El 23 de agosto se reanuda en Costa Rica el juicio penal montado en mi contra. El Ministerio Público solicita penas de cárcel mayores a los 60 años. Se me acusa de liderar el fuerte y triunfante movimiento de huelga de diciembre del 2000 en la zona atlántica. Campesinos, trabajadores bananeros, transportistas, ferroviarios y ex muelleros conformaron un frente común de lucha y plantearon una serie de demandas al gobierno.

En esa ocasión en Guápiles, ciudad caribeña, al calor de la brutal represión policial contra manifestantes pacíficos, al parecer cuatro policías antimotines fueron retenidos por la multitud. Este hecho lo califica el Ministerio Público como "secuestro extorsivo" y me acusa de ser el autor intelectual. La acusación es risible, torpe, ilegal y fantasiosa.

Los sectores populares y democráticos de Costa Rica denuncian que esta acusación forma parte de una nueva política del Estado costarricense de criminalizar las protestas sociales que han aumentado debido al empobrecimiento de amplios sectores de la población.

Mi actual enjuiciamiento ha llamado la atención en el movimiento popular y la prensa porque además hace unos meses fueron condenados dos dirigentes de la zona de San Ramón, a un año de prisión y al pago de una suma millonaria, por su participación en protestas contra el monopolio de la revisión vehicular Riteve. Dirigentes estudiantiles han sido acusados por participar en otras protestas públicas. Líderes campesinos, como los de Bambuzal, enfrentan juicios.

Costa Rica es conocida por disfrutar de una relativa calma social y política. La última asonada militar ocurrió hace 58 años, cuando el socialdemócrata José Figueres Ferrer (Don Pepe) tomó el poder mediante una guerra civil que dejó dos mil muertos.

Algunas de las decisiones que tomó Figueres en su gobierno fueron determinantes para que Costa Rica entrara en los siguientes sesenta años en relativa calma.

Las garantías sociales impulsadas por Don Pepe le dieron sepultura al estado liberal que la oligarquía criolla había instalado desde la década de los años 70 del siglo XIX, y le dieron nacimiento al Estado Benefactor en su versión costarricense.

Figueres, que era parte de un nuevo sector empresarial, creó un partido político que contaba con el apoyo fuerte de la nueva y emergente clase media y los industriales, el Partido Liberación Nacional (PLN).

El actual presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, pertenece a este partido.

Una de las medidas más drásticas y antidemocráticas que adoptó el gobierno de Figueres fue la proscripción del partido comunista y de las organizaciones sindicales afines. También promovió una intensa persecución y atroces crímenes políticos.

Posteriormente las organizaciones sindicales fueron recuperando espacios legales.

Es evidente que el Estado costarricense está cambiando su política de tolerancia y se encamina rápidamente a recortar las libertades democráticas y hacia la criminalización de la lucha social.

Costa Rica ya entró en un profundo proceso de cambio, que nosotros caracterizamos como revolucionario que se abrió con la llamada lucha contra el combo del ICE en el 2000, cuando los sectores populares logramos detener la privatización del ICE, ente estatal que tiene el monopolio de la energía y las telecomunicaciones y que puso al borde del colapso al gobierno del presidente Miguel A. Rodríguez (encarcelado recientemente por su participación en actos de corrupción). El país fue paralizado por las protestas.

El reciente resultado electoral (5 de febrero) parece confirmar nuestro análisis, al obtener Oscar Arias un triunfo ajustadísimo pues obtuvo el 40.8% de votos, con apenas 18.000 votos por encima de su contrincante Otón Solís, a quien algunos, que no conocen la realidad costarricense, ubican en la izquierda.

El otro partido burgués tradicional, el PUSC, prácticamente fue borrado del mapa electoral al obtener apenas el 3.5 % de los votos. La alta votación de Solís se explica porque hay un fuerte sentimiento contra el bipartidismo que ha gobernado el país en los últimos sesenta años y que es culpable de la pobreza.

Otro elemento es la amplísima oposición que existe en el país con-tra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En noviembre de 2005 la oposición al TLC llamó a una marcha que reunió cerca de 100.000 manifestantes. [Costa Rica tiene menos de 4 millones de habitantes].

El problema está, como diría Trostky, en los dirigentes del pueblo. Al igual que en el resto del mundo sigue siendo el principal escollo en el proceso revolucionario costarricense. En nuestro país la izquierda está atomizada, lejos de tener coordinación básica común y de fortalecer su presencia en el escenario político.

Costa Rica bulle como caldera a punto de estallar. Los capitalistas lo ven y por eso endurecen la represión y persiguen a los dirigentes políticos. Los burgueses de antaño construyeron esta sociedad capitalista con un Estado benefactor y con relativa tolerancia. Sus hijos en cambio, lo están desmantelando y privatizando todas aquellas empresas públicas que son rentables y ya no apuestan a las reformas sociales para calmar a las masas otorgando ciertos beneficios, sino que acuden a las reformas penales para encarcelar a los que protestamos.

Este es el contexto del juicio que se  sigue en mi contra.