SEPTIEMBRE, 2019. Antes de la marcha del 2 de octubre de este año les fueron entregadas unas camisetas a funcionarios del gobierno de la ciudad de México. Las prendas blancas llevaban en la parte trasera la leyenda cinturón. El periódico Reforma señaló que cada una de estas camisetas tuvo un costo de 48 pesos, IVA incluido, lo que arrojó un total de 960 mil pesos gastados en prendas que se utilizaron apenas un par de horas, algo que no habla precisamente bien de un gobierno que pregona una muy republicana austeridad.

De hecho las camisetas sirvieron par su propósito menos tiempo del esperado. Un grupo de rijosos comenzó a provocar a quienes formaban parte de esta "cinturón de paz" (obviamente encapuchados) hasta que el "cinturón" quedó roto y sus miembros comenzaron a quitarse las camisetas, seguramente temerosos que se convirtieran en blancos visibles.

Al final la policía logró aislar a los encapuchados y detener a cuatro de ellos, acusados por haber arrojado cohetones a la multitud y a las fuerzas de seguridad. Fue la primera manifestación del 2 de octubre en el llamado gobierno de la "cuarta transformación" por lo cual no parece ser objeto de críticas para los medios de comunicación que igualmente no han investigado lo que sucedió a principios de año cuando estalló una toma ilegal de gasolina en el estado de Hidalgo a principios de año.

Este incidente también dejó en claro que nada detendrá las protestas ni los discursos demagógicos en torno a lo ocurrido ese 2 de octubre de 1968, no tanto porque la fecha merezca ser recordada y vista como el inicio de la lucha contra un gobierno totalitario al cual terminó de derrotársele en el 2000 con el triunfo de la oposición de centro-derecha, algo que pudiera explicar el comportamiento de esos rijosos y encapuchados. Pero desde hace casi un año gobierna en México un partido de izquierda electo democráticamente. ¿Qué razón tienen ahora para quejarse? ¿Quiere esto decir que hay que derribar toda la estructura más que al partido que llega al poder?

Es triste que se siga medrando con la memoria de una fecha al mismo tiempo dolorosa y difícil en la historia de México. Desafortunadamente, y en lo que fue un error infantil en la falta de coordinación entre el ejército y el famoso Batallón Olimpia, se ha puesto como prueba clara de que Gustavo Díaz Ordaz fue una versión, adelantada unos años, de Augusto Pinochet.

De inmediato y ante la presión internacional, Díaz Ordaz fue obligado a aceptar su culpa luego que quiso guardar las formas dada la inminencia de los juegos olímpicos. Su silencio en esos días costó caro a su reputación no solo ante la comunidad internacional sino ante la población que exigía explicaciones convincentes. No fue hasta su Informe de gobierno el 1 de septiembre de 1969 cuando el mandatario aceptó su "completa responsabilidad" en lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, más que nada para mantener la estabilidad de su gobierno y, sobre todo, proteger a quien se sospecha fue quien realmente dio la órdenes esa tarde en Tlatelolco, el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría, virtual candidato presidencial priísta para las elecciones que se realizaron en julio de 1970.

A medio siglo de distancia y cuando la mayoría de quienes participaron en esos hechos ya han fallecido, suena extraño que se exija castigo, como si Díaz Ordaz y su gabinete hubieran sido criminales de guerra nazis; incluso, cuando se pide al gobierno actual la creación de una comisión que investigue "la verdad" sobre Tlatelolco, nos preguntamos qué falta por investigar: el Estado mexicano finalmente aprendió la lección y se le obligó a ir abriendo espacios democráticos aun contra su voluntad y, algo muy importante, sin llegar a una guerra civil.

Hace algunos años, durante el gobierno de Vicente Fox, se exigió llamar a cuentas al ex presidente Echeverría solo para toparnos con la novedad que, en caso que todo de lo que se le pudo culpar eran delitos que ya habían prescrito. Difícilmente el señor será juzgado penalmente en su ya casi centenaria vida.

¿Qué motivos tienen, entonces, esos rijosos que destruyeron propiedad privada y agredieron no solo a los cuerpos de seguridad sino a personas que iban a conmemorar pacíficamente esta terrible matanza? La respuesta la dio hace algunos años el ensayista cubano-español Carlos Alberto Montaner: "Aun y cuando gane, la izquierda se asumirá como víctima de una injusticia (...) Ello le da la coartada perfecta para seguir protestando sin importar que se hayan cumplido todas sus demandas".

¿Qué otra razón existe, por ejemplo, para que haya quienes se enfrenten contra la policía en Chile cada 11 se septiembre? ¡Ya Pinochet está tan sepultado como su régimen y hoy ese país vive una vida democrática plena! ¿Por qué la izquierda norteamericana, hasta hace poco relativamente sensata, insiste hoy en las "reparaciones" hacia la población afroamericana por los años de la esclavitud si ésta hoy goza de los mismos derechos que la población caucásica? Algo similar pasa con Tlatelolco: el PRI autoritario difícilmente regresará a escena ni impondrá su voluntad como lo hizo hasta inicios de los años 90 cuando la población era más dejada y pasiva que hoy. Pero todavía le dedicamos mentadas hasta ultratumba a Díaz Ordaz, fallecido en 1979.

De nuevo Montaner: "La izquierda está obsesionada con el poder. Respeta las formas democráticas únicamente cuando le son favorables para hacer avanzar su causa, y las desprecia cuando le representan un estorbo (...) Al final la izquierda busca la destrucción del orden establecido para imponer el suyo aunque asegure jugar con sus reglas".

El 2 de octubre no debe ser olvidado. Sin embargo su conmemoración tiene que sopesarse como el momento cuando comenzó la caída del viejo régimen, y ésta ya quedó consumada. Cualquier intento violento por socavar su conmemoración busca derribar los innegables avances democráticos que México ha tenido desde 1968; estos intentos buscan llevarnos de vuelta a esa etapa totalitaria. Recordar esto ante las provocaciones es igual de importante que recordar la fecha misma.