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Asimismo, la sentencia dio toda la validez a la psicóloga que declaró sobre la supuesta depresión que tenía Indalecio. No se ha tenido en cuenta porque la misma psicóloga reconoció en el juicio que, sin haber tratado con la víctima, ella sólo podía hablar en su informe de credibilidad y no veracidad.
DIARIO DE FERROL.-Local.
Desestiman una demanda por "mobbing" contra una clínica
Redacción / Ferrol
La jueza de lo Social dictó una sentencia por la que se desestima la demanda por "mobbing" presentada por una auxiliar contra la Clínica San Lorenzo. En el fallo se argumenta la inexistencia de causa que acredite la vulneración de derechos fundamentales.
La demandante, Begoña G.P., está de baja por depresión desde el pasado mes de junio y solicitaba la rescisión de su contrato. Esta mujer trabaja en la clínica desde hace nueve años y, según declaró en el juicio, desde hace algo más de un año se siente acosada laboralmente. Begoña G.P. aseguró que la culpaban a ella cuando había protestas por la depilación por láser y que fue objeto de menosprecio por parte de la persona que, según declaró, convive maritalmente con el director médico de la clínica y a principios de año fue elegida representante de los trabajadores, además de ser la responsable de Recursos Humanos.
En la vista testificó José G., padre de la demandante, que durante muchos años fue jefe de personal de la clínica, hasta que le restaron responsabilidades. Este empleado también está de baja por depresión y el pasado día 15 se celebró otro juicio por "mobbing" promovido por él contra la Clínica San Lorenzo.
La defensa había argumentado que no se había acreditado que la baja de Begoña G.P. fuese por cuestiones laborales.
EL COMERCIO.-Local
Oriente
Manifestación contra el «acoso laboral» en la Policía Local de Llanes
Más de 300 agentes secundaron la protesta celebrada en Oviedo, según la organización El Sipla recaba el apoyo de PP e IU y anuncia que llevará a juicio al alcalde y al sargento llanisco
S. GARCÍA/LLANES
Contra el acoso laboral. Más de trescientos agentes procedentes de policías locales de toda Asturias, según los cálculos de la organización, secundaron ayer una protesta para denunciar y pedir soluciones al 'mobbing' que aseguran están viviendo sus compañeros de profesión en la Policía Local de Llanes. Y es que el Sipla (Sindicato Independiente de Policías Locales de Asturias) asegura que los agentes afiliados a este sindicato en el cuerpo llanisco viven en una situación de «persecución laboral».
Así las cosas, ayer se llevó a cabo una protesta en Oviedo con el objetivo de llamar la atención sobre su problema y recabar el apoyo de los grupos parlamentarios. A las once de la mañana, los manifestantes acudieron a su cita y portando varias pancartas se pasearon por la capital del Principado. Después, comenzaron las reuniones con los grupos parlamentarios. Consiguieron ser recibidos por el PP e IU. El grupo socialista no se entrevistó con los representantes del Sipla, pero sí accedió a recoger un manifiesto en el que este sindicato expone su postura y sus denuncias. Tanto los conservadores como Izquierda Unida se comprometieron con el Sipla a trasladar a la Junta General del Principado una proposición no de ley sobre sus demandas. Asimismo, plantearán sus denuncias ante la comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales del Principado de Asturias. Sin embargo, no acabarán ahí sus iniciativas para acabar con la supuesta situación de 'mobbing'. Y es que una vez cuenten con los datos y apoyos suficientes acudirán a los tribunales. «Pero primero queremos que la Junta del Principado reconozca que existe este problema», añadieron.
Según confirmó ayer un portavoz del Sipla, la denuncia irá formulada contra el regidor de Llanes, Antonio Trevín; la teniente de alcalde, Dolores Álvarez Campillo, y el sargento de la Policía Local. El sindicato considera a estas tres personas los principales responsables de la situación que aseguran se vive dentro de la Policía Local llanisca. Y es que recuerdan que la mitad de la plantilla está de baja y que algunos de los agentes que afirman ser víctimas de esta supuesta persecución laboral siguen estando en tratamiento.
El Sipla también señaló que el Ayuntamiento de Llanes trató de acercar posturas. «Mandó un intermediario para que no se celebrara la concentración», incidió el sindicato. No obstante, consideran que esta medida se produjo demasiado tarde, después de meses de polémica. Fue precisamente la situación que se generó, con la aparición de anónimos y pintadas contra el Ayuntamiento en Llanes y concejos limítrofes, la que llevó al alcalde a aplazar una reunión con el Sipla al entender que no se daban las condiciones más adecuadas para entablar una negociación. Desde el Consistorio llanisco siempre se ha negado rotundamente que pueda existir cualquier tipo de acoso o persecución laboral.
LA POLÉMICA:
Sipla: asegura que se persigue a sus afiliados y que las contrataciones de interinos en la Policía Local de Llanes son «ilegales».
Ayuntamiento: rechaza todas las acusaciones de este sindicato y defiende la labor realizada por el jefe de la Policía Local al frente de este organismo.
UGT: está enfrentado con el Sipla.
Asturias.-
Protesta por el «acoso laboral» en la Policía Local de Llanes
Más de 300 policías locales, según el SIPLA, sindicato organizador, acudieron ayer a la manifestación convocada en las calles de Oviedo contra el «acoso laboral contra la Policía Local de Llanes». Los agentes del sindicato denuncian persecución laboral y 'mobbing'. El PP trasladará el asunto a la Junta General.
EL PROGRESO DE LUGO.-Local.
Deberá readmitir a una empleada e indemnizarla con 32.000 euros
La Justicia condena al Concello de Begonte por acoso laboral
El Juzgado de lo Social de Lugo ha condenado al Ayuntamiento de Begonte a readmitir a una trabajadora municipal, al considerar en la sentencia nulo su despido por estar sometida a acoso laboral. Asimismo, el tribunal obliga a la Administración local a indemnizar a la técnico en asesoramiento económico con 32.000 euros por daño moral. El alcalde de Begonte, José Pena Rábade, anunció ayer que apelará el fallo. "Respecto a sentencia pero en absoluto a comparto", indicó.
BEGONTE
La comisión de gobierno de Begonte, integrada por el alcalde, José Pena Rábade, y los tenientes de alcalde José Antonio Graña Correa, José Castro Gómez y José Ulla Rocha, acordó en junio el despido de la técnico en asesoramiento económico del Ayuntamiento porque no había hecho dos estudios que se le habían encargado.
La trabajadora, que desempeñó su puesto durante cuatro años y cuatro meses en el Concello, interpuso una demanda contra ese acuerdo, al entender que fue objeto de acoso moral.
De hecho, la mujer, de 31 años, estuvo de baja durante un año por problemas psicológicos. Su psiquiatra emitió un informe en el que atribuía la depresión de su paciente a un acoso de orden sexual. Cuando la técnico se reincorporó al trabajo, la psiquiatra detectó que sufrió mobbing o marginación laboral con la intención de echarla de su puesto.
El regidor, José Pena Rábade, reconoció en la vista oral celebrada hace unas semanas ser autor de unas notas de contenido amoroso que obraban en poder de la demandante. También es verdad que, poco después de conocer la demanda de la empleada municipal, anunció la presentación de una querella criminal por entender que atentaba contra su honor.
Ayer, una vez conocida la sentencia, Pena Rábade indicó: "Respecto o fallo, pero en absoluto o comparto. Non houbo acoso laboral como pode saber todo o mundo no medio de traballo. A xuíz tomou en consideración tódalas argumentacións das testemuñas da parte demandante e non da empresa, que é o Concello". El regidor begontino no dudó en señalar que apelaría esta sentencia.
EL DIARIO DE LEÓN.-Local.
LABORAL
CGT denuncia a Transcom ante la Inspección de Trabajo por «moobing»
Un delegado sindical afirma que se están produciendo despidos irregulares de empleados
Asegura que se acosa a los empleados de tal forma que se han disparado las bajas de tipo psicológico
Un trabajador de la empresa de telemarketing sueca Transcom empleado en León y delegado de la CGT en la compañía, Rodrigo Prado, llevó ayer a la Inspección de Trabajo de la Junta la primera denuncia formal de lo que hasta ahora tan sólo era un insistente en determinados círculos respecto a una de las empresas de más reciente implantación en León. Este empelado denuncia un presunto caso de mobbing o acoso laboral -el primero que se conoce en León-, tras recibir reiteradas amenazas durante su trabajo. En la denuncia apunta a la autoridad laboral las presuntas irregularidades que se producen en el centro, con una plantilla de unos 340 empleados, y de las que responsabiliza directamente al máximo responsable de Transcom en León desde abril, el irlandés Peter Floyd. En este sentido, explica una actitud de «clara amenaza hostil y presión insoportable» de este directivo sobre la plantilla, que se traduce por ejemplo en que «el número de bajas psicológicas ha aumentado de forma exponencial» desde su llegada a la empresa. «La manera de actuar, la forma de imponer su orden y disciplina, sus amenazas con despidos en todo momento si no se cumplen sus objetivos, podrían constituir o estar incurso en la expresión mobbing », según asegura el trabajador. «sale del despacho y casi puesto por puesto mira los objetivos conseguidos: donde no son buenos se acerca y presiona al trabajador», asegura.
Prado contrapone el supuesto carácter «hostil, prepotente, despótico, autoritario y amenazante que en todo momento ha exhibido» este directivo con la actitud de «diálogo» mantenida por la dirección anterior.
Asimismo, la denuncia señala que en la empresa se obliga a ir vestido de forma atípica, puesto que a pesar de no ser un centro de atención al público, es obligatorio para los varones llevar camisa y corbata». «Cuando tal hecho no se produce se obliga a ir al trabajador a su domicilio a proveerse de tal prensa, bajo amenaza de despido», añade señalando que no se trata de un trabajo cara al público y que tampoco hay pluses por obligar a una determinada vestimenta.
Necesidades cronometradas
Las mujeres tampoco se libran de la presión. Asegurn que este directivo, que habría quitado cualquier capacidad ejecutiva a los mandos intermedios, «cronometra hasta el tiempo que las mujeres emplean en ir al servicio», o el tipo de vestimenta. Tampoco concería incluso el convenio o la legalidad laboral española, según denuncia el delegado de CGT. «Cambia turnos sin el aviso previo preceptivo, y lo mismo ocurre con los despidos: se están firmando enganando a la gente, que luego encuentra que son bajas voluntarias y no tiene cómo reclamar», señala.
El contraste entre el escaso número de sanciones y el «altísimo nivel de despidos», así como las frecuentes rescisiones de contratos por obra y servicio «que han finalizado a capricho de la empresa, no cuando finaliza la citada obra o servicio que contempla la ley»; Prado explica que coresponden al contrato con Tele 2, filial del grupo, que no ha modificado su contrato desde el 2000.
Sospechas de cierre
Rodrigo Prado asegura expresar también una sospecha de los trabajadores cuando asegura que la presión y el acoso laboral obedece a un plan que podría acabar con el cierre de Transcom en León. Desvela que ha abierto un centro en Barcelona y que se están desviando llamadas que antes llegaban aquí a la Ciudad Condal. Creen que se intenta que la gente se vaya por su propio pie a la par que se justifica que el volumen de negocio es cada vez menor para tener un argumento para cerrar. Recuerda que la multinacional prometió hace tres años crear entre 500 y 800 empleos «de calidad», algo que no se ha cumplido, y que llegó con subvenciones y todo tipo de «parabienes» de la So ciedad Estatal de Participaciones Industriales, el holding público del Estado, dirigido entonces por un leonés.
¿Qué es el «moobing» o acoso laboral?
El concepto de moobing corresponde a la aplicación de un anglicismo al concepto más amplio del castellano acoso laboral. Se trata de un término novedoso en las relaciones laborales que incluso Gobierno y sindicatos están tratando de combatir mediante la creación de una legislación al efecto para combatirlo. En España se acaba de reconocer su existencia incluso jurídicamente, con sentencias recientes contra empresarios por vejar, acosar verbalmente o por otros medios a trabajadores «de forma sucesiva, continua, habitual y repetida, hasta llegar a afectar de forma grave su integridad moral, dado el trato degradante y continuo recibido»: así reza la primera sentencia en España de un tribunal valenciano en el que un empleado denunció a su jefe por moobing .
LA NUEVA ESPAÑA.-Oriente.
El SIPLA llevará al juez el «terrorismo psicológico» en la Policía Local de Llanes
Agentes municipales de toda Asturias se manifestaron ayer en Oviedo para exigir una salida al conflicto que tiene de baja a la mitad de la plantilla
Oviedo, E. LAGAR
El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) denunciará por la vía penal la situación de acoso laboral que, a su juicio, están viviendo los agentes municipales de Llanes por parte de su nuevo sargento, un mando procedente de la Guardia Civil. La situación ha llegado a tales extremos que la mitad de la plantilla, 14 agentes, se encuentra de baja desde hace meses por motivos psicológicos.
Medio centenar de agentes locales de toda Asturias, todos ellos pertenecientes al SIPLA, llevaron ayer a Oviedo la guerra interna que se vive en el seno de la Policía Local de Llanes. A las once de la mañana se manifestaron ante la Junta General del Principado y ante la sede de la Presidencia del Gobierno regional. El objetivo de la primera manifestación que organiza este sindicato era denunciar el «terrorismo psicológico que padecen» los agentes llaniscos, según se leía en el manifiesto que entregaron a los políticos.
El comité de empresa de la Policía Local de Llanes cuenta con dos representantes del SIPLA, otros dos pertenecen a UGT y uno de la candidatura independiente. Estos tres últimos no secundan las protestas. Los representantes del SIPLA les acusan de «actuar al dictado» del alcalde de Llanes, el socialista Antonio Trevín, a quien los manifestantes calificaban ayer de «dictador» por su respaldo al sargento y su actuación en esta crisis.
Acaso por esta última razón, ningún diputado regional del PSOE recibió a los policías manifestantes. Sí lo hicieron los diputados Cristina Coto, del Partido Popular, y Aurelio Martín, de Izquierda Unida. Santiago López Piedra, secretario general del SIPLA, expresaba ayer su satisfacción por el resultado de estos encuentros.
Este dirigente sindical critica con dureza la gestión del nuevo sargento de la Policía Local de Llanes y apunta su procedencia de la Guardia Civil al subrayar que «ha conseguido que el nivel de bajas en la Policía Local de Llanes sea equiparable a la que existe en ese cuerpo».
Solos y por esquinas
El supuesto acoso laboral que denuncia el SIPLA se concreta en una serie de aspectos que ayer expusieron en el manifiesto entregado a los políticos. Los policías de Llanes denuncian que la vida de los agentes «se pone en peligro gratuitamente, obligándoles a patrullar solos a pie por la noche o teniendo que coger coches en un estado lamentable». También denuncian que el sargento obliga a algunos agentes a «prestar servicios aislados de los demás o apartándolos "en una esquina" sin respetar siquiera su cargo».
Pero las críticas no sólo caen del lado del sargento de la Policía Municipal. El gobierno local, personificado en el regidor Antonio Trevín, se lleva también su porción. Aseguran que el Ayuntamiento «conculcó sin ningún pudor la profesionalidad de médicos y especialistas al hablar de bajas laborales "ficticias"». Según el SIPLA, «el equipo de gobierno tampoco ha sido capaz de sentarse con este sindicato para buscar una solución a este grave problema». El SIPLA añade que, «lejos de esto, y a fin de profundizar en la presión psicológica, ha decidido abrir expedientes disciplinarios a los dos delegados de personal que este sindicato tiene en el Ayuntamiento».
En el manifiesto que ayer entregaron los policías a los diputados regionales se alude asimismo al decreto de Alcaldía para suprimir el concepto de productividad en el sueldo de los agentes de baja. El secretario general del SIPLA, Santiago López Piedra, también entraba a criticar el proceso de selección del sargento de la Policía, que ha sido anulado por el juez.
Sábado, 25 de octubre de 2003
LA VANGUARDIA.-Sociedad.
Cuando la familia aprieta
Los conflictos familiares provocan más consultas por malestar psicológico que los laborales o sociales.
MARTA RICART
Los expertos dicen que cambian la sociedad y los estilos de vida, y a las personas les lleva tiempo adaptarse
Casi la mitad de las consultas familiares son de padres angustiados por la actitud de sus hijos
Los conflictos familiares son los que dan más quebraderos de cabeza. Más que los laborales o sociales, según indican las consultas a los psicoterapeutas. Un análisis del centro de atención psicológica Cipais, que atiende 4.000 consultas anuales en el Eixample de Barcelona, sobre cien de esas consultas, es ilustrativo: 60 visitas fueron por malestar en la familia, frente a 24 por cuestiones del trabajo, once por conflictos sociales y cinco relacionados con dolencias físicas.
El Cipais (Centre d'intervenció psicològica, anàlisi i integració social) es una entidad privada que presta atención psicológica como apoyo a la atención primaria y los enseñantes. Nació en 1993 a iniciativa de un grupo de profesionales de la psicología, psicoanálisis y psiquiatría, que constató la necesidad de reforzar la atención de las personas de la tercera edad que no saben afrontar la soledad o el duelo por la viudedad, y de las mujeres adultas con problemas para conciliar vida familiar y laboral o rehacer su vida cuando se independizan los hijos. Las consultas aumentaron y se ampliaron a toda la población.
El centro diagnostica y trata trastornos mentales no severos. Son situaciones vitales que comportan angustia, depresión, desorientación, malestar emocional, y podrían acabar en patologías graves o crónicas.
Casi la mitad de las consultas (45%) por malestar ante conflictos familiares en este centro son de padres angustiados por la actitud de los hijos (a veces los hijos también acuden) y el 35% son por problemas de pareja. En diez años de actividad, los profesionales de Cipais han notado que si antes el 90% de las consultas las hacían mujeres, ahora, en el 35% o 40% de los casos son hombres o acude la pareja.
Con la experiencia de los casos tratados, los psicoterapeutas señalan que muchos de estos malestares radican en dificultades de comunicación en la familia. "Se habla poco por falta de tiempo compartido y a esto hay que añadir un estereotipo que se ha ido imponiendo de que es mejor no hablar de cuestiones dolorosas o comprometidas; si no se habla es difícil resolver los problemas que surgen, se genera malestar que puede crecer y acabar estallando", explica Eduard Tàpias, psicólogo y coordinador de Cipais.
Tàpias subraya otro aspecto que explica muchos casos de conflictividad familiar: "Los padres han ido abdicando de la autoridad que deben ejercer para educar y socializar a sus hijos y, a menudo, delegan en los enseñantes, en una sociedad donde, además, todas las figuras que servían de referencia y se les confería autoridad están en claro declive". "El padre -apunta- ha perdido el papel de predominancia que tenía en la familia clásica. Además, luchando contra el autoritarismo, la sociedad también ha desvalorizado la autoridad, confundiendo ambos conceptos. La autoridad es imprescendible para educar a los hijos."
"En la familia han disminuido los límites que se imponen a los hijos. Los propios adolescentes se quejan a veces de ello. Hay padres y madres que, apelando a la tolerancia o a que están poco con sus hijos, se lo consienten todo, y el hijo ignora el valor del esfuerzo, las expectativas de deseo, la ilusión", añade Isabel Barcia, psicóloga de Cipais.
Los expertos apuntan que cambian la sociedad y los estilos de vida, pero no siempre las personas se ajustan a esas modificaciones. "Lo que más cuesta cambiar son las posisiones subjetivas", señala Catherine Galaman, otra psicóloga del centro. Y han cambiado muchas cosas: el papel de la mujer, que se ha emancipado e integrado al mundo laboral, con lo que ahora los dos padres trabajan, se está menos en casa, no coinciden demasiado los horarios de los integrantes de la familia; además, cada vez más familias no responden al patrón tradicional, aumentan las separaciones y abundan las familias con sólo el padre o la madre, las reconstruidas con hijos de anteriores uniones...; también han cambiado los valores sociales. "No hay que hacer una lectura catastrofista -matiza Tàpias-, no es que la familia esté en crisis y que las nuevas situaciones sean traumáticas. Cambian los patrones tradicionales y eso exige una redefinición de los lazos afectivos, que lleva tiempo e incertidumbres. Hay que analizar cada situación concreta, no se puede generalizar. Por ejemplo, tras unas décadas de divorcios, ahora sabemos que algunos son traumáticos pero otros no."
En los conflictos laborales y sociales que llevan a los afectados a buscar ayuda profesional, también pesan los cambios de relaciones, de patrones y valores sociales, frente a los que cada persona responde de forma distinta, dice Tàpias. Generan malestar problemas en el lugar de trabajo y sentir acoso laboral (mobbing), así como el estrés y el sentirse quemado y la angustia por estar en paro. En el ámbito social, se consulta principalmente problemas de relación, en el ámbito educativo y actitudes de violencia social.
Para festejar su décimo aniversario, Cipais profundizará en la situación de la familia con un ciclo de debates en centros del Eixample todos los miércoles de noviembre. También realiza una encuesta sobre la visión de la familia y expondrá dibujos de niños sobre sus familias.
EL NORTE DE CASTILLA.- LEÓN
Denuncian a Trascom por contratos irregulares a trabajadores en León
JOSÉ MANUEL LÓPEZ/LEÓN
La multinacional sueca Trascom, instalada en León desde hace tres años, es un barco a la deriva donde se cometen presuntas irregularidades laborales. Así lo ha asegurado el trabajador Rodrigo Prado Vázquez, miembro del comité de empresa por la CGT, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo de León por esta situación de acoso laboral que se ha popularizado con el término inglés 'moobing'.
Prado Vázquez asegura que la multinacional cuenta con una sola persona al frente -el director ejecutivo galés Peter Floyd- que ha asumido todas las funciones «y que ejerce la dirección de la compañía con un acoso laboral, que se torna a menudo en amenaza, que llega hasta el control del tiempo que pasa cada empleado en el baño, so pena de sanción».
En la denuncia señala que las presuntas irregularidades se observan en los despidos que se registran desde hace semanas de forma ininterrumpida, en lo que se explica por la empresa como la conclusión de contratos al finalizar la obra y servicio, pese a que Trascom mantiene con su mejor cliente un contrato indefinido.
El comité de empresa no ha recibido ninguna notificación de estos despidos, «de los que nos enteramos por el boca a boca», según explica Rodrigo Prado Vázquez.
ABC.- Valencia.
Absuelto un «maitre» de acoso laboral a un camarero que falleció en un accidente tras una bronca.
GEMA ALONSO
VALENCIA. La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia ha absuelto a Jesús T.F., maitre del Balneario de Cofrentes, del delito contra la integridad moral imputado por fiscal y la acusación particular, que solicitaban uno y dos años de prisión respectivamente por acosar laboralmente a un joven camarero que estaba bajo sus órdenes y que falleció en un accidente de tráfico tras recibir una de sus broncas.
La magistrada considera probado que el acusado insultó a Indalecio P.H. en diversas ocasiones a finales de junio de 2000, sin que se haya podido dilucidar motivo o causa. Así, cuando el empleado no realizaba bien su cometido le llamaba «hijo de puta» o «vago», además de afirmar ante otros compañeros «que le esperaría con su coche en el cruce de Zarra y cuando pasara con la moto lo iba a atropellar».
El 16 de septiembre, a raíz de un incidente provocado por el reparto de unos trozos de pan entre los compañeros, el acusado, enfadado, le manifestó que se fuera, que no le quería ni ver, marchándose Indalecio del Balneario en su moto, con la que sufrió un accidente en la N-330 que le provocó la muerte.
La juez duda de la credibilidad de las declaraciones de los testigos, ya que, bien por un móvil de odio personal con el inculpado y la empresa para la que trabaja, o bien por su relación de amistad con el fallecido, «existen imprecisiones, vagüedades, apreciaciones subjetivas e incluso contradicciones».
En la sentencia se argumenta que los hechos no se pueden encuadrar dentro del tipo delictivo, ya que no eliminan la capacidad de decidir ni crean sentimientos de temor o de angustia que quebrante la integridad física o moral. De ahí que la conducta del acusado sería, en todo caso, constituva de tres faltas de vejaciones injustas de carácter leve que exigirían la previa denuncia de la persona agraviada.
EL PROGRESO DE LUGO.-Local.
El regidor justifica el despido de la empleada porque "non cumpriu co seu traballo"
La oposición pide que Pena Rábade cese por acoso moral a una técnico
La oposición de Begonte, integrada por PSOE y BNG, pidió ayer la dimisión del alcalde, el popular José Pena Rábade, tras ser pública la sentencia que obliga al Ayuntamiento a readmitir a una empleada municipal despedida en julio, porque la juez entiende que sufrió acoso moral, y a indemnizarla con 32.706 euros por esos daños. Los componentes de las listas frentista y socialista improvisaron una rueda de prensa en plena calle, ante el consistorio, donde acusaron al regidor de ser "o responsable último do delito". El mandatario justifica el despido de la trabajadora al "defender ós intereses municipais porque non cumpriu co seu traballo".
BEGONTE. F.V.
PSOE y BNG solicitarán el lunes la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el alcalde informe a la corporación del contenido de la sentencia y conocer si los ediles del PP apoyan la decisión tomada por la comisión de gobierno cuando despidió a la empleada.
El fallo del juzgado de lo Social, que obliga a readmitir a la trabajadora por haber sufrido acoso moral, es el motivo, según la oposición, para pedir la dimisión del regidor. Ambos grupos imputan al mandatario "ser responsable último do despido" y solicitan que "ninguén se poida defender con fondos públicos". En este sentido expresaron: "A indemnización de 32.706 euros por dano moral debe ser asumida polo autor do acoso e nunca a costa dos cidadáns".
La oposición exige, por tanto, "a paralización dos recursos con fondos públicos, a fin de evitar a sangría económica para o Concello". El portavoz nacionalista, Lois Casanova, no descarta que la Fiscalía emprenda de oficio por la vía penal una investigación sobre el asunto "dadas as graves acusacións que fixo a psiquiatra da rapaza", que estuvo 11 meses de baja por depresión. El regidor justificó el despido por defender los intereses municipales: "Se tódolos funcionarios traballasen como esa señorita, pecharía o Concello".
Conflicto afectivo o profesional
Según la sentencia, el conflicto laboral tuvo su origen "en la atracción amorosa del alcalde por la demandante". Sin embargo, la versión del regidor es que él cumplió con su deber al despedir a una trabajadora que no hizo bien su función. Entiende que ella demandó a la comisión de gobierno por haber perdido su trabajo, sin que se produjese ningún acoso moral.
No obstante, el texto del fallo dice que Pena Rábade "desarrolló un sentimiento amoroso por la actora, que no fue correspondido".
Ese hecho causaría a la trabajadora "una situación estresante y continúa en el ámbito laboral que le ocasionó una depresión". De hecho, la mujer estuvo de baja 11 meses, después de haber desarrollado su labor como técnico de desarrollo económico durante dos años.
El alcalde negó tajantemente la relación, aunque admitió ante la juez que hubo "un impacto afectivo entre persoas que empezou e terminou aí".
El mandatario dice que un edil contrario declaró a favor de su versión en la vista
El alcalde de Begonte señaló que la juez no tuvo en cuenta los testimonios que él presentó, pese a tratarse del secretario y de personal del Ayuntamiento. Pena Rábade aseguró que hubo un miembro de la oposición que declaró no haber detectado ningún trato vejatorio por parte del regidor a la demandante. Sin embargo, el mandatario apunta que el juzgado de lo Social sí tuvo en cuenta el testimonio, a su juicio peregrino, de unas boys-scouts de Cambre (A Coruña) que habían entrado en el consistorio y, por lo visto, habían tenido ocasión de comprobar la relación existente entre el presidente de la corporación y la empleada a la postre despedida.
José Pena mantiene que contra las razones del despido no hay "más que presunciones y no hechos probados". Asegura que no dimitirá por la sentencia, pues, a su juicio, no hizo "outra cousa que defende-los intereses municipais".
El mandatario considera que él personalmente no debe hacer frente a la indemnización, pues "foi un órgano corporativo, a comisión de goberno, quen decidiu o despido da traballadora, cando ésta pasou dous meses sen escreber sen unha soa liña de dous traballos que lle encargaron". El alcalde anunció que presentará un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La parte demandante solicitó la inmediata ejecución de la sentencia. El lunes podría incorporarse a su puesto, acompañada de testigos.
EL PROGRESO DE LUGO.-OPINIÓN.
Manuel Molares do Val
Insania
Con más voluntad de apagar un incendio que de describir a los abucheadores de Juan José Ibarretxe el miércoles en la universidad de Granada, muchos medios informativos hacen creer que los manifestantes pertenecían exclusivamente a la extrema derecha. Esos ultras, uno de los cuales trató de agredir al ejecutivo vasco, eran una minoría, aunque ostentosa.
Pero había una mayoría cercana, dividida entre un grupo que aplaudía a Ibarretxe y bastantes más que lo abucheaban recordando al profesor de Derecho y fiscal, Luis Portero, asesinado por ETA en Granada, y que gritaban "Vascos, sí; ETA, no" o "Constitución".
Expresaban así su enojo con un lehendakari que mantiene una mezcla de condenas, silencios y concesiones al entorno de ETA, turbia actitud que disimula compungiéndose como un sacristán.
Que quiere separar a las personas según su rh o el número de erres del apellido; debe recordarse siempre que en el Euskadi del futuro "los españoles serán como los portugueses en Luxemburgo", como anunció Arzallus. Atribuirle a la ultraderecha la protesta no apaga este incendio, todavía sin humo: hay una indignación creciente entre heterogéneos grupos sociales de todo el país por la deslealtad, el ventajismo y el acoso moral y físico del nacionalismo vasco sobre los demás. Ibarretxe está acelerando vibraciones, movimientos telúricos desconocidos, terremotos fraguados durante muchos años. Ojalá que irritara sólo a los ultras, porque hoy son fácilmente controlables. Está ocurriendo algo mucho peor: está despertando la ira insana, la insania de mucha buena gente.
LA VOZ DE GALICIA.-Lugo.
Begonte debe gastar el 4% de su presupuesto en un despido
La oposición reclama la celebración de un pleno extraordianario
Arrecia la polémica tras la sentencia por el acoso moral del regidor a una empleada municipal
(la voz | lugo)
El despido de una empleada municipal, que tendrá que ser indemnizada con más de 32.000 euros por el acoso moral de tipo amoroso a la que fue sometida por el alcalde, según una sentencia,, supondrá una sangría económica para el Concello de Begonte, según explicaron ayer los concejales del BNG y PSOE. Los portavoces de ambos grupos reclamaron que el alcalde pague de su bolsillo la indemnización y que sea paralizado el proceso judicial de recursos a la sentencia si éstos son pagados con fondos públicos, «por mor dos caprichos do alcalde».
Los ediles indicaron que el despido supondría gastar más del 4% del presupuesto municipal. «Aínda que foi a comisión de goberno quen aprobou o despido, hai un responsable e iste é o alcalde. Nin os funcionarios, nin os concelleiros da oposición, nin os veciños de Begonte son os acosadores. As cuestións de tipo erótico sentimental non son da comisión», expresaron los ediles.
Los portavoces de ambos grupos políticos también dijeron que «un acosador non pode permanecer á fronte dun concello». Recordaron, a su vez, que durante el juicio salieron a relucir temas de tipo sexual y sentimental. «A traballadora -dijeron- non tiña libertade para contestar porque era unha subordinada. O mesmo alcalde recoñeceu no xuízo a súa letra nunhas cartas de amor que lle ten mandado a empregada».
Los ediles recordaron que habían sido «totalmente escrupulosos nas formas e, namentras non houbo sentencia non nos pronunciamos». Ahora solicitan un pleno extraordinario (lo pedirán el lunes), que se readmita a la trabajadora y que sean asumidas responsabilidades políticas.
LA RIOJA.-Local.
REGIÓN
Jornadas sobre prevención
La FER organiza los días 30 y 31 de octubre unas jornadas para la prevención de riesgos laborales que contarán con la participación de especialistas nacionales en la materia.
El día 30, la ponencia inaugural correrá a cargo del presidente del Consejo Económico y Social de España, Federico Durán, quien tratará sobre 'La protección de la salud laboral en España'. Ese mismo día, la directora de Seguridad Social de la CEOE, Pilar Iglesias, explicará los cambios en las leyes de salud laboral, y el consejero del CES Francisco Pérez tratará los «supuestos de concurrencia empresarial» en la siniestralidad.
El viernes 31, el catedrático de Derecho del Trabajo, Salvador del Rey, se referirá al acoso moral en el trabajo; el abogado Fernando Beltrán hablará de las responsabilidades en prevención; y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Miguel Escanilla explicará los criterios de jurisprudencia en la prevención. Las jornadas finalizarán con la intervención de la directora general de Empleo, Concepción Arruga, y de Emilio Abel de la Cruz Ugarte.
Domingo, 26 de octubre de 2003
IDEAL.-Granada.
CASA DE ACOGIDA
Denuncia de 'mobbing' a las trabajadoras
CC OO denuncia la situación laboral precaria en la que se encuentran las trabajadoras de la casa de acogida para mujeres victimas de malos tratos de Granada, gestionada por la empresa AGISE S. L. y dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer. Según la organización sindical, la condiciones en las que trabajan rozan la ilegalidad y el 'mobbing'. /IDEAL
EL COMERCIO.-Oviedo.
La presidenta de una asociación de inmigrantes demanda a CC OO
Berta Montoya, responsable de AIRA, cree que el sindicato busca su despido Es un «juicio administrativo», dice Comisiones
I. G./OVIEDO
La presidenta de la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA) y trabajadora del CITE-CC OO, Berta Montoya, ha interpuesto una demanda contra el sindicato por la sanción de tres días de suspensión de empleo y sueldo «impuesta por la dirección de la empresa CC OO en junio de 2003». Montoya pide la nulidad o la improcedencia de la sanción por lesión de derechos fundamentales. La trabajadora cumplió dicha sanción durante el verano pasado.
El juicio se celebrará el lunes a las diez de la mañana en los juzgados de lo Social de Oviedo. Varios miembros de la Federación de Servicios Financieros de CC OO y de AIRA han convocado una concentración ante los juzgados «contra el acoso laboral en el sindicato».
Según los hechos que se describen en la demanda presentada ante los juzgados, Montoya recibió el 24 de junio de 2003 una carta de sanción por los hechos que ocurrieron el 3 de junio en la oficina del CITE de CC OO, donde trabaja. Según consta en la misiva, Montoya «acusó a gritos a una compañera de presionar a los inmigrantes para que fueran a renovar su documentación con el CITE, así como de retener resoluciones para afiliar a gente y llamar a los inmigrantes para que declararan contra ella». En el documento remitido a la trabajadora se asegura que «todo se realizó en presencia de varios compañeros».
Montoya niega en su demanda contra el sindicato que los hechos relatados sean «ciertos y reconocidos» por ella.
Acoso o normalidad
CC OO ha rehusado hacer declaraciones, ya que considera que es «un juicio puramente administrativo, como los de otros trabajadores del sindicato». Esta opinión difiere de la que presenta Berta Montoya en su demanda.
La trabajadora denuncia que «la carta de sanción es una prueba más de las represalias y acosos a los que está sometida como consecuencia de los despidos nulos y la readmisión obligatoria a su puesto de trabajo en el sindicato». El primero de los despidos se produjo el 21 de agosto de 2001 «por aparecer en los medios de comunicación como portavoz de la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias». El despido fue declarado nulo y el sindicato condenado por violar los derechos fundamentales de la libertad de asociación y expresión. CC OO tuvo que readmitir a Montoya «por imperativo legal» tras una nueva sentencia por no cumplir la anterior. La readmisión fue el 15 de diciembre, tras 15 meses de despido.
La demandante cree que con esta sanción se está preparando un nuevo despido, «ya que la trabajadora queda a expensas de los testigos que presente la empresa y sin posible defensa».
LA VERDAD.-Opinión.
CARTAS
Difamación
Carlos Sánchez Moreno/MURCIA
Hay un virus que causa estragos en nuestra sociedad. Su nombre es difamación (quitar la fama a alguien); sus efectos, la división en las familias, el acoso laboral en las empresas, el aislamiento y rechazo social de las víctimas, que aparecen a la vista de los demás cual insectos repugnantes, puesto que se deforma su imagen. Una vez localizada este arma de destrucción masiva cada uno de nosotros en su ámbito familiar, laboral y social, hagamos lo posible por desactivarla en pro de una sociedad más humana y más habitable.
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