La victoria de Alan García en las recientes elecciones peruanas representa el menos peor de dos males. Es verdad que durante su primer gobierno García fue protagonista de un gobierno pésimo para un país que aparentemente ya había tocado fondo.

Por lo menos existe la certeza que García no va a querer cambiar la Constitución a su antojo, que no irá cada semana a Caracas o La Habana a pedir consejo al vetusto dictador isleño y que tampoco intentará perpetuarse en el poder. Algo que también marca una diferencia es que García ha enfatizado que, pese a un diferendo territorial con Chile, este país será el ejemplo para el Perú en cuanto tome posesión.

Sin embargo García deberá aderezar sus buenas intenciones con bastante destreza política. Ollanta Humala se quedó con las ganas de sentarse en el Palacio de Miraflores pero en el Congreso habrá 47 diputados de ese partido, nueve más de los conseguidos por el APRA. Ante tal situación el presidente electo deberá sumar fuerzas de las otras organizaciones ahí representadas, entre ellas las de la ex candidata Lourdes Flores.

García deberá tener presente en todo momento que su triunfo se lo debe a quienes votaron por Flores en la primera vuelta, y que ante ello la oportunidad de resarcirse por lo hecho en su desastroso primer gobierno se encuentra en un momento ideal. No deberá traicionar esa confianza, prestada si se quiere, pero confianza al fin.

Lo que comenzó como un incidente sin importancia en una secundaria de Santiago se ha convertido en la primera jaqueca importante del gobierno de Michelle Bachelet, y una situación que no se había presentado en el país por lo menos en una década.

Un grupo de alumnos pidieron mejoras económicas al sistema educativo chileno así como ayudas económicas. Ante la escasa respuesta del gobierno --o la impaciencia, según los críticos-- las protestas fueron creciendo de tono hasta que llegaron inclusive a las puertas de la representación de la UNESCO en la capital. Esto ya provocó remezones dentro del Ministerio de Educación así como en la estructura social y económica de un país que, si continúa encaminado por el mismo rumbo, tocará a las puertas del Primer Mundo para el 2025.

Las manifestaciones, organizadas en su mayoría por alumnos de clase media, se han desarrollado en orden. Lo que el Estado deberá evitar es la infiltración de elementos radicales en el movimiento que pongan en riesgo la estabilidad chilena. A Chile le ha costado sangre, una feroz dictadura e innumerables esfuerzos dejar atrás la pesadilla económica que sufren sus vecinos. Sería lamentable que, tan cerca del desarrollo, las cosas se derrumben por unas marchas mal encauzadas.

Afortunadamente el gobierno y los manifestantes alcanzaron acuerdos importantes el pasado jueves 8. Es de esperarse que todo continúe avanzando dentro de los esquemas democráticos que han robustecido a Chile tras la dictadura.

El presidente boliviano Evo Morales alcanzó índices de aceptación de hasta el 80 por ciento a las dos semanas de haber decretado la nacionalización de la industria energética. Son cifras envidiables que no consiguió, por ejemplo, el presidente Lula cuando consiguió la privatización parcial en el seguro e pensiones, algo que en México aún no tiene fecha siquiera de discusión.

Una frase atribuida al general Velasco, el militar que hundió al Perú con sus políticas populistas, dice: "cuando siento que bajan mis simpatías le arrebato algo a la oligarquía y vuelven a aplaudirme". Esta es precisamente la razón por la cual se le llama populismo, ¿a quién no le gusta escuchar que el Estado realice labores redentoras en pos del bien común? Suena antipatriota criticar una medida enfocada a defender la soberanía nacional; hasta antes ese bien, llámese petróleo, minería o gas, era administrado por unos cuantos, ahora, en manos del Estado, habrá justicia social y a todos nos tocará parte de ese beneficio.

Lamentablemente solemos olvidar la segunda parte de ese inflado patrioterismo, esta es, que ese recurso natural pasa a ser administrado por un grupúsculo consentido del Estado, por un sindicato que únicamente brinda excesivos beneficios a sus agremiados. Ninguna nacionalización latinoamericana ha escapado al estigma de los fraudes, el despilfarro y la poquísima aportación que ese recurso ofrece al desarrollo productivo.

Bolivia repite ese patrón de nuestra lamentable corta memoria: como ocurre en México, existen odios ancestrales y con frecuencia se invocan acontecimientos ocurridos hace medio milenio pero nadie parece recordar el desastre que trajeron las nacionalizaciones efectuadas hace menos de 50 años, entre ellas la energética, que en poco o nada benefició a los pobres de ese país. Pero como siempre es más cómodo culpar a los demás por nuestros propios yerros, el populismo sigue encontrando campo fértil entre la sociedad y pensamos, con absoluta ingenuidad, que esta vez las cosas serán distintas.

No será así. Evo Morales dio un artero golpe al progreso de su país el pasado primero de mayo. Pronto se verá que es así, aunque para entonces la culpa se le achacará al "imperialismo", el cual, irónicamente, resultó el menos afectado con la nacionalización (las empresas holandesas, españolas, argentinas y brasileñas fueron las más afectadas).