Page 431 - Pleno Jurisdiccional Nacional Sobre Violencia Contra la Mujer

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Vemos que los intérpretes oficiales de la Convención de Belem do Pará han

excluido las vías extrajudiciales de resolución del conflicto que invisibilizan las
relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres. Sin embargo, ello no
implica prever como único método de resolución del conflicto el juicio oral y la sanción
penal, sino que, antes bien, se prioriza que la solución resulte eficaz, rápida y adecuada a
la situación de la víctima (Blythman, 2019). En este sentido, y dado que parte de la
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doctrina e incluso el propio MESECVI (2017) entienden que la suspensión del juicio a
prueba sería equiparable a la conciliación o mediación y, por lo tanto, se encontraría
prohibida, resulta necesario distinguir unas de otras. Consideramos que lo que se

prohíbe es la existencia de una negociación entre partes que, muchas veces, no están en

igualdad de condiciones para hacerlo. Sin embargo, es un error suponer que la
suspensión del proceso implique algún tipo de acuerdo entre partes, siendo que es un

juez o una jueza quien decide, mediante resolución fundada y previo dictamen de un
fiscal, su procedencia. Incluso si se otorga la suspensión, es el Estado el encargado de
vigilar el cumplimiento de las reglas impuestas y de disponer, en caso de
incumplimiento, la reanudación del proceso (Cáceres, 2015).
Dicho esto, y entendiendo que en los casos de violencia de género no están
prohibidas todas las soluciones alternativas al debate en juicio oral, resta preguntarnos

si la suspensión del juicio a prueba puede devenir en un mecanismo oportuno y efectivo

para dar respuesta a los mismos.
Según Ares (2019), la incorporación de la suspensión del juicio a prueba al C.P.A.

tuvo la intención de terminar con la situación que implicaba que el causante de un delito,

condenado en suspenso conforme los arts. 26 a 28 del C.P.A., no adquiera real conciencia
de que había sido objeto de una sentencia condenatoria, ya que el Estado se desentendía

de él en tanto no reiterara su conducta delictiva. En cambio, las obligaciones impuestas

tras la concesión del instituto importan la introducción de un mayor control sobre el

sujeto en cuestión durante un plazo de hasta tres años, en el cual se puede trabajar con

el mismo a través de reglas de conducta que consideran el hecho concreto y la víctima e

imputado en particular (art. 27 bis del C.P.A.). En el mismo sentido, Dottori (2018)
advierte que la suspensión del juicio a prueba puede constituir un recurso útil para

individualizar al agresor y colocarlo bajo la estricta vigilancia estatal durante el tiempo

que dure la suspensión.

Por el contrario, de no aplicarse este instituto y tratándose de los tipos penales que

se ventilan en estos supuestos, el sujeto imputado esperará en libertad la incierta
realización de un debate, siendo nulo o difícil el seguimiento y control estatal sobre esta

persona y altas las probabilidades de que su caso o bien termine prescribiendo (Cáceres,

2015) o bien se archive.
Además, suponiendo que llegamos al debate en juicio oral, es posible que se
obtenga una condena de ejecución condicional muy breve. Y aun en el caso en que se
imponga una pena de prisión efectiva, cabe preguntarse si el fin resocializador del
condenado, con la histórica y conocida deficiencia de la política carcelaria, no podría

lograrse a través de la suspensión del proceso, lo que además tiene en cuenta el hecho de

que, en un gran porcentaje de casos, la prisión efectiva no es la solución que está
buscando la víctima (Dottori, 2018), tal como desarrollaremos en el siguiente acápite.
9 Véase: Cfr. SCAVINO, M., op. cit., p. 6; Cfr. AROCENA, G. A., op. cit., p. 1.

Revista Electrónica. Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja
Número 25, diciembre 2020-mayo 2021, Buenos Aires, Argentina, ISSN 1851-3069, pp. 100-126