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RAMÓN J.
VELÁSQUEZ:
LA RED
DE LIBERALES Y SOCIALDEMÓCRATAS
Edgar C. Otálvora
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Guerrilla,
límites y fronteras
El 27 de febrero de 1980, la Embajada de República
Dominicana en Bogotá celebraba el Día de la Independencia de ese país, con
la acostumbrada recepción diplomática. Aquel día un grupo comando del M19
tomó la sede diplomática comenzando así el secuestro de un numeroso grupo de
embajadores y personalidades colombianas. El cautiverio se extendió hasta el
27 de abril cuando el gobierno de Turbay Ayala permitió la salida de los
secuestradores hacia Cuba. Entre los diplomáticos secuestrados se encontraba
el embajador de Venezuela en Colombia, Virgilio Lovera. El director de El
Nacional, Ramón J. Velásquez, viajó a Bogotá para conocer de cerca la
situación que afectaba a Lovera, su condiscípulo de la Universidad, colega
parlamentario y amigo
En una tarde caraqueña de junio tras su liberación,
Lovera se encontró con Velásquez para contar los pormenores del suceso.
Velásquez escribió una carta dirigida a Lovera, la cual fue utilizada a
manera de prólogo en el libro sobre el secuestro, que el embajador publicara
posteriormente. La carta contiene una evaluación del reclamo que las clases
medias latinoamericanas hacen desde comienzos de la década de los años
sesenta y la falta de respuestas de los sistemas políticos. La acción del
M19, organización creada por miembros de la clase media profesional
colombiana, servía para ejemplificar las ideas de aquella carta.
“Estoy de acuerdo contigo en que no se necesita profesar
la doctrina marxista, presumir de progresista o abjurar de la fe liberal
para entender que nuestros países, la llamada América Latina, superó la
etapa de la democracia retórica, contrabandista de los reclamos sociales y
que esos episodios, repetidos en una u otra forma en todos los países del
continente, reflejan la presencia de clases sociales dispuestas a no
continuar en la actitud de espectadores de su propio hundimiento. Las
reformas sociales que reclama cada tiempo histórico no se dejan vencer y
frente a la resistencia que encuentran adoptan las más diversas formas que
van desde el brote caótico y anárquico hasta los reajustes legislativos
realizados en forma previsiva o bajo la amenaza inminente de los estallidos
populares. (Velásquez, 1980, V)”
Como parte de la celebración del Bicentenario del
Natalicio de El Libertador Simón Bolívar en 1983, el Congreso de la
República de Venezuela designó al senador Velásquez para presidir una
Comisión Bicameral Especial. Velásquez se propuso convocar un evento que
reuniera en Caracas a los principales exponentes del debate político que
acontecía en el continente. Apoyándose en un equipo de asesores encabezado
por Juan Carlos Rey, y conformando un programa que abarcó una semana de
deliberaciones, el Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano
congregó a setenta y tres ponente venezolanos, ciento cincuenta y nueve
expositores extranjeros y varios cientos de participantes y observadores. En
los pasillos de Parque Central, sede del evento, coincidieron ex
presidentes, altos funcionarios, aspirantes presidenciales, intelectuales de
derecha e izquierda. El listado de participantes colombianos incluyó a
Fernando Cepeda Ulloa, Alberto Dangond Uribe, Luis Carlos Galán, Octavio
Gallón Restrepo, Mario Laserna, Plinio Apuleyo Mendoza, Alfonso López
Michelsen, Gerardo Molina, Luis Villar Borda. En su discurso de clausura,
Velásquez manifestó su entusiasmo por el número y la heterogeneidad de los
participantes. “Pero más importante que el estudio, más importante que otros
aspectos, es el encuentro latinoamericano en sí. El de poder venir desde
los más distintos confines del mundo, gentes que andan dispersas porque se
les niega la patria; poderse encontrar aquí para readquirir el derecho a
dialogar”. En 1983 el tema del exilio no era parte de la cotidianidad
venezolana o colombiana, pero sí de buena parte de los países del
continente.
La necesidad de reformas políticas sería el gran tema de
Velásquez en los años ochenta, cuando encabezó la Comisión Presidencia para
la Reforma del Estado.
La segunda mitad de la década de los años ochenta
presenció un progresivo deterioro en las relaciones entre los gobiernos de
Venezuela y Colombia.
Diversos sucesos conformaron un cuadro de suspicacias,
mutuos reclamos y crecientes tensiones. Las conversaciones limítrofes sobre
el Golfo habían comenzado en 1965 mediante un encuentro entre los
socialdemócratas Gonzalo Barrios y Manuel Pérez Guerrero con los liberales
Carlos Lleras Restrepo y Virgilio Barco Vargas. Las negociaciones cumplidas
por los subsiguientes gobiernos, desembocaron en 1980, durante los gobiernos
del socialcristiano venezolano Luis Herrera Campins, y del liberal Julio
Cesar Turbay Ayala, en la fallida “Hipótesis de Caraballeda”. En los
años siguientes fueron ganando espacio en la prensa, las denuncias de
agresiones policiales en zonas fronterizas, las exigencias de sectores
colombianos para lograr una solución al tema del Golfo y el malestar
venezolano por la masiva salida a través de la frontera con Colombia de
productos subsidiados. El punto de mayor tensión se produjo en agosto de
1987, cuando la presencia en aguas del Golfo de Venezuela de la corbeta
colombiana ARC Caldas primero, y luego de la ARC Independiente,
desató los aprestos de guerra de las Fuerzas Armadas venezolanas.
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La corbeta colombiana ARC Caldas |
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El presidente
Virgilio Barco Vargas puso punto final al
“Incidente
de la Caldas” mediante una alocución difundida la noche del 17 de agosto
de 1987 por radio y televisión, con duración de cincuenta y un segundos, en
la cual anunció la inmediata salida de la corbeta ARC Independiente
de las aguas en conflicto. Existe la versión según la cual, la decisión de
provocar un incidente con Venezuela habría sido
tomada por las autoridades militares colombianas sin previa consulta a Barco
Vargas (Peña, 1988, 190).
La campaña electoral venezolana del año 1988 tuvo a
Colombia como parte de la artillería propagandística de los principales
candidatos. La oposición acusaba al candidato socialdemócrata Carlos Andrés
Pérez de entreguismo, basándose en las conversaciones que sobre el Golfo de
Venezuela había adelantado durante su primer gobierno. Pérez, quien buscaba
su segundo mandato presidencial, puso en el debate político la difícil
situación económica de las zonas fronterizas. Ramón J. Velásquez en campaña
por su reelección como Senador por el estado Táchira en 1988, propuso la
creación de una instancia oficial, con participación regional, que definiera
programas de desarrollo para la frontera con Colombia y superara la
situación de conflicto fronterizo bilateral.
El 03 de febrero de 1989, a pocas horas de su toma de
posesión, el presidente Carlos Andrés Pérez suscribió con el presidente
Barco Vargas, la Declaración de Caracas. Con ella se inició un
proceso de institucionalización del diálogo y la cooperación bilateral con
lo cual se ponía fin a la “golfización” sufrida por la agenda bilateral a lo
largo de la década (Hernández, 2002, 38). La Declaración de Caracas
contempló la integración de tres instancias: la Comisión de Conciliación
prevista en el Tratado bilateral de 1939; los Altos Comisionados para
examinar las principales cuestiones pendientes entre ambos países; y sendas
Comisiones para “la preparación y estudio de los Convenios y Tratados de
índole política, jurídica, económica o de seguridad, relativos al desarrollo
económico y social de las áreas fronterizas” (MRE-Colombia, 1993, II, 41).
La Declaración de Caracas había sido negociada
antes de la toma de posesión de Pérez y su contenido reflejaba la oferta
electoral que tanto el nuevo presidente como Ramón J. Velásquez habían
presentado a consideración del electorado tachirense. Los negociadores de la
Declaración de Caracas fueron Gonzalo Barrios, presidente de Acción
Democrática y el liberal Pedro Gómez Barrero, Embajador de Colombia de
Caracas (Obregón y Nasi, 1990, 49), a quienes se unió el venezolano Enrique
Tejera París. De esta forma, las relaciones entre socialdemócratas y
liberales habían permitido poner fin a la tensión bélica de 1987 y definir
un nuevo esquema sobre el cual se adelantarían las relaciones bilaterales.
El 28 de marzo de 1989 en el Puente Internacional General
Francisco de Paula Santander, los presidentes Pérez y Barco suscribieron la
Declaración de Ureña, la cual desarrolló el contenido de la
Declaración de Caracas designando a los integrantes de las comisiones
acordadas (MRE-Colombia, 1993, II, 51). Ramón J. Velásquez fue nombrado para
presidir la Comisión de Asuntos Fronterizos (COPAF) por parte de Venezuela,
teniendo como contraparte colombiana a Enrique Vargas Ramírez, liberal
cucuteño, Ministro de Obras Públicas y Transporte durante el gobierno de
Belisario Betancur, ex Senador, ex gobernador del departamento Norte de
Santander, pariente cercano del presidente Barco Vargas y en ese momento,
Gerente de la Flota Mercante Grancolombiana. El peso político de ambas
figuras, acompañadas de un grupo de comisionados que representaban a las
principales fuerzas partidistas de cada país y a sus respectivas regiones,
señalaban la relevancia que los gobiernos dieron a aquellas comisiones
fronterizas.
El trabajo de las comisiones bilaterales y la decisión de
Pérez y Barco de reanimar al Pacto Andino, enmarcado en nuevas líneas de
reformas económicas aperturistas, le devolvieron a Venezuela y Colombia, a
partir de 1989, el carácter de socios comerciales y líderes en el proceso de
integración regional andina (Otálvora,2002).
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