Así como el huracán Katrina reveló muchos aspectos de la realidad social de EEUU, la oleada de violencia que sacude los suburbios de París y de otras ciudades está cargada de lecciones sobre el estado de la sociedad francesa.

No se puede hablar de revuelta popular, puesto que las personas implicadas --casi sólo adolescentes y jóvenes-- son muy pocas (varios millares) en comparación con una población total de los barrios periféricos, que suman unos cinco millones de habitantes, y no siguen ninguna consigna claramente definida. Los métodos que utilizan --quema de coches, autobuses, comercios e infraestructuras públicas-- y que gozan del efecto amplificador de las imágenes televisadas, que son emuladas de ciudad en ciudad y de barrio en barrio, pueden dar la impresión de que una guerrilla urbana actúa en contra de la policía.

Esto es así sólo en parte: hasta el momento, sólo ha habido un muerto por heridas graves. Sin embargo, la policía descubrió un taller de fabricación de cócteles molotov bastante profesional. Por lo tanto, no se puede descartar que algunas bandas de traficantes de drogas y de encubridores de mercancías robadas, que prosperan en las zonas prohibidas de algunos suburbios y aterrorizan a sus habitantes, tengan interés en adoptar una estrategia de tensión.

Estos fenómenos mafiosos, habituales en situaciones de vacío de autoridad, no podrían ocultar el significado profundo de los actos violentos. Son, para muchos de los jóvenes, "salidos de la inmigración", según la expresión al uso, explosiones de una rabia cada vez menos contenida ante una situación que ya no toleran, cuando sus padres la toleraron. Los suburbios concentran las consecuencias negativas, vividas por la mayoría de la población francesa, de las políticas neoliberales desde hace un cuarto de siglo, y, al tiempo, se suman a ellas sus deficiencias específicas. Una acumulación que se ha vuelto explosiva.

Los más pobres y los inmigrantes está atrapados en zonas urbanas donde las infraestructuras públicas brillan por su ausencia o son insuficientes. Son verdaderos apartheid sociales. En estos guetos, los equipamientos --de todo: educación, salud, vivienda, transportes, cultura y hasta seguridad-- son inferiores, tanto en cantidad como en calidad, a los de la media francesa. La tasa de desempleo es dos o tres veces más elevada. Y, además, las personas de origen inmigrante son víctimas de discriminaciones debidas al color de su piel o a su patronímico. De ahí su exigencia prioritaria de "respeto".

El gobierno se encuentra en una situación particularmente incómoda. Desde fuera, el prestigio de Francia está seriamente dañado. Los hechos están desprestigiando un "modelo social francés" en contraposición al anglosajón preconizado por el premier Tony Blair. Desde dentro, el presidente, Jacques Chirac, y el primer ministro, Dominique de Villepin, tienen al mismo tiempo que restablecer el orden en la periferia e intentar atenuar las causas profundas del desorden.

Y aquí es donde aprieta el zapato. Se necesitarían unas inversiones públicas gigantescas para, simplemente, recuperar el atraso acumulado durante estos últimos 30 años en el ámbito de la vivienda social y de los equipamientos. A este respecto, se pudo hablar de un Plan Marshall. Pero, desde hace tres años, hasta los modestos medios económicos otorgados a todos los que afrontaban estos temas en los barrios sensibles --asociaciones, trabajadores sociales, etcétera-- se han visto constantemente reducidos. ¡Incluso los efectivos de la policía han sido reducidos! Las medidas de rebajar los gastos públicos y el número de funcionarios son parte de este proceso. Al mismo tiempo, el Gobierno bajaba los impuestos sobre la renta de su clientela electoral --las categorías sociales privilegiadas-- y concedía favor tras favor a las empresas.

La tenaza europea se cierra sobre Francia: los imperativos de competitividad y de rentabilidad --bajo la forma de "deducciones obligatorias" (impuesto y cotizaciones sociales)-- se oponen frontalmente a las políticas públicas voluntaristas de solidaridad. Pero se inscriben en la Estrategia de Lisboa reactivada por la Comisión Europea y aprobada por los Veinticinco. Evidentemente, sin formularlo, ni pensarlo en esos términos, los jóvenes sublevados de los suburbios franceses, con la específicas circunstancias agravantes que sufren, están enjuiciando las políticas liberales llevadas a cabo desde hace decenios a nivel tanto europeo como nacional por todos los gobiernos, se digan de izquierdas o de derechas.

No estamos tan lejos de la hora de la verdad: si el Gobierno decide poner el dinero en la mesa para la periferia con el fin de evitar disturbios aún más graves, tendrá que sacarlo de alguna parte, con riesgo de empeorar el déficit presupuestario. Y así dará ideas a otros sectores sociales. En noviembre, prolongando la huelga del 4 de octubre, que sacó a la calle a un millón de personas, nuevos paros y movilizaciones sociales están programadas en la función pública; los empleados de Electricidad de Francia (EDF) se manifiestará contra la privatización de esta sociedad nacional; la tensión es muy fuerte dentro de las empresas (entre ellas, Hewlett Packard) que despiden para deslocalizarse. O sea, antes de los actuales acontecimientos dramáticos, Francia ya vivía una gran efervescencia social.

La victoria del no a la Euroconstitución constituyó un seísmo que apuntaba acusadoramente a las opciones neoliberales de los partidos de gobierno. Y, suponiendo que la revuelta social de los suburbios se extendiera y se globalizara, podría generar una réplica más fuerte que el terremoto del referendo del 29 de mayo. Esperemos que Chirac y los demás políticos puedan prever esta catástrofe.