Sábado, 29 de noviembre de 2003

EL MUNDO.- Petra.

DENUNCIA DE 'MOBBING'

Habla la víctima del 'mobbing' del Ayuntamiento de Petra: «Han intentado destruirme»
Francisco González deja el puesto de secretario municipal tras denunciar el acoso laboral que sufre por parte del gobierno del PSM
M.A. RUIZ COLL
PALMA.- «Han intentado destruirme psicológicamente. He sufrido una situación límite de cacería política contra un funcionario». El secretario municipal del Ayuntamiento de Petra, Francisco González Benito, tira la toalla. Tras cinco años de batalla legal, ha solicitado el traslado al Consell de Mallorca en comisión de servicios porque no aguanta más las prácticas de
mobbing y «terrorismo laboral» a las que se siente sometido por parte del equipo de gobierno del PSM y de algunos empleados públicos «de su cuerda».
«Abandono el Ayuntamiento por motivos de salud psíquica», explicó ayer a EL MUNDO/El Día de Baleares, «a pesar de que cuatro sentencias reconocen que he sufrido la vulneración de derechos fundamentales, me han ganado la batalla. Me han hecho daño psicológicamente y al final se han salido con la suya».

Su calvario se inició el 2 de septiembre de 1999, cuando accedió a la plaza de secretario municipal de Petra mediante concurso. Lo primero que hizo el alcalde, Joan Font Massot, fue rebajarle el complemento específico, el de destino y el plus de productividad que cobraba el anterior secretario. Durante un pleno, el concejal nacionalista Sebastià Rechach justificó la medida por el hecho de que Francisco González no sabía catalán.

Con el acta del pleno en la mano, el funcionario acudió a los tribunales y consiguió que el juez condenara al Ayuntamiento a abonarle estas percepciones. Como represalia, el alcalde le sancionó con dos meses de suspensión de empleo y sueldo alegando que había llegado tarde varias veces a su puesto de trabajo. De nuevo, la Justicia le dio la razón y condenó al Ayuntamiento por vulneración del derecho fundamental a la igualdad reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución

La Fiscalía interviene
Desde entonces, afirma sentirse perseguido en su puesto de trabajo «por motivos políticos y racistas, debido al carácter nacionalista, extremista y xenófobo del partido que gobierna en Petra». El pasado mes de abril, consiguió que Inspección de Trabajo tomara cartas en el asunto. Una psicóloga del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales le diagnosticó, entre otros síntomas, ansiedad, frustración, tensiones musculares de naturaleza psicosomática, hipervigilancia y sensación de amenaza.
Apenas un mes después, obtenía la baja laboral por prescripción médica: «necesitaba reconstruirme emocionalmente. Pero el alcalde lo aprovechó para denigrarme públicamente ante la Delegación del Gobierno, diciendo que soy tan mal funcionario que abandono el Ayuntamiento cuando se van a celebrar las Elecciones». A raíz de su última denuncia presentada ante el Juzgado, la Fiscalía abrió diligencias informativas para investigar lo que estaba ocurriendo. Al final, el expediente quedó archivado porque el Código Penal no reconoce el
mobbing como delito.
Cuando comprobó que el Colegio Oficial de Secretarios se desentendía de su problema, González Benito decidió integrarse en la Asociación contra el Mobbing de Baleares, desde la que ha solicitado que estas prácticas se tipifiquen como delito.

Insultos y humillaciones
«El puesto de trabajo», afirma, «es un lugar en el que se puede destruir a una persona sin que nadie tenga que asumir la responsabilidad penal. Hay más de cien prácticas comprendidas en el
mobbing, desde las pequeñas vejaciones, insultos o humillaciones públicas, hasta ningunearte o atribuirte errores para socavar tu reputación profesional y su prestigio ante los demás». Todo un catálogo que afirma haber sufrido en su puesto de secretario municipal.
«De forma aislada, estas conductas pueden parecer irrelevantes, pero cuando se cometen sistemáticamente se convierten en una estrategia para eliminar a una persona de su puesto de trabajo», señala. Cuando EL MUNDO/El Día de Baleares denunció su caso, el pasado 20 de octubre, el alcalde Joan Font aseguró que no existía tal situación de «hostigamiento laboral».
«No puede negar que está al corriente de los sucedido», indica al respecto Francisco González, «le he pedido varias veces que abra un expediente disciplinario por las vejaciones que estoy sufriendo».

EL MUNDO.- Opinión.

IMPRESIONES
Investigar esta denuncia de mobbing

En Petra suceden, desde que el actual alcalde del PSM accedió al poder, cosas raras. A la imputación del alcalde por presunta prevaricación y otros procesos en marcha, hay que añadir ahora esta acusación de
mobbing que, en duras declaraciones, hace el secretario del Ayuntamiento, finalmente decidido a tirar la toalla y abandonar su cargo. Dos contenciosos le ha ganado ya el secretario al alcalde y la actual acusación de mobbing debe ser investigada. La prepotencia de este alcalde ante cualquier forma de control -política por oposición y de legalidad por el secretario- no es de recibo en un Estado de Derecho. Ni en las formas ni en el fondo.

NOTICIAS DE NAVARRA.- Opinión.

Discriminación en la Coordinadora de Disminuidos Físicos

Por:Josu Ros Azpíroz. Secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Navarra (COMFIA)

DOS despidos improcedentes y la nulidad de un tercero por discriminación sindical forman parte del haber de la Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra (ACODIFNA), un acervo que se alimenta sobre todo del despotismo de una Junta Directiva encabezada desde hace 12 años por Ana María Guerendiáin. Son varias las ocasiones en las que desde CCOO de Navarra hemos denunciado públicamente la insostenible gestión y la grave situación laboral que se vive en esta entidad que rige el destino de las más de 14.000 personas con discapacidad que hay en nuestra comunidad.

Los abusos de poder han sido una constante en los últimos años, hasta llegar al caso que nos ocupa: el acoso laboral y sindical hacia una persona con discapacidad, precisamente en una asociación que existe para denunciarlo. Este trabajador demandó el pasado mes de julio a Acodifna ante los tribunales por discriminación sindical, solicitando la nulidad del despido y su reingreso en la empresa. Una sentencia dictada el pasado 3 de octubre de 2003 le ha dado la razón declarando nulo el despido, reconociendo el mobbing discriminatorio como causa del mismo y condenando a la Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra a readmitir de forma inmediata al trabajador en su puesto de trabajo.

La gravedad de los hechos fallados en esta sentencia no radica en reconocer que el despido es improcedente, sino en confirmar la práctica de un móvil discriminatorio por parte de la presidenta contra una persona con discapacidad, justamente, insisto, en una entidad que recibe subvenciones públicas para luchar contra esta clase de actuaciones. Los hechos más allá de tecnicismos legales pueden traducirse en una premeditada estrategia de acoso y derribo hacia un trabajador al que se le ha calumniado e insultando públicamente y avalarían, sin lugar a dudas, el que tanto la presidencia de Acodifna como el resto de la Junta dimitieran inmediatamente.

CURIOSAMENTE, la sentencia recoge también que el mobbing sobre el trabajador se incrementó en el período en que éste quiso ejercer legítimamente su labor como delegado sindical. Según queda probado, la presidenta le acusó sin fundamento alguno de robar una suma considerable de dinero y lo descalificó públicamente, tanto personal como profesionalmente. De éstas y de otras acusaciones parecidas han dado testimonio compañeros de trabajo, empresas colaboradoras de la entidad y ex miembros de la Junta Directiva, confirmando así las presiones, desconfianza y humillación constantes a las que fue sometido el trabajador en cuestión.

Lo hasta aquí contado es otra gota más en un vaso que no termina de colmar. Se trata en realidad del tercer despido improcedente que se suma a otros dos de similares características y en los que se vieron afectadas dos trabajadoras sociales. Entonces, sendas sentencias del Juzgado de lo Social condenaron a la asociación a readmitir a las trabajadoras o a pagarles cuantiosas indemnizaciones, dinero que a día de hoy Acodifna está pagando con las subvenciones públicas y a través de préstamos que asumen todos los socios. A pesar de la gravedad de los hechos ya probados y juzgados, ni la presidenta en particular ni la Junta en general admiten sus responsabilidades.

Difícil situación laboral Y en este devenir de despropósitos en Acodifna se va espesando un caldo de condiciones laborales que deja mucho que desear. En septiembre de 2002 la asociación contaba con dieciocho trabajadores y trabajadoras para prestar todos sus servicios y llevar a cabo todos sus proyectos. A día de hoy solo quedan ocho trabajadores, dos de ellos con contratos precarios y tres a cargo del Gabinete de Barreras. A pesar de contar con ingresos suficientes y estables y con la necesidad de mantener servicios en beneficio del colectivo de personas con discapacidad, Acodifna no ha hecho fijo a ninguno de sus trabajadores con discapacidad pero sí a dos personas cercanas a la presidenta. Tampoco a lo largo de su andadura se ha firmado un acuerdo laboral ni existe un marco legal que normalice las relaciones entre trabajadores y la empresa, aunque sea ésta de carácter social.
A la difícil situación laboral y a la falta de democracia interna se suma a mi entender, una mala gestión económico-financiera que pone en entredicho el destino de distintas aportaciones que se gestionan desde la Junta: las cuotas de más de 2.200 socios, la subvención anual de 60.000 euros de Bienestar Social (y que fue ampliada en 36.000 euros el pasado año), las aportaciones anuales de Caja Navarra para la contratación de personal y apoyo a las publicaciones y otras actividades, la firma anual de acuerdos con el Ayuntamiento de Pamplona y otros ayuntamientos por el Gabinete de Barreras, así como otros aspectos específicos que se adjudican a diversas actividades anuales que programa la asociación.

Voluntarios, personas afectadas, socios, y trabajadores y trabajadoras han denunciado en repetidas ocasiones estas peculiaridades ante la Defensora del Pueblo, el Departamento de Bienestar Social, el Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento de Navarra; incluso, como ya he señalado, alguna de estas denuncias se han hecho desde CCOO y se han presentado ante la Administración. Pero ninguna de estas instituciones han tomado cartas en el asunto.

Espero que la grave situación por la que atraviesan las relaciones laborales en la Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra quede desterrada de una vez por todas, puesto que ello redundará en beneficio de un colectivo tan necesitado de apoyo y ayuda.

LA NUEVA ESPAÑA.- Oviedo.

CC OO difunde un manifiesto contra el «acoso laboral» en el servicio de Bomberos
La sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento ha difundido un manifiesto denunciando «el acoso laboral y moral» en el servicio de Extinción de Incendios. Este documento, según aseguran, ha sido suscrito por el 70 por ciento de la plantilla profesional en activo. «En el manifiesto, los bomberos denuncian, de manera inequívoca, la existencia de represalias laborales, a pesar del régimen de miedo y coacción que se pretende imponer en el servicio», asegura el sindicato en un comunicado. CC OO considera «muy positivo que, pese al desgaste que supone un conflicto de casi tres años de duración, prácticamente las tres cuartas partes de la plantilla del SEIS tengan el valor de seguir denunciando la injusticia y la arbitrariedad que les rodea, a pesar de las represalias que les pueda acarrear».

CC OO anuncia una nueva concentración de bomberos, convocada junto al sindicato CSI, el próximo 2 de diciembre a las 12 del mediodía, coincidiendo con el Pleno. Los trabajadores recogerán firmas de apoyo.

El manifiesto denuncia que hay en el servicio «numerosos ejemplos de represalias laborales», con cambios de horario y función, disminución de retribuciones, como consecuencia «de una actitud crítica hacia la dirección actual».

LA NUEVA ESPAÑA.- Avilés.
El juez condena a Alcoa a indemnizar a un trabajador por acoso moral
El Juzgado de lo social número 2 de Avilés ha dado la razón al trabajador Agustín Caballero Calero, que demandó a la empresa Alcoa por acoso moral en el trabajo. La compañía deberá reponer al trabajador en sus funciones e indemnizarle con 6.000 euros por los daños morales que sufrió durante dos años.

En la sentencia, el juez considera probado que al trabajador, que tenía la categoría de encargado de mantenimiento, se le vació de competencias, se le suspendió de materiales técnicos para realizar su cometido y se le atribuyeron tareas marginales y residuales correspondientes a nivel inferior a los que le correspondían, según explicó el abogado Óscar González Rodríguez.

Caballero mostró ayer su satisfacción por el fallo.

EL COMERCIO.-AVILÉS

Alcoa deberá pagar 6.000 euros a un trabajador por acoso moral
El Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés insta también a reintegrarle en su anterior puesto laboral en la empresa
REDACCIÓN/AVILÉS

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés condenó ayer a la empresa Alcoa Inespal a indemnizar al empleado Agustín C.C. con la cantidad de 6.000 euros por los daños y perjuicios que se han derivado de un presunto acoso moral en el trabajo. Asimismo, se insta a la empresa y a la también codemandada E. D. M. al cese de ese comportamiento que estaba padeciendo el actor y le reintegre en el mismo puesto de trabajo, con idéntica categoría y funciones a las desempeñadas con anterioridad al momento de inicio del cumplimiento de la sanción de suspensión de empleo y sueldo que le fue impuesta en el año 2001, o a un puesto de trabajo de categoría y funciones del mismo nivel al que desempeñaba.

En el fallo judicial se considera probado que el demandante presta servicios en la planta avilesina de la empresa desde 1975, ostentando desde 1984 la categoría profesional de encargado de Manutención General del Servicio de Mantenimiento Mecánico, excedente del puesto de trabajo desde julio de 1995. Hasta 2001 realizó una serie de funciones dedicadas a la coordinación, lecturas y mediciones, con despacho propio.

Al quedar excedente del puesto de trabajo, sus funciones fueron normalmente absorbidas por el puesto de jefe de obra civil, no obstante lo cual en realidad el actor continuó desempeñando las mismas funciones que venía realizando, como encargado de manutención general hasta el 17 de noviembre de 2001. Un día antes, la empresa entregó al actor comunicación escrita de imposición de treinta días de suspensión de empleo y sueldo, por falta laboral muy grave.

Tras cumplir la sanción, y al reincorporarse al trabajo, se le desposeyó de su despacho y útiles de trabajo, comunicándole que ya no tenía ninguna de las funciones de mando que venía desempeñando, destinándole a las tareas de cortocircuito auxiliado por otro operario, llegando a estar a las órdenes de otro empleado de la empresa.

Nuevo destino

Al llegar a la factoría de Avilés un nuevo jefe de Recursos Humanos, en junio del presente año, a Agustín C. se le destinó, un mes después, a las dependencias e instalaciones del muelle marítimo, realizando labores de mecánico, ocupándose de un panel de mandos de la instalación de carga y descarga de alúmina, aunque en los recibos de salarios consta como mantenedor mecánico en el Servicio de Electrodos y Anexos, con la categoría de encargado.

Efectuada una denuncia a la inspección de Trabajo y Seguridad Social, se efectuó una visita el 14 de noviembre de 2002 al centro de trabajo de San Balandrán, en la que se aprecia una infracción muy grave, en su grado mínimo, con sanción de 3.005,07 euros, de la que Alcoa ha interpuesto recurso contencioso administrativo.

En escritos de A.C. a la empresa, a través del comité, se expresa que se le ha desplazado del puesto de trabajo, aunque las circunstancias le llevan incluso a pensar en aceptar las tareas de ayudante de un carretillero. Una situación que le hace sufrir problemas psicológicos, aunque mantuvo su condición de delegado sindical de la Asociación de Trabajadores de Asturias.

Agustín C. comenzó a acudir a consulta psiquiátrica el 30 de septiembre de 2002, con un cuadro de ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad y pensamientos obsesivos, siendo diagnosticado de depresión ansiosa reactiva a problema laboral, instaurándoles medicación ansiolítica y antidepresiva, que han sido tenidas en cuenta en la indemnización.

LA VERDAD.- Albacete.

La Uned aprueba el despido de dos de las denunciantes de acoso
Varios alumnos se constituyen en Asamblea para protestar por su despido y han recogido ya más de mil firmas
E. JIMÉNEZ/ALBACETE
El Patronato del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Albacete (Uned) aprobó ayer la reducción de plantilla, justificada en una operación de salvamento y supervivencia del centro en Albacete.

El director del centro, y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Andrés López Mora, presentó un informe económico con un balance negativo, con unas pérdidas cercanas a los 100.000 euros, tal y como explicó el presidente del Patronato y de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos a este diario. En estas pérdidas económicas se justifica la reducción de plantilla en dos personas, los encargados de la Librería y de la Biblioteca, y se reduce la jornada de una tercera persona, hasta dejarlo en medio día. Esto supondrá que una de las personas que se encargan de la Secretaría compaginará sus funciones en la librería, descartando definitivamente la privatización.

Pedro Antonio Ruiz Santos aclaró que no solo se reduce la plantilla del Personal de Administración y Servicios (que fueron las denunciantes de acoso moral y laboral por parte del director de la Uned), sino que también se reduce el número de profesores o tutores. La reducción del número de tutores supone una reducción de gastos de 19.000 euros y del Personal de Administración y Servicios (PAS) de 68.000 euros. Ruiz Santos justificó esta reducción en materia de Personal de Administración y Servicios, como «algo que se tenía que haber hecho hace tiempo, desde la unificación de todos los servicios de la Uned en un único edificio, ya que había duplicidad de puestos».

El presidente del Patronato negó en todo momento que esta reducción de plantilla fuera una «persecución» contra las trabajadoras que se encuentran inmersas en varios procesos judiciales con el director del centro. Por este motivo evitó pronunciarse, aunque explicó que él mismo había mediado en varias ocasiones. Ruiz Santos dio lectura a una resolución remitida por la Defensora del Pueblo, aunque tampoco desveló su contenido.

Para la aplicación de esta reducción de plantilla Ruiz Santos explicó que se había estudiado un informe detallado de la dirección sobre la mala situación económica de la Uned, y se habían estudiado otras universidades como la de Ciudad Real o Mérida, «casos en los que con menos personal se atiende a más alumnos», pero no pudo precisar el número concreto de personal ni de alumnos de cada una de las universidades estudiadas.

«Clima de violencia»

Por otra parte, varios alumnos de la Uned se concentraron ayer frente a las puertas de la Diputación en el momento de la reunión del Patronato, con pancartas con eslóganes como No a los despidos o No a la privatización de la Librería.

El representante de estos alumnos, Javier Rubio, explicó que se ha constituido una Asamblea de Alumnos en contra de los despidos y de la supuesta privatización de la Librería. Además, han recogido casi un millar de firmas en favor de esta campaña, de las que más de 800 corresponden a los propios alumnos. Esta iniciativa surge en contra de los despidos, que consideran innecesarios «porque no sobra nada y nosotros creemos que la Uned debe ir a más y no a menos». El representante de los alumnos no quiso entrar a valorar el conflicto que se vive entre los trabajadores y el director del centro, pero explicó que las repercusiones son que «hay un clima de violencia y de no estar a gusto en la Uned».

LA VERDAD.-Actualidad.

ALBACETE
Un informe alternativo que no se estudió
E.J./ALBACETE
La representante del Pas en el Patronato, Margarita Guerrero, llevó un informe económico de la situación de la Uned a la reunión celebrada ayer, un informe según explicó a este diario ninguno de los componentes del Patronato se dignó en estudiar. En este informe se reflejaba, en base a los propios resultados presentados por la dirección, una propuesta de reducción de gastos sin el despido de personal. Con él, reduciendo gastos de ayudas a la Escuela de Práctica Jurídica, de material de oficina o de fiestas de inauguración del curso de este año, se podrían ahorrar 71.000 euros (el despido de las trabajadoras supondría 68.000 euros). Guerrero mostró su indignación e impotencia por la actitud de los políticos que componen el Patronato, que «conocen la situación y no hacen nada».

HOY DIGITAL.- Regional.

REGIONAL
CC.OO. alerta a trabajadores y empresas contra el acoso
El sindicato sugiere un pacto de actuación entre empresa yempleados, y habla de casos en hostelería y comercio
REDACCIÓN / EFE/MÉRIDA
Comisiones Obreras ha propuesto a las empresas que firmen un protocolo para combatir el acoso sexual en el trabajo.

Como instrumentos se sugieren la creación de un puesto de asesora que acompañaría a la víctima que sufre acoso e investigaría, y constituir una comisión paritaria que promueva acciones de sensibilización y prevención.

La idea inicial, según señala el secretario regional de Salud Laboral del sindicato, Ramón Barco, es que los casos de acoso sexual se resuelvan en el ámbito interno de la empresa.

Así no habría necesidad de llegar a los tribunales, aunque también se podrá asesorar a la víctima para que emprenda acciones judiciales si así lo desea.

La secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, Encarna Chacón, informó que el sindicato repartirá, a partir de enero, una guía sindical para abordar el acoso sexual en el trabajo en las empresas extremeñas de más de 50 empleados.

Defenderá además, en los procesos de negociación colectiva, la habilitación de instrumentos para prevenir la discriminación por razón de sexo, como son esa comisión y la asesora.

Por sectores, Chacón indica que últimamente en la hostelería y el comercio se han registrado reiterados casos de acoso sexual.

Como ejemplo citó uno ocurrido en el cacereño Castillo de Arguijuelas, al tiempo que indicó que estas situaciones se denuncian cada vez más.

Según un estudio de CC. OO., el 18 por ciento de las trabajadoras afirma haber sufrido algún tipo de acoso sexual.

El protocolo de actuación en las empresas diseñado por Comisiones se basa en el reconocimiento del acoso como una forma de violencia de género, y en el compromiso de la dirección empresarial y de la representación de los trabajadores a mantener un ambiente de respeto en los centros de trabajo. Asimismo, en un consenso entre empresa y sindicatos para solucionar los posibles casos que se registren. Si se acepta el protocolo, en cada empresa habría una comisión paritaria de ambas partes, y una asesora que, por delegación de la comisión, atendería a las personas que denuncian acoso e iniciaría las actuaciones, entre ellas reclamar la intervención de otros expertos (psicólogos, juristas, médicos).

Esa asesoría asistiría a la víctima durante todo el procedimiento disciplinario y de denuncia.

EJEMPLOS.-
Observaciones sugerentes: Se considera conducta constitutiva de acoso sexual las observaciones sugerentes, chistes o comentarios sobre la apariencia o condición sexual del trabajador o trabajadora en cuestión.

Peticiones de favores: También la petición de favores sexuales, con la inclusión de aquellas insinuaciones o actitudes que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el empleo del trabajador/a, a la aprobación o denegación de estos determinados favores sexuales.

Falta grave o muy grave: CC. OO. propone que lo sean el acoso sexual ambiental (revistas, chistes, comentarios, etc.) entre trabajadores de igual nivel.

Superioridad: Todo acoso de un superior jerárquico sería siempre falta muy grave.

IDEAL DIGITAL.- Granada.

LOS OGÍJARES
La edil que dejó el PP denuncia amenazas y acoso psicológico
La concejala asegura que ha sido insultada y que recibe todo tipo de presiones tras haberse pasado al grupo mixto
ROMÁN URRUTIA/LOS OGÍJARES

Las marejadas en el seno del Partido Popular de Los Ogíjares parece que no cesan. Si en la anterior legislatura dos de sus concejales abandonaron el grupo del PP para pasar al mixto, en esta ocasión ha sido la responsable del Área de Medio Ambiente, María Victoria Aguirre, la que ha durado apenas seis meses en el equipo de gobierno.

La concejala abandonó su cargo hace pocos días para pasar igualmente al grupo mixto «por la falta de democracia interna», dijo la edil. Aguilera se queja de sentirse engañada, puesto que durante la campaña se la había presentado como experta en urbanismo. Sin embargo, esta delegación fue a parar a manos de José Luis del Ojo, también edil popular y secretario local del PP.

El Ayuntamiento de Los Ogíjares está gobernado por el Partido Popular en coalición con una concejala del PA. Tras su salida del grupo del Partido Popular, María Victoria Aguirre denuncia que está siendo «acosada psicológicamente». Esta situación dura «prácticamente desde que finalizaron las elecciones en mayo pasado», y ha desembocado en una denuncia interpuestas por la concejala ante la Guardia Civil. En ella hacía constar las llamadas que recibía en sus teléfonos y que comprometían «su honradez personal».

«Descentrada»

Igualmente, asegura haber sido «insultada» por propios miembros de su grupo político. Pone un ejemplo: «Una vez, en una reunión, fui insultada gravemente. Me llamaron 'loca' y 'descentrada'. Me acusaron de que lo único que quería era 'forrarme', y fui amenazada si no abandonaba mi acta de concejala del PP». La última arbitrariedad denunciada por Aguirre ocurrió el día 6, «al ser expulsada del comité ejecutivo».

La retahíla de desprecios es larga, según comenta: «He tenido que soportar el ofrecimiento de un trabajo a cambio de una dimisión forzada, que tuve que revocar en el Registro del Ayuntamiento sufro a través de intermediarios constantes misivas en las que se me amenaza con hundir mi pequeña empresa familiar me llegan comentarios sobre el acoso que puede sufrir un familiar directo mío que trabaja en el Ayuntamiento de Granada ».

La concejala finaliza: «Esta situación ha provocado una grave crisis en mi familia y una sensación constante de inseguridad» que le afecta personalmente.



Domingo, 30 de noviembre de 2003


DIARIO DE MALLORCA.- Entrevista

Miquel Roca Bennásar, psiquiatra. "El ´burnout´ o el ´mobbing´ son más bien transtornos adaptativos"

Miquel Roca, secretario de la Sociedad Española de Psiquiatría, duda de que la sociedad actual sea más agresiva


MIGUEL MANSO. PALMA.

Para el psiquiatra Miquel Roca hay pocas enfermedades tan típicamente humanas como las mentales. "Son el riesgo al que nos expone un privilegio como el de pensar", sentencia.

-¿Vamos a seguir visitando el psiquiatra en el siglo XXI?
-La gente cada vez irá más al médico, pero no sé si exactamente al psiquiatra. La psiquiatría es una especialidad amenazada. Y con ello quiero decir que su objeto de trabajo, la enfermedad mental, está siendo contemplado por otras especialidades. Espero que la genta acuda a médicos y psicólogos y no a consejeros filosóficos y asesores áulicos, como ocurre en Estados Unidos.

-¿En el futuro predominarán unas patologías sobre otras?
-Las grandes enfermedades mentales no van a cambiar. Los diferentes estudios presentan una prevalencia temporal muy estable en el caso de los trastornos serios, como la esquizofrenia o las depresiones graves. Luego hay patologías emergentes que no sé muy bien si lo son, como el ´burnout´ -estar quemado en el trabajo- o el ´mobbing´ -acoso psicológico laboral-. Tardaremos mucho tiempo en validarlas como enfermedades mentales.

-¿Por qué duda de que el ´mobbing´ sea una enfermedad mental?
-Más bien son trastornos adaptativos. Es decir, fruto de la dificultad de adecuarse a una realidad social un punto más inhóspita que antes.

-Se ha publicado en la prensa que los baleares consumen más antidepresivos y ansiolíticos que la media nacional. ¿No parece un contrasentido viviendo en unas islas como éstas?
--No tengo los datos concretos. Hace cuatro años elaboramos un estudio en Formentera sobre prevalencia de enfermedades mentales y entrevistamos a mil personas. Los resultados en una sociedad muy endogámica y cerrada como la formenterense eran similares a los de otros estudios. No hay diferencias en principio. Hoy en día el hecho insular no parece que condicione ningún tipo de patología especial.

-Con los avances en bioquímica y genética, ¿crearemos el ansiado superhombre?
-Como ocurre con la modificación genética a otro nivel, los fármacos sirven para tratar los síntomas de las enfermedades mentales, pero no cambian ni las maneras de ser ni las pautas de comportamiento. Hay que ser así de modestos. Por eso es muy importante afinar bien en el diagnóstico. Por otra parte, creo que los psiquiatras, los psicólogos y los médicos de otras áreas debemos trabajar en grupo y no aisladamente. La enfermedad mental casi siempre repercute en otras dolencias físicas o psíquicas. Sin embargo, en la práctica, a veces no predomina el trabajo conjunto.

-¿Balears está preparada para atender a sus enfermos mentales?
-La situación ha mejorado sustancialmente, pero es deficitaria como en todas las autonomías. Los enfermos mentales necesitan unos procesos de rehabilitación que a veces los marcan los servicios sanitarios y a veces los sociales. Encuentras cierta dificultad para dar continuidad a los cuidados. Yo defiendo que los servicios de salud mental deberían integrarse en los servicios sanitarios. La rehabilitación de un enfermo mental debe seguir estando dentro del sistema sanitario como cuando nos rompemos una pierna. Los servicios sociales en enfermos de larga duración deben cubrir otros aspectos que genera la enfermedad mental. La enfermedad mental es invasora de la familia, del individuo, del trabajo... A veces se exige demasiado a los familiares. La enfermedad mental no es gratificante para los profesionales que la tratan, es complicada, tienes muchos malos resultados. Me refiero a las dolencias graves.

-Las sociedades avanzadas cada vez son más agresivas, dice el profesor Manuel Trujillo.
-Igual se refería a la sociedad americana. Es una paradoja que en Estados Unidos, la sociedad teóricamente más agresiva y competitiva, nunca se den casos de violencia en los estadios deportivos. Yo nunca he visto trabajos comparados. Cualitativamente resulta muy complicado analizar una sociedad de hace cien años y la actual. Yo tengo mis dudas de que esta sociedad es tan agresiva como dicen.

-Trujillo achaca esta supuesta violencia al imperante individualismo.
-Quizá la psicología y la psiquiatría generan demasiadas preguntas que no tienen respuesta. Tal vez son más capaces de generar ideas que de probarlas. Por ejemplo, cuando dicen que los niños son más violentos que antes por la influencia de la televisión. Yo no he visto un estudio serio que compare estas cosas.

-El 30% de los estudiantes baleares han sido amenazados en sus colegios. ¿Esto es nuevo?
-Sin ser un experto en psicología infantil, creo que las encuestas hay que tomarlas como tendencias. Probablemente, la escuela de antes era igual de agresiva que la de ahora. Hay pocos grupos humanos tan crueles como el de los niños. Ésa es mi impresión. La escuela o el hábitat natural de un niño es cruel y duro, pero creo que lo ha sido siempre.

-¿La violencia doméstica es mayor o simplemente recibe más atención de la prensa?
-Nos hacen falta estudios comparados. Mi impresión es que no estamos tan lejos de lo que ha ocurrido en épocas anteriores. Por ejemplo, los casos de comportamientos autoagresivos como el suicidio, cuya contabilización es más sencilla que la violencia doméstica, son muy similares a lo largo del tiempo. La violencia y la agresividad son situaciones universales que quizá ahora tienen alguna diferencia de expresión, pero son actitudes que las culturas no han conseguido resolver.
-A menudo se asocia al enfermo mental con la agresividad.
-Hay que quitarse de encima el estigma de que el enfermo mental es una persona agresiva. Lo cierto es que su conducta es mucho más inexplicable. Sólo tiene un aparente móvil si se interpreta a la luz de la enfermedad mental, es decir, ideas delirantes, alucinaciones, etc... Trasladado al plano opuesto, durante muchos años se ha creído el mito de que la creatividad venía alimentada por la locura. Generalmente, el artista está lastrado por su enfermedad mental y a medio o largo plazo la creatividad riñe con el trastorno grave porque es deteriorante.

-¿Todas las depresiones son iguales?-Hay dos grandes tipos. La que se llama melancólica no obedece a ningún acontecimiento y es recurrente. Y el resto, que son mucho menos graves, responden mejor a los tratamientos y dependen mucho más de situaciones ambientales. La depresión melancólica es generalmente crónica.

-¿No tiene solución?
-Hay buenos tratamientos a los que responden bien los pacientes. Algunas depresiones tienen que plantearse como si se sufre una hipertensión o diabetes. No puedes dejar de tener una serie de cuidados y hábitos que son un poco restrictivos. En el fondo, a los pacientes les exigimos demasiado. Hay gente que le resulta más fácil plegarse a estas condiciones y otras que por razones de personalidad se muestran reacias.

-¿Pecan de rigurosos?
-Quizá deberíamos ser más modestos. Cuesta mucho cambiar los hábitos de vida. La mejor forma de que no te haga caso un paciente es exigirle que modifique todos sus hábitos de funcionamiento. En el fondo, el médico debe persuadir, pero cuanto más inteligente es el paciente, más complicado resulta persuadirles.

-¿Cuál es la gran dificultad de la psiquiatría?
-El gran problema de la psiquiatría es que trabajamos con un órgano extraordinariamente complejo que cambia continuamente a partir del aprendizaje y la experiencia. No nos hallamos ante un objeto fijo. Me apasiona qué influencia tiene la edad en las enfermedades mentales. No es el mismo cerebro a los 65 años que a los 15. Parece que, en general, muchas enfermedades empiezan en la edad adulta y luego vuelven a tener un pico más tarde. Este pico puede ser porque el cerebro ha envejecido. Es una de las cuestiones a dilucidar. En la gente mayor hay un repunte de algunas afecciones. Pero por desgracia, buena parte surgen cuando la gente es joven, como la esquizofrenia, que comienza antes de los 30 años.

EL DÍA DE BALEARES.- Local.

DENUNCIA DE 'MOBBING' / LA BATALLA JUDICIAL
El Ayuntamiento de Petra se ha gastado 19.000 € para intentar deshacerse de su secretario
El alcalde Joan Font propuso al funcionario retirarle la sanción por llegar tarde al trabajo si abandonaba voluntariamente su plaza y renunciaba a todas las acciones judiciales interpuestas
M.A. RUIZ
PALMA.- A lo largo de los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Petra se ha gastado más de 19.000 euros (3.150.000 pesetas) para intentar deshacerse de su secretario municipal, Francisco González Benito, quien acusa al equipo de gobierno del PSM de someterle a
mobbing y «terrorismo laboral».
Esta cantidad incluye gastos de abogados, costas judiciales y las retribuciones que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) condenó al Ayuntamiento a pagar al funcionario con dos años de demora, incrementadas con sus correspondientes intereses. Cuando Francisco González tomó posesión de su plaza ganada en concurso oposición, el 2 de septiembre de 1999, el alcalde Joan Font Massot decidió rebajarle el complemento específico, el de destino y el plus de productividad que cobraba su antecesor en el puesto.
Desviación de poder
Cuando González Benito reclamó estos ingresos ante los tribunales, el equipo de gobierno argumentó que el anterior secretario cobraba más porque «tenía una larga experiencia profesional, llevaba la Secretaría de otro Ayuntamiento y asesoraba a la Mancomunidad». Además, argumentó ante el pleno el concejal nacionalista Sebastià Rechach, «tenía un dominio de las dos lenguas de la Comunidad». A diferencia de Francisco González, que sólo hablaba castellano.
Sin embargo, en sentencia dictada el 17 de diciembre de 1999, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma estableció que la decisión del equipo de gobierno constituye «una desviación de poder y vulnera el derecho de igualdad del recurrente, pues desempeñando el mismo trabajo que el anterior funcionario ve rebajado su complemento de destino sin justificación alguna».
Una resolución recurrida por el Ayuntamiento que fue ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). Como informaba ayer este diario, tras haber obtenido cuatro sentencias favorables en la batalla legal para defender sus derechos laborales, Francisco González ha decidido solicitar el traslado al Consell de Mallorca en comisión de servicios «por motivos de salud psíquica». En Petra, afirma sentirse víctima de «una situación límite de cacería política contra un funcionario».
Derechos vulnerados
Poco después de que González presentara este primer contencioso contra el Ayuntamiento, el alcalde Joan Font decidió abrirle un expediente disciplinario por llegar tarde varias veces al trabajo. La Comisión Permanente del Ayuntamiento llegó a la conclusión de que el secretario había faltado de su puesto durante 20 horas en el mes de agosto de 1999 «sin causa justificada».
Propuso suspenderle de empleo y sueldo durante cinco meses pero el pleno, a instancias del alcalde Joan Font, propuso rebajarle el
castigo a dos meses. El concejal Sebastià Rechach juzgó que se trataba de una sanción extremadamente benigna, pues «la ley aplicable permite un margen de discrecionalidad», con un límite máximo de tres años de sanción en caso de las faltas graves.
Aunque en ningún momento negó que hubiera llegado tarde a su puesto en varias ocasiones, Francisco González recurrió esta decisión ante los tribunales, que volvieron a darla la razón tanto en primera instancia como en el TSJB. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma estableció que el Consistorio, al proceder de esta forma, había vulnerado los derechos fundamentales de legalidad sancionadora y a obtener una tutela judicial efectiva.
«Un ataque frontal a la Constitución»
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma que anula las sanciones impuestas al secretario municipal de Petra supone uno de los más severos varapalos sufridos por el equipo de gobierno.
«La actuación del Consistorio demandando», señala la juez María Angeles Berrocal Vela, «vulnera frontalmente no sólo el derecho fundamental sobre el que pivota el derecho sancionador, sino también el principio general del derecho de proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos como valor fundamental reconocido por el artículo 9 de la Constitución».
Durante el pleno del 8 de junio de 2000, el alcalde aceptó aplazar dos semanas la aplicación de la sanción para «dejar la puerta abierta a la negociación con el funcionario afectado». Si la negociación alcanzaba un acuerdo adecuado, añadió, «el pleno se volverá a reunir y levantará la sanción».
O lo que es lo mismo, deduce la juez, Font ofrecía al funcionario la posibilidad de retirarle las sanciones, para que quedara limpio su expediente, si voluntariamente retiraba el contencioso y aceptaba abandonar el Ayuntamiento. Algo que, indica la sentencia, «constituye un ataque frontal al artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos a obtener la tutela judicial efectiva».

ABC.- Andalucía

Política
La alcaldesa, condenada por un delito de acoso laboral
A. J. G.
CHIPIONA. El Ayuntamiento de Chipiona y su alcaldesa, María Dolores Reyes Ramos, han sido condenados por el Juzgado de lo Social n° 1 de Jerez de la Frontera, por acoso laboral a una doctora municipal, María Eugenia Alex García, esposa del ex socialista, Sader Farrouh, hoy en las filas del Partido Socialistas Andaluz.
Según se contempla en la sentencia, el consistorio debe declarar la nulidad, del decreto firmado por la alcaldesa, el pasado 18 de Junio de 2003, por el que inhabilitaba a la doctora Alex de su cargo, como médico de Acción Pública, en la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo. A partir de aquel momento pasó como doctora al servicio de playas. Asimismo, el Juez condena al Ayuntamiento de Chipiona, a que recoloque a la denunciante en su puesto de trabajo y además lo invita a que cese su conducta «lesiva de los derechos fundamentales» de la trabajadora y «le indemnice con 39.07 euros por día que estuvo fuera de su plaza, como doctora municipal, y por los daños físicos y morales causados a dicha persona».
Tanto el Partido Andalucista como el Partido Popular han mostrado su rechazo y denuncia por, en su opinión, el acoso y maltrato laboral contra esta doctora, especialmente por razones políticas, y lamentan el daño realizado por el acoso cometido por la alcaldesa.


EL COMERCIO.- Avilés.

AGUSTÍN CABALLERO TRABAJADOR INDEMNIZADO POR ACOSO MORAL
«El acoso moral hizo mucho daño a mi familia»
F. DEL BUSTO/AVILÉS
El pasado viernes, una sentencia reconocía que un empleado de Alcoa, Agustín Caballero, ha sufrido acoso moral por parte de la dirección de su empresa, en la que trabaja desde 1975.

-El lunes acudirá a trabajar.

-Cuando llegue preguntaré por el jefe de Recursos Humanos para ver si tienen la sentencia y ver la decisión que adoptan.

-¿Cual es el origen del acoso?

-Yo gestionaba trabajos en la zona exterior. Cuando se podaban los tres jardines, los compañeros, y los mismos jefes, pedían que se llevase el material que íbamos a tirar a terrenos suyos. Todo se hacía en horario de trabajo y era una práctica normal. En 2001, me llevé, con la notificación de salida, dos mesas que se iban a tirar. Hubo un chivatazo de un vigilante y comenzó el calvario con el cambio de puesto. Al tiempo, comienzo a notar cosas raras, ansiedad y acudo a un psiquiatra. El nuevo jefe de personal intentó arreglarlo, pero no le dejaron. En Galicia, también hay compañeros con represalias.

-¿Se trató de una medida para cambiar a mandos anteriores?

-En parte puede ser, pero yo soy mando por una oposición. Sobre todo fue una represalia del antiguo jefe de Recursos Humanos. Era de ordeno y mando, tenía la mala costumbre de poner de vuelta y media a las señoras de la limpieza delante de todo el mundo. Una vez, le llamé la atención y me avisaron que, cuando él pudiera, iría por mí. Y así hizo. Ahora está en San Ciprián, apartado.


-¿Influyó su actividad sindical?

-Sí. Existe persecución a los delegados de ATA. Ese jefe de Recursos Humanos siempre aconsejaba a los nuevos trabajadores afiliarse a CC.OO o UGT.

-¿Por qué motivo?

-Prefiero no decirlos.

-¿El coste personal ha sido alto?

-Sí. En casa todos lo hemos pasado muy mal.

-¿Existen más casos de acoso?

-Sí, y anteriores. Aunque el único en protestar e ir a los tribunales fui yo. Pero hay compañeros que llevan años en una situación como la mía.

-¿Le anima a denunciar la situación?

-Sí. Desde San Ciprián ya nos han pedido la sentencia.

-¿La dirección central es consciente de lo que sucede?

-No se puede ocultar nada. Madrid recibe diariamente todo lo que se publica sobre Alcoa.

-¿Cómo se conjuga esta situación con los valores que defiende Alcoa?

-Es hipocresía pura. Nadie respeta los valores de Alcoa. El anterior jefe de planta, José Ramón Infanzón, se tuvo que marchar y envió un correo electrónico a los trabajadores preguntándose dónde estaban estos valores de Alcoa. Ahora está en Santander, en Teka.

-¿Guarda rencor?

-Se debe perdonar todo el mal. Pero hay cosas que admito, pero no acepto, sobre todo el daño hecho a mi familia.

EL NORTE DE CASTILLA.-Zamora.

Manual del agente perfectoNegociación dura
La falta de aseo y la impuntualidad se penalizan en la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales
Texto de/M. J. Pascual. Fotografía de Luis Calleja.
LA nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León no solamente da uniformidad y amplía las competencias de los agentes de policía municipal, con especial atención a las materias relativas a la mujer, la protección del menor y del medio ambiente, sino que es todo un auténtico manual del buen policía. Es especialmente escrupulosa al recoger, con todo detalle, los deberes específicos que tienen que cumplir los integrantes del cuerpo (que tiene la categoría de Instituto Armado), incluso aquellos comportamientos que se darían por supuesto, como «presentarse en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo personal».

Además de la falta de higiene, la impuntualidad o «el olvido» en el cumplimiento de las funciones son vulneraciones de la normativa que se catalogan en el nuevo régimen disciplinario como falta leve. Entre las graves se cuentan «los actos y conductas que atenten contra el decoro y la dignidad de los funcionarios, la imagen del Cuerpo o contra el prestigio y la consideración debidos a la Corporación local».

La polémica circular interna que salió a la luz recientemente, en la que el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Rodríguez, recordaba a los agentes que tenían que saludar a las autoridades y a los ciudadanos (tal y como recoge el anticuado reglamento por el que aún se rige la Policía Municipal de Zamora), tiene su reflejo en la nueva Ley, que obliga a saludar a las autoridades locales, autonómicas y estatales y a sus símbolos e himnos en actos oficiales, «así como a sus mandos y a cualquier ciudadano al que se dirijan», algo que, más que ser un taconazo, es un gesto de educación que realizan todas las policías democráticas del mundo.

Embriaguez

Como faltas muy graves se contemplan el abuso de atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios y vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia, así como la no prestación de auxilio con urgencia, o la embriaguez y el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio. Estas faltas, como el abandono del servicio, la violación del secreto profesional, la participación en huelgas y el acoso moral, se penalizan con sanciones que pueden ir desde la suspensión de funciones de tres a seis años hasta la separación del servicio. Al inicio del procedimiento, como medidas preventivas, se puede dictar la suspensión provisional, la retirada temporal del arma y la prohibición de entrar en las dependencias policiales sin autorización. M. J. P. ZAMORA Aunque el concejal de Personal, Alberto Castro, ha puesto como condición indispensable para reabrir la negociación por el cambio de categoría y la subida de salario que los agentes «dejen de presionar con movilizaciones» al equipo de gobierno, fuentes próximas al conflicto indicaron ayer que la próxima semana se convocará una nueva reunión para desbloquear el conflicto. Una opción que se pondrá sobre la mesa es la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma paulatinamente en varios años el incremento de costes laborales que conlleva la reclasificación de grupos, si finalmente los delegados sindicales renuncian a las protestas públicas. En principio está convocada para mañana una nueva concentración.

CHIPIONA INFORMACIÓN.-Local

La alcaldesa es condenada por acoso laboral a la mujer de Sader Farrouh
El Ayuntamiento está obligado a pagar 39,07 euros por cada día de inhabilitación y reponerle su cargo de médico de acción pública


REGLA JIMÉNEZ  CHIPIONA
El Ayuntamiento de Chipiona y por ende su máxima mandataria, Dolores Reyes, ha sido condenado por el Juzgado de lo Social número uno de Jerez por acoso laboral a una trabajadora del Ayuntamiento, María Eugenia Ales García, (esposa del portavoz del Partido Socialista Andaluz (PSA) y ex compañero del PSOE de Reyes Sader Farrouh, por el que la Justicia reclama al Ayuntamiento, según se contempla en el fallo de la sentencia, que la institución municipal declare la nulidad de un decreto firmado por la alcaldesa, el pasado 18 de junio de 2003, cuatro días después de tomar posesión de la alcaldía chipionera, por el que la denunciante quedaba inhabilitada de su puesto como médico de acción pública en la Delegación municipal de Sanidad y Consumo y era trasladada como médico de playas a El Muelle.

Asimismo, la jueza condena al Ayuntamiento a que reponga a la denunciante en su puesto de trabajo de médico de acción pública en el desempeño de la actividad profesional y funcional definida para éste y ordena además que el Ayuntamiento cese de su conducta "lesiva de los derechos fundamentales de la actora y le indemnice con una cuantía de 39,07 euros por cada día de IT por los daños físicos y morales causados a dicha persona", según el fallo judicial.

La esposa del concejal del Ayuntamiento interpuso una denuncia el pasado ocho de julio de 2003 contra el decreto firmado por la alcaldesa por el que era destituida de su cargo como médico de acción pública de salud, pese a ser seleccionada en unas oposiciones cuyos exámenes duraron tres días.

En este sentido, cuando la denunciante anunció su presentación en las pasadas elecciones municipales como candidata de las listas del PSA, parece haberse demostrado, según se contempla en la sentencia, que "empieza a existir una persecución laboral por parte de la Corporación municipal, ya que es destituida de su cargo y enviada a las playas, por la que perdía sus vacaciones estivales y ampliaba el número de horas de trabajo".

De este modo, y como se expone por el abogado de la denunciante, se establece que "el cambio efectuado no obedece a verdaderas razones objetivas, técnicas o de producción, ya que las elecciones no justifican que el Ayuntamiento no tuviera organizado el servicio de playas, ni se puede perjudicar a la trabajadora por falta de previsión".

Asimismo, según la sentencia, "por el devenir de los hechos se aprecia en el Ayuntamiento y en quienes han tomado las decisiones, un ánimo de perjudicar a la actora, remitiéndola sin justificación suficiente al puesto de playa, con cambio de horario, con cambio de las vacaciones, a realizar otras funciones que aunque propias de un médico, no lo son de un médico de acción pública".

En este sentido, y según el fallo del Juzgado de lo Social de Jerez, "se vulneran los artículos fundamentes que hacen referencia a los derechos de la denunciante a la igualdad y no discriminación; el derecho del integridad física y moral; el derecho a la libertad ideológica, el derecho al honor e intimidad profesional y el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad".

Por su parte el Ayuntamiento ha anunciado que presentará un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

CADIZ INFORMACIÓN.-Local

"Han quitado las listas de espera no dando cita hasta final de año"
Francisco Suardíaz espejo / Delegado del Sindicato Médico en el Hospital Puerta del Mar


JOSÉ GARCÍA/CÁDIZ
Su principal caballo de batalla son ahora las nuevas condiciones laborales que trata de poner en marcha el SAS para el personal sanitario y que están siendo muy contestadas.

-¿Cómo valora la asistencia médica que se presta actualmente en el hospital?

-Muy positivamente, está a una altura extraordinaria, porque tenemos un grupo de profesionales que brillan con independencia de lo mal remunerado y lo maltratados que están desde el punto de vista de la administración.

-¿Cuál es su opinión de la gestión de las listas de espera que se está haciendo en el hospital?

-Pues como usted comprenderá realmente negativa, en el sentido de que ya se ha producido el esperpento de negar asistencia en alguna especialidad hasta final de año. La lista de espera se la han quitado de un plumazo haciendo simplemente que no exista. Esto no es más que un maquillaje de cara a unas elecciones que los ciudadanos deberían de conocer. Y afecta a la mayoría de especialidades que tienen ahora mismo una demanda de varios meses de espera, para las que simplemente no dan citas. Entonces, no dándolas no se genera lista de espera y lógicamente terminará en número cero. A esos pacientes no se les asigna un especialista hasta finales de año.

-Tenemos entendido que están haciendo un estudio sobre el estrés en el hospital, ¿a qué se debe esta iniciativa?

-El problema del hospital, aunque entre otros, es la inexistencia de la prevención de riesgos laborales. Ya se ha denunciado esto a nivel autonómico y a nivel de cada provincia. Nuestra empresa debería ser pionera en esto puesto que en definitiva sanciona la falta de prevención. Dentro de los riesgos laborales están los riesgos psicosociales, de los cuales el estrés el burn out y el acoso moral forman el espectro más importante. Si la administración no da un paso para resolver estos temas, intentaremos, a través de los sindicatos, hacerlo nosotros. En este momento estamos de conversación entre los delegados para ver qué sistema o tipo de test es el idóneo para este estudio. Ciertamente no existe unanimidad en el mundo respecto a la utilización de uno u otro, pero el test de Maslach parece uno de los adecuados.

-¿Por qué se oponen al proyecto de modificación de las condiciones laborales que plantea el SAS?

-Porque son unas condiciones brutales y retrógradas. Esto ya estaba dibujado en los acuerdos del 21 de diciembre de 2002, y lo único que ha hecho el SAS es llevarlo a cabo con el beneplácito de CCOO, UGT y CSIF, que ahora dicen que no es el espíritu de lo que habían firmado, pero de hecho la rúbrica está ahí. Esto es una llamada de atención para estas centrales sindicales a las que llamamos a la acción conjunta para que se borren de ese nefasto acuerdo tanto en lo que a emolumentos respecta como a condiciones laborales. Hay varios puntos que nos resultan francamente negativos, la jornada laboral en Europa cada vez tiende más a las 35 horas y aquí se puede superar el doble. Los días de libre disposición habían contado como tiempo laboral computable y ahora se pretende quitarlo. También hay una indefinición absoluta sobre el horario de la guardia, que se sigue pagando con unas cantidades inferiores a lo que hoy en el mercado podría ser una especialidad.

-¿Cómo son las relaciones del personal facultativo con el último gerente, Rafael de la Torre?

-Malas. Son unas relaciones muy tirantes porque nos han abocado a que toda la negociación que podamos hacer con el SAS la llevemos a cabo en los juzgados, que no son el sitio adecuado para mantener unas conversaciones, máxime siendo los representantes de los trabajadores que hemos ganado las elecciones en toda Andalucía.

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