Page 1012 - Pleno Jurisdiccional Nacional Civil Familia

CIVIL | FAMILIA
sucesorios “a favor de los miembros de unio-
nes de hecho”.
Asimismo, la propia imprecisa introduc-
ción de las causales de divorcio remedia-
les en el año 2001 –a pesar de haber sido
tan mal entendidas por nuestra jurispruden-
cia– y, sobre todo, la posibilidad, prevista en
Ley Nº 29227 del 2008, de que los cónyu-
ges logren extrajudicialmente la disolución
del vínculo, revelan pues una línea de ten-
dencia legislativa de considerar que el divor-
cio es una solución a una crisis y no la res-
puesta represiva frente a una infracción de
los “deberes” conyugales.
Sin embargo, ello no es su¿ciente. Si parti-
mos de la premisa de que el matrimonio lo
que genera es una comunidad de vida mate-
rial y espiritual entre los cónyuges fundada
en el afecto recíproco, los tiempos están ya
maduros para que se internalice, como señala
Grondona (2016), que “la materia matrimo-
nial debería ser el ejemplo de la disponibi-
lidad, porque la intervención jurídica puede
solo ofrecer una vía de salida (lo más posi-
ble rápida) a esa mutación no tanto de sen-
timiento sino de aceptación existencial del
otro/a” (p. 36).
En tal línea, si bien nuestra Constitución, en
su artículo 4, señala que la comunidad y el
Estado “protegen a la familia y promueven
el matrimonio”, tal “promoción” no puede
llegar al mantenimiento forzado un vínculo
matrimonial que en la realidad ha perdido
ya todo fundamento. Tal como lo señala Fer-
nández Revoredo (2001):
Es esencial en toda sociedad democrá-
tica el respeto a los derechos humanos y
uno de los principios que los fundamen-
tan es el de la llamada autonomía indivi-
dual, que no es otra cosa que la conside-
ración de que todo ser humano es libre de
realizar el plan de vida que desee. Noso-
tros ubicamos la decisión de elegir a
una pareja para contraer matrimonio
GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL | Nº 83 • MAYO 2020 • ISSN 2305-3259 • pp. 127-142
dentro del campo de la autonomía indi-
vidual. Pero también ubicamos dentro
de ese principio, a la decisión indivi-
dual de romper con dicho vínculo.
La protección de la familia no se logra con
la restricción al divorcio. Pensar que por-
que a toda costa se mantiene un vínculo
matrimonial la familia será armónica, nos
parece una ingenuidad. Las investigacio-
nes, por ejemplo, en materia de violencia
familiar, revelan que la familia y el hogar
suelen ser en muchos casos espacios inse-
guros, de violación a los derechos funda-
mentales y que dan origen a las llama-
das familias disfuncionales, cuyos hijos
de adultos y cuando formen una familia,
pueden incurrir en los mismos patrones
de conducta que sus padres. En conse-
cuencia, debemos tener una visión menos
idealizada y más real de la familia. (p. 5)
(el resaltado es nuestro)
El propio Tribunal Constitucional, en el ya
lejano 1997, al declarar la inconstituciona-
lidad (en parte) del artículo 337 del Código
Civil, esto es aquel en el que se establecía
que la sevicia, la injuria grave y la conducta
deshonrosa como causales de separación de
cuerpos (léase, de divorcio) debían ser apre-
ciadas por el juez “teniendo en cuenta la edu-
cación, costumbre y conducta de ambos cón-
yuges”, precisó que:
El Tribunal no considera legítima la pre-
servación de un matrimonio cuando para
lograrla, uno de los cónyuges deba sufrir
la violación de sus derechos fundamenta-
les, derechos que son inherentes a su cali-
dad de ser humano.
En buena cuenta, con esa sentencia el Tri-
bunal Constitucional reconoció que “ante la
colisión entre la finalidad de promover el
matrimonio y los derechos fundamentales
de las personas, estos tienen un mayor con-
tenido valorativo y constituyen ¿ nalidades
más altas y primordiales que la conservación
139