Martes 28 de febrero del 2006
Miguel �ngel Granados Chapa
Infierno en la mina
El viernes 24 el Secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, inform� a los parientes de los mineros atrapados en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos que se suspender�an los trabajos de rescate. S�lo al d�a siguiente, desmontado ya el campamento constituido por los deudos desde la alborada dominical, junto con el director de Industrial Minera M�xico, Javier Garc�a de Quevedo, y el Gobernador Humberto Moreira, comunic� a los familiares la verdad definitiva. Todav�a esa ma�ana sabatina, sin embargo, desinformado o enga�oso como su subalterno, el Presidente Fox hab�a anunciado la reanudaci�n de las tareas de rescate.
Es preciso reparar en ese manejo equ�voco y defectuoso, por dolo o por impericia, de la informaci�n debida a las familias de los mineros muertos, no en el �nimo mezquino de cazar gazapos, sino porque nos hace prevenirnos contra el riesgo de que se manipule la informaci�n ahora mismo, cuando se realiza la remoci�n de escombros y la b�squeda de los restos de las v�ctimas y cuando se indaguen las causas del grav�simo acontecimiento (al que no podemos llamar accidente, al menos por ahora).
No est� claro cu�ndo llegaron empresa y autoridades a la noci�n difundida el s�bado respecto de lo acontecido, ni c�mo configuraron la hip�tesis (pues de eso ha de tratarse, aunque se la presentara como verdad sabida), seg�n la cual por razones a�n no establecidas, "se produjo una alta concentraci�n de metano que gener� una explosi�n de gran magnitud y afect� el total de las instalaciones subterr�neas.
"Se trat� de una explosi�n mixta y simult�nea de gas metano y polvo de carb�n, lo que acrecent� el efecto destructivo, generando temperaturas superiores a los 600 grados y una gran onda expansiva que se extendi� a la totalidad de la mina". (Seiscientos grados es el infierno. Es la mitad de la temperatura necesaria para fundir el hierro, seis veces m�s la que hace hervir el agua, y casi el doble del calor que puede generar un horno dom�stico).
Contin�a el informe oficial: "Por la magnitud de esa explosi�n... la atm�sfera de la mina cambi� instant�neamente para convertirse en un ambiente general de alta concentraci�n de metano y mon�xido de carbono, con casi nula presencia de ox�geno. Estas condiciones hicieron imposible la supervivencia".
Confiemos en que no hayan imposibilitado tambi�n el rescate de los cuerpos. Los deudos reclaman los cad�veres para velarlos en sus domicilios, para sepultarlos en las tumbas que, con realismo, desde hace una semana fueron abiertas en el cementerio municipal. Alertan desde ahora, algunos de ellos al menos, contra una salida simplona e indignante, que suele practicarse en episodios tr�gicos en que se dificulta la identificaci�n de los cad�veres, que consiste en entregar para los funerales ata�des cerrados, que no necesariamente contienen los restos que se afirma. As� se hizo con v�ctimas del accidente en que perdi� la vida el Secretario de Seguridad P�blica, Ram�n Mart�n Huerta. La gente en San Juan de Sabinas no quiere que a su dolor y al primer enga�o se agregue uno m�s. Debe habilitarse desde ahora un mecanismo, veloz, cercano y confiable, para identificar por medio del ADN los restos que se hallen, en el probable caso de que no sea posible reconocer a simple vista a quienes murieron.
La b�squeda de los cad�veres deber� hacerse con cuidado y respeto, a efecto de no agregar da�o al que ya sufrieron los trabajadores. Fue un gesto plausible de la empresa dar a conocer nombre a nombre la identidad de cada uno de los mineros muertos. Con ese m�nimo reconocimiento a su condici�n de personas pali� en algo la sensaci�n de insensibilidad, de distancia e indiferencia que dej� la conducta de sus directores, acostumbrados a ver en las personas activos o pasivos, seg�n el caso, capital humano sujeto a las reglas contables de valuaci�n y depreciaci�n. Al mismo tiempo, la remoci�n de los escombros debe hacerse de tal modo que no se eliminen elementos para la investigaci�n del origen y naturaleza del suceso. Se trata con esa indagaci�n no s�lo de establecer responsabilidades, sino de aprender la elecci�n, de impedir que este sacrificio colectivo sea est�ril. Esa propia mina, quiz�, si se reanuda su operaci�n, y muchas otras en la regi�n deben contar con un conocimiento fiable de lo acontecido, para evitar que el episodio se reproduzca, en cualquier escala (pues ahora nos hemos dejado arrastrar por la magnitud num�rica del caso, en una falaz correspondencia entre el n�mero de v�ctimas y la atenci�n p�blica al hecho, que haga pasar inadvertida la muerte en casos similares pero de dimensi�n menor).
Ser� pertinente que las investigaciones vayan m�s all� de las vertientes penal y administrativa, que deben practicarse pero no como si se tratara de un asunto de rutina. La Secretar�a del Trabajo es autoridad involucrada y por lo tanto no debe cumplir a solas su responsabilidad de indagaci�n. Ha de constituirse un grupo de trabajo con expertos en miner�a, en derecho laboral, en transparencia, en derechos humanos que otorgue confianza a sus resultados. Servir� de punto de partida para esa investigaci�n el documento elaborado por inspectores en la visita realizada a la mina el 7 de febrero, y rese�ado por el semanario Proceso en su n�mero 1530, que est� en circulaci�n. Ya es significativo que la inspecci�n se realizara un a�o despu�s de que la comisi�n bilateral de seguridad e higiene empez� a cumplir recomendaciones dictadas en julio de 2004.
Caj�n de Sastre
Ayer asumi� su papel como miembro de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, el ex Canciller mexicano Bernardo Sep�lveda, que se aproxim� a la relevante posici�n que ahora ejercer� cuando actu� como juez ad hoc en ese tribunal a fin de lograr, como se obtuvo, una sentencia que favoreciera la revisi�n de los casos de mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos sin hab�rseles permitido la asistencia consular a que ten�an derecho. En la v�spera de su toma de posesi�n, Sep�lveda asest� un palmetazo a Jorge G. Casta�eda, quien en el suplemento Enfoque, de este diario, hab�a descalificado la pol�tica exterior mexicana previa a su propio paso por la Canciller�a. Si bien el ahora juez internacional defendi� su propia gesti�n durante los a�os 1982-88, con habilidad y justeza rechaz� que pudieran aplicarse a don Jorge Casta�eda �lvarez de la Rosa, padre del descalificador, los juicios derogatorios endilgados a la pol�tica exterior mexicana por el ex candidato ciudadano a la Presidencia.
Lunes 27 de febrero del 2006
Miguel �ngel Granados Chapa
Sinrazones de la Corte
Dos veces antes, cuando el Ejecutivo federal pidi� a la Corte ejercer su atribuci�n pesquisitoria, se avino a hacerlo, sin interponer formulismos a que no ha lugar, como pretende hacerlo ahora cuando la solicitud proviene del Poder Legislativo
Asombra la respuesta de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a las C�maras del Congreso de la Uni�n que el martes pasado le solicitaron ejercer la atribuci�n pesquisitoria contenida en el art�culo 97 constitucional: les "fij� un plazo de 10 d�as h�biles... para que presenten las pruebas que sustenten su petici�n para indagar las presuntas violaciones a las garant�as individuales de Lydia Cacho". �Pero si de eso trata la investigaci�n pedida, de encontrar pruebas! �Para eso se averigua! �Eso quiere el Poder Legislativo que haga el Judicial!
El bolet�n de la Corte contiene adem�s de esa aberrante petici�n el reproche de que no acompa�aran "los medios probatorios id�neos" para "demostrar que se est� ante los supuestos que marca el citado art�culo constitucional". Se agrega que esas pruebas "deben llevar al pleno de la Corte a la convicci�n de que existen elementos que justifiquen ejercer la facultad extraordinaria de indagar sobre el citado caso". Y por si fuera poco, y ya en el camino de negarse a actuar conforme a esa disposici�n, alude a "tesis del pleno del Alto Tribunal" seg�n la cual "la facultad de investigaci�n a que se refiere el p�rrafo segundo del art�culo 97 de la Constituci�n es discrecional, aun cuando exista petici�n de parte leg�tima".
Con todo respeto, y no obstante haber aprendido hace mucho tiempo a no pretender ense�ar solfeo a directores de orquesta, me parece que esta �ltima afirmaci�n no se sostiene. Leamos lo que al respecto dice el segundo p�rrafo de ese art�culo:
"La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr� nombrar alguno o algunos de sus miembros o alg�n juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando as� lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo federal, o alguna de las c�maras del Congreso de la Uni�n, o el Gobernador de alg�n Estado, �nicamente para que averig�e alg�n hecho o hechos que constituyan una grave violaci�n de alguna garant�a individual...".
En mi humilde opini�n, el verbo podr�, de la primera l�nea se refiere s�lo al men� de posibilidades para nombrar a los investigadores. La Corte tiene libertad, podr� nombrar miembros de su pleno, o a integrantes de otros �rganos judiciales o a otras personas a las que comisione para el caso. Esa decisi�n corresponde plenamente al �mbito de la discrecionalidad, como tambi�n cuando se trata de s� misma: puede averiguar los hechos mencionados, si as� lo juzga conveniente. Pero cuando el texto pasa a enumerar otras instancias, la discrecionalidad desaparece pues la Constituci�n atribuye a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, o al Ejecutivo local, la facultad de echar a andar esa excepcional atribuci�n ministerial del �rgano jurisdiccional.
As� ha ocurrido las dos veces que se ha aplicado el 97. En 1946 y en 1996 el Presidente de la Rep�blica solicit� a la Corte averiguar hechos lesivos de las garant�as individuales, la matanza de oposicionistas que en Le�n, Gto., resist�an la imposici�n de un Alcalde; y la de campesinos que pac�ficamente se dirig�an a una manifestaci�n pol�tica, en Aguas Blancas, Gro. Hasta donde mi informaci�n alcanza, la Corte no condicion� su actuaci�n a que el Presidente Manuel �vila Camacho y el Presidente Ernesto Zedillo presentaran "medios probatorios id�neos" ni les solicitaron "demostrar que se est� ante los supuestos que marca el citado art�culo constitucional". Y si hubieran pedido esto �ltimo, los mencionados titulares del Ejecutivo, tal como pueden hacerlo los presidentes de la C�mara (presidenta en ese caso) y el Senado habr�an respondido que el �nico supuesto necesario es el ya ejercido, que lo pidan quienes est�n facultados para hacerlo. No hay ning�n otro supuesto.
En el segundo caso citado participaron ocho de los 11 Ministros actualmente en ejercicio (pues de los que actuaban entonces dos est�n jubilados y uno muri�) y se les puede pedir que se avengan al pedido de las C�maras tan llanamente como lo hicieron ante la solicitud de quien los hab�a encaminado a los cargos que ocupaban y ocupan, pues Zedillo los incluy� en la lista de donde los eligi� el Senado.
En septiembre de 1995, poco m�s de dos meses despu�s de la matanza de Aguas Blancas, la Comisi�n mexicana de defensa y promoci�n de los derechos humanos, encabezada por Mariclaire Acosta, pidi� a la Corte que investigara los hechos. Siendo obvio que una asociaci�n civil carec�a de facultades para tal solicitud, los Ministros Genaro David G�ngora Pimentel y Jos� de Jes�s Gudi�o Pelayo la hicieron suya, con lo cual instaron al tribunal a ejercer su atribuci�n propia. Por mayor�a, el pleno rechaz� esa propuesta. La Corte consider� que "no resulta conveniente ejercitar de oficio las facultades de investigaci�n que le concede el art�culo 97 de la Carta magna en relaci�n con los hechos acaecidos el 28 de junio de 1995...".
Para fortuna de su congruencia, los Ministros matizaron su negativa con una salvedad. Dijeron que "al menos por el momento" no era dable la indagaci�n de oficio. De modo que cuando el 4 de marzo siguiente Zedillo hizo su petici�n en el mismo sentido, la atendieron sin dilaci�n. Y explicaron: "Ahora el Ejecutivo federal nos dice que a pesar de la intervenci�n de diversas autoridades competentes para conocer el asunto en el �mbito de sus atribuciones, y de los resultados a que se ha llegado... subsiste en la comunidad nacional un sentimiento de preocupaci�n por el cabal esclarecimiento de los hechos...".
Caj�n de Sastre
Acuso recibo, como ya lo hicieron los lectores de Reforma, de la carta del ingeniero Ra�l Salinas de Gortari en que rectifica mi informaci�n sobre el caso de interferencia telef�nica que padeci� en octubre de 2000, mientras estaba preso. Yo hab�a dicho que no present� denuncia al respecto. El corrige en sentido contrario, y acompa�� su r�plica con la documentaci�n oficial correspondiente. Corregido queda que no hubo omisi�n de su parte. S� la hubo, en cambio, de las autoridades, pues ni en �se ni en otro caso se ha llegado a procesar o al menos no a sentenciar a los responsables de realizar escuchas telef�nicas indebidas. A eso se refer�a centralmente mi argumentaci�n, que prolongo ahora diciendo que pol�ticos y autoridades que han practicado las interferencias y no han sido capaces de sancionarlas, se escandalizan de que haya podido conocer el entramado de las relaciones de Kamel Nacif, principalmente pero no s�lo con el gobernador Mario Mar�n, y se muestren como buenas conciencias incapaces de conceder cr�dito a conversaciones interceptadas que, por lo dem�s, coinciden con otros datos de la realidad.
Domingo 26 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Mineros, como hace un siglo
Pronto, el primero de junio, har� un siglo de la huelga minera de Cananea -reprimida expedita y brutalmente-, uno de los hitos de la Revoluci�n mexicana, seg�n coinciden la historiograf�a radical y la gubernamental. La movilizaci�n de los mineros del cobre obedeci� a la explotaci�n de que era objeto la mano de obra en la empresa propiedad del tristemente c�lebre William C. Greene. Una centuria m�s tarde, los yacimientos cupr�feros de la regi�n son explotados por una filial del Grupo M�xico, un poderoso consorcio que posee tambi�n la empresa Industrial Minera M�xico, en cuya mina n�mero ocho, llamada Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, comarca carbon�fera de Coahuila, quedaron atrapados hace exactamente una semana 65 trabajadores cuya muerte fue oficializada ayer.
Si los estallidos y derrumbes ocurridos en las primeras horas del 19 de febrero resultaran del azar, fueran hechos fortuitos como los que a veces modelan las vidas humanas, y las destruyen, habr�a que poner el acento s�lo en el rescate infructuoso de las v�ctimas, tarea que se emprendi� desde luego, el domingo mismo. El presidente Fox tuvo que salir al paso de la confusi�n creada por un anuncio hecho la v�spera por su enviado al lugar de la tragedia, el Secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar, de que se hab�an suspendido las labores de rescate. El pobre desempe�o del funcionario durante los d�as en que se mantuvo al frente de esas labores lo llev� a un diferendo con el gobernador Humberto Moreira -tambi�n presente en la boca de la mina toda la semana- y sobre todo con los deudos de los trabajadores atrapados.
Conforme pasaron los d�as, la angustia de los familiares que esperaban noticias sobre los suyos, y aun verlos salir vivos de los t�neles, se fue trocando en exasperaci�n. Ante los medios de informaci�n que acudieron desde el domingo mismo a la mina, se expusieron informes e impresiones sobre las condiciones de seguridad laboral, la rudeza de las faenas, la exigua paga semanal. El jueves alguien quiso contrastar el monto de los salarios de los mineros atrapados en la entra�a de la tierra con el del secretario del Trabajo, a quien pregunt� cu�nto ganaba. Seguramente por rubor, el funcionario rehus� decir el monto, superior al que obtienen 100 mineros. Hubiera podido eludir la respuesta, aduciendo que no era ese el tema. Pero incurri� en la insensibilidad de informar que la cantidad pod�a ser consultada en la p�gina de internet de la Secretar�a. Si est� all� consignada, no hubiera debido ocultarla en su conversaci�n con los familiares. Pero sugerir que en un momento libre de la angustia que los atosiga vayan a una computadora a indagar lo que s�lo ten�an curiosidad circunstancial en saber, muestra la enorme distancia emocional y social del antiguo dirigente de acad�micos universitarios con una principal�sima porci�n del mundo real que corresponde regular a su Secretar�a. Esa distancia explica que tras el anuncio de la suspensi�n del rescate la gente se alebrestara y hasta se le arrojaran objetos y se le golpeara levemente.
Con todo y su gravedad, esas son an�cdotas. Los problemas verdaderos consisten en las circunstancias que causaron la tragedia todav�a, y las de orden general que probablemente son causa de la causa. El trabajo en minas carbon�feras, aqu� y en China -donde el a�o pasado murieron 6 mil personas en acontecimientos como el de Pasta de Conchos-, o en la Gran Breta�a y Estados Unidos, es extremadamente riesgoso, por la indisoluble uni�n del carb�n mineral y el gas metano. Las minas est�n permanentemente invadidas de ese gas, pero su presencia puede y debe ser controlada, lo que al parecer no ocurr�a en Pasta de Conchos. Uno de los 13 sobrevivientes, Ervein Flores, dijo que se hab�a alertado sobre la inseguridad en el trabajo, y hasta se preparaba un paro para hacer presi�n y conseguir su mejora. Pero que ante la protesta se respond�a tajantemente que siempre habr�a qui�n quisiera trabajar en esas condiciones.
La mina produce anualmente unas 35 mil toneladas de carb�n, que importan entre 12 y 13 millones de pesos. El monto es una m�nima porci�n de los ingresos del Grupo M�xico, un vasto conglomerado que posee empresas ferroviarias resultantes de la privatizaci�n de los Ferrocarriles Nacionales, asestada al pa�s por el presidente Zedillo (Pac�fico norte, Chihuahua-Pac�fico y Nogales-Cananea, as� como Ferrosur); y en el sexenio anterior adquiri� yacimientos e instalaciones que fueron de la American Smelting and Refining Co., la Asarco que fue un factor econ�mico y pol�tico relevante en los pa�ses mineros de Am�rica Latina. El Grupo posee reservas de cobre que le dan el segundo lugar en el mundo y el tercero en la producci�n cupr�fera.
Apenas el 15 de febrero, cuatro d�as antes del comienzo de la tragedia, el Grupo hab�a repartido un dividendo de mil 500 millones de pesos, pues su utilidad de operaci�n consolidada creci� en 14.5 por ciento. Al final del a�o sus estados financieros mostraban la existencia de 287 millones de d�lares en su cuenta de caja y bancos. Esa bonancible situaci�n se debe, informa el Grupo, cuyas acciones se cotizan en bolsa y por ello debe publicar esos datos, a "altos precios de los metales" y a un "constante proceso de control de costos".
Ser�a terrible, y cuando llegue el momento debe ser precisado si es as�, que en ese control de costos se incluyera un abatimiento de las medidas de seguridad en operaciones poco rentables como las de la mina siniestrada. Es claro ya desde ahora, sin embargo, que la pol�tica de salarios y de personal s� est� asociada a esa reducci�n de los costos. Industrial Minera M�xico acude de m�s en m�s a una pr�ctica que permite abatirlos y al mismo reducir el poder del sindicato minero, con el que el Grupo mantiene permanentemente una relaci�n tirante (causada en el campo de las minas de cobre por diferendos respecto de un 5 por ciento de acciones de las empresas de Cananea y Nacozari que en 1990 se pact� entregar a los trabajadores). Se trata del outsourcing, el modelo laboral que permite la realizaci�n de labores no sustantivas por contratistas que emplean su propio personal, que padece salarios aun m�s castigados que los mineros propiamente dicho.
As� lo explic� el sindicato en una comunicaci�n:
"...un trabajador minero del estado de Coahuila gana, en promedio, por una jornada laboral de ocho horas, 130 pesos diarios, como salario base, m�s las prestaciones establecidas en su contrato colectivo de trabajo, con bonos de productividad y horas extras, que lo aumenta a 150 pesos diarios.
"Si bien no es el salario que deber�a obtener un minero que diariamente arriesga su vida a muchos metros de profundidad en las entra�as de la tierra, riesgo que hoy desafortunadamente, todo el mundo est� comprobando con la tragedia que viven nuestros agremiados de la secci�n 13, el sindicato nacional de mineros busca siempre obtener los mejores aumentos salariales y prestaciones..."
De los 65 trabajadores v�ctimas de la incuria o del azar, s�lo 25 pertenec�an a ese sindicato, cuatro eran de confianza y los 36 restantes eran empleados de contratistas, que realizaban labores aleda�as a la explotaci�n minera y que ganaban un promedio de 65 pesos al d�a, sin contar con prestaciones. Respecto de ellos, la empresa deber� aclarar si su oferta de una indemnizaci�n de 750 mil pesos por cada trabajador perecido, y la creaci�n de un fondo de becas para sus hijos, comprende s�lo a los sindicalizados o tambi�n a la mayor�a, que no lo est�, pues con ellos, los empleados de los contratistas, el Grupo no tiene compromiso laboral ninguno.
La C�mara minera, que tambi�n cumple este a�o un siglo, ha dicho en esta coyuntura que la industria "est� consciente de que s�lo puede ser productiva, eficiente y moderna si resguarda la salud de sus trabajadores". Y dijo tambi�n que es su prioridad "la participaci�n de todos los agremiados, a trav�s de su Comisi�n permanente de seguridad en actividades de capacitaci�n, revisi�n y difusi�n de normas y procedimientos seguros".
A�adi� que las operaciones mineras se apegan a la norma oficial mexicana 023 sobre seguridad en minas. As� debe ser. Que as� haya sido. Y si no, que se act�e en consecuencia.
Viernes 24 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Di no a la pirater�a
Ya estaba excesivamente presente en las calles de las grandes ciudades. Ahora la tenemos instalada tambi�n en la pantalla de los televisores. La pirater�a, ese delito que atenta contra la propiedad intelectual y contra el funcionamiento de la econom�a de mercado, aunque con ineficacia es formalmente combatido por la autoridad federal en trat�ndose de grabaciones y de bienes de uso cotidiano, como prendas de ropa, perfumes, bebidas, etc�tera. De tanto en tanto, acaso con prop�sitos escenogr�ficos, la PGR y la PFP embaten contra la distribuci�n y venta (casi nunca en los centros de producci�n) de bienes ilegales. En cambio, ha surgido una emisora pirata en la televisi�n y no s�lo no se persigue a quienes la operan sino que se les solapa y se les allana el camino.
En mayo pasado dej� de transmitir el Canal 40, por efecto de una huelga que hizo culminar una crisis poli�drica en esa estaci�n, cuya concesionaria es Televisora del Valle de M�xico, una sociedad an�nima cuyo capital est� dividido en 95 por ciento, propiedad de Javier Moreno Valle, y 5 por ciento, de Hern�n Cabalceta. En 1998, el primero pignor� m�s de la mitad de sus acciones a favor de TV Azteca, con quien entonces suscribi� un acuerdo, tanto de operaci�n mercantil como financiero, rengl�n en que un cr�dito otorgado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego qued� garantizado por los t�tulos dejados en prenda.
Ese acuerdo fue roto unilateralmente por Moreno Valle y desde entonces se inici� una batalla legal donde se han abierto innumerables frentes. En el �mbito laboral, la concesionaria anunci� su disposici�n a pagar las prestaciones adeudadas para poner fin a la huelga. Pero la CTM, todav�a en vida de Leonardo Rodr�guez Alcaine, absurdamente estorb� la soluci�n del conflicto por esa v�a, como si no le interesara que los postergados derechos de los trabajadores (una parte de los cuales pertenecen al sindicato cetemista de la radio y la televisi�n) se vieran al fin satisfechos. En consonancia con ese obst�culo, la Secretar�a de Comunicaciones, reconociendo que los aspectos financieros de la concesionaria no le incumben, se meti� sin embargo a averiguar el origen y el prop�sito del cr�dito que General Electric hab�a acordado a favor de TVM (y que le permitir�a encarar no s�lo su pasivo laboral sino otros igualmente gravosos), y su intromisi�n fue eficaz, pues finalmente no se consum� la presencia de ese capital en el Cuarenta. En cambio, cuando TV Azteca se atrajo la colaboraci�n de Cabalceta, el socio minoritario, tanto el sindicato cetemista como las autoridades fueron sensibles a su oferta y se levant� la huelga (aunque sin cumplir, hasta la fecha, el compromiso de indemnizar al personal no sindicalizado).
En la v�a mercantil, las partes entraron en una guerra judicial, cuyo cap�tulo principal consiste en una decisi�n extra�a al orden legal que concedi� derechos de accionista a un acreedor, que se permiti� sustituir a Moreno Valle como administrador y reemplazarlo por Cabalceta. Si ese procedimiento se generalizara, el mundo de la cobranza mercantil experimentar�a una revoluci�n, pues los acreedores investidos de due�os ordenar�an a la empresa deudora tomar decisiones que los beneficiaran. Cada parte ha realizado asambleas en que acuerdan denunciar las del contrario, y los jueces deben resolver en �ltima instancia la validez respectiva.
Sin esperar a que ese momento procesal ocurra, TV Azteca decidi� consumar hechos, contando con la complacencia gubernamental, la misma que pas� por alto la responsabilidad de esa empresa en el asalto a la planta transmisora del Cuarenta, en una escaramuza anterior de esta batalla. Ante el aviso p�blico de que el martes se reiniciar�a la actividad del Canal 40, desde las instalaciones de TV Azteca, el abogado y accionista (cuando se consume un anunciado aumento de capital) de TVM, Javier Quijano, pidi� a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes investigar la situaci�n, que implica usurpar derechos que inequ�vocamente corresponden a TVM y no han sido transmitidos. Aun si a la postre la batalla judicial se dirimiera a favor de TV Azteca ese momento no ha llegado y por lo tanto la SCT est� obligada a atender el requerimiento del personero de la concesionaria reconocido por la autoridad, Quijano mismo.
Hasta hoy la Secretar�a ha guardado silencio. Con celeridad contrastante, en cambio, contest� y aun hizo p�blica, mediante un comunicado de prensa, su respuesta a TV Azteca. Cabalceta, ostent�ndose con una personalidad que la justicia no ha admitido (raz�n por la cual su nombramiento no ha podido ser inscrito en el Registro P�blico de Comercio), inform� a la autoridad del recomienzo de las transmisiones del Canal 40. Seg�n la obsequiosa Secretar�a, ese aviso es suficiente para bautizar las transmisiones espurias, que lo son porque se originan en una sede no autorizada por una empresa que en los hechos es diversa de la concesionaria. Aunque desde diciembre est� advertida de la infundada ostentaci�n de Cabalceta la SCT admiti� su aviso, si bien le requiri� su inscripci�n en el registro mercantil. Pero es seguro que le dispense el tr�mite, en l�nea con la obsequiosidad oficial ante el atraco. Las transmisiones ilegales fueron apadrinadas por el secretario de Hacienda, hace 10 meses v�ctima de la empresa con la que est� ahora a partir un pi��n. Y el de Gobernaci�n invita a las partes a una negociaci�n equivalente a establecer los t�rminos del rescate mientras dura el secuestro.
Caj�n de Sastre
El mi�rcoles de la "oficina del Lic Arturo Montiel" se invit� a una conferencia de prensa del ex Gobernador mexiquense, que se efectuar�a a las 14 horas del jueves en un hotel del centro capitalino. A la ma�ana siguiente, ayer, del mismo origen brot� una "cancelaci�n de la invitaci�n", donde se avisa que tal conferencia "se suspende, pues el inter�s de Montiel Rojas es presentar elementos contundentes de inter�s personal en los pr�ximos d�as". La probable causa del cambio s�bito de disposici�n del ex precandidato presidencial puede leerse en la primera plana de la edici�n de ayer del Grupo Reforma, y en la p�gina dos de la secci�n nacional de MURAL: este grupo period�stico ha hecho un nuevo descubrimiento relativo al patrimonio inmobiliario de la familia Montiel. Esta vez de trata de una finca en el solar nativo, en Atlacomulco mismo, que mide cuatro hect�reas y media y contiene dos casas, un lago con gansos, amplios jardines y cancha de tenis. Figura entre los bienes del ex Gobernador despu�s de un sinuoso camino de donaciones.
Jueves 23 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Propaganda panista
Adem�s de la que con altos costos, si bien con resultados visibles en las encuestas, pagan directamente, el PAN y su candidato Felipe Calder�n cuentan con propaganda adicional. Una permanente es la que, en doble banda protagoniza el Presidente Fox. Y una coyuntural es la que emiti� el ex Presidente del Gobierno espa�ol Jos� Mar�a Aznar. Los mensajes de estos propagandistas, por la naturaleza de sus contenidos, y por la personalidad y la trayectoria de los propagandistas, son ambivalentes; pueden contribuir a una mejor�a en la posici�n actual del aspirante presidencial panista y en la votaci�n a su favor el 2 de julio, o puede tener el efecto contrario.
Sin rubor alguno, olvidadizo de cu�nto protest� por el activismo de Zedillo hace seis a�os, Fox est� en campa�a, como si fuera candidato, pero utilizando recursos p�blicos para apoyar las aspiraciones de su partido. Lo hace de un modo obvio ("si seguimos por este camino...", sugiere como propuesta de continuidad) y m�s empecinadamente a trasmano, cuando en sus funciones presidenciales descalifica a los adversarios del candidato de su partido que no era el suyo propio.
Desde agosto pasado, entonces como preparaci�n para su Quinto Informe, Fox no ha cesado de cantar excelencias a su Gobierno a trav�s de una campa�a de mensajes breves donde subraya sus logros, casi siempre con inexactitudes o exageraciones. Se trata de propaganda personalizada, semejante a la de los gobiernos autoritarios en que el gobernante es la �nica fuente del bien p�blico. Lleg� al extremo de afirmar, faltando a la verdad, que personalmente se encargar�a de revisar que los migrantes mexicanos que vuelven a su pa�s con motivo del fin de a�o (�poca en que tom� vacaciones) recibieran trato adecuado. La frecuencia de los mensajes, especialmente en los �ltimos d�as (aunque ha tenido otros momentos de notable intensidad) es abrumadora y supone un alto costo, pues lo tienen tambi�n para el fisco los que se transmiten en los tiempos oficiales, de cuyo ejercicio disfruta el Presidente con desmedro del aprovechamiento que de ellos hacen los otros poderes.
Pero el Presidente no hace publicidad obvia, solamente. Infatigable, recorre el pa�s de aqu� para all�, participa en toda suerte de reuniones, no s�lo inaugura sino que en la mejor tradici�n priista supervisa "avances de obras" y en todas partes aprovecha la cauda de informadores que lo siguen para hacer discursos, siempre orientados a exponer los defectos reales o imaginarios de las propuestas pol�ticas de sus adversarios. Si bien se ha avisado en Los Pinos que el Presidente atender� el llamado a la neutralidad pol�tica emitido el domingo por el IFE, que deber� evitar que se emitan mensajes oficiales con m�viles proselitistas, tambi�n se anunci� que el Ejecutivo continuar� con sus giras y se convertir� de ese modo en emisor privilegiado, �nico, de mensajes pol�ticos emanados de fuentes gubernamentales.
Puesto que Fox fue mejor candidato que Presidente, su conducta reminiscente puede favorecer a Calder�n, si se pasa por alto el hecho de que el p�blico aprecia m�s los rasgos personales del Presidente que sus obras. Siempre que las encuestas miden la popularidad del Presidente, que se mantiene alta gracias entre otros factores a su omnipresencia televisiva y radial, ponen de manifiesto tambi�n las insuficiencias y fallas de sus diversas pol�ticas. De cualquier modo, si la simpat�a es transmisible deber� preverse que la aten�e el caudal de yerros que produce el activismo presidencial. Por s�lo poner un ejemplo, su referencia a las lavadoras (adem�s de contener la mentira monumental de que el 75 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con una) y la animalizaci�n de las mujeres pobres, las que sobre sus "dos patas" realizan el lavado dom�stico, con remuneraci�n o sin ella, ser� costosa para el PAN.
Pero quiz� lo sea en mayor medida la propaganda que a favor de Calder�n vino a hacer Aznar, cuyo partido fue derrotado en marzo del 2004 porque �l minti� y enga�� respecto de los atentados contra estaciones ferroviarias que provocaron cerca de 200 muertes. Por un lado, el sector m�s o menos amplio de panistas que se pretenden habitantes del centro y no de la derecha ha quedado defraudado por la asociaci�n de su partido al l�der del neofranquismo, impulsor de una internacional disfrazada de centrista que tiene en su seno al actual fascismo italiano.
Aznar es viejo amigo de la familia. El azar o la f�rrea voluntad de la contrayente lo convirtieron en una suerte de padrino de la boda de Fox y su vocera el 2 de julio de 2001. Aznar llegaba a M�xico en visita oficial y se encontr� con la sorpresa nupcial. Tiempo m�s tarde volvi�, en su calidad de pe�n de estribo del presidente Bush, a quien se asoci� en la todav�a tr�gica y sangrienta aventura de Iraq, para ver si convenc�a a Fox de no mostrarse renuente a ese lance (renuencia que, hay que recordarlo y en sentido contrario al mito generado a ese respecto, jam�s se manifest� en votaci�n alguna en el Consejo de Seguridad de la ONU).
Cercano ideol�gicamente a la direcci�n del PAN, que lo invit� al foro La Fuerza de las Ideas y el Futuro de Am�rica, en que se exorciz� al populismo (de un modo tan infantil como el conjuro que reza: �cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga el Ni�o Jes�s!), Aznar dese� que "por el bien de los mexicanos" Calder�n sea el pr�ximo presidente de la Rep�blica. A su vez muchos desear�n que la boca se le haga chicharr�n.
Caj�n de Sastre
La puntual informaci�n de MURAL, ayer mismo, sobre el despilfarro causado por la difusi�n presidencial ofrece datos precisos sobre la desmesura propagand�stica del presidente Fox, a que me refiero en las l�neas anteriores. Seg�n el informe sobre las finanzas p�blicas de la Secretar�a de Hacienda, la Presidencia utiliz� durante el a�o pasado m�s de 12 mil horas de los tiempos fiscales en radio, y cerca de 5 mil en televisi�n. En esos lapsos se transmitieron casi 6 mil (5 mil 900) spots radiof�nicos y 2 mil 300 en televisi�n.
El n�mero de mensajes radiales fue mayor en cientos por ciento a los emitidos en el a�o anterior. A esa propaganda directa del Presidente (con el ritornelo "M�xico ya cambi�") se suma la masiva presencia de la Secretar�a de Desarrollo Social, que el a�o pasado emple� casi �15 mil horas! en mensajes transmitidos por radio, lo que significa un crecimiento descomunal respecto de 2003 y 2004. Quiz� en la campa�a de Felipe Calder�n, Josefina V�zquez Mota espera cosechar lo que sembr�.
Mi�rcoles 22 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
La Corte investigadora
Aunque parezca mon�tono, siempre que abordemos la irresponsable e ilegal conducta del Gobernador Mario Mar�n deberemos tener presente el asunto de fondo: Lydia Cacho descubri� y describi� el poder que protege a redes de pornograf�a infantil. Por eso se pretendi� intimidarla, silenciarla y castigarla mediante una acusaci�n penal que se convirtiera, adem�s, en una agresi�n f�sica en su contra. A todo eso se asoci� el Ejecutivo poblano al obsequiar los absurdos apetitos de su amigo (al que ahora niega), Kamel Nacif. Ese extremo es uno de los aspectos que confieren mayor gravedad a su infracci�n a la ley, pues fabric� un proceso contra una activista y periodista que lastim� los intereses de un su aliado.
Siempre fue poco veros�mil que Nacif acudiera a la justicia penal para guardar su buen nombre. Hoy es por completo insostenible esa afirmaci�n suya. De lo contrario, hace m�s de una semana que hubiera aparecido ante los medios para negar fehacientemente que hubiera solicitado a su g�ber precioso torcer la ley para castigar a Lydia Cacho. Su silencio y su ocultamiento son elocuent�simos. Esta vez no podr� decir, como en diciembre pasado, que hace falta equilibrio en la informaci�n en torno suyo y no necesitar� acudir a ning�n Gobernador amigo para que le abra las puertas de un diario. Esta vez todos los medios ans�an hablar con �l, y �l no aparece, no da la cara, ni siquiera para dolerse de que su g�ber preferido lo haya abandonado.
El propio Gobernador se incrimina al parapetarse tras su incre�ble negativa a reconocer su voz en las grabaciones que permitieron la difusi�n p�blica de los pormenores de su negocio con Nacif. Ayer se puso a consideraci�n de las dos c�maras federales el pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para que indague la violaci�n a las garant�as individuales de Lydia Cacho. Pero el Gobernador mismo est� en posibilidad formal de hacerlo directamente. El segundo p�rrafo del art�culo 97 constitucional establece cuatro llaves para este g�nero excepcional de investigaci�n a cargo de un �rgano que dirime controversias e interpreta la Constituci�n, pero no cuenta con facultades pesquisidoras. Una es que la propia Corte "lo juzgue conveniente". Otra es que "lo pidiere el Ejecutivo federal". La tercera es que lo haga "alguna de las c�maras del Congreso de la Uni�n". Y la cuarta es, precisamente, "el gobernador de alg�n estado". Por su propia decisi�n, o porque se lo pidan esas tres instancias, la Corte "puede nombrar alguno o algunos de sus miembros, o alg�n juez de distrito o magistrado de circuito", o "uno o varios comisionados especiales... �nicamente para que averig�e... alg�n hecho o hechos que constituyan una grave violaci�n de alguna garant�a individual".
Las de Lydia Cacho quedaron vulneradas en m�s de un sentido, como lo prueban no las grabaciones si no se quiere tenerlas como piezas de convicci�n. Es un hecho que las autoridades omitieron las citas a la periodista en la etapa de averiguaciones previas. Es un hecho que el Gobernador y la Procuradora se solazaron en llamarla delincuente cuando ni siquiera se hab�a dictado el auto de formal prisi�n. Es un hecho que el Gobernador impone sus decisiones en el Poder Judicial, como lo revela el hecho nada nimio de que su retrato orne el despacho de la jueza que pretendi� procesar a Lydia Cacho, como si se tratara de una oficina administrativa, etc�tera.
Ser�a in�til que la periodista iniciara acciones penales contra el Gobernador y sus funcionarias porque los hechos que la han afectado son "acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, maliciosamente no se logran superar por la actitud de la propia autoridad, produci�ndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos". Puede sostenerse que la conducta del Gobernador, la conocida por las grabaciones y la que ha desplegado al margen de ellas pero en consonancia con lo que all� se escucha implica una "violaci�n grave de las garant�as individuales... que se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, pol�tica y jur�dica".
Esas expresiones figuraron en las conclusiones de la comisi�n de dos ministros que, en el �nico caso reciente de aplicaci�n del art�culo 97, investig� el asesinato de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995. El Gobernador Rub�n Figueroa culp� a los campesinos de su propio infortunio, y cuando surgieron evidencias de que la polic�a atac� a mansalva, las autoridades trucaron un video para cargar la responsabilidad de su muerte sobre las v�ctimas. El 5 de julio la mayor�a priista en la Comisi�n Permanente impidi� tramitar juicio pol�tico contra el Gobernador. Se cre� una fiscal�a especial, cuyo segundo titular exoner� a Figueroa en febrero de 1996. Fue tan aberrante esa resoluci�n, que el Presidente Zedillo acudi� a la Corte, al son del art�culo 97. Bast� con que fueran designados los Ministros Humberto Rom�n Palacios y Juventino Castro y Castro para que una semana despu�s renunciara el Gobernador Figueroa. En su dictamen los Ministros dir�an que el Gobernador y sus colaboradores asumieron "una actitud de enga�o, maquinaci�n y ocultamiento de la verdad ante la gravedad de los acontecimientos... creando una versi�n artificial de �stos con la pretensi�n de hacer creer... que (los campesinos) audazmente atacaron al cuerpo de polic�a motorizado...".
Caj�n de Sastre
Cuando el lunes cundi� el rumor de que Bernardo de la Garza se iba de la coalici�n formada por su Partido Verde y el PRI supuse que Ermenegildo Zegna o Scappino lo hab�an contratado para que modelara sus trajes, como lo hizo durante su dispendiosa campa�a para nada, el a�o pasado, y como ven�a haci�ndolo, tambi�n para nada, al cantar la loa a Roberto Madrazo y su partido. Pero nada, despu�s de mantener en vilo a la opini�n p�blica, que se distrajo de otros menesteres m�s graves en espera de sus noticias, el ef�mero candidato presidencial (el m�s caro de la historia de M�xico, dada la brevedad de su postulaci�n) anunci� que abandona el proceso electoral para estudiar y prepararse. Quiz� concluye as� su breve carrera, en la que pudo dar un giro a la pol�tica convenenciera y hueca de su partido, pero eligi� ser su rostro desprovisto de contenido. Contador p�blico por el Tec de Monterrey, antes de ser diputado fue analista senior en banca de inversi�n y ejecutivo senior en banca corporativa del Banco Bilbao Vizcaya.
Martes 21 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Periodismo irritante
Suscitar la irritaci�n social contra los medios es uno m�s de los varios modos en que poderes legales o ilegales agreden a periodistas y empresas de informaci�n
El todav�a Gobernador de Puebla, Mario Mar�n, que intenta esconder sus culpas tras una mampara en uso hace medio siglo (la conspiraci�n de las fuerzas perversas contra la Puebla revolucionaria), ha mostrado su inquina contra los medios de informaci�n no s�lo al participar en el inadmisible ataque a Lydia Cacho, sino que ahora azuza a las porciones de la sociedad que le son adictas para que manifiesten su hostilidad a esos medios en general y en particular a quienes lo sometieron a agudos interrogatorios, a los que �l se expuso con la esperanza de acallar la indignaci�n generalizada que causaron su prepotencia vulgar y sus ileg�timos tratos con un particular que convirti� la justicia poblana en instrumento de sus pasiones e intereses bajunos.
Suscitar la irritaci�n social contra los medios es uno m�s de los varios modos en que poderes legales o ilegales agreden a periodistas y empresas de informaci�n. Se llega al extremo del asesinato y el ataque armado, atentados en que varios periodistas han perdido la vida -o, como Alfredo Jim�nez, desaparecido desde hace 10 meses-. La aterradora incursi�n contra el diario El Ma�ana, de Nuevo Laredo, en que fue gravemente herido el reportero Jaime Orozco Tay, permanece sin castigo, dos semanas despu�s de perpetrada. Esa impunidad, presente en el resto de los casos en que periodistas han sido victimados, alienta a los atacantes, tanto los que disparan las balas homicidas -o lanzan las granadas destructoras- como los que urden y ordenan esas agresiones.
La panoplia de instrumentos contra las libertades de expresi�n y de informaci�n se ha enriquecido en los tiempos recientes, casi en todos los casos con el solapamiento de autoridades. Hoy, por ejemplo, est� por consumarse la usurpaci�n de la se�al de Canal 40. Hoy ser� presentada la programaci�n de esa emisora organizada por TV Azteca. La Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, responsable del adecuado manejo de las concesiones, no parece enterada de que una empresa distinta de la titular de esa autorizaci�n se dispone a violar la ley al hacer uso del espacio electromagn�tico sin los t�tulos legales para ello. Televisora del Valle de M�xico, que recibi� esa concesi�n, no ha sido despose�da de ella, y sus litigios interiores no han sido resueltos en definitiva. Varios aspectos de la administraci�n y las finanzas de ese canal permanecen sub judice, y en esa circunstancia no deber�a ser posible, como lo ser� en los hechos, que a ojos vistas, de modo ostensible, un acreedor cuya legitimaci�n como tal es inobjetable act�e como si fuera accionista, por m�s que tenga en prenda los t�tulos correspondientes. Desde ning�n punto de vista TV Azteca est� en capacidad legal de utilizar el Canal 40 y sin embargo lo har� a partir de hoy con la complacencia de la autoridad administrativa, que ya antes admiti� la invasi�n de instalaciones y una primera tentativa de usurpar la se�al.
El conflicto empresarial en torno al Canal 40 resulta, en �ltimo t�rmino, un atentado contra una opci�n informativa que pese a sus limitaciones se abr�a paso en la pantalla chica. La absorci�n de ese canal por TV Azteca confirma el car�cter duop�lico de la televisi�n abierta y coloca a sus detentadores en la firme posici�n de dictar la pol�tica estatal sobre la materia, como por desgracia se comprobar� en los pr�ximos d�as -y aun en las pr�ximas horas- cuando el Senado apruebe en sus t�rminos una abusiva reforma a las leyes de Radio y Televisi�n y de Telecomunicaciones. Si alguien supone que el Poder Ejecutivo radica en Los Pinos, tras la reforma comprobar� que no es as�, y deber� dirigir la correspondencia destinada a ese poder a la Avenida Chapultepec y al Perif�rico en la zona del Ajusco. Ser�a deplorable que tambi�n el Poder Judicial haya mudado de residencia, como se ver� si la Suprema Corte no impide que Grupo Radio Centro incumpla un laudo que de origen se oblig� a acatar.
Otra forma de agresi�n a periodistas inc�modos consiste en ponerlos en la picota, como si infringieran intereses en apariencia leg�timos. Hace dos semanas, por ejemplo, una peque�a muchedumbre de personas discapacitadas se present� en unas oficinas de Radio F�rmula para encarar a Joaqu�n L�pez D�riga. La inducci�n a que fueron sujetas qued� de manifiesto al d�a siguiente, cuando el Doctor Simi, cuyo derecho de r�plica se pretend�a defender, pag� inserciones en la prensa diaria notificando la realizaci�n de ese mitin. Mediante la poderosa maquinaria de difusi�n que le permiten sus ganancias empresariales, V�ctor Gonz�lez Torres ha pretendido imponer un di�logo a L�pez D�riga, al que adem�s descalifica. Dio un paso riesgoso hacia adelante con esa manifestaci�n, que por ahora fue pac�fica. Pero movilizaciones de ese g�nero pueden dar lugar a agresiones directas. El propio Doctor Simi, enrachado en su presencia en los tribunales para denunciar y demandar aqu�, all� y acull�, ha incluido a periodistas en su andanada jur�dico-pecuniaria.
�se es otro modo de incomodar a periodistas inc�modos, la aparente defensa de derechos leg�timos, como el que protege el honor. Desde el poder pol�tico o el econ�mico menudean acciones judiciales mediante las cuales bribones que en ninguna parte obtendr�an cartas de recomendaci�n por su buena conducta, pretenden obtener certificados de esa �ndole y, de paso, inhibir el trabajo profesional period�stico y aun obtener provecho econ�mico, guarecidos en una legislaci�n deficiente aplicada con mayor deficiencia todav�a.
Caj�n de Sastre
Emile Zol� escribi� su Germinal en 1885, y A J Cronin Las estrellas miran hacia abajo en 1935. Como si a�n vivi�ramos en aquella porci�n final del siglo 19, o al cabo del primer tercio de la centuria siguiente, las condiciones de trabajo en las minas de carb�n (que constituyen la base del argumento de aquellas c�lebres novelas) siguen engendrando riesgos letales. En las primeras horas del domingo en una mina propiedad del Grupo M�xico, a las afueras de Nueva Rosita, Coahuila, se produjeron al menos dos estallidos que dejaron incomunicados a 65 mineros, de los cuales 25 pertenecen al sindicato nacional respectivo, 36 son empleados de contratistas del Grupo (una situaci�n sobre la que volveremos otro d�a) y 4 forman parte del personal de confianza. En esa regi�n, donde se ubica la reserva carbon�fera del pa�s, hubo en el pasado accidentes similares que cobraron un mayor n�mero de vidas, como en Rosita Vieja, donde el 27 de febrero de 1908 fallecieron 200 personas y 153 en Barroter�n, el 31 de marzo de 1969.
Lunes 20 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Chuayffet y Yunes
La nueva querella entre dos diputados priistas no tendr�a m�s dimensi�n que la de un l�o personal de no haber llevado el asunto al fondo que no debemos perder de vista, la pederastia y el comercio sexual infantil en Canc�n
Aunque sea por v�a no id�nea, la nueva querella entre Emilio Chuayffet y Miguel �ngel Yunes tiene el efecto positivo de poner en primer plano el origen del conflicto que protagoniza el todav�a Gobernador de Puebla, Mario Mar�n Torres. La gravedad de su torcimiento de la ley, y de la prepotencia con que est� defendi�ndose, est� en que se sum� a la protecci�n que desde el poder obtienen la pederastia y el tr�fico sexual infantil denunciado por Lydia Cacho en su libro Los demonios del poder.
Al discutir las secuelas de aquel fen�meno debemos tener presente su origen, para que los subsecuentes episodios, por muy relevantes que sean, como lo es la ilegal conducta del Gobernador y sus relaciones con Kamel Nacif, no aparezcan como algo separado o distante del problema principal. Al contrario, su gravedad es mayor en tanto que su m�vil fue castigar y silenciar a la periodista y activista civil cuyas garant�as individuales fueron suspendidas y atacadas por el contubernio de Mar�n y Nacif.
Dudo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la naci�n levanten los ojos de los c�digos a cuya lectura prefieren entregarse, con abstracci�n del entorno en que se incuban los problemas que llegan a su consideraci�n. Cuando hasta Roberto Madrazo se aleja de Mar�n y admite que act�e el mayor tribunal, en ejercicio de una excepcional facultad indagatoria que la Constituci�n les otorga, los miembros de la c�pula judicial deber�an saber que su intervenci�n es enteramente necesaria. Lo fue en 1995, cuando la Corte nombr� a los ministros Humberto Rom�n Palacios y Juventino Castro y Castro para investigar la suprema violaci�n de los derechos de los campesinos asesinados en Aguas Blancas. Lo ser� ahora, porque no s�lo se investigar�a el modo en que Mar�n se someti� al pedido de justicia a domicilio formulado por un patrocinador de su campa�a, sino porque acaso resulte de esa pesquisa el nexo profundo entre ambos protagonistas del esc�ndalo en curso, que estar�a vinculado con el comercio sexual infantil.
A otro aspecto del asunto de fondo se refiri� el jueves pasado el l�der de los diputados priistas, Emilio Chuayffet, quien pregunt� si el Presidente Fox es un c�nico o un hombre de doble moral por haber designado secretario ejecutivo del Sistema nacional de seguridad p�blica a Miguel �ngel Yunes, que "est� referido", dijo Chuayffet, "en constancias ministeriales, seg�n nos lo informa la se�ora Lydia Cacho, como probable participante en esos temas". En rigor estricto, Fox no design� a Yunes en ese cargo, pero lo encamin� a �l, lo llev� de la mano como dijo el ex Gobernador mexiquense, por haberlo nombrado antes subsecretario en la Secretar�a de seguridad p�blica federal, "en funci�n de qui�n sabe qu� pago de favores".
Muy oportunamente informado, Yunes remiti� horas despu�s de estas expresiones una respuesta a Chuayffet. En ella insiste en haber solicitado a la PGR y a la Procuradur�a de Quintana Roo que "se investigaran esos condenables hechos y se me llamara a declarar. Ambas instituciones resolvieron hace m�s de un a�o que no tuve ninguna participaci�n en los mismos". Si los condenables hechos a que se refiere son los atribuidos a Jean Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, no es verdad que la indagaci�n se realizara por pedido de Yunes. Tan ya se hab�an investigado que precisamente en las actuaciones ministeriales figura su nombre, como el del senador Emilio Gamboa. La exoneraci�n a la que alude se refiere a los hechos delictuosos, pero no implica que la informaci�n sobre su v�nculo con Succar Kuri sea falsa. A eso no se extiende la exoneraci�n.
Adem�s de insultos y se�alamientos personales, muy propios del talante de Yunes, en que deliberadamente prefiero no detenerme, la carta del funcionario contiene un desaf�o que denota que el valor que se concede a s� mismo est� muy por encima de su responsabilidad gubernamental. Hace apenas dos semanas fue designado secretario ejecutivo de un mecanismo de coordinaci�n institucional que es parte de la hasta ahora insuficiente respuesta del Estado a la inseguridad de las personas y sus bienes. Yunes est� dispuesto a abandonar la funci�n para debatir con Chuayffet. Ambos fueron elegidos en la planilla priista diputados plurinominales en 2003. Al desbarrancarse junto con Elba Ester Gordillo, de cuyo equipo forma parte, Yunes pidi� licencia en la C�mara. Y ahora se muestra valerosamente dispuesto a recuperar su curul para discutir su caso personal con el l�der de los diputados de su antiguo partido, como si ese caso personal fuera un tema de trascendencia nacional. Por lo dem�s, la acusaci�n de cobard�a que endilga a Chuayffet se le revierte, pues si es verdad que el ex Gobernador mexiquense no le reproch� nunca el estar "referido" en documentaci�n ministerial recogida en Los demonios del ed�n, fue mucho mayor el lapso en que Yunes guard� silencio sobre la responsabilidad del hoy ex Secretario de Gobernaci�n, su correligionario entonces, en la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997.
En septiembre de 2003, a despecho del anhelo de Chuayffet, Yunes fue nombrado por Gordillo presidente de la comisi�n de puntos constitucionales de la C�mara, que el mexiquense se sent�a especialmente calificado para ocupar. Cuando la rueda de la fortuna dio la vuelta, Yunes fue destituido de ese lugar por el dirigente que reemplaz� a Gordillo, Chuayffet mismo. De ese tama�o, un pleito personal es el nuevo episodio entre ambos, pero sirve para recordar el tema de fondo.
Caj�n de Sastre
Cada paso que da el gober precioso lo incrimina en su relaci�n con quien de ese modo lo ha hecho pasar a la historia. Pretende convertir en caso meramente pol�tico lo que es, sobre todo, muestra de varias formas de asociaci�n delictuosa, es decir un asunto primordialmente penal. Trata de hacer creer que se le ataca, y no s�lo a �l sino al PRI en general, y que el suyo es s�lo un anticipo de algo m�s grave que est� por ocurrir, la botana de un banquete. Y, en acciones que son m�s peligrosas porque pueden generar violencia, busca implicar a sus electores en sus propias malandanzas. Organiz� una marcha donde fue f�cil hallar coacci�n para asistir, como lo revelan gendarmes obligados a hacerlo. Y ahora asegura que con los se�alamientos en su contra se est� provocando a los poblanos, que no tienen culpa alguna en la irresponsabilidad y las malas compa��as de su Gobernador. A �l, no a sus paisanos, se le tiene por infractor de la ley. Que no intente zafarse de ese modo, pues s�lo hace m�s claro lo ocurrido.
Domingo 19 de ferero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Golpismo laboral
Dominado durante tres decenios por Fidel Vel�zquez, a su muerte el Congreso del Trabajo pas� a manos de Leonardo Rodr�guez Alcaine. Fallecido �ste, el centro de decisiones de la agrupaci�n qued� vac�o
Dos clases de golpes marcaron la mayor crisis que ha vivido el Congreso del Trabajo, que a punto de cumplir 40 a�os se parti� en dos y tiene por lo pronto sendos presidentes. V�ctor Flores Morales, uno de esos l�deres, dio un golpe de mano bendecido por el Gobierno federal y se mantuvo en un cargo en que debi� cesar el mi�rcoles pasado. Adicionalmente, parece haber enviado un mensaje violento a quien ose enfrent�rsele: Una agresiva tropa asalt� el viernes por la tarde la sede del sindicato minero, cuyo dirigente Napole�n G�mez Urrutia ha sido el m�s decidido antagonista de Flores Morales.
Hace dos a�os, G�mez Urrutia busc� ser presidente del Congreso del Trabajo (CT), la c�pula que desde 1966 re�ne a las mayores centrales y algunos de los principales sindicatos del pa�s y constituye, de hecho, el sector obrero del Partido Revolucionario Institucional. No consigui� el apoyo de Leonardo Rodr�guez Alcaine, que conclu�a su periodo al frente del CT y admiti� que la decisi�n del mandam�s cetemista recayera en el l�der ferrocarrilero, un agresivo dirigente partidario de la acci�n directa y de los desplantes arbitrarios. Al a�o siguiente (el t�rmino de la presidencia en esa organizaci�n es de un a�o, y el presidente puede ser reelegido consecutivamente s�lo una vez) Rodr�guez Alcaine refrend� su apoyo a Flores Morales.
Citada la asamblea anual del Congreso del Trabajo para el mi�rcoles pasado, el martes su presidente Flores Morales, que deber�a concluir su periodo y dar paso al que la reuni�n eligiera, anunci� un acuerdo que le permitir�a seguir al frente de la agrupaci�n. Arguy�, denotando que el Congreso es un organismo m�s pol�tico que laboral, que no era pertinente mudar la direcci�n del obrerismo en pleno proceso electoral federal. Una corriente contraria ignor� ese pretendido acuerdo y se present� temprano el 15 de febrero en la sede de la organizaci�n, en la avenida Ricardo Flores Mag�n. No s�lo acudieron los dirigentes sino un n�mero importante de trabajadores, o guardias contratados ex profeso, armados con palos, dispuestos a proteger la asamblea y a resistir a quien quisiera impedirla. Result� all� elegido Isa�as Gonz�lez Cuevas, dirigente desde el a�o pasado de la Confederaci�n revolucionaria obrero campesina (CROC). Cont� con el voto de los representantes de cuatro sindicatos estrat�gicos, el del magisterio, el de los petroleros, el mexicano de electricistas y el de los mineros. Aunque se mantuvo en la vicepresidencia, el l�der de este �ltimo, G�mez Urrutia, emergi� como el art�fice de la elecci�n de Gonz�lez Cuevas.
Flores Morales se acerc� ese mi�rcoles a la sede de la organizaci�n, y al advertir que no ser�a bienvenido m�s que para sumarse a aquella decisi�n, se retir� con sus seguidores y, fuera del domicilio del Congreso, celebr� otra asamblea, que no pudiendo reelegirlo como �l pretend�a, prorrog� su mandato hasta diciembre. Sus apoyos m�s eficaces son la Confederaci�n de Trabajadores de M�xico (incluido el poderoso sindicato �nico de trabajadores electricistas), y la Federaci�n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Ambas partes acudieron el propio mi�rcoles a dar noticia de sus reuniones a la Secretar�a del Trabajo. Conforme a una anacr�nica legislaci�n laboral, los sindicatos (y sus centrales) no nacen por la voluntad de sus afiliados, ni basta que los dirigentes sean elegidos por los representados, como ocurre en todo r�gimen de libertad sindical, sino que esos hechos s�lo se convierten en actos jur�dicos valederos cuando la autoridad los avala, concede el registro en el caso de agrupaciones nacientes o "toma nota" de las decisiones concernientes a los mandos sindicales. El viernes la Secretar�a del Trabajo resolvi� el diferendo reconociendo la permanencia de Flores Morales. No admiti� el argumento de la contraparte, que asegur� que s�lo 25 de los 39 agrupamientos que forman el CT tienen vida regular ante la propia autoridad y que con base en ese universo deben contarse las dos terceras partes de los miembros presentes a la hora de elegir presidente.
Era necesaria una soluci�n r�pida, pero que tambi�n se apegara a derecho, algo que no ocurri�. La secretar�a pudo advertir a las partes que ninguna de sus decisiones era legal y ordenar la reposici�n de la asamblea. Pero prefiri� pagar la cercan�a pol�tica de Flores Morales, que en 2000 no esper� a la toma de posesi�n de Vicente Fox para somet�rsele como lo hizo con su antecesor Ernesto Zedillo, sino que lo visit� untuoso cuando aun era Presidente electo. Quiz� tambi�n obr� en el �nimo de las autoridades el temor de que una decisi�n adversa irritara a Flores Morales, y �ste generara un enfrentamiento violento al querer recuperar la sede congresional. La reacci�n agresiva, seg�n parece, se produjo de todos modos, pues durante la tarde del viernes un comando mercenario atac� dos instalaciones del sindicato minero en la colonia Narvarte, el hotel Napole�n y la sede del comit� nacional. Adem�s de lesionar a algunos hu�spedes y empleados, los asaltantes obligaron a todos a desalojar las oficinas y la hospeder�a para entregarse al saqueo.
Varios factores explican la crisis del Congreso, que entr� en la fase de revisi�n legal de las decisiones enfrentadas y puede resultar en una partici�n de la c�pula laboral. Por un lado, es una agrupaci�n hu�rfana. Nacida por voluntad gubernamental en 1966, en �ltimo t�rmino su vida se reg�a por decisiones presidenciales, ejecutadas durante las tres d�cadas siguientes por Fidel Vel�zquez y tras la muerte del viejo lobo en 1997 por su sucesor. Muerto Rodr�guez Alcaine qued� vac�o el centro de las decisiones y ese hueco debe ser llenado por una nueva presencia, que aun no se define.
Por otro lado, la crisis general del Congreso es reflejo de crisis particulares en algunas de sus agrupaciones. La m�s evidente y relevante es la divisi�n en la organizaci�n sindical burocr�tica, que ha generado dos federacion n en dos amplias porciones del propio Congreso del Trabajo.
La CROC, cuyo dirigente aspira a encabezar el CT, sufri� su propia fractura el a�o pasado. Dominada durante poco m�s de dos decenios por Alberto Ju�rez Blancas, la postraci�n del l�der por razones de salud oblig� a reacomodos internos que concluyeron con el ascenso de Gonz�lez Cuevas, revalidado en octubre pasado por un hecho ajeno a su voluntad, la muerte de Ju�rez Blancas. En junio anterior, sin embargo, una fracci�n importante de la CROC se hab�a rebelado contra Gonz�lez Cuevas y opt� finalmente por formar una nueva central, la Confederaci�n Mexicana Sindical, que tiene tenue densidad laboral, como la mayor parte de las agrupaciones, sobre todo las que se denominan centrales o confederaciones, pertenecientes al CT.
Ese es otro de los or�genes de la crisis de ese Congreso. Sus agrupaciones, no siempre marcadas por la autenticidad, han envejecido tanto como sus l�deres y han perdido la representatividad que tuvieron. No s�lo el paso del tiempo las ha lastimado, sino tambi�n la modificaci�n de las estructuras econ�mica y pol�ticas del pa�s. El desmantelamiento de la planta industrial provocado por la apertura comercial elimin� en amplia medida la producci�n textil, por ejemplo, y ese achicamiento de la actividad productiva repercuti� en los sindicatos, da�ados tambi�n por el crecimiento de la econom�a informal. El papel de los sindicatos, en esas condiciones, se ha reducido, en el mejor de los casos, a la defensa del empleo y esa disminuci�n de su protagonismo social se tradujo en la p�rdida de su influencia pol�tica. Las transformaciones internas del PRI dejaron a sus l�deres sin las posiciones fijas en las c�maras legislativas (federales y locales) que durante a�os caracterizaron la relaci�n entre el obrerismo oficial y el gobierno y su partido.
Viernes 17 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Intercepci�n telef�nica
El gober precioso no intenta averiguar qui�n interfiri� tel�fonos y difundi� grabaciones, tal vez porque ya lo sabe
Quiz� porque se sabe a salvo de esa eventualidad, pues no habr�a el espacio judicial adecuado para ese efecto mientras sea hu�sped de la Casa Puebla y de la Casa Aguayo (donde se pueden recibir toda clase de regalos y donativos), el gober precioso, Mario Mar�n por su nombre civil, asegur� estar dispuesto a que un peritaje determine si es suya la voz que conversa con el honorable se�or Kamel Nacif Borge, que en defensa de su honra denunci� penalmente a la periodista y activista civil Lydia Cacho. S�lo con esa certidumbre, la de la imposibilidad formal de la prueba, se atrevi� a tomar ese riesgo, porque ya pruebas t�cnicas han establecido que �l, y nadie m�s que �l festeja la detenci�n de la periodista con Nacif Borge en una conversaci�n captada por un sistema de escucha no identificado.
En su conversaci�n con Joaqu�n L�pez D�riga anteanoche, donde acept� ese peritaje (a sabiendas, repito, de que s�lo podr�a efectuarse en un juicio imposible mientras est� en el cargo), contest� tambi�n por qu� motivo no denuncia la intercepci�n telef�nica. Su respuesta, como su actitud entera, lo incrimina. No denuncia, dice, porque �no hay a qui�n denunciar, ya que fue an�nima la entrega de las grabaciones!
Nadie denunciar�a nada si fuera necesario conocer el nombre de los presuntos delincuentes a los que se acusa. En pocos casos y en ciertos delitos sus autores son identificados. La v�ctima de un asalto callejero, no pregunta el nombre del atracador a fin de poder satisfacer ese inexistente requisito. Abogado como es, aunque haya sido un pol�tico toda su vida, el gober precioso deber�a recordar que se denuncian hechos y cuando, como en este caso se ignora qui�n presumiblemente infringi� la ley, se realiza la averiguaci�n previa contra quien resulte responsable.
�Qui�n resultar�a responsable en caso de que Mar�n o Nacif u otra persona afectada por la intercepci�n la denunciara? Podemos conjeturarlo. El presidente de la Comisi�n nacional de derechos humanos, Jos� Luis Soberanes, lo hizo ya. Lo preocupa el que hubiera sido un �rgano del Estado, que tenga la tecnolog�a necesaria. El ombudsman nacional aludi� de ese modo al Cisen y al servicio de inteligencia militar. Es posible que uno u otro o ambos organismos realizaran esta tarea, pues no han abdicado de esas funciones de Polic�a pol�tica que anta�o concentr� la Direcci�n federal de seguridad. No puede excluirse que la escucha hubiera sido practicada por el propio Gobierno estatal y que por un acto de infidencia se haya revertido en su contra. Es posible, en fin, que particulares hubieran realizado la tarea, ya que por un lado la tecnolog�a es asequible y por otra parte no pocas empresas de seguridad ofrecen en su panoplia de servicios este que, no obstante ser contrario a la ley se beneficia de la impunidad general y la suya propia.
En efecto, no conocemos casos -en nuestro registro, al menos, no aparece ninguno- de personas procesadas por practicar intercepciones telef�nicas. A comienzos de 2003 fueron detenidos operarios que la realizaban en tableros telef�nicos en las colonias Polanco y Bosques de las lomas, pero se les dej� en libertad cuando aseguraron que eran empleados del despacho de Miguel Nazar Haro, el antiguo jefe de la DFS, dedicado a esos menesteres antes de que se le iniciaran los procesos a que ahora est� sujeto.
Por lo menos en dos casos notorios los afectados se abstuvieron de denunciar los hechos, acaso por juzgar in�til hacerlo ante su prejuicio o informaci�n del origen de la escucha. Cuando Ra�l Salinas estaba preso, en octubre del 2000, fue grabada una conversaci�n con su hermana Adriana, en que el hermano mayor del ex Presidente Carlos Salinas desliz� imputaciones a �ste sobre el origen de dineros en cuesti�n, que habr�an salido de las arcas presidenciales. A�os m�s tarde, en agosto de 2003, se hicieron p�blicas 43 conversaciones telef�nicas sostenidas por Elba Ester Gordillo con una amplia variedad de interlocutores. No obstante que poco despu�s se convirti�, al menos por un tiempo, en coordinadora de la fracci�n pri�sta en San L�zaro, con lo que acrecent� su poder pol�tico y sindical, o por eso mismo, no busc� tener conocimiento formal de las intercepciones, ni castigo para quien las realizara. Uno de los escuchados, Jorge G. Casta�eda, s� present� denuncia, pero como si no lo hubiera hecho, pues la PGR encabezada por Rafael Macedo de la Concha fue omisa en el abordamiento del caso y no hubo, o no se hizo p�blico, resultado alguno de la averiguaci�n previa.
El art�culo 177 del C�digo penal federal prev� penas de seis a doce a�os de prisi�n a "quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente". A su vez, el cap�tulo IV de la ley federal contra la delincuencia organizada establece los casos y los procedimientos para realizar l�citamente esa intervenci�n. Salvo que estuviera en curso una pesquisa en ese marco contra Nacif, la intercepci�n de sus llamadas se realiz� contra la ley. Si esa intervenci�n fue realizada, legal o ilegalmente por un organismo gubernamental hay una responsabilidad penal adicional por haber entregado las grabaciones respectivas.
No la hay, en cambio, para quienes difunden los contenidos de esas grabaciones. No est� penado en la legislaci�n nacional, y la Comisi�n interamericana de derechos humanos estipula que "las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigaci�n y difusi�n de informaci�n de inter�s p�blico".
Caj�n de Sastre
Esta iba a ser la primera vez en que, sin factor poderoso de control, como lo fue siempre Fidel Vel�zquez y, por inercia, tambi�n Leonardo Rodr�guez Alcaine, el Congreso del Trabajo elegir�a a su presidente. Algunos dicen que esa posibilidad se consum�, y que Isa�as Gonz�lez Cuevas, dirigente de la CROC, tiene ese papel. Pero para V�ctor Flores, l�der de los ferrocarrileros, las cosas no fueron as�. La asamblea que �l encabez� acord� ratificarlo en el cargo, prorrogar su mandato y dejar la elecci�n para despu�s, cuando se pueda. Puesto que ambos alegan contar con la mayor�a (y de hecho cada cual tiene raz�n, aunque difieren respecto del universo dentro del cual se mide esa mayor�a), ser�a razonable esperar que el conflicto fuera resuelto ante y por la autoridad laboral, �sa que tiene el supremo poder de "tomar nota" y con ello imprimir vida a quien se ve favorecido por esa decisi�n burocr�tica. Pero Flores, el impaciente, el violento, el anacr�nico, el anquilosado forzar� las cosas mediante la acci�n directa.
Jueves 16 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
El gober precioso
Es tan repugnante la forma como el fondo en la ruin confabulaci�n urdida por Kamel Nacif, un virtuoso del lenguaje, un esteta de la palabra, condiciones que ahora conocemos a�adidas a su vileza, para castigar a Lydia Cacho por haberlo mencionado en su libro "Los Demonios del Ed�n", como protector del delincuente Jean Succar Kuri. Es, sin embargo, m�s repugnante la complicidad con que cont�, del Gobernador de Puebla Mario Mar�n y de funcionarios dependientes de �l (incluida no s�lo la procuradora sino tambi�n la jueza involucradas en el asunto, aunque formalmente esta �ltima pertenezca a un poder separado).
Alguien intercept� llamadas telef�nicas de Nacif, esper� unas semanas y entreg� grabaciones de las mismas a Blanche Petrich, de La Jornada, y a Carmen Aristegui, de W Radio. Al difundirlas, ambas periodistas actuaron con la inteligencia y el valor que las caracteriza. Hablo de valor porque se pusieron en el riesgo, est�n ahora en el peligro que se ha concretado en Lydia Cacho, sometida a proceso por la ruin maniobra a la que se prest� (o se alquil�) el Gobernador poblano. Debe recordarse que es ilegal la escucha telef�nica, no la difusi�n de sus contenidos, sobre todo cuando como en este caso se trata de temas de inter�s p�blico.
Desde diciembre mismo, cuando la periodista y activista civil fue detenida por agentes poblanos en Canc�n, y trasladada en virtual secuestro, que ya formaba parte del castigo imaginado por Nacif, qued� clara la arbitrariedad del Gobernador, que en declaraciones p�blicas (con una frase empleada tambi�n en su amena conversaci�n con Nacif) decret� antes aun de que se dictara el auto de formal prisi�n, igualmente previsto en la maniobra, que Lydia Cacho hab�a cometido un delito y que en Puebla el que delinque es un delincuente y debe pagar sus culpas. Los telefonemas interceptados corroboran la participaci�n del Gobernador en el montaje y trazan su propio retrato pol�tico y moral, el de su interlocutor y amigo y el de otras personas escuchadas o aludidas en las conversaciones grabadas. El origen de la intercepci�n no es irrelevante y debiera ser establecido, aunque los protagonistas no han mostrado el menor inter�s en denunciar los hechos. Tal vez con su abstenci�n quieren privilegiar la burda y pueril defensa del Gobernador, que niega la pl�tica y hasta supone que su voz fue imitada como se hace en los programas par�dicos. Por cierto que el vocero de Mar�n, Valent�n Meneses, dedicado a desestimar los hechos, ha conseguido que por comparaci�n ahora pensemos que Rub�n Aguilar Valenzuela, el portavoz presidencial, es un genio de la comunicaci�n y la pol�tica.
Una consecuencia jur�dica inmediata de las conversaciones deber�a ser la r�pida conclusi�n del juicio penal que en Quintana Roo se sigue contra Lydia Cacho, con sentencia absolutoria. El valor protegido por el delito de difamaci�n es el honor, la buena fama de las personas, y Nacif no puede ahora (antes tampoco, aunque intent� hacerlo) arg�ir a favor de su honra, que no existe seguramente ni en su imaginaci�n. Lydia Cacho ha quedado, a su vez, en situaci�n de formular denuncias en contra de su acusador, por orquestar la maniobra que la condujo presa a Puebla, donde celadoras solidarias la salvaron de agresiones ya "recomendadas".
Pero aun mayor que la del propio Nacif es la responsabilidad que en el caso resulta para Mar�n, "mi gober precioso", como lo llama su c�mplice antes de ofrecerle una, dos botellas de co�ac por los servicios prestados. No se calcule, sin embargo, que el Gobernador es tan barato. La intervenci�n en los di�logos telef�nicos de Luis �ngel Casas, que reuni� el apoyo empresarial para Mar�n en la campa�a que lo llev� a la Gubernatura, sugiere que Nacif hab�a hecho las aportaciones que hicieron despu�s atendible su pedido de castigar a la mujer descrita por ambos rufianes en t�rminos que m�s los describen a ellos que a la destinataria de sus soeces expresiones.
Aunque es previsible que en ambos casos Mar�n contar�a con el apoyo de su partido en la Legislatura local y en la C�mara federal de diputados, debe ser acusado por la oposici�n para que se le someta a juicio pol�tico. Aunque en el Congreso local el PRI cuenta con 26 de las 40 bancas, los 10 panistas, los dos perredistas y los diputados del PT y Convergencia, uno cada uno, deben invocar la Constituci�n local en defensa de la integridad de las instituciones poblanas.
Establece la fracci�n II del art�culo 125 de esa Constituci�n que mediante juicio pol�tico el Gobernador puede ser destituido e inhabilitado por "violaciones graves a la Constituci�n del Estado" o por incurrir en "actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho".
As� obr� Mar�n al ordenar a su procuradora atender el pedido de Nacif para procesar a Lydia Cacho y al festejar el coscorr�n a esa vieja cabrona, seg�n se regode� ante su amigo. Tambi�n viol� gravemente las garant�as individuales de la periodista y por lo tanto qued� en la hip�tesis del segundo p�rrafo del art�culo 110 constitucional, que hace posible el juicio pol�tico a los Gobernadores en el �mbito federal. Como el PRI dispone del grupo mayor en San L�zaro puede impedir que la C�mara de Diputados acuse a Mar�n ante la de senadores. Pero...
Pero el PRI deber�a medir, si la corrupci�n de Montiel le cost� 14 puntos a Madrazo en las encuestas, cu�ntos m�s costar� solapar a Mar�n.
Caj�n de Sastre
Porque nos interpela a todos, entre las expresiones de indignaci�n y protesta por el secuestro y asesinato del doctor Joaqu�n P. Fern�ndez Larios -un joven m�dico tapat�o, de 31 a�os, por cuya integridad su familia pag� rescate y s�lo obtuvieron su cad�ver- reproduzco la firmada por sus compa�eros del Instituto Nacional de Perinatolog�a, que dice as�: "Nuestro amigo y compa�ero, doctor Joaqu�n P. Fern�ndez Larios, m�dico brillante, persona querida, sencilla, solidaria y respetuosa de sus pacientes, perdi� la vida como resultado de uno m�s de los secuestros con los que cotidianamente nos enfrentamos. No hay forma de que nos lo regresen... �C�mo levantar la voz a tan brutal maldad, qu� es lo que m�s nos indigna? La brutalidad y el salvajismo de quienes atentan contra lo m�s preciado que es la vida, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros seres queridos, o la indiferencia de una sociedad coludida y su silencio ante tales hechos. Ambos son la peor manifestaci�n de degradaci�n, ofensa y humillaci�n de nuestra humanidad...".
Miercoles 15 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Derrotismo ante el crimen
Por la maniobra y la desverg�enza con que lo admite, el director de la AFI debiera ser despedido
Es imposible contar con la cifra puntual de las ejecuciones notoriamente vinculadas con alguna forma de delincuencia organizada (sobre todo la que se dedica al tr�fico de drogas): son tantas, ocurren en tantos puntos de la geograf�a nacional que siempre habr� un d�ficit en el registro. No es amarillista afirmar que una oleada de sangre empa�a a M�xico. Los datos de la realidad confirman esa apreciaci�n. Tan envolvente, tan avasalladora, tan amenazante es la presencia delincuencial, que ha obtenido una victoria an�mica, ha promovido el derrotismo gubernamental. Ayer por la ma�ana, el vocero de la Presidencia, que por el nos que emplea en sus alocuciones no habla s�lo por el titular del Poder Ejecutivo sino por el gobierno en general, admiti� que "seguramente" funcionarios perder�n la vida en el combate al crimen organizado. En vez del enf�tico "�No pasar�n!" de quienes viven con la convicci�n de vencer al enemigo, por lo menos en Los Pinos se ha impuesto la resignaci�n.
La jornada criminal que dio lugar al comentario de Rub�n Aguilar Valenzuela fue ciertamente pavorosa, pero no deber�a suscitar una reacci�n como la que acepta el car�cter inevitable del asesinato. En pocas horas fueron asesinados o hallados los cad�veres de m�s de una veintena de personas, en siete entidades de la Rep�blica. Quiz� algunos son homicidios comunes, pero los m�s est�n relacionados con la droga. Y por lo menos dos de ellos segaron la vida de autoridades policiacas.
En Nuevo Le�n, dos responsables municipales de seguridad, uno en la zona conurbada, otro en el norte del estado, fueron muertos a balazos. El secretario de polic�a y tr�nsito de Sabinas Hidalgo, Javier Garc�a Rodr�guez, fue levantado, secuestrado, por un comando, en el estacionamiento de la presidencia municipal, y muy cerca del destacamento de la polic�a ministerial del estado en ese municipio. Horas despu�s se hall� su cad�ver con las manos esposadas y se�ales de ejecuci�n. Apenas hace un mes hab�a tomado posesi�n de su cargo, luego de haber servido uno semejante en el ayuntamiento de Bustamante. H�ctor Ayala, director de la polic�a de San Pedro, fue ultimado desde un veh�culo en marcha mientras �l manejaba el suyo propio, rumbo a su domicilio.
En un enfrentamiento provocado por diferencias en una operaci�n de compraventa de narc�ticos, en San Cayetano de Pericos, municipio de Tamazula, en Durango, murieron seis personas. Otras m�s quedaron heridas y fueron trasladas a Culiac�n, pues la capital sinaloense est� m�s pr�xima de aquel paraje que poblaciones duranguenses. En Sinaloa se hallaron dos cad�veres, y en el municipio de Coahuayana, en territorio michoacano, tres personas fueron acribilladas en el interior de su veh�culo, una camioneta sin placas. En Ciudad Ju�rez, en Batopilas y en Guadalupe y Calvo fueron ultimadas cinco personas m�s, la cuota de Chihuahua a la violencia del lunes. A primera hora del martes en Acapulco cayeron dos v�ctimas m�s.
En ese puerto, y en otros lugares, la delincuencia se ha cebado sobre personas e instalaciones policiacas, en un claro e insolente desaf�o. Es como si los atacantes tuvieran plena conciencia de su superioridad, de que pueden agredir sin riesgo de ser detenidos y castigados. Son como el bravuc�n de barriada que desde su corpulencia abofetea a quienes tienen cuerpo de alfe�ique y le espetan adem�s del golpe un insulto.
En junio pasado se inici� la operaci�n M�xico Seguro, cuyas primeras acciones se destinaron a impedir la efusi�n de sangre y los secuestros en Nuevo Laredo. Ocho meses despu�s, ni en esa plaza ni en otras (Acapulco, por ejemplo) esa iniciativa de movilizaci�n de fuerzas federales puede declararse victoriosa. El asalto al diario El Ma�ana, y las graves lesiones al reportero Jaime Orozco Tey (todav�a grave, 10 d�as despu�s de ser baleado), es un indicio del car�cter inocuo de aquella operaci�n, m�s destinada a generar informaci�n propagand�stica que a enfrentar realmente al crimen organizado.
No s�lo ineficacia y derrotismo caracterizan a la autoridad en esta materia. Ha ca�do tambi�n en la frivolidad irresponsable. Con cachaza que deber�a ser inadmisible, el director de la presuntuosa Agencia Federal de Investigaci�n admiti� que la captura de unos secuestradores y el rescate de sus v�ctimas, en diciembre pasado, ocurri� dos veces, una en la vida real y otra, con variaciones para mayor espectacularidad, ante las c�maras de televisi�n. Con irresponsabilidad timorata, asegur� que lo hizo a pedido de los reporteros o de una empresa televisora. Por la maniobra en s� misma, y por la desverg�enza con que lo admite, el director de la AFI debiera ser despedido o �l mismo presentar su renuncia. Pero malamente puede esperarse esa reacci�n de autoridades que incumplen relevantes �rdenes de aprehensi�n y deben ser auxiliadas por familiares de las v�ctimas en la localizaci�n de delincuentes que la AFI se mostr� incapaz de hallar.
Ese es el caso de la se�ora Mar�a Isabel Miranda de Wallace, cuyo hijo Hugo Alberto fue secuestrado en julio pasado y asesinado en fecha posterior. Ella realiz� pesquisas que la indolencia oficial rehus� hacer, localiz� a los verdugos de su hijo y logr� hacerlos detener. Adem�s, prest� un servicio a otros deudos, colocando en carteleras espectaculares la fotograf�a de C�sar Freyre, secuestrador de Hugo Alberto, para que sea identificado y se multipliquen los cargos en su contra. Y no obstante haberla solicitado, carece de escolta que la proteja.
Caj�n de Sastre
Hace un cuarto de siglo, con los auspicios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolog�a Social (CIESAS) se efectu� un primer seminario sobre el Estado mexicano en que participaron una amplia variedad de estudiosos e interesados. Su resultado apareci� en un volumen tama�o de bolsillo. En 1990 una nueva reflexi�n sobre el tema requiri� cuatro vol�menes para sus exposiciones. Y a finales de 2003 se produjo una tercera reuni�n, cuyo producto editorial ser� presentado hoy en la Casa del Risco, a las 19 horas. Se trata de El Estado Mexicano: Herencias y Cambios, tres vol�menes, que podr�an ser siete, uno por cada parte en que se dividi� el seminario. La obra fue coordinada por dos inteligentes y diligentes acad�micos, Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso, pertenecientes al CIESAS, y ser� presentada por Mar�a Marv�n, Sergio Aguayo y el autor de estas l�neas. El primer volumen se titula Globalizaci�n, Poderes y Seguridad Nacional; el segundo, Econom�a y Pol�tica; y el tercero, Sociedad Civil y Diversidad.
Martes 14 de febrero del 2006.
Miguel �ngel Granados Chapa
Juan S�nchez Navarro
Juan S�nchez Navarro, muerto el domingo a los 92 a�os de edad, fue un campe�n de la libertad de empresa. No as� de la libertad de prensa, desconocedor de la indisoluble vinculaci�n de una y otra. Fortaleci� la organizaci�n y unidad de los empresarios, para acotar el estatismo, especialmente el desbocado de la etapa de Echeverr�a. Pero no vacil� en asociarse a �l para acallar a un peri�dico al que, por error que reconoci� m�s tarde, juzgaba enemigo de la iniciativa privada.
Quejosos los empresarios, en 1972, de la pol�tica econ�mica de Echeverr�a, y del eco que le prestaba el diario Exc�lsior, expusieron su protesta ante el Presidente. Consiguieron que ese a�o se frustrara el proyecto de suprimir el anonimato de las acciones, tendiente a mejorar la recaudaci�n fiscal. Y respecto al diario, Echeverr�a afirm� que estaba en manos de los empresarios resolver el problema. "Ustedes tienen el pandero en la mano", les dijo. Ustedes lo sostienen con sus anuncios.
La sibilina insinuaci�n cay� en terreno abonado. S�nchez Navarro mismo, y otros empresarios, sospechaban de Exc�lsior. Por eso en agosto decidieron dejar de anunciarse en ese diario, y promover que muchos m�s lo hicieran. Para eso, S�nchez Navarro escribi� una carta que, firmada por Alberto Bailleres, empresario cervecero entonces, y en aquel tiempo como hoy propietario de El Palacio de Hierro, circul� entre la comunidad empresarial. Era una invitaci�n a unirse al boicot:
"Exc�lsior contin�a su pol�tica catastrofista en contra de la libre empresa y de claros prop�sitos de acabar con nuestro sistema de libertades. En el desarrollo de esa pol�tica ha logrado sorprender a varios clientes y lectores... (pero) muchas personas ya se han dado cuenta de que estaban financiando a una publicaci�n negativista, que combate y pretende destruir el sistema democr�tico en el cual vivimos.
"Tal es el caso de muy importantes empresas que todos conocemos: El Palacio de Hierro, Aurrer�, Comercial Mexicana, Par�s Londres, El puerto de Liverpool, Sears Roebuck, Viana y C�a y los Hermanos V�zquez, que decidieron recientemente y de manera conjunta retirar en forma definitiva su publicidad a Exc�lsior...
"Estas conclusiones a que llegaron los empresarios referidos, nosotros ya las hab�amos expuesto a usted con toda oportunidad. Y hoy volvemos a insistir para que proceda a analizarlas. Exc�lsior no es un medio publicitario adecuado. Es una publicaci�n al servicio de intereses extra�os a la manera de ser de nuestro sistema de libertad. Exc�lsior est� trabajando para que en M�xico se establezca un r�gimen socialista y nadie ignora que el socialismo es enemigo de la empresa privada de la que usted es un distinguido promotor.
"Sin ning�n apasionamiento, sin calificativos exagerados, nosotros consideramos que los art�culos y los editoriales, los reportajes y las notas period�sticas hablan claramente de una tendencia comunista. Lo invitamos a usted nuevamente para que analice el contenido de Exc�lsior y tambi�n para que si llega a esa conclusi�n de plano le retire usted la publicidad a Exc�lsior, porque estamos seguros de que usted jam�s le proporcionar�a los medios econ�micos a una revista o a un peri�dico comunista, como es el caso de esa publicaci�n".
Por supuesto, esa apreciaci�n sobre la l�nea editorial de aquel diario, y sobre sus m�viles y fines, carec�a de todo fundamento. Fui encargado entonces de preparar una selecci�n de textos publicados durante los primeros ocho meses de 1972 y argumentar ante boicoteadores. Ponder� la capacidad de penetraci�n del peri�dico en los sectores de mayor poder adquisitivo, que proven�a de la calidad de sus materiales, y record� que entre los autores que contribu�an a la p�gina editorial se hallaban recipiendarios de premios nacionales de ciencias y artes, y de otros establecidos por el sector privado, como el El�as Sourasky, el Luis Elizondo, el Carlos Trouyet. Y escrib�:
"La posici�n de Exc�lsior se expone en su p�gina editorial. No hay lugar a la confusi�n en ella: respecto a la empresa privada y la intervenci�n del Estado en la econom�a, Exc�lsior declara que �sta es imprescindible en el �rea de los servicios p�blicos fundamentales y que, en los restantes campos, debe llenar los huecos que por incapacidad y desinter�s no cubra la iniciativa privada".
Echeverr�a dio entonces una suprema muestra de su doblez. Sugiri� a los empresarios el boicot, y al comenzar �ste acudi� sol�cito a salvar la econom�a de la cooperativa: supli� los anuncios faltantes con los de empresas y oficinas gubernamentales. Cuando la doble moral fue evidente, y Exc�lsior no quedaba sofocado por la cancelaci�n de anuncios y en cambio los intereses de las empresas s� se afectaban por disminuci�n de sus ventas, decidieron poner fin al desprop�sito.
A�os despu�s, seg�n cont� el propio S�nchez Navarro a su bi�grafa Alicia Ortiz Rivera (Grijalbo, 1997), el banquero Manuel Espinosa Yglesias le reproch� aquel lance:
"�Te acuerdas de que t� me obligaste a entrar al boicot? �Yo no quer�a, porque te dije que iba a ser un fracaso, pero no s�lo me convenciste sino que obligaste y luego te vendiste!"
Sin aceptar haberse vendido, S�nchez Navarro deplor� que Espinosa Yglesias le siguiera "echando pedradas". Y es que "lo que no entendi� Manuel fue que Echeverr�a estaba detr�s de todo esto". Esa convicci�n no le impidi� felicitar a Regino D�az Redondo cuando, con apoyo presidencial, en 1976 usurp� la direcci�n de ese peri�dico.
Caj�n de Sastre
Muri� el viernes, a temprana hora, Juan Soriano, internado con su nombre verdadero, Juan Rodr�guez Montoya en el Instituto Nacional de Nutrici�n durante las dos semanas anteriores. Junto con su compa�ero de m�s de 30 a�os de vida, Marek Keller, el excepcional artista pl�stico que no dej� de producir a lo largo de 70 a�os, estableci� en 2004 una fundaci�n que lleva los nombres de ambos, y que asegura la vigencia y conservaci�n del patrimonio art�stico de este creador fundamental en la historia de la pl�stica mexicana."Nada ha podido -escribi� de s� mismo- en el curso de mi existencia, agotar el n�cleo de mi infancia, bodega cintilante de luz y de ciegos, oscuros e incomprensibles misterios". Por esa infancia perpetua, Elena Poniatowska lo llam� "ni�o de mil a�os" en el libro que le consagr� en 1998 y ahora ha predicho que, si desdoblado llegara Juan a su antigua casa, "te abrir� un hombre leve, que dice palabras con papelitos de colores. Seguramente �l, con pinceladas diestras, te meter� en su lienzo".
Caj�n de Sastre
La Suprema Corte de Justicia ha recibido una solicitud para que atraiga un caso que el decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal parec�a no querer resolver hasta que lo asalt� una prisa s�bita. Se trata de una revisi�n de amparo, el que Grupo Monitor gan� el a�o pasado, contra una sentencia del juez 63 civil, que anul� un laudo arbitral dictado conforme las reglas de la corte de arbitraje de la C�mara de Comercio Internacional con sede en Par�s.
Nunca antes hab�a sido declarada inv�lida una sentencia arbitral. M�s todav�a, nunca se hab�a solicitado la nulidad de una sentencia de este g�nero, pues cuando se llega a la emisi�n de la sentencia las partes han aceptado que la controversia se resuelva en arbitraje privado, han aceptado a los �rbitros y han estado dispuestas a o�r el laudo. Aunque s�lo fuera porque el sistema arbitral quedar�a en jaque en caso de confirmarse la anulaci�n, la Corte deber�a atraer el caso. Pero adem�s est�n en juego valores de libre comunicaci�n que la sociedad necesita.
Jueves 9 de febrero del 2006
Alfonso
Navarrete Prida
Es
probable que en los próximos días, y aun en las próximas
horas, concluya la tarea de Alfonso Navarrete Prida
en la Procuraduría de Justicia del estado de México. Su precaria
situación en ese cargo -no ha sido confirmado por el Gobernador Enrique
Peña Nieto, dizque por no ser necesario pues lo nombró el jefe de
ambos, Arturo Montiel Rojas- se ha hecho más
frágil todavía por la exposición pública de una
nueva propiedad inmueble del ex Gobernador y por la insuperable
parálisis de su oficina en el caso de Enrique Salinas de Gortari.
Con
celeridad comprensible (porque se trataba de servir a su protector, que lo
rescató del desempleo en que lo dejó de mal modo el general
procurador general, Rafael Macedo de la Concha), el
jefe del ministerio público mexiquense despachó la
averiguación previa originada por el conocimiento público de la
fortuna de Montiel Rojas. En octubre pasado, cuando
el periódico MURAL dio a conocer que además de su cuantioso
patrimonio en bienes raíces locales el entonces precandidato
presidencial era propietario con su esposa Maude Versini de un espacioso departamento en una zona cara de
París, Montiel Rojas se sintió
vulnerable al punto de retirarse de la contienda interna de su partido. Pero en
enero debió sentirse aliviado cuando, inmediatamente después de
su declaración, sin someter siquiera a verificación elemental los
datos de su conmovedora biografía empresarial, el procurador
declaró que no había delito que perseguir y envió a la
reserva el caso, como etapa previa a su remisión al archivo, es decir al
olvido.
Mas he
aquí que MURAL, cuyos periodistas hallaron en Houston departamentos
propiedad de un hijo de Montiel y otro de Marta Sahagún, y en Miami uno más de Roberto Madrazo, dio cuenta de una nueva propiedad del ex
Gobernador. El martes pasado adornó la primera plana de ese diario el
fastuoso domicilio español de la familia Montiel
Versini. Es tan vasta la construcción que en
enero pasado cuando Javier Solórzano ofreció en su emisión
informativa nocturna del Canal 52 una primera aproximación al caso dijo
que se trataba de un hotel. Según el solidísimo y documentado
reportaje de Luis Méndez, corresponsal de MURAL, se trata de una casa de
3 mil 355 metros cuadrados en la Costa del Sol, cercana a Cádiz. Situada
en la principal avenida de Sotogrande, un lujoso balneario
mediterráneo, la mansión de dos plantas está valuada en
más de un millón 700 mil dólares.
Montiel
no podrá alegar que "con los nervios" olvidó declarar
ese bien, pues apenas tres semanas antes de su presentación ante el
ministerio público, cuando enumeró la lista de sus propiedades,
había pasado las fiestas navideñas en esa llamativa residencia,
pintada a toda luz en color papaya, con su esposa Maude
(que algo habrá contribuido al ahorro familiar pues como directora del
DIF mexiquense gozaba de una paga considerable) y sus pequeños hijos
gemelos. Más bien podrá negar que la casa sea suya, por
más que Méndez recogió sobrada evidencia de que lo es. Y
es que formalmente la residencia es propiedad de una empresa inmobiliaria, Sotoestrella 2003, de la que no saben nada los corredores
de bienes raíces en Sotogrande, y que es una
sociedad sólo en sentido formal, pues la totalidad de su capital
pertenece a Avenstar Ltd,
empresa británica que encargó a un despacho de abogados
madrileño gestionar las autorizaciones para construir, lo que la firma
jurídica hizo a través de otra empresa, Servitax.
En medio de esa intrincada red de propietarios puramente formales y
representantes que se hacen representar es seguro que no aparezca el nombre de Montiel. Pero será muy difícil que esa
deliberada ausencia sirva para eludir la petición generalizada de sacar
de la reserva el caso, para recibir la ampliación de las denuncias del
regidor José Luis Cortés y los 35 mil ciudadanos que a instancias
de Germán Dehesa han buscado que se precisen las fuentes del inmenso
capital raíz (y de otra naturaleza, también) del ex Gobernador.
El
aprieto en que la nueva revelación deja a Navarrete Prida
se agrega a su fracaso en el caso de Enrique Salinas de Gortari, muerto en
diciembre de 2004, aunque es necesario reconocer que en la frustración
del interés ciudadano por conocer cómo se fraguó el
trágico destino del hermano del ex Presidente Carlos Salinas, Navarrete Prida ha estado acompañado por la
Procuraduría General de la República, cuya Agencia Federal de
Investigación ha sido incapaz de aprehender a miembros suyos
involucrados en aquella extorsión y probable asesinato.
Precisamente
para deslindar responsabilidades, el 20 de enero Navarrete Prida
pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dirima el
conflicto de competencias que ha servido para que la procuraduría a su
cargo y la federal intenten desembarazarse de un asunto con implicaciones tales
que, según el propio funcionario del Estado de México, la
sociedad se estremecería al conocerlas. Aunque la solicitud fue
admitida, puede ocurrir que el tribunal constitucional rehúse ocuparse
de definir responsabilidades que están ya definidas en la ley y por ello
la procuraduría mexiquense deba continuar su intervención en las
averiguaciones y procesos en que participa, aunque estén involucrados en
ellos agentes federales, cuya captura debe urgir o denunciar la omisión.
En
vísperas electorales (se renuevan ayuntamientos y el Congreso local
dentro de un mes) a la causa del PRI le haría bien que el Gobierno
mexiquense estrene procurador.
Cajón
de Sastre
La
política hace extraños compañeros de cama: en el templete
desde el cual habló ayer Andrés Manuel López Obrador en la
plaza Juárez de Pachuca, se hallaba el ex tonadillero Francisco Javier Berganza. Vestía una camisa naranja porque hoy
preside el comité estatal en Hidalgo del partido Convergencia, que con
el PRD y el PT integra la coalición Por el bien de todos. Berganza interrumpió su breve y leve paso por el baladismo y fue diputado federal por el PAN. Felipe
Calderón, cuando encabezó ese partido, lo hizo candidato a
Gobernador, con el apoyo del Partido Verde, porque ese era el género de
alianzas preferido por el panismo. Berganza era priista disfrazado y
no tardó en salir del clóset, por lo que se convirtió en
partidario de Francisco Labastida, en el 2000. Ahora
dirige Convergencia y tiene la inverecundia
de perseguir la candidatura al Senado, porque según confiesa, necesita
fuero. Es que se le ha seguido proceso por secuestro y tentativa de homicidio,
ya que contrató a dos personas para deshacerse de un acreedor.
Miercoles 8 de febrero del 2006.
'El Ma�ana' en el blanco
La vaca y los becerros
El mi�rcoles pasado present� su informe una comisi�n legislativa de nombre largu�simo (generadora, por lo dem�s, de efectos mucho m�s prolongados), la "encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra p�blica otorgados por organismos descentralizados y empresas de participaci�n estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Pr�cticas". Fue constituida en mayo pasado a instancias del diputado guanajuatense Wintilo Vega, del PRI. En diciembre siguiente, la bancada panista demand� el fin de los trabajos de esa comisi�n, objetivo que consigui� gracias a la abstenci�n de los legisladores priistas. Una diputada de ese grupo, la oaxaque�a Sof�a Castro, recolect� 186 firmas de legisladores en San L�zaro para que ma�ana lunes, si se re�ne la Junta de Coordinaci�n Parlamentaria no obstante ser d�a feriado, se integre una nueva comisi�n, capaz de atar los cabos que dejara sueltos la comisi�n que concluy� sus tareas el 31 de enero.
Al d�a siguiente, primero de febrero, el informe de la comisi�n fue remitido por la mesa directiva de la C�mara a la Presidencia de la Rep�blica, que lo recibi� con el �nimo oscilante. Por la ma�ana del jueves el vocero Rub�n Aguilar dijo que simplemente se acusar�a recibo, y no se le dar�a tr�mite alguno. Por la noche, sin embargo, se mud� de parecer y se anunci� el traslado del documento legislativo a la Secretar�a de la Funci�n P�blica (Sefupu). Hubiera debido envi�rselo a la Procuradur�a General de la Rep�blica, pero se prefiri� un tratamiento que no involucre directamente a los hijos de la se�ora Fox, mitad de la pareja presidencial, especialmente a Manuel Bribiesca Sahag�n, puesto que no forma parte de la administraci�n p�blica, zona que principalmente constituye la competencia de la Sefupu. Pero nada excluye que los legisladores presenten directamente ante la PGR denuncia de hechos que pueden ser delictuosos.
Se trata de los que resultaron en la ostensible y s�bita fortuna del hijo mayor de la se�ora Marta Sahag�n. Es un hecho reconocido por todos, incluso por el propio ex esposo de la primera dama, el m�dico veterinario Manuel Bribiesca Godoy, quien dej� entrever que la prosperidad de los negocios de sus hijos podr�a derivar de su nueva posici�n pol�tica. Ante la pregunta de dos reporteras sobre la conducta de sus v�stagos, afirm�:
"Pendejos si no suben. Si mis hijos no aprovechan las relaciones que tienen ahora por ser quienes son, ser�an pendejos. Son parte de la familia presidencial, �qui�n les va a decir que no?... Todo el mundo quiere quedar bien con ellos y tienen que aprovecharlo" (Anabel Hern�ndez y Areli Quintero. La Familia Presidencial, Grijalbo).
M�s de una vez Bribiesca Godoy ha endilgado su propia progenie al presidente de la Rep�blica. Con finura de caballero, hablando de Fox, de la se�ora Marta y de los muchachos Bribiesca Sahag�n, afirm� que "Vicente se llev� a la vaca y los becerros". Y de nuevo refiri�ndose a los negocios de los muchachos, los justific� mentando un refr�n campirano: "Cuando el a�o viene bueno, hasta los pastores ubran". Y rechaz� la cr�tica que se les hace por ello, por sus andanzas empresariales: "�Cu�l es el dolor? �D�nde est� la falta? �Acaso no hicieron lo mismo y hasta peores cosas los hijos de otros presidentes?"
Las palabras del padre de los hijos del Presidente forman parte de su largo relato sobre las vicisitudes de su vida familiar recogidas por el escritor Herminio Mart�nez y convertidas en materia prima de su novela in�dita, cuyo t�tulo evoca a Juan Charrasqueado: La Triste Historia de un Ranchero Enamorado. Mart�nez es un autor serio y reconocido. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1994, ha realizado una vasta obra narrativa, la mayor parte de ella premiada en M�xico y el extranjero. Cuando su ex esposa contrajo matrimonio con Fox, Bribiesca Godoy pens� en escribir La Verdadera Historia de Santa Marta pero despu�s, con otra perspectiva, cont� su vida a Mart�nez en conversaciones suscitadas por la aparici�n de La Jefa, de Olga Wornat. Aunque la novela est� concluida, permanecer� sin publicar por decisi�n del autor hasta que "ya estemos llenos de olvido o de decepci�n por el sexenio". Sin embargo, ofreci� porciones del texto a Proceso, que en su n�mero del domingo pasado los public� junto con entrevistas a los conversadores, Bribiesca Godoy y Mart�nez.
Fue precisamente La Jefa (Grijalbo, 2003) uno de los primeros espacios donde se habl� expl�citamente de los negocios de Manuel Bribiesca Sahag�n, sus "dudosos manejos empresariales" sobre los que se preguntan "quienes lo ven dilapidando dinero en fiestas, con una mansi�n reci�n estrenada en Le�n, una nana para cada una de las ni�as y dos enfermeras por si se enferman, guardaespaldas y viajes por todo el mundo con sus cuates, todo pagado y en hoteles para millonarios".
Mucho antes de que la demandara para obtener una reparaci�n pecuniaria por da�o moral, la se�ora Fox recibi� en Los Pinos a Olga Wornat, para la preparaci�n del primer libro en que es protagonista. "Manuel se dedica a los negocios -contest� entonces a pregunta espec�fica-, no s� muy bien a qu� tipo de negocios. Creo que tiene una f�brica de PVC y... Ah, tambi�n a la construcci�n. Es grande y ya no depende de m� econ�micamente, nunca me pide nada y yo tampoco le pregunto qu� hace, hablamos de otras cosas".
La evidencia p�blica de tales negocios y de que su se�ora madre no era del todo ajena a ellos (hasta fueron socios en una de las empresas) cundi� por doquier desde al menos un a�o despu�s de que los Bribiesca Sahag�n se convirtieron en parte de la familia presidencial (por lo que cuentan con escolta del Estado Mayor). Dos diputados guanajuatenses, priista �l, perredista ella, observaban y recib�an informaci�n sobre el hecho, lo que condujo a Wintilo Vega a proponer la integraci�n de una comisi�n investigadora que ella, Martha Luc�a (Mal�) M�cher, presidir�a durante sus trabajos.
La comisi�n surgi� de una posibilidad incluida en la Constituci�n durante el gobierno de Echeverr�a, cuando el PRI avasallaba el Congreso y no hab�a modo de que se activara m�s que impelida por la Presidencia. Dice el p�rrafo final del art�culo 93, que establece un tenue tinte parlamentario al funcionamiento del Ejecutivo:
"Las C�maras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, trat�ndose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de... organismos descentralizados y empresas de participaci�n estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se har�n del conocimiento del Ejecutivo federal".
El funcionamiento de la comisi�n estuvo signado por las dificultades para obtener informaci�n de las dependencias gubernamentales involucradas, y por la divisi�n partidaria. Los legisladores panistas participaron en ella mal de su grado y en el �ltimo momento se retiraron de la discusi�n del informe final, concluida en las primeras horas del mi�rcoles pasado (al cabo de una reuni�n iniciada formalmente el �ltimo d�a de enero). Hicieron suyas las conclusiones de un despacho contratado para valorar la evidencia contable, financiera y jur�dica obtenida por la comisi�n, aunque es obvio que al dictamen contratado le faltaba la dimensi�n pol�tica que es propia de una comisi�n legislativa como las que s�lo ocasionalmente se han integrado en la breve historia del verdadero parlamentarismo mexicano, el de la �poca en que el presidente de la Rep�blica dej� de ser el supremo y hasta �nico legislador.
Esas comisiones no son como los comit�s congresionales de Estados Unidos, en cuyas audiencias se aplican procedimientos prejudiciales. Como lo dispone la �ltima l�nea del 93, el resultado de la indagaci�n legislativa s�lo se hace saber a la Presidencia. Rigurosamente hablando, en Los Pinos el documento de 120 cuartillas pudo ser archivado, sin que por ello incurriera en responsabilidad el Presidente, que tiene su propia idea al respecto. Ha calificado de "cuentos, historias e historietas" algunos resultados de la investigaci�n, ha denostado a su presidenta y hasta ha pedido que, cuando se compruebe la inocencia de los hijos de su esposa se les ofrezcan disculpas.
Si no va m�s all� de la Sefupu el informe el Presidente correr� el riesgo, andando el tiempo, de aparecer como encubridor.
Martes 7 de febrero del 2006.
Vascos y la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tiene en sus manos la suerte de seis vascos, detenidos en M�xico el 18 de julio de 2003, a quienes el Estado espa�ol reclama por delitos que no pudieron cometer en territorio ib�rico, porque han vivido hace ya largo tiempo en nuestro pa�s, ni tampoco aqu�, pues al menos no han sido objeto de ninguna averiguaci�n previa por autoridad mexicana alguna. Por a�adidura, uno de los seis es ciudadano mexicano, por lo que se incurrir�a en una aberraci�n jur�dica al extraditar a un nacional que no est� acusado en su propio pa�s.
Desde su detenci�n los vascos han estado sujetos a la arbitrariedad. Fueron capturados en una redada que abarc� varias ciudades del pa�s, y cayeron en manos de agentes espa�oles a los que sirvieron de peones miembros de la Agencia Federal de Investigaci�n, que no portaban �rdenes de aprehensi�n. El gobierno de Madrid los acus� de integrar una suerte de delegaci�n de la ETA en M�xico (y de incurrir por lo tanto en el delito previsto en la legislaci�n espa�ola de pertenencia a una organizaci�n terrorista), as� como de lavado de dinero. Su detenci�n se bas� en evidencias tan pobres, que se captur� entonces tambi�n a una se�ora, vendedora de material el�ctrico, que factur� a cambio de cheque certificado un pedido de 180 temporizadores que presumiblemente sirven para armar bombas (aunque tambi�n para abrir puertas el�ctricas, por ejemplo).
Se arraig� a la vendedora durante 90 d�as al cabo de los cuales se la dej� en libertad. Y es que la posibilidad de que esos admin�culos fueran adquiridos para su env�o al Pa�s Vasco escapa al sentido com�n �No ser�a una idea mejor, si tal fuera realmente el prop�sito de la imaginaria delegaci�n etarra que sus presuntos c�mplices compraran esas piezas simples en cualquier ferreter�a local en vez de las complicaciones de exportarlas o de hacerlas llegar clandestinamente? No trivializ�, ni por asomo, los ataques de ETA, cualesquiera que sean sus blancos. Pero es rid�culo pretender con esos pretextos desmontar sus probables fuentes externas de financiamiento.
La defensa de los cinco vascos y un mexicano alega que se han violado en perjuicio de esas personas las garant�as constitucionales. La autoridad espa�ola hizo una solicitud de captura y extradici�n en paquete, sin individualizar los cargos ni el grado de participaci�n de cada uno de los acusados, y as� le han dado curso un juez federal, la Canciller�a y un tribunal de amparo, que no obstante han autorizado la extradici�n. El propio tribunal admiti� que algunos de los hechos imputados no corresponden a ning�n tipo penal mexicano, lo que excluir�a la aplicaci�n del tratado de extradici�n que exige, conforme a los principios generales que rigen esa figura legal que el delito implicado sea punible en ambos estados.
El sentido del Art�culo 15 constitucional, que proh�be firmar tratados de extradici�n de presos pol�ticos quedar�a igualmente vulnerado si se aprueba la remisi�n a Espa�a de estas personas, pues si bien se admite generalmente que el terrorismo no debe ser considerado delito pol�tico, no puede ocultarse que ETA, la organizaci�n de la que presuntamente forman parte los detenidos, persigue el objetivo eminentemente pol�tico de constituir un Estado separado del espa�ol.
Extraditados que fueran, los vascos aprehendidos hace ya dos a�os y medio podr�an perder la garant�a prevista en el Art�culo 22 de la Constituci�n mexicana, que entre otras prohibiciones incluye la de "el tormento de cualquier especie". Se sabe que la pol�tica penitenciaria espa�ola respecto de los presos etarras consiste en dispersarlos y recluirlos en penales remotos, distantes de sus lugares de origen, lo que se entiende como una forma de presi�n y aun de tortura sicol�gica. A este respecto, la defensa de esas personas anota que "el Estado espa�ol es el pa�s que m�s p�ginas ha ocupado en los �ltimos informes anuales del Relator de Naciones Unidas para la cuesti�n de la tortura, (y) que esa realidad de la tortura aparece en todos los informes realizados por Amnist�a Internacional sobre Espa�a en los �ltimos 30 a�os".
En los 25 a�os recientes, desde que Espa�a se convirti� en una monarqu�a constitucional, ha solicitado la extradici�n de innumerables vascos. B�lgica, el m�s asiduo cumplidor de esos pedidos, los ha obsequiado en seis ocasiones. Y aunque en la formalidad M�xico podr�a estar atr�s de esa cifra, porque s�lo ha extraditado a una persona, ello es as� porque se ha escogido la v�a m�s expedita de las deportaciones, que suman 27 en tres d�cadas, una actitud que contradice la tradici�n mexicana en materia de asilo a la que, por lo dem�s, se acogieron en su momento los vascos en trance de extradici�n.
Aunque la Suprema Corte no admite razonamientos m�s all� de la letra de la ley, no deber�a abstenerse de considerar el efecto de esta extradici�n en el actual clima pol�tico del Pa�s Vasco y de Espa�a en general, que est� siendo propicio a la paz. El diario El Pa�s dijo apenas el s�bado �ltimo que "los mensajes sobre la posibilidad de un paso hacia el silencio de las armas de ETA se amontonan en los �ltimos d�as". Uno de esos mensajes es la propuesta de Anoeta, por la que el antiguo partido Batasuna, declarado ilegal por su v�nculo con esa organizaci�n, se comprometi� a optar s�lo por v�as pac�ficas, declaraci�n encaminada seg�n su l�der Otegi a lograr "una paz justa, estable y duradera para el Pa�s Vasco y el Estado espa�ol".
Caj�n de Sastre
Aunque son vecinos, el hotel Mar�a Isabel Sheraton no goza del privilegio de la extraterritorialidad que es propio de la embajada de los Estados Unidos de Norteam�rica. Por lo tanto, la aplicaci�n en esa hospeder�a de normas dictadas por la soberan�a estadounidense es inadmisible en M�xico porque lesiona su propia soberan�a. La Ley Helms-Burton es el m�s reciente desarrollo del instrumental legislativo con el que Washington se ha sentido autorizado a regir la vida de los cubanos, mediante el bloqueo y el hostigamiento comercial y financiero que provoque el deterioro del gobierno de La Habana y su reemplazo por uno que sea grato a Estados Unidos. Pero no se crea que el intervencionismo estadounidense en esa isla naci� cuando la revoluci�n encabezada por Fidel Castro se declar� socialista. Esa propensi�n a sentir a Cuba como propiedad suya es antigua en Norteam�rica. Surge con la independencia misma de la isla, propiciada por la derrota espa�ola en su guerra con los Estados Unidos. Ya veremos de qu� modo.
Lunes 6 de febrero del 2006
Alternativa, partido... en dos
El mismo 31 de enero en que los opositores a Patricia Mercado dentro de Alternativa socialdem�crata y campesina formalizaron su impugnaci�n a esa candidatura presidencial, se abri� otro frente en la batalla interna en ese partido, pues la propia candidata y el presidente del comit� ejecutivo, Alberto Begn�, solicitaron congelar el financiamiento p�blico a esa organizaci�n, por presuntos malos manejos de sus antagonistas, que reviraron con se�alamientos de malversaci�n que habr�an cometido Mercado y Begn�. Al lado de esos litigios en curso, el presunto sustituto de la candidata presidencial, V�ctor Gonz�lez Torres, realiza su propia batida judicial contra aquellos dirigentes.
El Tribunal Federal Electoral -el magistrado Alejandro Luna Ramos en particular- estudia ya dos recursos al respecto. Uno es una demanda de juicio para la protecci�n de los derechos pol�tico-electorales de los ciudadanos, presentada por varios miembros del ala campesina, contra dos resoluciones del IFE: la que por cinco votos contra cuatro dio por registrada la plataforma electoral de los partidarios de Mercado, y la posterior que por unanimidad otorg� el registro a la candidatura de la propia Mercado. El otro es una apelaci�n de los integrantes de la mesa directiva del Consejo Pol�tico Federado, Carlos Berumen y Roberto M�rquez, porque el IFE no les reconoci� personalidad en su pretensi�n de registrar la plataforma y la candidatura de Gonz�lez Torres.
A mediados de enero, ese consejo convocado para reunirse en Ciudad Valles, se parti� en dos, y en las reuniones resultantes fueron aprobadas sendas plataformas; as� como, en una, la candidatura de Mercado y en otra su sustituci�n por Gonz�lez Torres. El 18 de enero, el Consejo General del IFE aprob� los acuerdos de una de las dos reuniones, al inscribir a Mercado y su plataforma. Adicionalmente, dio por buena una decisi�n de la parte mercadista del consejo, que destituy� a Berumen y M�rquez de la directiva del propio consejo. No se han formalizado a�n, pero es de esperar que surjan nuevos litigios relacionados con la elecci�n de candidatos a senadores y diputados, ya que la convocatoria respectiva fue firmada por los dos destituidos. El proceso est� en curso, pues la inscripci�n de precandidaturas concluye el 15 de febrero. Habiendo sido desconocidos los convocantes, la materia de su convocatoria podr�a ser tambi�n anulada. Los firmantes, decisivos impulsores de la sustituci�n de Mercado, le guardaron un premio de consolaci�n. La base n�mero doce de la convocatoria, a la letra dice que "se reserva la candidatura n�mero uno de la lista de senadur�as plurinominales para la C. Dora Patricia Mercado Castro, en el entendido de que esta decisi�n abonar� a la unidad partidaria y al buen desempe�o en el proceso electoral de nuestro partido".
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n no est� obligada a resolver en t�rmino fijo las cuestiones que le fueron planteadas, pero deber� hacerlo en breve, antes de que se acumulen nuevos problemas, como el relacionado con el uso del dinero p�blico que recibe Alternativa. El mi�rcoles Mercado y Begn� solicitaron al IFE suspender las ministraciones a su partido, porque la correspondiente a enero fue indebidamente canalizada por el secretario de finanzas, Antonio Rodr�guez Trejo, perteneciente a la corriente de Ignacio Yris, vicepresidente del partido y cabeza, al mismo tiempo, de la columna campesina y de la postulaci�n de Gonz�lez Torres.
Los tres millones y medio que el IFE entreg� a Alternativa en enero fueron trasladados a cuentas no oficiales del partido, y sin la autorizaci�n de Begn�, que tiene firma mancomunada con el secretario de finanzas. Adem�s de pedir que no se hagan nuevas entregas, el l�der alternativista pidi� auditar las cuentas de su partido. A esa solicitud se agreg� de inmediato la corriente campesina, que de antemano hab�a imputado a Begn� la aplicaci�n de m�s de mill�n y medio de pesos a la precampa�a de Mercado.
Por su parte, Gonz�lez Torres desarrolla una campa�a de demandas y denuncias. Algunos blancos de esas iniciativas judiciales son periodistas (tema del que me ocupar� en otro momento) pero tambi�n Mercado y Begn�, por lo que se suman a los conflictos de Alternativa, por m�s que el Doctor Simi asegure que �l no se mete en los asuntos partidarios. El 23 de enero Gonz�lez Torres present� ante el ministerio p�blico del DF denuncia contra Mercado, por haber dicho que el empresario comprar�a la candidatura de su partido. Ya el 22 de diciembre el propio Yris hab�a presentado denuncia por los mismos hechos contra su antigua aliada. El 30 de enero Gonz�lez Torres fue contra Begn�, por la v�a civil. Pretende el pago de 20 millones de pesos como reparaci�n por da�o moral.
Lo que ocurre en Alternativa no surgi� por generaci�n espont�nea. Lo hab�a advertido a Begn� Pedro Aguirre, un buscador de democracia que crey� encontrarla en Convergencia (de cuya fundaci�n socialdem�crata fue presidente) y entre agosto y diciembre pasado lo hizo en Alternativa (hoy prosigue su b�squeda en Nueva Alianza):
"...me queda claro que un agudo esp�ritu de facci�n domina de manera categ�rica el desempe�o de las dos columnas... Es sumamente desalentador comprobar c�mo se reproduce aqu� la misma lucha sorda y enconada por las posiciones de poder que prevalece en el resto de los partidos... El antagonismo entre las columnas est� llevando aceleradamente a Alternativa a su inviabilidad".
Caj�n de Sastre
Nacido en San Luis Potos�, Manuel Gonz�lez Hinojosa, que presidi� el PAN dos veces, en momentos cr�ticos, muri� el viernes pasado, apenas traspasados los 94 a�os de edad, pues naci� el 28 de enero de 1912. Abogado por la universidad potosina, acudi� en 1939 a la fundaci�n de Acci�n Nacional, de cuyo comit� regional fue l�der hasta 1950 en que v�ctima de la persecuci�n de Gonzalo N. Santos se traslad� a la Ciudad de M�xico. En su tierra natal y en el DF fue pertinaz candidato al Congreso, hasta que ingres� en la C�mara como diputado de partido en 1967 y de nuevo seis a�os despu�s. En 1969, tras el vac�o que dej� la renuncia y la muerte de Adolfo Christlieb Ibarrola, fue elegido jefe nacional de su partido, que lo llam� de nuevo tras la renuncia de Efra�n Gonz�lez Morf�n a la presidencia nacional panista. Antiguo correligionario suyo, y su antagonista, el ahora procurador de Justicia del DF Bernardo B�tiz lo ha recordado como "un quijote, de edad indefinida, cuerpo delgado pero recio, mirada vivaz y palabra alerta para la pol�mica y la confrontaci�n de ideas".
La vaca y los becerros
El mi�rcoles pasado present� su informe una comisi�n legislativa de nombre largu�simo (generadora, por lo dem�s, de efectos mucho m�s prolongados), la "encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra p�blica otorgados por organismos descentralizados y empresas de participaci�n estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Pr�cticas". Fue constituida en mayo pasado a instancias del diputado guanajuatense Wintilo Vega, del PRI. En diciembre siguiente, la bancada panista demand� el fin de los trabajos de esa comisi�n, objetivo que consigui� gracias a la abstenci�n de los legisladores priistas. Una diputada de ese grupo, la oaxaque�a Sof�a Castro, recolect� 186 firmas de legisladores en San L�zaro para que ma�ana lunes, si se re�ne la Junta de Coordinaci�n Parlamentaria no obstante ser d�a feriado, se integre una nueva comisi�n, capaz de atar los cabos que dejara sueltos la comisi�n que concluy� sus tareas el 31 de enero.
Al d�a siguiente, primero de febrero, el informe de la comisi�n fue remitido por la mesa directiva de la C�mara a la Presidencia de la Rep�blica, que lo recibi� con el �nimo oscilante. Por la ma�ana del jueves el vocero Rub�n Aguilar dijo que simplemente se acusar�a recibo, y no se le dar�a tr�mite alguno. Por la noche, sin embargo, se mud� de parecer y se anunci� el traslado del documento legislativo a la Secretar�a de la Funci�n P�blica (Sefupu). Hubiera debido envi�rselo a la Procuradur�a General de la Rep�blica, pero se prefiri� un tratamiento que no involucre directamente a los hijos de la se�ora Fox, mitad de la pareja presidencial, especialmente a Manuel Bribiesca Sahag�n, puesto que no forma parte de la administraci�n p�blica, zona que principalmente constituye la competencia de la Sefupu. Pero nada excluye que los legisladores presenten directamente ante la PGR denuncia de hechos que pueden ser delictuosos.
Se trata de los que resultaron en la ostensible y s�bita fortuna del hijo mayor de la se�ora Marta Sahag�n. Es un hecho reconocido por todos, incluso por el propio ex esposo de la primera dama, el m�dico veterinario Manuel Bribiesca Godoy, quien dej� entrever que la prosperidad de los negocios de sus hijos podr�a derivar de su nueva posici�n pol�tica. Ante la pregunta de dos reporteras sobre la conducta de sus v�stagos, afirm�:
"Pendejos si no suben. Si mis hijos no aprovechan las relaciones que tienen ahora por ser quienes son, ser�an pendejos. Son parte de la familia presidencial, �qui�n les va a decir que no?... Todo el mundo quiere quedar bien con ellos y tienen que aprovecharlo" (Anabel Hern�ndez y Areli Quintero. La Familia Presidencial, Grijalbo).
M�s de una vez Bribiesca Godoy ha endilgado su propia progenie al presidente de la Rep�blica. Con finura de caballero, hablando de Fox, de la se�ora Marta y de los muchachos Bribiesca Sahag�n, afirm� que "Vicente se llev� a la vaca y los becerros". Y de nuevo refiri�ndose a los negocios de los muchachos, los justific� mentando un refr�n campirano: "Cuando el a�o viene bueno, hasta los pastores ubran". Y rechaz� la cr�tica que se les hace por ello, por sus andanzas empresariales: "�Cu�l es el dolor? �D�nde est� la falta? �Acaso no hicieron lo mismo y hasta peores cosas los hijos de otros presidentes?"
Las palabras del padre de los hijos del Presidente forman parte de su largo relato sobre las vicisitudes de su vida familiar recogidas por el escritor Herminio Mart�nez y convertidas en materia prima de su novela in�dita, cuyo t�tulo evoca a Juan Charrasqueado: La Triste Historia de un Ranchero Enamorado. Mart�nez es un autor serio y reconocido. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1994, ha realizado una vasta obra narrativa, la mayor parte de ella premiada en M�xico y el extranjero. Cuando su ex esposa contrajo matrimonio con Fox, Bribiesca Godoy pens� en escribir La Verdadera Historia de Santa Marta pero despu�s, con otra perspectiva, cont� su vida a Mart�nez en conversaciones suscitadas por la aparici�n de La Jefa, de Olga Wornat. Aunque la novela est� concluida, permanecer� sin publicar por decisi�n del autor hasta que "ya estemos llenos de olvido o de decepci�n por el sexenio". Sin embargo, ofreci� porciones del texto a Proceso, que en su n�mero del domingo pasado los public� junto con entrevistas a los conversadores, Bribiesca Godoy y Mart�nez.
Fue precisamente La Jefa (Grijalbo, 2003) uno de los primeros espacios donde se habl� expl�citamente de los negocios de Manuel Bribiesca Sahag�n, sus "dudosos manejos empresariales" sobre los que se preguntan "quienes lo ven dilapidando dinero en fiestas, con una mansi�n reci�n estrenada en Le�n, una nana para cada una de las ni�as y dos enfermeras por si se enferman, guardaespaldas y viajes por todo el mundo con sus cuates, todo pagado y en hoteles para millonarios".
Mucho antes de que la demandara para obtener una reparaci�n pecuniaria por da�o moral, la se�ora Fox recibi� en Los Pinos a Olga Wornat, para la preparaci�n del primer libro en que es protagonista. "Manuel se dedica a los negocios -contest� entonces a pregunta espec�fica-, no s� muy bien a qu� tipo de negocios. Creo que tiene una f�brica de PVC y... Ah, tambi�n a la construcci�n. Es grande y ya no depende de m� econ�micamente, nunca me pide nada y yo tampoco le pregunto qu� hace, hablamos de otras cosas".
La evidencia p�blica de tales negocios y de que su se�ora madre no era del todo ajena a ellos (hasta fueron socios en una de las empresas) cundi� por doquier desde al menos un a�o despu�s de que los Bribiesca Sahag�n se convirtieron en parte de la familia presidencial (por lo que cuentan con escolta del Estado Mayor). Dos diputados guanajuatenses, priista �l, perredista ella, observaban y recib�an informaci�n sobre el hecho, lo que condujo a Wintilo Vega a proponer la integraci�n de una comisi�n investigadora que ella, Martha Luc�a (Mal�) M�cher, presidir�a durante sus trabajos.
La comisi�n surgi� de una posibilidad incluida en la Constituci�n durante el gobierno de Echeverr�a, cuando el PRI avasallaba el Congreso y no hab�a modo de que se activara m�s que impelida por la Presidencia. Dice el p�rrafo final del art�culo 93, que establece un tenue tinte parlamentario al funcionamiento del Ejecutivo:
"Las C�maras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, trat�ndose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de... organismos descentralizados y empresas de participaci�n estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se har�n del conocimiento del Ejecutivo federal".
El funcionamiento de la comisi�n estuvo signado por las dificultades para obtener informaci�n de las dependencias gubernamentales involucradas, y por la divisi�n partidaria. Los legisladores panistas participaron en ella mal de su grado y en el �ltimo momento se retiraron de la discusi�n del informe final, concluida en las primeras horas del mi�rcoles pasado (al cabo de una reuni�n iniciada formalmente el �ltimo d�a de enero). Hicieron suyas las conclusiones de un despacho contratado para valorar la evidencia contable, financiera y jur�dica obtenida por la comisi�n, aunque es obvio que al dictamen contratado le faltaba la dimensi�n pol�tica que es propia de una comisi�n legislativa como las que s�lo ocasionalmente se han integrado en la breve historia del verdadero parlamentarismo mexicano, el de la �poca en que el presidente de la Rep�blica dej� de ser el supremo y hasta �nico legislador.
Esas comisiones no son como los comit�s congresionales de Estados Unidos, en cuyas audiencias se aplican procedimientos prejudiciales. Como lo dispone la �ltima l�nea del 93, el resultado de la indagaci�n legislativa s�lo se hace saber a la Presidencia. Rigurosamente hablando, en Los Pinos el documento de 120 cuartillas pudo ser archivado, sin que por ello incurriera en responsabilidad el Presidente, que tiene su propia idea al respecto. Ha calificado de "cuentos, historias e historietas" algunos resultados de la investigaci�n, ha denostado a su presidenta y hasta ha pedido que, cuando se compruebe la inocencia de los hijos de su esposa se les ofrezcan disculpas.
Si no va m�s all� de la Sefupu el informe el Presidente correr� el riesgo, andando el tiempo, de aparecer como encubridor.
Viernes 3 de febrero del 2006
Elecciones en el DF
Ayer, después de una prolongada precampaña,
se formalizó la postulación de Beatriz Paredes como candidata a
la Jefatura de Gobierno del DF por la alianza del PRI y el Verde. Se completa
así el elenco de quienes contenderán por ese cargo, pues el
domingo pasado Demetrio Sodi fue elegido candidato del Partido Acción
Nacional, y desde el 4 de diciembre pasado, por el PRD, lo es Marcelo Ebrard.
Ayer también aparecieron en MURAL los resultados
de una encuesta realizada el 21 y 22 de enero sobre las preferencias
electorales de los capitalinos. Los datos confirman el papel preponderante del
PRD en la Ciudad de México, cuyo Gobierno ha sido ganado por ese partido
en las dos ocasiones, 1997 y 2000, en que ha estado en disputa. En esos dos
turnos electorales, con variantes, y en el de 2003, el perredismo obtuvo la
mayoría (o el grupo más grande) en la Asamblea Legislativa y casi
todos los Gobiernos delegacionales. En este momento rige 13 de las 16
delegaciones, mientras que el PAN lo hace en dos y el PRI en una.
Si las elecciones locales ocurrieran cuando se
levantó la encuesta, votarían por Ebrard el 57 por ciento de los
ciudadanos, mientras que por Paredes y Sodi lo harían 20 por ciento en
cada caso. O sea que, unidas las votaciones de ambos (en algún momento
se llegó a plantear una imposible alianza de PAN y PRI),
quedarían 17 puntos por debajo de la expresada a favor del perredista.
Las proporciones se repiten, con alguna variación,
en tratándose de la elección legislativa. Sufragaría por
los candidatos a diputados de la Alianza por el Bien de Todos (integrada por
PRD, PT y Convergencia) 57 por ciento, exactamente el mismo porcentaje que lo
haría por Ebrard. Votaría por el PAN 24 por ciento, cuatro puntos
por arriba del voto posible para Sodi. La fuerza personal de la candidatura de
Paredes queda evidenciada por el porcentaje de quienes votarían por
candidatos priistas a la Asamblea Legislativa: 14 por ciento, seis puntos
debajo de los que obtendría la aspirante a la Jefatura del Gobierno.
Como es comprensible en un país y en una ciudad
donde predominó un partido largo tiempo, y era un partido tan ancho que
ocupaba casi todo el espacio político, la contienda en el DF se entabla
entre políticos que fueron priistas (Paredes sigue siéndolo),
pues la oposición al tricolor se engrosó, y eso ocurre hoy mismo
todavía, con disidentes de ese partido.
Ebrard militó en el PRI de 1978 a 1995.
Ingresó a ese partido a los 19 años, cuando era todavía
estudiante de relaciones internacionales en El Colegio de México, donde
fue alumno de Manuel Camacho quien lo invitó a partir de 1983 a diversas
responsabilidades administrativas, incluida la Secretaría de Gobierno en
el DF y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Su militancia directa
en el PRI tuvo lugar de 1989 a 1991, cuando fue secretario general del
comité capitalino. En esa condición encabezó la lista de
candidatos a asambleístas pero la rotunda victoria priista en 1991 lo
dejó fuera de la Asamblea, pues ganaron todos los candidatos de mayoría
y no ingresó, por ende, ninguno de los de representación
proporcional.
Como lo hizo Camacho, Ebrard se apartó del PRI en
el primer año del Gobierno de Zedillo, cuya política en el
rescate bancario combatió desde la Cámara, a que llegó
como candidato independiente en la lista del Partido Verde. Vinculado siempre a
Camacho, lo acompañó en el Partido del Centro Democrático,
por el cual fue candidato a la Jefatura de Gobierno, posición que
declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador que contrajo
con él, por ese gesto, un compromiso que se tradujo en su
incorporación al Gobierno de la ciudad (como Secretario de Seguridad
Pública y de Desarrollo Social) y en apoyo para la candidatura que con
amplia ventaja en una votación muy concurrida ganó hace dos
meses.
Nacido en 1944, Sodi ingresó al PRI en 1980,
tiempo después de haberlo hecho a la Administración
pública, tras una exitosa carrera en la empresa privada. Ocupó
cargos en organismos descentralizados y en el Gobierno de la Ciudad de
México, y fue elegido diputado federal en 1988 y miembro de la Asamblea
de Representantes tres años después. En abril de 1994
renunció al PRI y en 1997 fue postulado como candidato externo del PRD a
una diputación. En ese mismo año ingresó a ese partido,
del que se apartó el año pasado cuando fue claro que, como en el
2000, no tenía posibilidad de ser candidato a la Gobernación
capitalina. Ganó el domingo 29 la candidatura panista con amplia
mayoría en una votación exigua.
Beatriz Paredes ha cubierto una amplia trayectoria
pública, desde que a los 20 años de edad ingresó al PRI y
fue poco después diputada local. Federal lo fue tres veces, y una vez
senadora, habiendo presidido en varias oportunidades ambas Cámaras. Fue
Gobernadora de Tlaxcala de 1987 a 1992. Ha ocupado tres subsecretarías
de Estado, una en la Reforma Agraria y dos en Gobernación. Por un breve
lapso fue Embajadora, en Cuba.
En el PRI ha ocupado diversas posiciones, entre ellas la
secretaría general (y tuvo el mismo cargo en la CNC). En 2002
contendió por la presidencia de su partido con Roberto Madrazo, en una
elección que ella misma y sus colaboradores cercanos descalificaron por
las graves irregularidades demostradas. Se avino, sin embargo, al resultado y
poco después pasó del antagonismo a la colaboración con su
antiguo adversario, por lo cual fue nombrada presidenta de la Fundación
Colosio. Ya candidata priista no podrá insistir en que lo es ciudadana.
Cajón de Sastre
La rechifla al candidato priista Roberto Madrazo durante
un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de
Hidalgo cobró ya su primera víctima. Pero, no crea usted que con
eso quiero decir que se cancelaron las aspiraciones senatoriales de Gerardo
Sosa Castelán, dueño de esa universidad pública que no
pudo, sin embargo, poner a disposición de Madrazo un auditorio
además de cautivo sumiso. Al contrario, fue sancionado un joven
científico social al que se acusa, por supuesto no
explícitamente, de instigar la protesta contra el candidato priista y
las porras y vítores a favor de Andrés Manuel López
Obrador. Se trata de Tonatiuh Herrera Gutiérrez, que dirige la
Fundación Arturo Herrera Cabañas y realiza investigación
sociológica, antropológica e histórica. No obstante sus
méritos académicos, hace cinco años se dejó de
contratarlo como profesor de economía, porque su militancia lo hace no
grato. Había vuelto hace dos semanas a la docencia pero se le
separó sin causa, en la resaca de aquella protesta, a la que fue ajeno.
Jueves 2 de febrero del 2006
Seguridad jur�dica en riesgo
Un tribunal federal ha demorado en resolver un relevante caso de arbitraje comercial. Al parecer est� a punto de emitir la sentencia en revisi�n de amparo. Lo normal, lo esperable conforme a la ley es que confirme la sentencia de primera instancia y por lo tanto un laudo emitido conforme a las reglas de la C�mara de Comercio Internacional, con sede en Par�s. Si ocurriera lo contrario da�ar�a, s�, el inter�s de la empresa quejosa, pero el efecto de la sentencia ir�a mucho m�s all� de la afectaci�n a un particular. Pondr�a en jaque el sistema de justicia privada que, como en el resto del mundo, ha venido expandi�ndose en el �mbito de los negocios en M�xico. Se vulnerar�a la seguridad jur�dica a que aspira el mecanismo de resoluci�n de controversias establecido por los particulares al margen del sistema estatal de justicia.
Se trata del litigio que en varias facetas ha enfrentado desde hace mucho tiempo al Grupo Radio Centro y a Infored, ahora Grupo Monitor. Un diferendo comercial entre ambas partes, asociadas a partir de 1998 gener� un conflicto que los dos grupos sometieron, de acuerdo con lo previamente pactado, a un arbitraje regulado por aquel organismo internacional de comercio. Fueron nombrados los �rbitros de cada parte y el tercero acordado entre ambos. El panel desarroll� sus tareas y hace dos a�os exactamente, el 30 de enero de 2004 emiti� su laudo, que dio la raz�n a Infored y por lo tanto orden� a GRC a pagar las prestaciones en juego (que importaban unos 22 millones de d�lares).
En actos que significaban la admisi�n de la decisi�n arbitral, GRC dio aviso a los mercados de valores donde sus acciones se cotizan y dio por terminada la relaci�n que permit�a a Infored transmitir sus servicios informativos a trav�s de las frecuencias de am y fm de Radio Red, propiedad del grupo de la familia Aguirre. En los hechos, se trat� de un grosero desahucio electr�nico, un lanzamiento en que sin aviso ni respeto al p�blico fue eliminada la se�al de Infored. Esta empresa rehizo pronto su presencia al aire y en el mercado. Pero esa es historia aparte.
La que ahora me ocupa fue suscitada por el Grupo Radio Centro, que rehus� acatar el laudo arbitral, no obstante que en los hechos actu� como si lo consintiera. El arbitraje descansa en la buena fe de las partes, que convienen en que personas privadas y no los tribunales diriman una cuesti�n. Por lo tanto se comprometen a respetar la decisi�n del panel de �rbitros, en cuya integraci�n participaron. Desde que esa forma de justicia se ha aclimatado en M�xico, a comienzos de los noventa, una alt�sima proporci�n de los laudos, cercana a la totalidad, son acatados por las partes, como se espera de personas f�sicas o morales serias y formalmente establecidas en actividades productivas. Si acaso un 10 por ciento de esas sentencias privadas son llevadas a la justicia del Estado no para legitimarlas sino para precisar detalles de su ejecuci�n, montos de las prestaciones a pagar, si es el caso, etc�tera.
Pero, al contrario de esa normalidad, Grupo Radio Centro demand� ante un juez civil del Distrito Federal la nulidad del laudo. Ya era grave, y aun escandaloso el pedido de la parte derrotada, que faltaba a su palabra de respetar esa decisi�n. Pero m�s grave y m�s escandalosa fue la sentencia del juzgador civil, emitida el 10 de noviembre de 2004, que anul� el laudo con base en argumentos que no fueron siquiera expuestos por la demandante, es decir supliendo la queja en un asunto que no la admite. El juez 63, Jaime Daniel Cervantes Mart�nez objet� la integraci�n del panel arbitral, tachando a sus integrantes con defectos que no hab�an sido alegados a la hora de la designaci�n de los �rbitros ni en ning�n momento posterior del proceso privado. Aun si resultara verdad que los �rbitros no fueran expertos en contabilidad y en radiodifusi�n, como estableci� el juez, su limitaci�n hab�a sido curada, con acuerdo entre las partes, mediante la designaci�n de los peritos correspondientes, que asesoraron a las partes siempre con el consentimiento de ellas.
Ante la arbitraria sentencia, Infored acudi� al amparo, que le fue concedido el 12 de mayo de 2005, aunque la decisi�n del juez federal le fue notificada a las partes en agosto siguiente. La resoluci�n de fondo anul� la anulaci�n del juez civil, dejando firme el laudo arbitral. De inmediato Grupo Radio Centro solicit� la revisi�n, y esa fase procesal es la que debe concluir en estos d�as. Ha habido, sin embargo, demoras incongruentes, pues a decir de los propios magistrados del decimotercer tribunal colegiado del primer circuito, la ponencia estaba lista para su discusi�n en diciembre, de modo que hubiera sentencia antes del receso judicial, que dura la segunda quincena de ese mes. No ocurri� as�, y termin� ya enero sin que el asunto concluya.
Mientras tanto, en mayo del a�o pasado Infored acudi� en queja a la contralor�a del Tribunal Superior de Justicia del DF, para que se investigara el patrimonio del juez civil que anul� el laudo. Ante la inacci�n de esa contralor�a, en septiembre siguiente la parte quejosa pidi� m�s expl�citamente indagar dos cuentas bancarias del juez donde est�n disponibles m�s de 3 millones de pesos que, salvo que se trate de los dep�sitos del juzgado y no personales, son una suma dif�cilmente resultante de los ahorros de un juzgador. Hasta ahora la contralor�a del Tribunal ha guardado silencio e Infored denunci� penalmente los hechos hace dos d�as.
Caj�n de Sastre
Con sobra de razones, Carlos Monsiv�is aprovech� la oportunidad de hablar en la ceremonia donde recibi� el Premio Nacional de Literatura, para hacer una defensa del laicismo y de la educaci�n p�blica mexicana. Cit� como ejemplo de embate contra uno y otra al Secretario de Gobernaci�n Carlos Abascal que prefiere a la religi�n, y no a la educaci�n como espacio "que d� sentido a los valores �ticos que han de comprometer su existencia laica". Monsiv�is se cuid� de precisar su convicci�n de que "como ciudadano y como creyente, Abascal est� en su perfecto derecho de proclamar las ventajas de la fe", pero no como miembro del Gabinete. "El Estado laico, subray� el galardonado, conlleva obligadamente la �tica republicana que sin negar en lo m�nimo el papel de las religiones como espacio de formaci�n de valores deposita en la educaci�n y las leyes los principios �ticos de la sociedad no teocr�tica". Abascal crey� responder con un juego de palabras, diciendo que respeta "a los fundamentalistas que me acusan de fundamentalista".
1o. de febrero del 2006.
Legislatura 59: �ltimo turno
Hoy se inicia el �ltimo periodo de sesiones de la 59 Legislatura. Salvo improbables sesiones extraordinarias, la actividad del pleno concluir� el 30 de abril. Y si bien la investidura de los legisladores elegidos en julio de 2003 tendr� efectos hasta el �ltimo d�a de agosto pr�ximo, y no dejar� de haber trabajo en comisiones, y desde luego actuar� en el receso la Comisi�n Permanente, para efectos pr�cticos puede decirse que la actividad de esta legislatura toca a su fin.
El Presidente Fox sugiri� anteayer que reiniciar� su intento de lograr lo que el lugar com�n denomina "las reformas estructurales que el pa�s necesita". Lo har�a, dijo, despu�s de la jornada electoral, para que se comprenda que las enmiendas y adiciones propuestas y aplazadas no beneficiar�an a su Gobierno, sino a la Rep�blica. Es dif�cil que siquiera prosperara la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias una vez que se conozca el resultado de la elecci�n presidencial y la legislativa. La nueva configuraci�n de fuerzas generada el 2 de julio, por m�s semejante que fuera a la actual (incluido un panista en la Presidencia de la Rep�blica), obligar�a a nuevas negociaciones sobre tales reformas. Y si los partidos que pierdan la Presidencia se coaligaran en esta Legislatura para aprobar enmiendas contrarias a la plataforma electoral escogida por los votantes, para neutralizarla o mermar su eficacia, se asestar�a un irresponsable y gravoso golpe a la democracia.
En tales condiciones puede afirmarse que esta legislatura inicia la ceremonia de su adi�s. Aunque las bancadas han dado a conocer o discuten todav�a su propia agenda, sera necesario esperar acuerdos para conocer el calendario de trabajo de este periodo postrero. Pero hay temas ineludibles. Necesariamente ser�n abordados dos de gran importancia, dejados pendientes tras su presentaci�n o aprobaci�n en la C�mara de Diputados. Se trata de la reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisi�n, y las enmiendas constitucionales y legales que proponen dar autonom�a a diversos �rganos y dependencias gubernamentales.
En una extra�a e insuficientemente explicada unanimidad de las fracciones parlamentarias, el 1 de diciembre fue aprobada una nueva legislaci�n sobre medios electr�nicos, que por responder ante todo al inter�s del duopolio de la televisi�n, atropella innumerables derechos e intereses, adem�s de que da al traste con un prolongado esfuerzo conjunto de organizaciones civiles y legisladores por dotar a la radio y la televisi�n de un ordenamiento jur�dico omnicomprensivo y no un mero parche destinado a engordar las cuentas de Televisa y TV Azteca.
Es tan arbitraria la reforma aprobada por los diputados, tan llena de defectos, que cuesta trabajo enumerarlos. Algunos sobresalen de tal modo que es debido referirlos expresamente. Las empresas televisoras propician con esta reforma una conversi�n tecnol�gica que les rendir� cuantiosos beneficios, en perjuicio de ya no digamos la sociedad (que puede decirse que es una noci�n nebulosa) sino de empresas concretas presentes o en espera de entrar en los mercados de la radiodifusi�n digital o las telecomunicaciones. El desarrollo tecnol�gico permite a los concesionarios que adopten la radiodifusi�n digital prestar en sus mismas frecuencias servicios de telecomunicaci�n adicionales. Pero tal posibilidad excluye a los medios p�blicos, especialmente a los permisionados, que carecer�an de autorizaci�n para expandir en la misma direcci�n sus servicios. La medida, por lo dem�s, acentuar�a la tendencia a la concentraci�n que se ha consumado ya en televisi�n y se abre paso en la radio. Y de manera desleal los concesionarios de radio y televisi�n quedar�an situados en el mercado de telecomunicaciones sin sujetarse a las reglas a que se sometieron quienes ya compiten en �l y los aspirantes a hacerlo.
Se propone igualmente hacer de la Comisi�n Federal de Telecomunicaciones el �rgano rector de la radio y la televisi�n. La f�rmula es impertinente por s� misma, pues se reduce a esos medios de comunicaci�n a simples instrumentos t�cnicos sin atender su dimensi�n social. Y los integrantes de su �rgano rector ser�an designados por el actual gobierno, en v�speras de concluir su mandato, con lo que la nueva administraci�n quedar�a frente a hechos consumados.
Ese mismo grave defecto ostenta la iniciativa de otorgar autonom�a al Servicio de Administraci�n Tributaria, la Comisi�n Nacional Bancaria y de Valores (Conbava), la de Seguros y Fianzas y la del Sistema de Ahorro para el Retiro. De prosperar esa reforma y realizarse el nombramiento de su personal directivo se prorrogar�a por encima de la decisi�n de los votantes la concepci�n prevaleciente de la gesti�n financiera del Estado. El proyecto, presentado por la bancada priista, recibi� inicialmente el apoyo del grupo panista que recul� y ahora s�lo acompa�ar� la iniciativa en lo que concierne al �rgano que recibe los ingresos fiscales, el SAT. El acuerdo de las dos bancadas de mayor tama�o asegura, as�, que la reforma salga avante.
En cambio, la sospechosa unanimidad de la C�mara de Diputados sobre el r�gimen de radio y televisi�n no ser� reproducida en el Senado, que prudentemente rehus� apresurar la aprobaci�n de la minuta de San L�zaro en diciembre pasado. Si al menos se respetan los tiempos y los procedimientos parlamentarios debe estudiarse el documento de los diputados en el marco de la reforma pendiente en Xicot�ncatl.
Caj�n de Sastre
Hoy se efectuar�n dos asambleas, una ordinaria y extraordinaria la otra, de Televisora del Valle de M�xico, SA de CV, concesionaria del Canal 40, a que el 11 de enero convoc� su administrador general �nico, Javier Moreno Valle.
En la primera de dichas reuniones se informar� a los socios sobre los litigios y conflictos derivados de la asociaci�n de Hern�n Cabalceta (socio minoritario y ex funcionario del 40) con TV Azteca, que sin ser accionista convoc� a una asamblea de quienes s� lo son, y cuya validez est� en cuesti�n, ante los jueces. La convocatoria a la asamblea ordinaria de hoy prev� la denuncia penal contra Cabalceta y ejecutivos del negocio del se�or Ricardo Salinas y otras personas por realizar actos contrarios a los intereses de la concesionaria. La asamblea extraordinaria decretar� un aumento de capital y la admisi�n de nuevos accionistas. Cabalceta, a su turno, ha difundido el acuerdo de un juez que proh�be la celebraci�n de las asambleas de hoy, prohibici�n absurda y que en ese car�cter ser� ignorada.