Las grandes represas financiadas por el
BM desde 1948 han obligado a desplazarse y perder su tierra a aproximadamente 10
millones de personas. El Banco ha fracasado una y otra vez a la hora de
implementar y aplicar su propia política sobre programas de reasentamiento
forzado adoptada en 1980.
La Comisión Mundial de Represas (CMR)
documenta que en el siglo XVII pescadores escoceses intentaron destruir una
represa recién construida. En 1910 John Muir intentó sin éxito que la opinión
pública se opusiera a la construcción de la represa en California, Estados
Unidos. Después de los años 50, la oposición a las represas se extendió más por
el mundo con mayor organización. En esa década se logró detener dos represas en
el Gran Cañón y la represa Echo Park en el Río Colorado que tendría una cortina
de 173 metros de altura, parecida en altura a la represa “El Cajón” que iniciara
su construcción una empresa extranjera en este año en los estados de Nayarit y
Jalisco, México.
Cada año, en los meses de abril y octubre,
grandes manifestaciones se llevan a cabo en la ciudad de Washington, Estados
Unidos, contra el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
por ser las herramientas que usa el sistema y los países ricos para imponer sus
políticas de ajuste estructural que han empobrecido al mundo y que ahora tiene
ahorcado al pueblo de Argentina. Según la CMR, el BM es blanco prioritario de
los ataques y críticas por los efectos de las represas, ya que este banco
multilateral es el mayor agente financiero de las grandes represas.
El
informe de la CMR concluyo que como opción de desarrollo, “las grandes represas
se convierten a menudo en un punto focal para los intereses de políticos, de
agencias gubernamentales fuertes y centralizadas, de agencias internacionales de
financiación y de la industria de la construcción de represas”. Para la CMR en
general no se ha tomado en cuenta a las personas afectadas por las represas ni
en la toma de decisiones. “Una vez que una propuesta de construir una represa
superaba las pruebas preliminares de factibilidad técnica y económica y atraía
el interés del gobierno o de agencias externas de financiación y de intereses
políticos, el proyecto adquiría un impulso propio que prevalecía por encima de
evaluaciones adicionales”. De este modo, las consideraciones sobre los impactos
sociales y ambientales quedan fuera del marco de evaluación previos. En Chiapas
lo vimos con la construcción de la presa La Angostura y Chicoasen. Y empiezan a
sonar los mismos tambores en la frontera con Guatemala y en la cuenca del río
Usumacinta que nos divide con nuestro hermano país.
La CMR también
encontró que en los países industrializados, “las alianzas entre intereses
políticos locales y agencias y compañías de servicio público poderosas y de un
solo fin para el desarrollo de agua y energía impusieron la planificación y la
toma de decisiones en cuanto a grandes represas”. En el contexto del Plan
Puebla-Panamá, donde las inversiones de infraestructura no sólo será de represas
sino también para aeropuertos, puertos marítimos, oleoductos, gasoductos,
ferrocarriles, carreteras, etc., podemos imaginar como la región no sólo es
presa de las represas y ambición de las transnacionales de la energía eléctrica,
sino de muchas más ramas de la producción. ¿Cuál será entonces el margen de
maniobra de los gobiernos de la región altamente endeudados y empobrecidos?
Según la CMR, los bancos multilaterales (BM, BID, etc.), pero también los
bilaterales, desempeñaron un rol clave para que los países de Asia, Africa y
América Latina ingresaran al mundo de las represas. “El BM comenzó a financiar
grandes represas en los años 50, dedicando en promedio más de mil millones de
dólares anuales para dicho fin”. Entre 1970 y 1985, período de mayor número de
represas construidas en el mundo, la cantidad se había elevado a 2 mil millones
anuales. “Si se agregara la financiación de los Bancos Asiático, Interamericano
y Africano de Desarrollo, así como la financiación bilateral para
hidroelectricidad, se llega a la conclusión de que la financiación total para
grandes represas con fondos de estas fuentes ascendió a más de 4 mil millones de
dólares anuales ...”.
Por ejemplo, la participación del BM en
India fue decisiva. El BM comenzó a prestar grandes cantidades a este país en
los años 70 cuando las reformas políticas y legales eliminaron las restricciones
para que los estados pudieran contratar individualmente y en forma directa deuda
externa. Desde entonces, los préstamos del BM a India se han duplicado o
triplicado cada década. Este empobrecimiento, endeudamiento y dependencia es la
misma dirección a la que lleva el BM a México bajo el esquema de la
“descentralización”. Por si fuera poco, en el caso de Chiapas, el gobernador
Pablo Salazar Mendiguchia, por conveniencia o ignorancia, está impulsando este
espejismo del supuesto desarrollo con la introducción del BM en los programas
del estado. Es la indianización de los indios de Chiapas. Los efectos
catastróficos que produjo el BM en India, los veremos en Chiapas si lo
permitimos.
La CMR nos pone otro ejemplo. En el caso de Brasil, el
financiamiento del BM y del BID para las 79 grandes represas construidas entre
1950 y 1970, llegó a equivaler al 10% de sus costos. Entre 1970 y 1990, esta
cifra se elevó al 30% para las 47 represas construidas en este período. En
Colombia las multilaterales financiaron el 40% de las 50 grandes represas. En
Costa Rica el BID y el BM financiaron la mitad de la capacidad hidroeléctrica
instalada a mediados de los 90, en un país que depende de la hidroelectricidad
en un 90% de su generación de energía.
En 1973-77, la resistencia de los
grupos indígenas a la creación de cuatro represas en el Río Chico, Filipinas,
obligó al BM a cancelar el proyecto. Ante esto, el BM creó en 1982 unas medidas
de protección a los pueblos indígenas y en 1993 un mecanismo de apelación. Sin
embargo, con pocos frutos. El BM sigue siendo flanco de ataques, oposición y
apoyos internacionales contra él. Como ejemplos recientes están las luchas de
resistencia contra las represas en China, Tailandia, Turquía, Chile, Namibia,
Lesoto y Sudáfrica. Según la CMR, de los 36 proyectos con apoyo del Banco
Mundial que los grupos activistas de Ongs han tomado como objetivo con algún
éxito, sólo 12 son proyectos de represas, comparado con 14 proyectos de gestión
de bosques y de recursos naturales, cinco proyectos de gestión industrial o de
minas, y dos proyectos de infraestructura urbana.
Para la CMR, las grandes represas
representan inversiones importantes y a menudo implican una carga política
elevada. Además, las grandes represas se suelen justificar con beneficios
regionales en tanto que sus impactos físicos se concentran localmente, afectando
mayormente a quienes se encuentran dentro. Con los reasentamientos no sólo se
pierde la vivienda sino los medios de subsistencia, además de afectar la calidad
y asignación del agua dulce.
Durante la construcción de la represa de
Pangue en Chile, iniciada en 1990, se produjeron severos impactos en detrimento
de los bosques y de los indígenas pehuenche, habitantes tradicionales de la
región, que se resisten a ser desplazados de sus tierras. El papel que jugó el
BM fue severamente cuestionado debido a su falta de transparencia y al apoyo
financiero concedido a un proyecto a todas vistas insustentable. Durante una
visita a Santiago realizada en abril de 1998, el Sr. James Wolfensohn,
Presidente del BM, admitió que el apoyo del Banco a la represa había sido un
error, y que el Banco había hecho “un mal trabajo” durante la evaluación del
impacto ambiental del proyecto, puesto que la población pehuenche que vive en la
zona no había sido consultada.
Luego de haber terminado la construcción
de una represa, el promedio de personas reasentadas es de un 47% más respecto a
los planes originales. Entre los proyectos que financió el BM y que implicaron
desplazamientos de población de sus lugares de origen, las represas fueron las
causantes del 65% de esa población desplazada, asegura la CMR. Esta cifra no
incluyen a los desplazados a causa de otros aspectos de los proyectos como
canales, plantas eléctricas, infraestructura de proyectos y medidas
compensatorias asociadas, como bioreservas. Según fuentes del mismo BM, de 192
proyectos de irrigación que aprobó entre 1961 y 1984, la tercera parte, un 33%,
no cumplió con sus objetivos. Y por si fuera poco, endeudaron a los pueblos y se
enriquecieron los corruptos. Por ejemplo, la cantidad de dinero perdido por la
corrupción en la construcción de la represa Yacyretá en Argentina y Paraguay,
fue de más de 6 mil millones de dólares.
Para la CMR, las “acusaciones de
corrupción han manchado muchos proyectos de grandes represas en el pasado pero
rara vez han conducido a un proceso judicial” y a esto habría que añadirle que
“dentro de las instituciones financieras internacionales, hay pocas, o quizá
ninguna, sanciones para miembros del personal, o países, por el incumplimiento
(...)”. Por ello, para agosto del 2000, alrededor de 23 países habían ratificado
la Convención para Combatir los Sobornos de Funcionarios Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de 1997 de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Otra ironía más de los países
ricos que se bañan en pureza y satanizan a los países del Sur por corruptos para
justificar las privatizaciones y otras medidas. Pero tan corruptos pueden ser
los gobiernos y empresas del Sur como los del Norte. Tan pecadores los pobres
como los ricos.
El BM ha apoyado la construcción de 538 grandes represas
en el mundo que ha implicado un desplazamiento de 10 millones de personas. Estas
represas se han construido con un monto total de 75 mil millones de dólares. El
BM acepta que en promedio, el costo para la construcción de las represas se
eleva un 30% al presupuesto original. Según el mismo BM, para 1994, sólo una de
las represas que financió ayudó a mejorar los ingresos de los afectados. Una
encuesta interna del BM en 1990, mostró que el 58% de los proyectos de represas
se hicieron sin tomar en cuenta los impactos abajo la represa, aun cuando se
predijo la erosión, contaminación y destrucción de hábitat, entre otros efectos.
Por ejemplo, en Indonesia ocho personas se ahogaron durante el acto de protesta
contra la represa. Las represas Tucurui y Balbina en la selva amazónica inundó
6.400 kilómetros cuadrados. En Tailandia, la represa Pak Mun eliminó 51 especies
de animales y desplazó a más de 25 mil personas y genera sólo la tercera parte
de la electricidad programada. Por todo lo anterior y mucho más, tan sólo en
1994, alrededor de 2.154 organizaciones en todo el mundo exigieron al BM una
moratoria en la construcción de las represas en el mundo.
Las críticas
contra las represas llevaron al BM y a la Unión Mundial para la naturaleza
(UICN), unión global de más de 800 gobiernos, agencias gubernamentales y Ongs, a
patrocinar una reunión entre los defensores y los críticos de las grandes
represas que tuvo lugar en Gland, Suiza, en abril de 1977. En este taller
participaron 39 personas representantes de gobiernos, del sector privado,
instituciones financieras internacionales, organizaciones de la sociedad civil y
de personas afectadas por las represas. Uno de sus resultados fue la necesidad
de crear la CMR que empezó a funcionar en febrero de 1998 compuesta por 12
miembros como Comisión independiente. Para la CMR, “La mayoría de los proyectos
han provisto electricidad dentro de un ámbito angosto de objetivos anteriores al
proyecto, pero con una tendencia general a no llegar a cumplirlos. Los proyectos
hidroeléctricos, como es el caso en otras represas grandes, han incurrido en
exceso de costos y en demoras de ejecución”.
Durante los últimos 30 años
los activistas han librado una dura batalla para que instituciones como el BM
adopten políticas sociales y ambientales. Sin embargo, las Agencias de Crédito a
las Exportaciones son hoy en día los mayores proveedores de fondos públicos a
proyectos de infraestructura en gran escala en los países del Sur y la mayor
parte carecen de estándares referidos a los temas derechos humanos, medio
ambiente y desarrollo. Esto les permite apoyar proyectos que incluso los bancos
multilaterales de desarrollo considerarían problemáticos, tales como iniciativas
de madereo, minería, energía nuclear y prospección petrolera, al igual que
represas.
Para el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales (MMBT): “Las
represas han causado gran daño a la región: los bosques tropicales están
desapareciendo, el número de especies en vía de extinción sigue aumentando, la
salud de los ríos está deteriorándose, y la pobreza continúa aumentando al mismo
tiempo que miles de gentes desplazadas por proyectos de represas luchan para
recuperar su forma de vida. Las personas afectadas también han visto la
necesidad que tienen de luchar en contra de las represas. Sus luchas no son
fáciles. Mucha gente nunca ha visto una represa y no entiende la jerga de la
industria o el proceso de la construcción de las represas. Pero la gente está
aprendiendo rápidamente, y los afectados se están dejando oir”.
“Grupos
colombianos están formando una red para la protección de ríos; las mujeres
Pehuenche están organizando marchas en defensa del Río Biobio en Chile;
indígenas y campesinos están protestando contra los planes para el aumento del
nivel del agua de las represas de Temascal y Cerro de Oro, y una coalición de
grupos anti-represas están tratando de conseguir información sobre el rumor de
una nueva represa en el Río Torola. Pero las luchas de los afectados por
represas, parar y modificar los proyectos de grandes represas, se han dado a un
costo muy alto”. En el año 2000 líderes del grupo indígena Embera-Katio de
Colombia pidieron asilo político a la embajada española después del asesinato de
otro de sus líderes debido a la oposición al proyecto de la represa Urra. Esta
historia se repite a lo largo de América Latina y el Caribe y que se agudizarán
estas violaciones a los derechos humanos de continuar con los planes de
expansión del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Plan
Puebla-Panamá (PPP).
La Red Internacional de Ríos (IRN) declaró que
“Cuando la era del despilfarro llegó a su final, la sociedad comenzó a ser
consciente de los problemas acarreados por las grandes represas y empezó a
verlas como símbolos de la represión política que la región había sufrido, y a
encarar el temido hecho de que al final serían ellos los que pagarían la cuenta.
El nacimiento de la democracia en América Latina fue claramente confirmada por
imágenes en la televisión de una mujer guerrera Kayapo, cuando ésta pasó el
plano de su machete por la mejilla del director de una compañía de electricidad
en Altamira, Brasil”.
Además “Muchas de las luchas en
contra de las represas involucran la defensa de ecosistemas frágiles reconocidos
por su importancia global. También involucra la participación de poblaciones
indígenas que han tomado conciencia de sus derechos constitucionales y legales,
y de otras poblaciones tradicionales determinadas a no ser desalojados de las
tierras que sus antepasados han ocupado por centurias. Muchas de estas luchas no
están todavía en el radar de periodistas y activistas pero ya se escuchará mucho
más sobre esto en el futuro”, agrega IRN.
Declaración de Manibeli
Las reacciones mundiales contra el papel del BM han sido en todos los sentidos.
Desde los proyectos de infraestructura como de combate a la pobreza, desde los
que han impactado al medio ambiente como los que no han tomado en cuenta a las
mujeres y los pueblos indígenas, entre otros. Tampoco pudieron faltar las
reacciones referentes al tema de las represas. De ahí nace la Declaración de
Manibeli en 1994 que ahora recordamos, donde afectados por las represas
manifestaron lo siguiente:
“Llamado a una moratoria del financiamiento de
las grandes represas por el Banco Mundial en honor a la heroica resistencia del
pueblo de Manibeli y otros del Valle de Narmada, que han sufrido las
consecuencias de la construcción de la represa de Sardar Sarovar, financiada por
el BM. A los millones de refugiados a causa de las represas”.
“1. El BM
es el primordial financiador de grandes represas; en 1992 otorgó más de 500 mil
millones para construir más de 500 represas en 92 países. A pesar de esta enorme
inversión, no existen análisis independientes o evidencia alguna que justifiquen
los daños sociales y ambientales;
2. Las grandes represas financiadas por
el BM desde 1948 han obligado a desplazarse y perder su tierra a aproximadamente
10 millones de personas. El propio banco admite en su informe de 1994
(“Reasentamiento y desarrollo”) que la gran mayoría de las mujeres, hombres y
niños desplazados por los proyectos financiados por el Banco no ha recuperado
sus anteriores ingresos ni ha recibido ningún beneficio directo de las represas
cuya construcción los obligó a sacrificar sus casas y tierras. El Banco ha
fracasado una y otra vez a la hora de implementar y aplicar su propia política
sobre programas de reasentamiento forzado adoptada en 1980. Sin embargo, a pesar
de las sucesivas correcciones de sus políticas, el banco no tiene planes serios
para sustituir sus puntos de vista acerca de los reasentamientos forzosos;
3. El BM tiene previsto financiar 18 grandes represas en los próximos años, las
que desplazarían a otras 450 mil personas, que ya no contarán con la esperanza
de que se modifique la política de desplazamientos forzados. Mientras tanto, el
banco carece de planes para indemnizar y rehabilitar apropiadamente a los
millones de desplazados por las grandes represas ya construidas, entre los que
se encuentran poblaciones desplazadas a partir de 1980 en violación de las
propias políticas del banco;
4. Las grandes represas construidas con
fondos del BM han provocado un impacto negativo en el medio ambiente,
destruyeron selvas, humedales, zonas de pesca, lugares habitados por especies en
vías de extinción e incrementaron la incidencia de las enfermedades originadas o
transmitidas por el agua;
5. Los daños ambientales y sociales provocados
por los proyectos de grandes represas financiadas por el banco hicieron que
quienes se vieron obligados a abandonar sus casas, o han perdido sus selvas y
sus zonas de pesca, y quienes han padecido enfermedades, sean mayoritariamente
mujeres, miembros de comunidades indígenas, grupos tribales y los más pobres y
marginados de la sociedad. Este fenómeno contradice todo lo que el banco ha
dicho hasta hoy: “El objetivo global es aliviar la pobreza”;
6. El BM ha
priorizado el financiamiento de grandes represas que suministran electricidad a
las industrias transnacionales y élites urbanas, y agua para riego para los
grandes cultivos de exportación, olvidándose de las necesidades más acuciantes
de los sectores rurales y otros grupos desprotegidos. El banco ha entregado
8.300 millones para construir grandes represas a través de la Asociación
Internacional para el Desarrollo que, se supone, es la puerta de entrada para
obtener créditos “blandos” para ayudar a los más pobres en los países en vías de
desarrollo;
7. El BM ha tolerado y, por tanto, contribuido a que los
gobiernos violaran los derechos humanos durante la construcción de grandes
represas; entre esas violaciones hay que señalar las detenciones arbitrarias,
las palizas, las violaciones y los disparos contra manifestantes. Muchos
proyectos de grandes represas financiadas por el banco no pueden ser puestos en
práctica sin violar los derechos humanos, porque inevitablemente las comunidades
afectadas resisten la imposición de proyectos contrarios a sus propios
intereses;
8. El BM planifica, diseña, financia y monitorea la
construcción de grandes represas en secreto e irresponsablemente, imponiendo
proyectos sin consultar a las comunidades afectadas, negando casi siempre el
acceso a la información. Esto sucede incluso con los gobiernos locales de las
áreas afectadas;
9. El BM ha desestimado siempre los costos sociales y
ambientales de las grandes represas, e ignorado las alternativas de la energía
eólica, solar y de biomasa, así como una gestión energética que tienda a
recuperar formas de irrigación, aumentar la eficiencia y el aprovechamiento de
las aguas pluviales, a desarrollar cultivos que puedan desarrollarse con el agua
de lluvia y a un manejo del cauce de las aguas. El banco ha convencido incluso a
algunos gobiernos para que acepten créditos para construir grandes represas en
casos en lo que sería mucho más efectivo, y menos destructivo, implementar
planes alternativos, como en Arun III, en Nepal;
10. Los análisis
económicos en los que se basan las decisiones del banco sobre el financiamiento
de grandes represas no demuestran haber aprendido las lecciones del pasado,
subestiman las eventuales demoras y costos adicionales. Las estimaciones de los
proyectos se basan en suposiciones optimistas e irreales acerca de los proyectos
y no tiene en cuenta los costos directos e indirectos de los daños ambientales y
sociales. El equipo que dirigía el banco en 1992 admite que sus estimaciones de
los proyectos eran puro “marketing”, y que sus estrategias fracasaron cuando
quisieron implementar proyectos de interés público.
11. Los principales
beneficiarios de los grandes contratos del BM que atañen a la construcción de
grandes represas han sido las consultoras, los constructores y las contratistas
que residen en los países donantes. Todos ellos ganan, mientras que los
ciudadanos de los países que reciben el dinero están acosados por las deudas, lo
que es destructivo desde el punto de vista económico, ambiental y social. El BM
ha fracasado constantemente cuando tuvo que promover la participación de
expertos locales. Por el contrario, fomentó las relaciones de dependencia;
12. El BM ha inundado tierras en las que hay monumentos culturales, lugares
religiosos y sagrados, parques nacionales y otros santuarios de vida silvestre;
13. En su programa de grandes represas, el banco ha tolerado el robo de fondos,
en muchos casos cometidos por regímenes militares corruptos y antidemocraticos;
14. El BM ha violado permanentemente su política de evaluaciones ambientales
antes de que las mismas se hayan realizado para justificar, de esa manera, los
proyectos de grandes represas;
15. Las políticas de investigación y la
planificación del BM nunca contemplan la posibilidad de desmantelar una gran
represa después de que su vida útil ha concluido como consecuencia de la
acumulación de sedimentos y de su deterioro físico;
16. El BM nunca
evalúa apropiadamente sus experiencias en materia de financiamiento de grandes
represas y no tienen un mecanismos para calcular los costos y los beneficios a
largo plazo de las grandes represas que financia;
17. Con su
participación en el proyecto de la represa de Sardar Sarovar, en el Valle de
Narmada en la India -un auténtico símbolo mundial del desarrollo destructivo- el
BM ignoró sus propias políticas de reasentamiento y evaluaciones ambientales, y
trató de ocultar las conclusiones críticas más importantes de la comisión
independiente que elaboró el “Informe Morse”. Con los permanentes desalojos
forzados y la inundación de tierras tribales, el banco es el responsable moral
directo de las violaciones a los derechos humanos que se producen en el Valle de
Narmada.
“Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes concluimos
que:
* El BM ha sido incapaz, o no ha estado dispuesto, hasta ahora de
modificar sus políticas de financiamiento de grandes represas; y
*
Hacemos un llamado a decretar una moratoria inmediata de todos los proyectos de
grandes represas del BM, incluyendo todos los que en este momento están siendo
considerados hasta que:
1. El BM establezca un fondo para pagar
indemnizaciones a todas las personas desalojadas por la fuerza de su lugar de
residencia por proyectos financiados por el banco sin las compensaciones
adecuadas. Este fondo deberá ser administrado por instituciones transparentes y
confiables, independientes del banco, y suministrar fondos a las comunidades
afectadas por los proyectos de grandes represas financiados por el banco;
2. El banco reoriente sus políticas y garantice que ningún proyecto de gran
represa exigirá el traslado forzoso en países que no tienen políticas y normas
legales que aseguren la recuperación de los niveles de vida de las personas
desplazadas; además, las comunidades desplazadas deben participar en todo el
proceso de identificación, diseño e implementación y monitoreo de los proyectos,
y dar su consentimiento antes de que los proyectos se pongan en marcha;
3. El Banco sea capaz de crear una comisión independiente que revise todos los
proyectos de grandes represas, y calcule sus costos directos e indirectos
actuales, incluyendo los sociales y ambientales, y los beneficios efectivos de
cada uno de los proyectos. Esta revisión debe incluir los márgenes de error
cuando se estiman los costos y beneficios, e identificar las violaciones a las
propias disposiciones del banco, así como a los responsables. Igualmente deberá
analizar los costos resultantes de no apoyar proyectos alternativos. Esta
revisión debe ser dirigida por personas completamente ajenas al banco y que no
tengan intereses vinculados con el resultado de los estudios;
4. El banco
cancele las deudas contraídas por los proyectos de grandes represas cuyos costos
económicos, sociales y ambientales fueron superiores a los beneficios;
5.
El BM desarrolle nuevos proyectos y técnicas para estimar más rigurosamente los
costos, beneficios, riesgos e impactos de las grandes represas, y tenga en
cuenta la experiencia actual, en lugar de ignorarla como en el pasado;
6.
El banco exija a los administradores de la represa que disponga de un plan local
de gestión de la cuenca aprobado para los gobiernos locales, y que el proyecto
constituya la única alternativa para controlar las inundaciones, transportar y
abastecer de agua potable y para riego, y siempre que se hayan realizado los
estudios del impacto y calculado los costos de otros sistemas alternativos;
7. El BM permita a la opinión pública acceder a la información sobre los
proyectos de grandes represas, incluyendo proyectos anteriores, actuales o que
estén a consideración.
