políticos que estuvieran legalmente inscritos. Parte importante de la evolución legal e institucional, de las pugnas y de los problemas que implicó la preparación institucional intra-sistema, que se viviría para hacer realidad un plebiscito válido, serían recogidas por un gran periodista, Ascanio Cavallo, en su libro "La Historia Oculta del Régimen Militar", que es un texto obligado para quien quiera conocer los pequeños y grandes detalles que hicieron posible derrotar la más monolítica dictadura de la historia latinoamericana. Entre le valdecismo del PDC y los socialistas se debatió la necesidad de un partido instrumental que aglutinara a toda la oposición, un partido por la democracia. Sin embargo, la directiva del PDC optó por inscribir su partido directamente, lo cual, llevó a los socialistas a dar curso a la idea de inscribir el partido instrumental, que cobijara a todos los opositores que quisieran trabajar en él, en torno al plebiscito. Así, legalmente, se inscribió el Partido Por la Democracia (PPD), en el cual tuvieron espacio liberales, como Armando Jaramillo, Julio Subercaseaux y Gregorio Amunategui; los socialistas, mapucistas, la Izquierda Cristiana, parte de los radicales, profesionales de la social democracia, abogados comunistas, y personas del mundo de la cultura y de la intelectulidad. El plebiscito y toda la etapa previa, fue una de las etapas más emotivas de la historia chilena del siglo XX, plena de dramatismos, notables estímulos y trabajo mancomunado. Fue el gran espacio de enfrentamiento entre las concepciones democráticas y la decisión de continuidad de un régimen basado en la más brutal opresión. Como nunca, los medios de comunicación jugaron un rol fundamental, en especial la televisión. Un titánico esfuerzo, que no habría sido posible sin el apoyo externo, permitió derrotar al candidato propuesto por los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros: Augusto Pinochet. Derrotado el dictador en su intento continuista, de acuerdo al itinerario constitucional, fijado por los artículos transitorios, la oposición democrática se aprestó a ganar las elecciones presidenciales, que debían efectuarse en diciembre de 1989. Ante la realidad de su eventual nueva derrota, el régimen accedió a verificar negociaciones con sus adversarios, las que permitieron acordar algunas reformas a la Constitución, las que fueron sometidas a plebiscito en el invierno septentrional de 1989. Entre los aspectos sometidos a plebiscito, se fijaba un primer gobierno de plena vigencia de la Constitución de solo de cuatro años. En tanto, a nivel de la oposición se llevaban a cabo las negociaciones para definir un solo candidato, que representara a las fuerzas que habían ganado el plebiscito. En ese contexto surge la Concertación de Partidos por la Democracia, con el objeto de llevar un candidato a esas elecciones. Debido a las condiciones políticas en que se daría la elección, la candidatura opositora natural era la del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin. Pese a no integrar la Concertación Democrática, el Partido Comunista apoyó también su candidatura. Aylwin se enfrentó al singular candidato del gobierno, el economista Hernán Büchi, que había sacado al país de la crisis económica de 1982, tal vez la figura menos pinochetista que podía presentar en esas circunstancias, y el más atípico respecto a las características que podían concebirse respecto a las claves simbólicas del régimen. Alternativamente a ambos, presentó su candidatura el empresario Francisco Javier Errázuriz, un derechista crítico de la dictadura, pero, defensor de las bases económicas del sistema. En el mes de diciembre de 1989, Aylwin era elegido Presidente de la República, contando con el mismo apoyo que la ciudadanía había logrado en el plebiscito. Se daba paso así a la transición hacia la democracia, que tendrá características tan singulares, manteniéndose por más de una década. De la misma forma, se daba acceso al gobierno a una de las coaliciones más perdurables y exitosas de la historia política chilena. El gobierno de Aylwin estará caracterizado por los conflictos propios de una transición, determinada por la presencia del ex dictador en la comandancia en jefe del Ejército, y ejerciendo un liderazgo omnipresente en el resto de las fuerzas armadas. De acuerdo al itinerario constitucional, el ex dictador permanecería en la jefatura del Ejército por 8 años, lo que no ocurría con los comandantes de las otras FF.AA. y Carabineros, lo cual lo dejaba en una condición protagónica en el escenario político, virtualmente tutelando el proceso institucional. El juicioso actuar político de Aylwin y el decidido respaldo a su liderazgo, de parte de los partidos de la Concretación, permitió avanzar hacia la democratización, a pesar de los obstáculos impuestos por el militarismo, y por la grosera intervención de Pinochet en el sistema político, cuya presión ejerció de modo abierto, cuando en lo personal, se vio a enfrentado a escenarios que le disgustaban. En dos oportunidades, la amenaza militar se hizo evidente, a través del "boinazo" y del eufemistico "ejercicio de enlace", dos movilizaciones militares dirigidas por Pinochet, para presionar al gobierno. El respaldo de la comunidad internacional al proceso democratizador, permitió equilibrar las presiones del ex dictador, permitiendo que aquel progresara de un modo sostenido y gradual. Pero, no solo hubo apoyo político, sino también económico, traducido en un vasto ingreso de inversiones, permitiendo que la economía chilena se dinamizara, alcanzando importantes niveles de crecimiento. Sumado a esto, contó con uno de los mejores gestores de política económica que ha tenido la Concertación, el socialista Carlos Ominami, que ejerció el Ministerio de Economía. Uno de los desafíos más importantes, empero, que debió enfrentar el primer gobierno democrático, fue dar respuesta a las demandas de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, especialmente, a las personas desaparecidas en los centros de detención y tortura de la dictadura. Con ese propósito el gobierno formó la Comisión de Verdad y Reconciliación, integrada por personalidades jurídicas y académicas de todo el espectro de opiniones políticas, presididas por el antiguo abogado y constitucionalista Raúl Rettig, la que elaboró un informe, tras meses de trabajo e investigación, que recogió evidencia de gran parte de las violaciones a los derecho humanos efectuada por la dictadura. Sabiendo que, en atención a la inestabilidad de la transición, no era posible dar debida justicia a los crímenes cometidos, el concepto aylwinista de "justicia en la medida de lo posible", permitió dejar establecida la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos, en virtud de lo cual, a nombre del Estado, Aylwin pidió perdón a los familiares de las víctimas, instituyéndose, posteriormente, una entidad gubernamental de reparación. Quedaba claro, sin embargo, que no podría contarse con los restos mortales y la aclaración de las condiciones de muerte de cada uno de los casos particulares, por la negativa de las Fuerzas Armadas a colaborar en ese proceso. Enfrentadas las elecciones de 1994, en la Concertación debió definirse la candidatura de la coalición, entre el candidato del PDC, y el candidato socialista, Ricardo Lagos. Ante la dificultad que implicaba dar cabida a una de las dos candidaturas, por el peso de ambos candidatos, el de las encuestas en el caso de Frei, y el del prestigio político de Lagos, se optó por realizar elecciones primarias, en la que participaron los militantes de los partidos de la Concertación y aquellos simpatizantes que se inscribieran previamente para participar en aquellos sufragios internos. En las elecciones primarias ganó Frei, quien se presentó a las elecciones presidenciales, esta vez con el exclusivo apoyo concertacionista, ya que, en las fuerzas que apoyaron a la Concertación, en las elecciones anteriores, hubo candidatos alternativos, a pesar de tener una naturaleza claramente testimonial: los comunistas llevaron como candidato a un cura de los suburbios de Santiago, y los grupos ecologistas presentaron al académico Manfred Max Neef. El pinochetismo, en tanto, impuso la candidatura derechista del senador Arturo Alessandri Besa, vinculado a las tradiciones conservadoras de la política chilena. Disputándole la votación conservadora se presentó nuevamente Francisco Javier Errázuriz, que reclamaba ahora identidad en el centro político, pero, siempre con un discurso conservador. Frei Ruiz Tagle ganó las elecciones con comodidad, iniciando un gobierno de seis años, que, en su primera parte, gozó de la bonanza que le legó el gobierno de Aylwin, y que la nueva administración supo conducir con acierto. Un buen manejo de las finanzas públicas por parte del Ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, permitió que la democracia se hiciera creíble para aquellos que habían sido escépticos frente a la Concertación, e institucionalmente, una parte de la Derecha política aprendió las ventajas de la democracia, aún cuando ésta estaba aún incompleta, debido a los enclaves autoritarios legados por la dictadura en la Constitución. Cuando se hizo intentos de cerrar la transición, la Derecha, temiendo perder cuotas de poder, se refugió en aquellos enclaves. El gobierno de Frei, sin embargo, en su segunda mitad, enfrentó dos grandes crisis. La primera, en el ámbito económico, como consecuencia de la desconfianza financiera producida en las bolsas de Asia, que se conocerá precisamente como la crisis asiática, que produjo una gran recesión en la economía mundial, cuyos efectos produjeron mucho impacto en las economías abiertas, como la chilena, que logró capear las dificultades, gracias a su buen manejo en las cuentas públicas. Sin embargo, en los años posteriores, Chile no pudo recuperar sus índices de crecimiento logrados hasta el momento de esa crisis. La segunda gran crisis que debió abordar el gobierno de Frei Ruiz Tagle, fue el relativo a la detención de Pinochet en Londres. Su causa se encuentra en la persistencia de las demandas de justicia de los familiares de las víctimas de las dictaduras de Chile y Argentina, que al no tenerlas en sus países, recurrieron a instancias internacionales, recurriendo a todos los resquicios posibles, en su legítimo derecho a encontrar a su familiares desaparecidos y castigar a los culpables. La indiferencia de los militares chilenos, así como el sostenido encubrimiento a los criminales, era un problema que la transición no había resuelto, aún cuando Pinochet había abandonado ya la comandancia en jefe del Ejército, al empezar el quinto año del gobierno de Frei. Dispuesto a seguir jugando un rol determinante en la política chilena, el ex dictador había asumido como senador vitalicio, y su presencia seguía teniendo injerencia decisiva en las FF.AA. y, aún, en Carabineros. Obviamente, bajo esas condiciones era muy difícil un verdadero compromiso de los militares con la verificación judicial de los delitos y la determinación de las responsabilidades. Así, los nuevos jefes que fueron asumiendo, no tuvieron ninguna disposición en ese sentido, más aún, cuando uno de los enclaves constitucionales del autoritarismo impedía al Presidente de la República relevar de sus mandos a los jefes de las ramas armadas y al jefe de Carabineros. Así, tanto Izurieta en el Ejército, como Arancibia en la Armada, Rojas Vender en la Fuerza Aérea, y Cordero en Carabineros, nunca dieron visos de interés en dar una solución. Sin embargo, hacia finales del gobierno de Frei, se producirá el hecho imprevisto que dejará a los jefes militares en una encrucijada. Mientras Pinochet se encontraba en Londres, recuperándose de una operación a la columna en la London Clinic, se puso en ejecución una orden de captura internacional, por parte del juez español Baltazar Garzón, y el ex dictador fue detenido por la policía de ese país, dejándolo a disposición de los tribunales ingleses para resolver un pedido de extradición a España. El juez español llevaba causas en contra de militares chilenos, por desaparición y asesinato de ciudadanos españoles en Chile. Ese imprevisto hecho descolocó a los jefes militares chilenos, ya que la sola presión sobre el gobierno chileno, no podría tener efectos para liberar a Pinochet, y de una vez por todas, tendrían que negociar para enfrentar las demandas de aclaración de las violaciones a los derechos humanos y a los asesinatos cometidos por agentes del estado bajo la dictadura. Estaba claro que, ante una situación internacional adversa, debían seguir sometidos a la conducción del caso por parte del gobierno, advirtiendo, además, que nadie estaba dispuesto, en la sociedad civil, a validar los groseros "boinazos" o los irresponsables "ejercicios de enlace". La negociación validó la Mesa de Diálogo, formada para buscar una solución a las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a iniciativa del Ministro de Defensa de Frei, Edmundo Pérez, y estableció la salida definitiva de Pinochet del escenario político, pero, por sobre todo, colocó a las Fuerzas Armadas en la institucionalidad política, como correspondía a una verdadera transición hacia la democracia, ya que hasta entonces siempre se habían mantenido al borde, en el límite más crucial. Con el tiempo, la Mesa de Diálogo permitiría el reconocimiento institucional de las FF.AA. respecto de las violaciones de los derechos humanos y abriría espacio para el enjuiciamiento de los criminales. Pinochet mismo enfrentaría un proceso judicial en Chile, del cual puso ser sobreseído por medio del escarnio de declararlo en situación demencial, producto de su senectud. Quedaba, en tanto, el compromiso de las FF.AA de aportar a esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos. Posteriormente, se sabría si honrarían la palabra empeñada. A fines de 1999, debían efectuarse las elecciones para elegir un nuevo Presidente de la República, y la Concertación manifestó su voluntad de continuidad. Para ello era necesario elegir al candidato de la coalición, empleándose nuevamente el sistema de elecciones primarias, a las que se convocó a todos aquellos que se sintieran simpatizantes de alianza y de los partidos que la integraban. Se enfrentaron dos pre-candidatos: el demócrata cristiano Andrés Zaldívar y el socialista Ricardo Lagos. El triunfo de este último fue inobjetable y categórico. Sin duda, aquello fue la gran prueba de fuego del espíritu concertacionista de los partidos que la integraban, al variar el eje de la identidad política del liderazgo. Esta vez se trataba de un conductor socialista en su identidad, pero, de un marcado acento concertacionista. Frente a las fuerzas de gobierno estaba nuevamente la derechista Alianza por Chile, con un candidato sugerente, en términos de imagen, que había realizado una exitosa gestión en la Municipalidad más rica del país, y como tal, había consolidado una propuesta de candidatura basado en vastos recursos económicos y publicitarios. Este era Joaquín Lavín, representante de los poderes claves del derechismo: vinculado al pinochetismo en su emergencia política, y, por lo tanto, ligado a los sectores militares conservadores; integrante de los sectores tradicionales de la Iglesia Católica y miembro del Opus Dei; miembro de los consejos de varias empresas; militante de la nueva derecha, surgida al amparo de la dictadura; pero, desligado de aquellos que habían compartido responsabilidades en el gobierno militar. Se trataba, pues, de un enfrentamiento formidable entre el vasto poder económico, movilizado tras la candidatura de Lavín, y el poder ciudadano, con bajos recursos y casi la sola voluntad de continuar en al proceso democratizador. A éstas candidaturas se sumaron otras menores, que despotenciaron especialmente la opción de Lagos (comunistas, ecologistas, etc). Ello provocó que éste no contara con el caudal de votación necesaria para ganar en la primera vuelta, con más del 50% de los sufragios emitidos. El esfuerzo económico de la Derecha, dio resultado, y Lavín logró acercarse a pocos puntos del candidato concertacionista, como no había ocurrido en las dos elecciones anteriores. Debía verificarse, entonces, una segunda vuelta electoral, entre las dos primeras mayorías. Las expectativas de la Derecha crecieron y multiplicaron los fondos para soportar una segunda campaña, que Lagos enfrentó casi sin recursos. Sin embargo, el voto ciudadano logró vencer el poder económico, y las elecciones fueron ganadas por Lagos. En la segunda vuelta, pese a que el Partido Comunista no llamó a votar en su favor, es evidente que el bajo porcentaje de electores de ese partido, lo hizo. Como consecuencia del proceso eleccionario, se pudo sacar algunas conclusiones. La primera, que hubo una leve evasión de votantes del PDC hacia Lavín. La segunda, que tras la Concertación hubo una discreta movilización de recursos económicos, debido a que, los empresarios que antes aportaron a las candidaturas de Aylwin y Frei, esta vez prefirieron apoyar a Lavin, y quienes sí mantuvieron su compromiso concertacionista fueron muy pocos. La tercera, que la derrota de Lavín produjo un verdadero trauma en la clase propietaria del país, generándose la crisis de confianza, en los ámbitos empresariales y financieros, que dejaron al país con un crecimiento mucho menor al que se había observado en la década anterior. De esta forma, el gobierno de Lagos debió iniciarse con dos problemas económicos acuciantes: los efectos de la situación internacional, producto de la crisis de confianza que dejara la crisis asiática, y los efectos de la crisis de confianza interna, producto de la frustración política de la clase propietaria, por su derrota electoral, a pesar de que habían efectuado la financiación más voluminosa de la historia electoral chilena. Ese factor influirá de manera recurrente en el estado de ánimo social, vinculado a la actividad de los negocios, reinando el pesimismo. Sin embargo, la habilidad política de Lagos, su estilo republicano, y el cambio de las condiciones internacionales, producirán un cambio en el país, de significativas proporciones. Sin embargo, el análisis de su gobierno, y de sus efectos en la sociedad chilena, es un tema que aún no podemos abordar históricamente, y que, por lo mismo es materia del análisis de la contingencia. |
