Page 623 - Pleno Jurisdiccional Nacional Civil Familia

Geovana Andrea Vallejo Jiménez, Mónica Isabel Hernández Ríos, Adriana Elvira Posso Ramírez DERECHO

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las personas con discapacidad la aplicación de los mecanismos necesarios para que
puedan intervenir activamente en las decisiones que deben adoptar como sujetos de
derechos y obligaciones.

Corresponde entonces al Estado, al legislador y a la sociedad diseñar aquellos me-
canismos que tienen como propósito, brindar herramientas para que la persona con
discapacidad, en especial con discapacidad intelectual, pueda tomar sus propias
decisiones o para que un tercero, si fuera el caso y de manera excepcional, tome la
decisión pero teniendo en cuenta la voluntad y las preferencias del titular del acto
jurídico. De esta manera, se migra entonces del sistema sustitutivo de la voluntad a
un modelo de apoyo donde el centro siempre será el titular del acto.

Derechos sexuales y reproductivos, el derecho a conformar una familia y a con-
traer matrimonio de las personas con discapacidad.
Tal y como se ha mencionado antes, la CDPD consagra en su artículo 12 el reconoci-
miento de las personas con discapacidad, como sujetos con total capacidad ante la
ley y con igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida. Adicionalmente,
en su artículo 17 se refiere al respeto de su integridad física y mental en cualquier
momento.

No obstante, en Colombia actualmente existen grandes obstáculos para que las per-
sonas en situación de discapacidad puedan ejercer con plenitud derechos sexuales,
reproductivos, a conformar una familia y a contraer matrimonio. En este sentido, se
hace necesario abordar esta problemática que se puede ver a partir de tres dimen-
siones principales, la dimensión familiar-social, la dimensión educativa y la dimen-
sión jurisprudencial.

Dimensión Familiar-Social
Pese a que en la actualidad, grandes campañas educativas han intentado renovar el
lenguaje y las expresiones con las que se solía hacer referencia a las personas con
discapacidad, tales como “inválidos”, “minusválidos”, “limitados”, “disminuidos”, entre
otros, que incluso regían como definiciones técnicas en el Código Civil Colombiano y
otras leyes (Sentencia C-458 de 2015), el uso de nuevos términos más amigables e
inclusivos no ha garantizado un cambio en los imaginarios colectivos respecto a las
personas con discapacidad. La construcción social de dichas representaciones hoy
continúa teniendo repercusión social respecto a la forma en que la sociedad y el nú-
cleo familiar de las personas con discapacidad perciben su conciencia y libertad de
decisión. Este imaginario parte del supuesto que son sujetos asexuados, inconscien-
tes de sus manifestaciones corporales-sexuales y que son vulnerables o totalmente
incapaces cuando se trata de la posibilidad de llevar una vida sexual activa, sana y
responsable (Restrepo, 2014).

A los Consultorios Jurídicos del país acuden frecuentemente parientes de perso-
nas en situación de discapacidad intelectual o cognitiva, solicitando orientación para
adelantar en sus hijos o familiares intervenciones quirúrgicas anticonceptivas de-
1
finitivas sobre los mismos . Por un lado, existe un temor constante, especialmente
cuando se habla de niñas y mujeres, respecto a las consecuencias psicológicas que
un eventual embarazo pueda acarrearles y ven en la esterilización la única forma de
evitarles un posible daño físico y moral. Por otro lado, a los familiares de las perso-
nas en situación de discapacidad les preocupa en alto grado el costo económico de
un embarazo y un hijo, toda vez que dan por sentado que son ellos quienes asumirán
1 Esta información fue obtenida de los casos atendidos entre el año 2015 y lo corrido del 2016 en las jornadas de atención que se
hace a personas con discapacidad, que se realizan dentro y fuera de la sede del Consultorio Jurídico de la Universidad Eafit.
http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.1