propuesta Socialista 

Por la revolución socialista mundial

Criminales del GOBIERNO, la CAJA y la CONTRALORÍA.

Escribe: Luis Alberto Jaén

 El permanente escándalo de chorizos y crimen en que se ha convertido la Caja del Seguro Social, parece que no conoce límites ni horizonte. Ahora resulta que como el único acelerador lineal que compraron, después de muchos años de dolosa negligencia, tal instrumento es insuficiente para atender a los numerosos pacientes que lo requieren, entonces las autoridades de la Caja le remiten a una empresa privada de nombre Centro de Radioterapia Irazú, hasta seiscientos pacientes por año para que los atiendan, a un costo de dos mil setecientos dólares cada uno, que es un precio casi dos veces y media más que el que se cobra en otros países. Recordemos que la criminal administración de la Caja se demoró muchos años para adquirir un acelerador lineal, para darse gusto y hacérselo a las clínicas privadas que sí tenían ese instrumento, pagándoles grandes sobreprecios por la atención de los pacientes.

Pero cuando compraron uno de esos instrumentos, ya se necesitaban por lo menos dos, de modo que el chorizo Se mantiene. Ahora salen con el cuento de que para dentro de dos años adquirirán otro instrumento. Para dentro de dos años ya no se necesitará uno más sino dos o tres y la flamante Gerente Médica de la Caja nos trata de consolar anunciándonos que para el año dos mil once, la Caja será autosuficiente en la prestación de esos servicios de radioterapia.

Pero de aquí al año dos mil once, hay tiempo suficiente para que nos salgan con cualquier cuento y sigan en lo mismo, si es que para entonces y gracias al TLC y la "apertura" de los seguros en que están empeñados Oscar Arias y sus muchachos, todos los seguros no están ya privatizados.

En resumen, estamos en presencia de un negocio sucio y criminal, establecido por. quienes mandan en la Caja, que a su vez son mandados por las cúpulas de los partidos gobernantes, que consiste en no comprar los instrumentos necesarios para la atención de los pacientes y así tiene pretexto de mandárselos a las clínicas privadas quo cobran lo que quieren y sin duda participan a quien quieran, especialmente a sus favorecedores.

La Contraloría, o mejor dicho, unos funcionarios de la Contraloría han rendido un informe que consigna estos hechos y exige soluciones. Pero estas exigencias caerán en el vacío, como tantas otras desde hace mucho tiempo. Porque los funcionarios quo hicieron este informe no son la Contraloría aunque trabajen en ella. La Contraloría propiamente Se ha convertido en un ente criminal, al servicio incondicional le los gobiernos, que sin reparar en los impedimentos legales y en las tragedias sociales que ocasionan, disponen abusiva y delictivamente de los fondos de los seguros sociales, a como les venga en gana y para lo que les de la gana. Claro que esto no lo deben hacer y no lo podrían hacer si hubiera una Contraloría de verdad que se hiciera respetar y se respetara a sí misma haciendo cumplir como se debe las disposiciones de la Constitución y de su Ley Orgánica. Pero eso no. La Contraloría está más que preocupada por complacer a los gobiernos y dejar pasar sus abusos, que por cumplir con su deber, como lo demuestran los siguientes párrafos de un estudio pronunciamiento de la Contraloría.

"Por su parte, la posibilidad do que el Gobierno pueda cumplir con el mandato legal de cancelar la totalidad de sus obligaciones con la CCSS, se vincula con el grado de desarrollo económico que ha alcanzado el país, así como con la capacidad fiscal del gobierno de cumplir oportunamente con las obligaciones impuestas. En todo caso, se debe tener presente que la posibilidad de que el Estado le permita a la CCSS que destine una mayor cantidad de recursos financieros a la ejecución de sus programas de salud, es una decisión de política económica y social, par cuanto involucraría, dado el déficit fiscal del gobierno Central, disminuir la asignación de recursos financieros a otros programas y actividades públicos."

Aquí está dicho todo. La Contraloría se apuntó con los Gobiernos y las Juntas Directivas de la Caja, delincuentes en grado mayor, malversadores do fondos públicos a gran escala, torturadores do la población asegurada que ha pagado el seguro de tres maneras y que se ve forzada a comprar los medicamentos en el comercio, si puede y si no, muérase; a hacer colas de años para un tratamiento urgente y mientras tanto sufra, mientras se muere.

Repasemos los párrafos antes transcritos y preguntémonos si la Contraloría no es cómplice calificado de estos crímenes.

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