Page 418 - Pleno Jurisdiccional Nacional Sobre Violencia Contra la Mujer

204 EL DERECHO A LA PRUEBA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL...

tad, la intimidad, a no ser molestado en su persona, etc; se extiende a todo tipo de
procedimiento sancionatorio o disciplinario bien del ámbito judicial o extrajudicial

como los que se presentan en diversas instituciones públicas o privadas, como en
las empresas y establecimientos educativos.

La redacción que trae el inc. 4 del Art. 29 CP en la que pareciera, a primera vista,

que el derecho a probar solamente lo tuviera el sindicado dentro del proceso penal,
debe ser interpretada de conformidad con el principio de igualdad, según el cual, no
es posible el trato discriminatorio injusti¿cado por la ley procesal para las partes en
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los procesos civiles o de cualquier otra naturaleza; al respecto, se ha pronunciado
la Corte Constitucional prescribiendo que en esta materia no se excepcionan las
garantías del debido proceso del Art. 29 de la CP para ningún tipo de procedimiento
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judicial, administrativo o sancionatorio . De este modo, la interpretación restrictiva
del derecho a la prueba implicaría un trato discriminatorio injusti¿cado que debe
remediarse mediante una interpretación facilitándole la oportunidad a las partes
de otros procesos a acceder a tal garantía y a las demás que hacen parte del debido

proceso constitucional, para el sindicado en el proceso penal.

Finalmente, las locuciones derecho a presentar y a contradecir pruebas hacen re-
ferencia tanto a la parte activa como también a la pasiva del proceso; tanto para el

sindicado como para la acusación, para el demandante como para el demandado.
Pese a que tales locuciones no contienen vocablos que hagan referencia a las fa-
ses de la actividad probatoria de la admisión, práctica y valoración racional, por
interpretación sistemática se hace evidente la posición iusfundamental de exigir

la presentación y contradicción de la prueba, que ésta sea asegurada, admitida,
practicada y valorada racionalmente para efectos de que aquellas no se hagan

nugatorias o baladíes.

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Según el Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 19 de diciembre de 1966
—rati¿cado por Colombia mediante Ley 74 de 1968— “Todas las personas son iguales ante los tribunales
y cortes de justicia. Toda persona tiene derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal [...] para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.
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Al respecto, la Corte Constitucional interpretando el Art. 29 de la CP y sus diversas garantías como el debido
proceso y el derecho de probar, ha dicho que este derecho no comprende solamente al sindicado sino a las
partes, en general, en los procesos judiciales, e incluso al disciplinado en diversos procesos sancionatorios
acogiendo los que realice el juez dentro del proceso; al respecto ver sentencias: T-351 del 30 de agosto
de 1993 —Cons. II,5, MP: Antonio Barrera Carbonell—; Sentencia C-218 de 1996 —MP: Fabio Morón
Díaz—; T-242 de 1999 —MP: Maria Victoria Sáchica Méndez, apartado II—; y la Sentencia T-538 de 1993,
MP: Hernando Herrera Vergara. En contraste, la Corte Suprema de Justicia bajo la Constitución de 1886
—mediante Sentencia 6 de febrero de 1989, MP: Jaime Sanín Greiffenstein— consideraba que los poderes
correccionales del juez constituían una excepción al debido proceso.