"No podemos darnos el lujo de la irresolución. Hemos llegado a una encrucijada y debemos tomar decisiones".

Así, con estas frases del discurso de toma de posesión, Oscar Arias inició el pasado 8 de mayo una nueva administración de Gobierno en Costa Rica.

Para la burguesía costarricense, la gobernabilidad no puede mantenerse secuestrada por la crisis interna de su régimen y por la obstinada lucha de las masas.

 La irresolución o ingobernabilidad se abrió con el rompimiento de las masas con el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana (el bipartidismo) expresado en el llamado “Pacto Figueres- Calderón”. Este se bautizó con la huelga del Magisterio de defensa del derecho a la jubilación, que fue derrotada por dicho Pacto en 1995.

Luego vino el rompimiento electoral con el bipartidismo con el abstencionismo castigo en la elección de Miguel Ángel Rodríguez en 1998 y en la de sus sucesores en el 2002 y 2006 para llevar éste a las calles en la semi-insurreccional jornada de lucha contra el paquete privatizador de la electricidad y telecomunicaciones, llamado Combo-ICE, en el año 2000.

De cabeza de ratón a cola de León

La crisis que lleva a esa encrucijada está determinada por la necesidad de la burguesía local de colgarse del carro “chocho” de la globalización y de la sociedad con el gran capital financiero internacional y sus multinacionales (TLC). Los Arias y el sector de la burguesía costarricense que él representa buscan sacar algunas ventajas y migajas en la vorágine concentradora del capital que caracteriza al imperialismo y absorbe con su fuerza centrípeta al pequeño capital local.

El futuro de estos sectores que llamamos “teleceístas” es de fungir como comisionistas y socios minoritarios del gran capital que ávido de ganancias penetra hasta la cocina de la bucólica Hacienda en la que esa burguesía era cabeza de ratón. Ahora solo aspiran a ser una minúscula parte de la cola del León.

La decisión tomada corre el riesgo de poner en mayor crisis la forma de dominación y administración del poder por parte del “Capitán” de este derruido barco. El frente burgués que ha ido armando Arias trasciende el Poder Ejecutivo, se extiende al Poder Legislativo con la alianza con el Movimiento Libertario, el despojo del PUSC, con el inconsistente PAC y otros partidos “tureca” y al mismo Poder Judicial. Sobre este último lo vimos poner su parte con la resolución de la Sala Constitucional de darle el espaldarazo a Arias para la reelección presidencial.

El Frente Burgués y su régimen, en acción

Próximo a cumplir los 100 primeros días, los fuegos se han abierto.

La Sala IV ha resuelto varios “recursos” que golpean a los trabajadores y arremete contra la propiedad social. Esta institución del régimen burgués ha eliminado derechos laborales que si bien es cierto aparecen como diferenciados de los que goza la mayoría de trabajadores del país, constituían un salario en especie. Es lo que ocurre con los trabajadores del INS que como otros sectores gozan de una Convención Colectiva que otorga el derecho al pago de prestaciones por encima de los 8 años que miserablemente fija el Código de Trabajo para los trabajadores en general. Igualmente sucede con los beneficios de exenciones parciales de pago de cuota del Seguro Social y de electricidad (Fuerza y Luz) para los trabajadores de las empresas respectivas.

La Sala IV también ha eliminado otros derechos como pagos extraordinarios o regalías para empleados de petróleo RECOPE y portuarios de JAPDEVA. La última decisión de la Sala IV ha sido la de romper la exclusividad del Estado, por medio de su empresa Fábrica Nacional de Licores (FANAL), de producir el llamado “guaro” de consumo popular con el que FANAL no solo se mantenía como empresa, sino que sostenía con sus ganancias al Consejo Nacional de Producción, del cual depende, y a una serie de programas de asistencia a los pequeños y medianos agricultores costarricenses.

En la Asamblea Legislativa la burguesía ha ido fraguando un Pacto entre sus distintos partidos. Con los Libertarios, Arias ha acordado el TLC con Estados Unidos y los proyectos que favorecen al capital financiero especulador que está representado en ambos partidos pero que los Libertarios representan directamente (el capital de los centros de apuestas, casinos, inmobiliario y turismo).

Con el PAC, Arias ha buscado orillar las diferencias y entrarle a las coincidencias para preparar el terreno a la aprobación del TLC. Con una política de enfrentamiento de baja intensidad Arias quiere evitar la confrontación directa y echa mano de la política de consensos en experiencias comunes con el PAC. El Plan Fiscal es un ejemplo de ello. Ambos partidos convergen en la captación de mayores fuentes de ingreso para las arcas del Estado. El PAC, no cuestiona el propósito y la dirección de esos recursos frescos que el Gobierno tiene destinados para fortalecer la inversión en obras públicas al servicio del esquema exportador y de atracción de inversión directa de las grandes transnacionales y para enriquecer a los dueños de la deuda interna privada con el pago de los intereses y su amortización.

Los proyectos llamados de agenda paralela y agenda complementaria al TLC han sido llevados a las distintas comisiones para su negociación. Así, se presentarán pronto los proyectos de fortalecimiento-modernización-privatización del ICE, del INS y los préstamos del Banco Mundial sobre educación y del BID para mejorar la competitividad.

Evitar la confrontación mientras forja y consolida su frente burgués y alinea a los “oposit"opositores”

Arias ha evitado ir a la confrontación porque es un Gobierno débil que llegó al poder con un 25 % del voto de los electores, con un país dividido en torno al TLC y con una crisis de credibilidad que no tiene visos de superar. Al contrario, la profundización de la crisis vuelve a mostrar la corrupción característica de los partidos de la burguesía y del régimen de los tres poderes. Arias regatea un cicatero 2% de ajuste salarial para el sector público mientras él se receta un 65% de aumento de salario como Presidente de la República (Un millón de colones más que Pacheco).

La burguesía necesita crear un consenso pero sobre la base de los objetivos de abrir el país a la invasión del gran capital financiero internacional y abrir el mercado a toda actividad que a las empresas transnacionales les permita hacer ganancias.

El Poder Ejecutivo por su parte se mandó con un furibundo ataque a los trabajadores con las medidas hacendarias como las de imponer una política salarial condicionada a la productividad y rendimiento de los trabajadores. Habría ajustes salariales si aumenta el Producto Interno Bruto, la rentabilidad del trabajo y si este es próvidamente controlado con calificación del trabajador por parte de sus jefes. Esta es la esencia de la política salarial.

Arias busca incorporar como vagón de cola a la dirigencia burocrática sindical

A este compromiso buscan incorporar a las dirigencias sindicales burocráticas, entreguistas y concertadoras que quieren ser tomadas en cuenta en las Comisiones Nacionales de Salario y en cuanta instancia de diálogo haya. La burocracia sindical, como capa privilegiada que es dentro del movimiento obrero, no busca para nada impulsar la lucha y mucho menos someterse a las decisiones de sus bases gremiales y sindicales.

Con estos dirigentes y organizaciones que pretenden, ante la amenaza de Arias y la burguesía y sus planes, defender las fuentes de sus privilegios o aristocracia obrera, es que el Gobierno trata de meterlos en el acuerdo nacional.

Mientras tanto, el TLC sigue su proceso de desgaste de los “opositores” y el Gobierno apela a que, independientemente de las diferencias, estos sectores acepten las reglas del régimen y respeten que la decisión sobre el TLC sea tomada solo por los diputados.

Limpiando el terreno de medias tintas: El caso de la Iglesia Católica

Es así como se explica la ofensiva de Arias contra la jerarquía de la Iglesia Católica que ha estado nadando a dos aguas al respecto del TLC.

Arias buscó apoyarse en la institución transnacional de la fe católica sacando una carta del Secretario de Estado del Vaticano para que la Iglesia Católica costarricense apoyara el TLC. Después de las reacciones de esta última, Arias logró crear un espacio de diálogo y sacarles a los obispos el compromiso de apoyar los planes sociales del Gobierno. La Iglesia ha agachado la oscilante cabeza y ha dado declaraciones de que respecto del TLC, los obispos no están en contra porque: "No nos metemos en criterios técnicos; son solo juicios éticos y morales" como señalara Monseñor Barrantes en el último encuentro con el Gobierno en Casa Presidencial. Sus preocupaciones éticas y morales se resuelven con los saludos y congratulaciones por los planes sociales del Gobierno para los cuales la jerarquía ofreció sus brazos.

¿Oposición al TLC como moneda de cambio para defender su estatus de burocracia sindical?

Las dirigencias sindicales hacen juramento contra el TLC pero solo lo utilizan como moneda de cambio para negociar sus intereses particulares o por la necesidad de defender algunos derechos de los trabajadores porque por los mismos se garantizan sus privilegios como dirigentes.

Ante la arremetida de la Sala IV con respecto a los derechos garantizados en las Convenciones Colectivas, las dirigencias sindicales se vieron en la obligación de apoyarse en la movilización de los trabajadores. Pero como su propósito es la concertación, llamaron a una jornada sectorial, primero por dos días , 7 y 8 de junio, luego la limitaron solo al día 7 y lo plantearon como una lucha particular aislada del conjunto de la política antilaboral del Gobierno.

En la población quedó el sabor de que estas movilizaciones serían una lucha por defensa de privilegios porque a los dirigentes no les interesa cuestionar el sistema capitalista y el régimen burgués del cual ellos hacen parte. Estas dirigencias burocráticas solo quieren cobrar sus servicios por mantener divididos a los trabajadores, predicando que no es necesario cambiar este sistema, ni expropiar a los capitalistas, ni organizar la sociedad y la producción bajo los criterios de interés de los trabajadores y el pueblo sino que llaman a la conciliación de intereses de clases imposibles de conciliar. Las dirigencias no explican porque estas conquistas que la Sala IV eliminó no eran cuestionadas antes y por qué no se generalizaron para todos los trabajadores. Tampoco explican por qué los empresarios turísticos se les ha bañado de exenciones e incentivos fiscales desde hace 20 años y de cómo ahora el Gobierno anuncia más incentivos fiscales, mientras a los trabajadores los persiguen con tal de recortarles el salario e incrementarles los impuestos. Tampoco denuncian los dirigentes que ese sector, verdaderamente privilegiado, paga los peores salarios a sus empleados según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La dirigencias burocráticas llaman a un poco de movilización pero parcelada en sus objetivos y en su método. Así por ejemplo, la dirigencia de la APSE, se brincó un acuerdo de sus bases que habían votado participar en las dos fechas y convocó sola al 8 de junio más para mostrarse en vitrina que para impulsar una respuesta unitaria a los ataques del Gobierno.

 Para nada las dirigencias del magisterio han querido llamar a las bases a hacer una gran asamblea unitaria de educadores y votar un plan de lucha así como de jugar un rol de vanguardia convocando a todos los sindicatos a una Asamblea Nacional de trabajadores para definir los objetivos de las luchas y las acciones para preparar la huelga general con la cual enfrentar la política antiobrera y el TLC.

Entre las dirigencias sindicales burocráticas hay lealtades que les impide denunciarse entre sí salvo cuando una de ellas se entromete en el espacio de la otra. La dirigencia de APSE que se presenta como una dirigencia luchadora y de base renuncia a dirigirse a las bases de las organizaciones ANDE y SEC y no se atreve a cuestionar públicamente a las dirigencias de esas organizaciones porque tienen en común otros intereses en otras áreas como la distribución de puestos y de beneficios en la administración de las instituciones financieras del magisterio en la que todas participan y administran (Caja de ANDE, Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, Junta de Pensiones, etc.).

Otro ejemplo es la dirigencia del ICE, que ha planteado supuestamente la lucha por la defensa de la electricidad y telecomunicaciones bajo propiedad del Estado por encima de la lucha contra el TLC y alienta a abrir espacios para negociar una ley de fortalecimiento del ICE que adecue esta institución a la situación de apertura del mercado de las telecomunicaciones. Con la anterior administración de Pacheco esa dirigencia había avanzado un proyecto de ley de consenso que el actual Gobierno desechó. Ahora buscan presionar por recuperar esa posición.

Las dirigencias sindicales de las organizaciones que tienen convenciones colectivas no se interesan por la lucha salarial de los sectores que no tienen Convención Colectiva. Hasta ahora, con ese instrumento jurídico, se garantizaban incentivos y ajustes salariales específicos mucho mayores que los ajustes que define el Gobierno por costo de vida para el conjunto de los trabajadores. Esto debilitaba a todo el sector público y favorecía al Gobierno que solo debía favorecer a unos pocos y desfavorecer a la gran mayoría.

Ahora la situación obliga a esos sectores a tener que dar la lucha común por la defensa del salario y por la defensa de las propias instituciones amenazadas por la apertura y privatización. Pero aún con esta perspectiva a la que empuja la política del Gobierno, las dirigencias sindicales no preparan ni convocan a las bases para dar una lucha por la defensa del salario. Ahora es cuando deberían llamar a luchar por romper el 2% que plantea el Gobierno y salir a exigir la recomposición del salario que se ha deteriorado profundamente en su poder real.

La farsa del Gobierno respecto de enlazar la productividad al beneficio salarial se descubre cuando los datos oficiales sobre el PIB del año pasado registraron un 5.9%. Sin embargo, como lo señalara el Coordinador del proyecto Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, el pasado 19 de julio en La Nación: “En realidad la gente entendió las dos noticias: el pastel fue más grande., pero no le tocó ni un pedacito más. Todo mejoró notablemente para aquellos externos que reportaron y recibieron mayores pagos”.

En efecto, hubo crecimiento pero se derramó para el lado de la burguesía y del gran capital extranjero. Para los trabajadores: un 2% de ajuste salarial.

 Preparar la respuesta a la ofensiva de la burguesía para que no termine gobernando (imponiéndose) ante las masas

La situación del país trascurre por los caminos de la confrontación porque no hay ninguna posibilidad de que haya una mejor repartición de la riqueza. Al contrario la riqueza seguirá produciéndose y a los trabajadores y al pueblo les será ajenas las tasas de productividad, crecimiento económico, aumento de la Inversión Directa Extranjera y otros índices más. En este sistema capitalista entre más sea la riqueza producida por los trabajadores (que se embolsa la burguesía), menos beneficios, salarios y condiciones de vida tendrán estos.

Ante esta realidad no hay conciliación que valga ni diálogo posible. Solo la organización de la lucha por parte de los explotados y expropiados por el capital puede ser la respuesta. Sin embargo, esta lucha no se puede hacer si no se desbanca a las dirigencias burocráticas mayoritarias de las organizaciones sindicales y sociales. Estas, ante hechos cada vez más contundentes de la ofensiva política y económica del capital imperialista y de la burguesía socia local siguen planteando el “Acuerdo Nacional”, la conciliación de clases y la paz social. La paz social es la paz de la resignación para que la burguesía eleve su tasa de ganancia. Las dirigencias del movimiento obrero deben ser barridas y las bases deben conformar tendencias, corrientes y dirigentes alternativos, clasistas, luchadores, no componedores y que tengan como principio el respeto a las decisiones de las bases y sus asambleas. Esta es la tarea mientras debe continuar peleando por la unidad y la movilización.

Pero no es suficiente impulsar el cambio en las dirigencias sindicales anquilosadas y calculadoras que han secuestrado la capacidad de lucha de las bases. Hace falta tener una respuesta política desde los intereses de los trabajadores y el pueblo. Hace falta construir el partido de la revolución socialista sin el cual ninguna posibilidad de cambio puede generarse y ninguna dirigencia sindical sustituta a la actual puede surgir.

La peor crisis que vivimos los costarricenses no es la crisis económica, social o moral. La peor crisis que tenemos es la crisis de dirigencia. No tenemos dirigencia, ni política, ni sindical. Hay que construirla junto a las luchas para empujar a la movilización defensiva en la que estamos.