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CCOO en Cáceres, quien afirmó que "cuando el trabajador reclama sus derechos, la empresa utiliza el mobbing como arma de presión por el incumplimiento del convenio colectivo".
Asimismo, negó que los trabajadores utilicen el acoso laboral para presionar a las empresarios e indicó que la mayor parte de los conflictos se dan como consecuencia de la falta de aplicación de los convenios colectivos. José Luis Martín fue más allá al asegurar que las acusaciones de la Federación Empresarial Cacereña cuestionan la "honradez" de los equipos médicos que examinan los casos de bajas laborales.
UGT y CCOO animaron a los trabajadores a denunciar las situaciones de acoso moral em el trabajo. Ambas centrales sindicales recordaron que, aunque todavía no haya habido ninguna sentencia condenatoria, esto no significa que no se produzcan casos de mobbing en las empresas.
EN PARALELO.-
-Los servicios jurídicos sólo han atendido un caso en el último año.
Los servicios jurídicos de los sindicatos sólo han atendido un caso de mobbing en el último año. Jacinto Romero, de UGT, explicó que han denunciado otros de índole sexual en empresas y añadió que "es una práctica que se denuncia poco, pero que existe". Según los sindicatos, la presión psicológica a la que se ve sometido el trabajador hace que muchas denuncias no prosperen y señalan la dificultad para demostrarlas. "Los trabajadores desisten de presentar una demanda judicial por la angustia que atraviesan. Prefieren no prolongar un proceso farrogoso", indica José Luis Martín, de CCOO
-Los sindicatos animan a denunciar los abusos en las empresas cacereñas
Los sindicatos animan a denunciar los casos de mobbing y ponen a disposición sus servicios jurídicos para los trabajadores que sufran acoso moral en el trabajo. A pesar de ello, sólo CCOO ha atendido el caso de un trabajador de Coria durante el último año y que no llegó a juicio al alcanzarse un acuerdo entre el denunciante y la empresa. Asimismo, UGT y CCOO señalan que durante el proceso judicial el trabajador se encuentra "bajo una fuerte presión psicológica" lo que le lleva a retirar la denuncia hacia la empresa para no seguir sufriendo una situación constante de "angustia".
EL NORTE DE CASTILLA.- Palencia.
LABORAL
UGT insta a los sindicatos agrarios a intevenir en el Laboratorio Lácteo
El despido de dos trabajadoras ha sido declarado improcedente por el Juzgado de lo Social
Empleados del laboratorio aseguran que la delegada sindical se niega a informar a la plantilla del convenio
EL NORTE/PALENCIA
El secretario provincial de UGT, Javier Donis, instó ayer a los sindicatos agrarios Asaja, UPA y COAG, que forman parte del consejo de administración del Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León, a intervenir en el largo conflicto laboral que desde mediados de año se viene produciendo en este centro de trabajo con acusaciones de acoso laboral al gerente y despidos. «Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos para zanjar la situación, pero lo que queremos es una solución al problema que se ha planteado y en el que deberían intervenir los tres sindicatos agrarios», señaló ayer Javier Donis.
El conflicto que sigue latente en el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León se ha saldado hasta ahora con una resolución de la Inspección de Trabajo en la que se ha levantado un acta de infracción por persecución sindical del gerente.
Además, los despidos de dos trabajadoras han sido declarados improcedentes por el Juzgado de lo Social tras los juicios que se han celebrado. También existe una denuncia de la delegada sindical que ha acusado al gerente de insultos y que está pendiente de una vista en el Juzgado de lo Penal, según explicó ayer Donis, que también recordó que otras tres trabajadoras del laboratorio lácteo se encuentran de baja laboral por depresiones. «Los sindicatos agrarios, que integran el consejo de administración, deberían ser sensibles con lo que está pasando, ya que se está hablando de persecución sindical, y en consecuencia deben intervenir, de lo contrario, el único recurso que nos queda es el de seguir planteando denuncias en los juzgados», recalcó.
Pero no todo son acusaciones contra el gerente. Varios trabajadores han asegurado a este periódico que «la delegada de personal o más bien el sindicato UGT están haciendo del laboratorio lo que quieren».
Esas mismas fuentes han señalado también que la delegada sindical se niega a reunirse con el resto de la plantilla, compuesta por una veintena de empleados. «No nos quiere informar de los motivos por los que bloquea la negociación con la empresa», según aseguran.
Lunes, 6 de octubre de 2003
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.- Carta de los lectores.
EDUCACIÓN
Profesores de Religión
Maria Dolors Farriol Vinyes
Presidenta de la Associació de Mestres de Religió de Catalunya
Barcelona
Quiero responder a la carta que Tresa Martín Peñafiel publicó el día 3 sobre los profesores de Religión. En primer lugar agradezco su comprensión y que crea adecuado que se nos equipare con el resto de educadores interinos, pues aún hay quien cree que la dedicación profesional de 37,5 horas semanales es una catequesis dentro del marco del voluntariado. Por otra parte, los profesores de Religión son titulados en Magisterio o tienen una diplomatura en Ciencias Religiosas, además del título de catalán del nivel C. El colectivo de profesores de Religión siempre ha dado muestra de su interés y esfuerzo en obtener la titulación exigida por la Administración. Es posible que en algún caso esto no suceda, pero el obispado y el Departament d'Ensenyament siempre han velado por la calidad de los enseñantes. Finalmente debo decir que los profesores de Religión han sufrido toda clase de discriminaciones. Hubo una época en la que no tenían ni contrato ni Seguridad Social. Y no hablemos del acoso moral que todavía se practica en diversos centros.
EL COMERCIO.-Oviedo
CC.OO. denuncia que De Luis impide un estudio sobre salud laboral en bomberos
REDACCIÓN/OVIEDO
La sección sindical de Comisiones Obreras del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEIS) del Ayuntamiento de Oviedo solicita al concejal delegado de Personal, José Agustín Cuervas-Mons, que «rectifique al funcionario», es decir, a Agustín de Luis Criado, jefe del Área de Seguridad Ciudadana, y que «ordene una evaluación de riesgos psicosociales ante las presiones y el acoso moral sufrido por los trabajadores».
EL MUNDO.-Actualidad.
ENTRA EN VIGOR EL 1 DE ENERO
UPV y sindicatos firman un acuerdo para afrontar el acoso laboral
EFE
BILBAO.- El rector de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Manuel Montero, y representantes de los sindicatos FETE-UGT, LAB, ELA, STEE-EILAS, CCOO y CSI-CSIF han suscrito, hoy, un acuerdo para afrontar los supuestos de acoso laboral en la universidad. La finalidad de este acuerdo es "establecer un método que se aplique en la prevención y la solución rápida de todas las modalidades de acosos con las debidas garantías, procedimiento imparciales y justicia", señala la UPV en un comunicado.
Se establecen en el acuerdo 17 principios directores para garantizar un entorno laboral exento de todo tipo de acoso y facilitar el derecho a invocar los procedimientos previstos en el mismo sin ser objeto de intimidación, trato injusto, discriminatorio o desfavorable". Además, las personas que presenten una queja de acoso podrán solicitar al superior jerárquico dejar de trabajar con la persona denunciada.
La definición de acoso abarca "todo acto, conducta, declaración o solicitud que pueda declararse discriminatoria, ofensiva, humillante, intimidatorio o violento o bien una intrusión en la vida privada".
El procedimiento comenzará con la presentación de una queja por escrito, a continuación se intentará llegar a un acuerdo extraoficial (pero si se presentara una demanda civil o querella criminal quedaría inmovilizado), y si éste no satisface al demandante se recurrirá al Aldezle (Defensor Universitario), que, tras oír a las partes, presentará una propuesta de solución. Si ésta no satisface al denunciante, se remitirá la queja al Comité Arbitral, integrado por representantes de la UPV y de tres de las organizaciones sindicales. Este órgano, tras examinar los hechos, formulará una nueva propuesta al rector, quien deberá aceptarla o desestimarla.
Este acuerdo entrará en vigor el 1 de enero. Los días 20 y 27 de octubre y el 3 de noviembre se realizarán unas jornadas explicativas en las que se dará a conocer a los decanos, directores de centros y departamentos y otros responsables universitarios.
Manuel Montero destacó hoy que este acuerdo "no sólo resulta pionero dentro del contexto universitario, sino que demuestra la capacidad del conjunto de sectores de la UPV (...) para establecer las máximas garantías de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos".
EL PAÍS.-Andalucía.
Declarado improcedente el despido de una maltratada por su jefe y también pareja
EFE - Sevilla
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado como despido improcedente el cese de una empleada maltratada por el empresario, quien era también su compañero sentimental. El tribunal entiende que los malos tratos "se proyectaron en el ámbito laboral".
La sala de lo Social del TSJA relata que la demandante, M. A. R. L., trabajó desde febrero de 1992 para una federación andaluza de cooperativas, con cuyo presidente, J. D. M., inició en fecha no concretada una relación sentimental y con el que tuvo una niña en marzo de 2000. Al deteriorarse la relación, la mujer presentó varias denuncias penales contra su compañero por malos tratos en el ámbito familiar. En julio de 2000, ambos mantuvieron una "fuerte discusión" en la sede de la cooperativa. La trabajadora fue agredida y sufrió la rotura de un diente. A partir de ese momento la mujer se dio de baja por depresión y no volvió a incorporarse.
El TSJA entiende que los "malos tratos físicos o verbales al trabajador por parte del empleador legitiman el abandono del trabajo y la resolución del contrato según el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores".
Los malos tratos, según la sala, "no se produjeron en el ámbito laboral, pero tuvieron proyección sobre éste, ya que procedían del máximo representante de la entidad empleadora".
El TSJA considera que la cooperativa "no hizo nada para proteger los derechos de la trabajadora", máxime porque dicha pasividad "obedecía al poder decisorio que el ofensor ostentaba en la empresa" y a que, previsiblemente, podía impedir que se conocieran y afrontasen esos episodios de malos tratos por otros órganos o directivos de la entidad". No se trata, según el TSJA, de una "renuncia de la relación laboral preexistente, sino de un acto imputable al empleador denunciado, que impedía la continuidad del trabajo".
Martes, 7 de octubre de 2003
LA VOZ DE GALICIA.-Local.
Una firma de limpieza de Lugo, condenada por acoso laboral
Deberá pagar más de 20.000 euros por degradar a una empleada
La empresa retrasó intencionadamente el pago de parte del salario de la demandante
la voz | lugo)
Una empresa de limpieza tendrá que indemnizar con 20.067 euros a una trabajadora al estimar la titular del Juzgado de lo Social número 3 de Lugo que fue objeto de acoso laboral o mobbing. El fallo judicial establece además una multa de 300 euros a la empresa por temeridad.
La trabajadora, Elvira Vázquez Méndez, había interpuesto demanda contra Única de Servicios de Limpieza S.?A, a través del sindicato CIG para reclamar la extinción laboral.
El letrado y la trabajadora habían esgrimido como indicios de acoso moral el impago y el retraso reiterado en el pago de parte de su salario y la modificación de condiciones sustanciales de trabajo, al degradarla a la realización única de funciones de limpieza, quitándole las propias de su categoría de encargada de sector.
La negativa de la empresa a reconocer los derechos salariales de la denunciante motivó diversas demandas previas que se resolvieron a favor de la trabajadora.
Voluntad rebelde
Única de Servicios de Limpieza S.?A. fue objeto de una solicitud de ejecución de conciliación judicial, lo que demuestra para la ponente «una voluntad rebelde de pago» y «una actitud que va más allá del mero lucro propio».
En cuanto al cambio de funciones a que fue sometida la empleada, la sentencia hace referencia a la sucesión de empresas a las que estuvo vinculada de la trabajadora hasta que estas pasaron a englobarse en Única de Servicios de Limpieza y dice que quedó demostrado que la denunciante hizo tareas de limpiadora. «Debe reputarse esta conducta (...) indicio bastante del acoso moral al haber relegado la empresa a la trabajadora a labores inferiores, no confiriéndole ni siguiera la función de intermediación entre el centro en el que trabajaba y la empresa», se puede leer en el fallo judicial.
La magistrada jueza del Juzgado de lo Social número 3, Marina Mas, recuerda que la figura del acoso moral o mobbing no está definida en el ordenamiento jurídico laboral pero hace referencia a una sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Según la definición que realizó este órgano judicial el acoso moral a un trabajador es «la conducta abusiva o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos que lesionan la dignidad o integridad psíquica del trabajador».
GARA.-Economía.
Acuerdo en la UPV para prevenir el «mobbing»
GARA
BILBO
El rector de la UPV-EHU, Manuel Montero, y los sindicatos UGT, LAB, ELA, STEE-EILAS, CCOO y CSI-CSIF firmaron ayer un acuerdo sobre prevención y solución de quejas dentro del entorno universitario en materia de acoso laboral, más conocido como mobbing. Entrará en vigor a partir de enero de 2004, y entre los días 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre habrá unas jornadas en el Campus de Leioa para explicar los extremos del mismo.
El acuerdo, pionero a nivel estatal, establece 17 principios directores, entre los que se encuentran «el compromiso de garantizar un entorno laboral exento de todo tipo de acoso, porque ocasiona daños a la salud mental o física y al bienestar de los individuos»; o que aquellas personas que presenten una queja de acoso podrán solicitar al superior jerárquico correspondiente, como medida cautelar, «dejar de trabajar con la persona denunciada».
El acuerdo entre la universidad y todos los sindicatos establece con precisión que los amparados por el acuerdo serán los profesores, el personal de Administración y Servicios y todos los que aleguen que su relación con la UPV-EHU concluyó debido a una situación de acoso. Habrá cursos de formación e información para el personal dependiente de la universidad para evitar que se produzca el acoso por razones de trabajo y cómo actuar en caso de que se detecte.
EL CORREO.- General.
ACOSO LABORAL
Convenio de la UPV y los sindicatos
La UPV y varios sindicatos firmaron ayer un acuerdo para prevenir y solucionar casos de acoso laboral (mobbing) en el entorno universitario. La UPV se convierte en la primera institución española en disponer de una reglamentación propia en esta materia. Según el rector, Manuel Montero, asegura las «máximas garantías a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos».
ÁLAVA.-
El Ayuntamiento ultima un código de conducta para mejorar la eficacia de 2.500 funcionarios
Emplaza a la plantilla a «ser diligente y cortés» con el público El texto suscita el rechazo frontal de los sindicatos al «excluir a los políticos»
ZURIÑE O. DE LATIERRO/VITORIA
Los 2.500 funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria podrían convertirse en los primeros del País Vasco en tener que acatar un código deontológico. Año y medio después de borradores, enmiendas y discusiones, el equipo municipal de gobierno ultima un extenso listado de normas de conducta para la plantilla del Consistorio. El documento no incluye ningún tipo de obligación para los concejales que conforman la Corporación.
El singular reglamento busca mejorar la «eficacia y productividad» de la Administración local y prevenir no sólo la conducta inmoral, «sino las circunstancias que puedan promover o condicionar ese comportamiento o su apariencia», reza su presentación. El Gabinete Alonso, sustentado por 9 de los 27 concejales, pretende llevarlo a la práctica este mismo año, pero antes deberá convencer a los grupos políticos.
El debate promete ser intenso. De entrada, topa con el rechazo frontal de los sindicatos, que han enmendado a la totalidad el código. «Su ámbito de aplicación debe ser también para los corporativos», defiende el presidente del comité de empresa y portavoz de ELA, Ramón Uriarte. «Los primeros que deben cumplir todos esos deberes son los políticos. No tiene ninguna validez y es absolutamente prescindible», añade Fernando Ugarte, de CC OO.
El teléfono
El documento reserva un capítulo a los deberes con los ciudadanos. En ese punto recuerda al funcionario su obligación de ser «diligente, correcto, cortés y accesible con el público». Los trabajadores deben garantizar además los derechos de los vitorianos, cuando se relacionen con el Ayuntamiento. El reglamento incluye aspectos básicos, como «observar el horario de servicio, respetar la duración legal del trabajo y el régimen de vacaciones. No podrá ausentarse sin autorización». Incluso incide en cuestiones como el uso del teléfono. «El personal que conteste por teléfono se identificará con su nombre o el del departamento y devolverá las llamadas lo antes posible». Hay más. «No se consentirá que suenen inútilmente los teléfonos del personal empleado ausente sino que se articularán las medidas para que estas llamadas sean atendidas por personal próximo». Se les exigirá también «sobriedad y moderación» en el desempeño de su labor.
Además de trabajar de «forma comprensiva, eficiente y pronta», a los funcionarios «no se les tolerará la falta de respeto con sus compañeros y superiores, ni que se nieguen a ayudar a compañeros con sobrecarga de trabajo». El código dedica dos capítulos al mobbing y al acoso sexual.
DEBERES CON EL PÚBLICO.-
Comportamiento: Correcto, amable y disponible. Sus respuestas han de ser objetivas, precisas y rápidas.
Accesibilidad: Debe facilitar al ciudadano su derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sea parte interesada, y a obtener copias de documentos.
DEIA.-Local.
Acuerdo en la UPV para prevenir el acoso en el trabajo
El rector y representantes sindicales firmaron ayer el acuerdo
DEIA Bilbao
El rector de la UPV, Manu Montero, y representantes de los sindicatos FETE-UGT, LAB, ELA, STEE-EILAS, CC.OO. y CSI-CSIF firmaron ayer un acuerdo sobre prevención y solución de quejas, dentro del entorno universitario, en materia de acoso laboral (mobbing).
La finalidad del acuerdo es establecer un método que se aplique a la prevención y a la solución rápida de todas las modalidades de acoso con las debidas garantías, procedimientos imparciales y justicia.La UPV se convierte así en la primera universidad en disponer de una reglamentación propia en materia de acoso.
El acuerdo establece 17 principios directores y, entre ellos, se encuentra el compromiso de garantizar un entorno laboral exento de todo tipo de acoso. Asimismo, se garantiza el derecho a invocar los procedimientos previstos en el acuerdo sin temor a ser objeto de intimidación, trato injusto, discriminatorio o desfavorable. Las personas que presenten una queja de acoso podrán solicitar al superior jerárquico, como medida cautelar, dejar de trabajar con la persona denunciada.
El colectivo amparado por este acuerdo son profesores, personal de Administración y Servicios y todos lo que aleguen que su relación con la UPV concluyó debido a una situación de acoso. Este acuerdo, en el que juega un papel fundamental el Aldezle o Defensor Universitario de la UPV, entrará en vigor el 1 de enero de 2004.
El rector señaló que este acuerdo no sólo resulta pionero dentro del contexto universitario, sino que demuestra la capacidad del conjunto de sectores de la UPV para afrontar un problema importante.
EL DIARIO VASCO.-Sociedad.
AL DIA
Acuerdo de UPV y sindicatos para afrontar el acoso laboral en la Universidad
BILBAO./AGENCIAS
El rector de la Universidad del País Vasco, Manuel Montero, y representantes de los sindicatos Fete-UGT, LAB, ELA, Stee-Eilas, CC OO y CSI-Csif suscribieron ayer un acuerdo para afrontar los supuestos de acoso laboral en la Universidad. La finalidad es «establecer un método que se aplique en la prevención y la solución rápida de todas las modalidades de acosos con las debidas garantías, procedimientos imparciales y justicia», según comunica la UPV. Se establecen en el acuerdo 17 principios directores para «garantizar un entorno laboral exento de todo tipo de acoso y facilitar el derecho a invocar los procedimientos previstos en el mismo sin ser objeto de intimidación, trato injusto, discriminatorio o desfavorable». Quienes presenten una queja de acoso podrán solicitar al superior jerárquico, como medida cautelar, dejar de trabajar con la persona denunciada.
Queja por escrito
El acuerdo prevé que, cuando sea posible, estos asuntos se resuelvan «de manera extraoficial entre las partes directamente implicadas». La presentación de una demanda civil o una querella criminal dejará en suspenso el procedimiento contemplado. El procedimiento comenzará con la presentación de una queja por escrito, a continuación se intentará llegar a un acuerdo extraoficial y si éste no satisface al demandante se recurrirá al Aldezle (Defensor Universitario), que, tras oír a las partes, presentará una propuesta de solución. En el caso de que tampoco satisfaga al demandante, se remitirá la queja al Comité Arbitral, integrado por representantes de la UPV y de tres de las organizaciones sindicales, que tras examinar los hechos formulará una nueva propuesta que será remitida al rector, quien deberá aceptarla o desestimarla.
EL COMERCIO.-OVIEDO
«¿Basta ya! Un poco de cordura»
C. B./OVIEDO
Varios miembros del Cuerpo de Bomberos abogaron por la cordura en un escrito respaldado por 26 firmas. En su defensa, manifestaron que «dentro del grupo que sale a manifestarse existe un sector dominante que acosa al resto». Según ellos, esta actitud supone un «acoso laboral». Por último, desmintieron las palabras de CSI en los que aludían a las presiones recibidas para salir en defensa de De Luis. «Somos libres y no escribimos por presión del Jefe», concluyen
LEVANTE.- Local.
El Bloc de Vila-real propone un plan para luchar contra el «mobbing inmobiliario»
Denuncia el «acoso» al que están siendo sometidos los propietarios de la Ciudad del Azulejo
X. M. Manzanet, Vila-real
El Bloc de Vila--real ha calificado de «mobbing inmobiliario» la presión que a su juicio sufren los propietarios de los terrenos en los que se ha proyectado la Ciudad del Azulejo, y ha anunciado que emprenderá acciones contra esta «persecución inmobiliaria».
El concejal nacionalista Matiees Marín ha declarado que «las presiones no parten solo de los posibles compradores o corredores de fincas, sino que en ocasiones proceden también de la propia administración». El concejal se remitió a las declaraciones que los afectados realizaron a este diario sobre las repercusiones del proyecto, del impacto económico, de la reducción de la actividad agrícola, y de la desaparición de sus oficios a causa de lo que los agricultores calificaron de «un auténtico proceso de incautación de tierras».
El «mobbing inmobiliario», según Marín, no se limita a los grandes proyectos. En Vila-real, afirma, lo practican algunas inmobiliarias para que se abandonen inmuebles de renta antigua. «El propio ayuntamiento debería proporcionar información y asesoramiento jurídico a las víctimas de estas formas de actuar», declaró, y pidió coordinación entre los diferentes servicios municipales implicados, entre ellos Urbanismo, Vivienda, Bienestar Social, derechos civiles y la Oficina de Información al Consumidor.
Para Matías Marín, resulta evidente que «en muchos casos se produce una especie de caza moral o psicológica por parte de agentes inmobiliarios que pretenden adquirir los bienes inmuebles de sus propietarios».
El Bloc es partidario de hacer compatible el desarrollo económico de la ciudad con el bien común y con los legítimos derechos de los ciudadanos, pero a la vez ve preciso actuar «para evitar desequilibrios». Ayer mismo el Grupo Municipal Nacionalista presentó en el registro de entrada del ayuntamiento la correspondiente moción para que en su momento sea debatida en pleno, en la que el Bloc propone que el Ayuntamiento de Vila-real establezca un plan de lucha contra el «mobbing inmobiliario para proteger a los ciudadanos de esa cacería moral o psicológica que intenta lesionar sus legítimos derechos». El bloc propone tomar como referencia de ese plan la iniciativa que ya tiene en marcha la ciudad de Barcelona con la experiencia que de ello pueda derivarse.
Miércoles, 8 de octubre de 2003
EL PERIÓDICO DE CÓRDOBA.-Local.
Desgaste y ´mobbing´ afectan más a los especialistas
Problemas mentales, desgaste profesional y mobbing afectan más a los médicos especialistas que a los de Primaria, sobre todo los que trabajan en Oncología, UCI o Urgencias. El Colegio de Médicos está preocupado por el aumento de reclamaciones en atención primaria por la desmotivación.
EL ADELANTO DE SALAMANCA.- TEMA DEL DÍA.
ADIÓS A GLOBALIA.- REACCIONES
Políticos y agentes sociales lamentan el desenlace final
El presidente de la Cámara destaca la despoblación de empresas "inexorable"
Los sindicatos dicen que las sociedades e instituciones no tienen comunicación
CESAR YUSTE SALAMANCA
Lamentar, en primer lugar, la decisión de Juan José Hidalgo". Esta respuesta del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, era común ayer a los políticos, agentes sociales y representantes sociales consultados por la decisión de unificar la sede de Globalia en Mallorca, aunque después cada uno hiciese su matización.
Fernando Rodríguez aseguró que la Junta de Castilla y León "ha ofrecido todo tipo de ayudas e incentivos, incluyendo una ubicación". El portavoz del PP afirmó respetar "una decisión que, por lo que sabemos, tiene un carácter empresarial", aunque se mostró convencido de que la oferta de la Junta "era absolutamente viable".
´MOBBING´ EMPRESARIAL
El PSOE, a través de su secretario en la provincia de Salamanca, Emilio Melero, expresó su disgusto y señaló que la decisión de Hidalgo ha estado "motivada por el mobbing empresarial" del PP en Castilla y León. Melero recordó la pérdida de 300 puestos de trabajo y la pérdida para la región de 3 millones de euros (500 millones de pesetas) de ingresos fiscales al año. Los socialistas también calificaron la salida de Globalia como "la crónica de una muerte anunciada".
"Estamos viendo cómo inexorablemente se está despoblando la ciudad de empresas importantes", destacó el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Zarza, quien apuntó la dificultad que tendrá el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. También criticó que las instituciones "no sólo no atrae" empresas, sino que no impide que se marchen las existentes.
"MALA NOTICIA"
La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes), que preside José Luis Martín Aguado, difundió una nota en la que destaca que el traslado de la sede de Globalia a Mallorca es "una mala noticia para la economía de Salamanca y de Castilla y León", aunque justifica la decisión de Hidalgo y y valora "el esfuerzo que, según aseguran los responsables de Globalia, ha realizado la Junta".
"Salamanca también existe, como dicen en Soria". La secretaria general de UGT en la provincia de Salamanca, María García, considera que esto es "reflejo de la política de amiguismo y así nos luce el pelo". En su opinión, "la decisión estaba tomada desde mucho antes por el enfrentamiento con el presidente del PP de Salamanca", el alcalde de la capital, Julián Lanzarote.
"INCOMUNICACION"
"Un ejemplo de la incomunicación y de la falta de búsqueda de una solución entre las empresas y las administraciones públicas", es la marcha de Globalia para el secretario de la Unión Provincial de CCOO, Angel Alvarez, independientemente de los puestos de trabajo a los que afecta. También pidió "que nadie nos venda como positivo que los trabajadores se vayan a quedar aquí, porque, si lo hacen, será en precario".
El presidente de la federación vecinal Fevesa, Víctor Pedraz, expresó, por su parte, que le parece "una vergüenza que las instituciones públicas no quieran evitar la pérdida de cientos de puestos de trabajo y no vean el dinero que deja de perder la Administración". Víctor Pedraz también señaló que le da "pena la ineficacia de algunos políticos" ante circunstancias como ésta.
CANARIAS 7.- Opinión
QUE SE SEPA
Julios no es un florero
El mismo día de su nombramiento realicé una miniencuesta entre los sindicatos médicos. Eran fechas de máxima tensión, con la pelea Adán/Román en pleno desenlace, con la crisis del Materno rebotando en las portadas de los periódicos, con los representantes de los trabajadores clamando contra el sectarismo de ICAN. Pregunté: ¿es María del Mar Julios competente para desarrollar una gestión eficaz al frente de la Consejería de Sanidad? La respuesta, por contundente, no dejó de sorprenderme. Pese a la enorme frustración sindical, las críticas aceradas que se dirigían hacia los círculos del ex presidente, Julios pasaba el primer examen. <>, decían, <>.
Pues, al parecer, la dejan. Su primera decisión seria, la de destituir a Jesús Benítez de la Gerencia del Materno, convirtó ayer el mundillo de la sanidad canaria en un día de fiesta. Así de crudo. Julios cesa a quien ella nombró hace ocho años, cuando probablemente esta Julios ya no es aquélla que daba sus primeros pasos en las instituciones públicas, y cuando aquel ICAN sea hoy una ruina.
Benítez, el cesado, se lo ha ganado a pulso. Nunca el Materno, antaño hospital ejemplar, había alcanzado el subsuelo del descrédito.Entre sus "méritos" históricos cabe destacar: a) huelgas larguísimas de comadronas reclamando más personal; b) aburrir a los pediatras con mejor currículo del centro, muchos de ellos aves migratorias hacia la medicina privada, otros objeto de mobbing en centros asistenciales del norte y sur de la isla; c) dividir cirugía pediátrica en dos fracciones, transformar el hospital en una oficina de inteligencia, con médicos espiándose unos a otros, con médicos difamando a sus compañeros ante la visión incrédula del ciudadano; d) convocar al reino del miedo: jamás los profesionales tuvieron tanto pánico a la hora de realizar su trabajo (en un año han muerto varias madres, un bebé, y varios pequeños sufrieron malformaciones); y e) rodearse de mediocres y con su mediocridad iniciar una persecución implacable contra el talento.
A la vicepresidente Julios se le anima a continuar, a perseverar, a seguir, por ejemplo, con el Negrín. A eliminar el blindaje de Evelia Lemes. El gigantesco agujero que genera la sanidad canaria no procede solamente del gasto farmacéutico o de la subida incontolable de la emigración, también es producto del clientelismo, del tráfico de influencias, de operaciones encubiertas por desvío de pacientes a centros privados, y de pésimos gestores como Benítez y Lemes.
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.-Economía.
REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE AIR EUROPA Y HALCÓN VIAJES
Globalia decide concentrar en Palma la actividad empresarial
El grupo Globalia, que integra compañías como Air Europa, Halcón Viajes y Travelplan, anunció ayer la decisión de concentrar todas sus actividades empresariales y de administración en Palma de Mallorca. La medida conllevará el cierre del centro de administración de su filial Halcón Viajes en Salamanca, según un comunicado remitido por la Junta de Castilla y León. El traslado afectará a un porcentaje de trabajadores que oscila entre el 10% y el 20% de los más de 400 de la firma en Castilla y León.
La noticia fue comunicada ayer por Javier Hidalgo, director general del grupo Globalia, al consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Según la información de la Junta, la decisión ratificada por la compañía ha sido adoptada por razones "estrictamente" empresariales, "teniendo en cuenta el proceso de reestructuración" y racionalización de la compañía diseñado por la consultora Accenture.
Se estima que la concentración de actividad y servicios en Palma, en la que invertirá entre 60 y 80 millones de euros (entre 10.000 y 13.000 millones de pesetas), revertirá en un ahorro de costes de entre el 10% y el 20%.
La Junta de Castilla y León recuerda que desde que tuvo conocimiento de este proceso la Consejería de Economía ha estado en "permanente contacto" con la empresa. Teniendo en cuenta la normativa autonómica, nacional y comunitaria, a Globalia se le ha ofrecido "la mayor intensidad" de apoyo a sus actividades, explicó el consejero de Economía en una comparecencia ante las Cortes de Castilla y León. En todo caso, el Govern Balear también prometió apoyo y, además, el grupo concentra mucha mayor actividad empresarial en la isla.
La decisión cayó como un jarro de agua fría en la comunidad. El PSOE de Castilla y León manifestó su "disgusto y respeto" por la decisión, una marcha que los socialistas atribuyen al "mobbing (acoso) empresarial" al que el PP ha sometido al presidente del grupo, Juan José Hidalgo. El secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, denunció que Juan José Hidalgo antepone "el interés propio y de su empresa" a los de la comunidad. Se trata de una "faena de primer orden", agregó.
La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) consideró "una mala noticia para la economía de la provincia de Salamanca y de Castilla y León" la decisión. En todo caso, la patronal destacó que "los empresarios tienen que buscar la ubicación y las condiciones que más se acomoden a sus intereses y así lo ha hecho Juan José Hidalgo, que ha adoptado la decisión exclusivamente por motivo empresarial".
METRO MADRID.-Local.
Investigan un posible caso de acoso laboral en Getafe
CCOO está investigando el posible caso de acoso laboral sufrido por un trabajador del Ayuntamiento de Getafe por parte del coordinador del área de Medio Ambiente.
Esta persona ya había sido denunciada anteriormente por otros dos trabajadores que también sufrieron un acoso "en forma de presiones". "El problema es que los cargos de confianza son personas que deben asesorar a los concejales y se utilizan para dar órdenes a los trabajadores y para controlar el Ayuntamiento", sostiene el sindicato.
LA VERDAD.- Albacete.
«No se puede hacer demagogia con la desaparición de la Guardia Civil»
El presidente nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Fernando Carrillo, a propósito de la polémica suscitada con el quehacer diario de la Benemérita, criticó que se esté haciendo «demagogia» con la desaparición de este Cuerpo y advirtió que desde su asociación «estamos exigiendo, y seguiremos haciéndolo, la coordinación de los dos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional porque ambos estamos trabajando a espaldas e incluso muchas veces haciéndonos competencia desleal».
Carrillo matizó que «no se puede hacer demagogia sobre la desaparición de la Guardia Civil», sino que hay que insistir en la coordinación de los cuerpos: «Pidamos un mando único, que las unidades duplicadas trabajen codo con codo, que se investigue con coordinación y que el servicio público sea efectivo y de calidad para conseguir buenos resultados».
Caso Peñafiel
Por otra parte y preguntado por su opinión sobre el caso Peñafiel y cómo la depresión o la enfermedad psicológica pudo influir en su estado mental, Fernando Carrillo quiso dejar clara una cuestión básica y es que «en este asunto hay víctimas y familias afectadas. Desde la Asociación siempre hemos hablado de que debería haber una investigación porque se atisba cierto acoso laboral en Antonio Peñafiel», aclaró el presidente de la AUGC, quien volvió a reivindicar un proceso de investigación transparente que tenga garantías suficientes para lograr entender qué ocurrió en el caso Peñafiel».
En opinión de Carrillo, es «muy precipitado» hacer una valoración sobre si el teniente coronel sufre una enfermedad psicológica: «Esto lo tendrá que determinar la autoridad médica, pero su aparición en los medios de comunicación denunciando su situación, el proceso de indefensión y de persecución, nos puede dar una muestra de que pudo tener un tremendo desgastes psicológico».
ALBACETE
Uno de cada diez guardias civiles causa baja laboral por culpa de la depresión
El presidente de la Asociación Unificada afirma que el acoso laboral y el estrés provocan que la Benemérita haya registrado una media de 19 suicidios al año
ANA MARTÍNEZ/ALBACETE
La depresión es una enfermedad que no entiende de edad ni de condición social. Sin embargo, está comprobado que afecta de forma especial al colectivo de la Guardia Civil, donde uno de cada diez agentes causa baja laboral por culpa de este síndrome depresivo.
Así al menos lo expondrá hoy el presidente nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y psicólogo, Fernando Carrillo, que participará esta tarde en las séptimas Jornadas sobre el Síndrome Depresivo organizadas por Lassus.
En su intervención, Carrillo analizará cómo se encuentra el colectivo de la Guardia Civil en su aspecto psicológico y realizará unos apuntes sobre las principales enfermedades laborales y psicológicas que se encuentran en este Cuerpo de Seguridad del Estado, haciendo especial hincapié en la depresión.
Un análisis que, según adelanto a La Verdad, será «muy negativo», ya que en la actualidad 4.000 agentes de la Benemérita a nivel estatal se encuentran de baja laboral por motivos psicológicos, lo que representa el 10% de la plantilla que se emplea en prevención de delincuencia.
Para Fernando Carrillo, la depresión representa una «pandemia» en la Guardia Civil porque está arrojando cifras muy preocupantes como que, en la última década, el Cuerpo haya registrado una media de 19 suicidios al año, «lo que supera con creces las cifras de otros organismos dependientes de la Administración e, incluso, muy por encima de las cifras y los índices de la sociedad española en general», lamentó el presidente nacional de la AUGC, quien criticó la falta de una actuación directa por parte de la Administración.
El 'quemado'
Según este psicólogo y guardia civil, son varias las causas que llevan a un compañero a padecer el síndrome depresivo y otras enfermedades psicológicas similares, como el acoso laboral y el estrés, siendo un componente muy importante el burnout -síndrome del quemado en el trabajo-, cuya tendencia es acabar en depresión, ya que «la prevención y apoyo psicológico en la Guardia Civil está ahora mismo en un nivel bastante bajo», aseguró Carrillo, quien criticó en este sentido la inexistencia de equipos psicológicos a nivel provincial y la insuficiencia de los autonómicos, compuestos incluso por un solo profesional.
Por otro lado, Fernando Carrillo afirmó que la lectura de este tipo de psicología de la Guardia Civil es «muy militar y muy coorporativista, lo que origina que profesionales de solvencia acreditada estén sujetos a una cadena de mando que les dificulta mucho el objetivo de conseguir en un verdadero servicio de prevención y apoyo psicológico a la Guardia Civil».
El presidente nacional de la AUGC -que comenzará su conferencia a las 20,30 horas en el Ateneo Albacetense- explicó por qué la Guardia Civil es el Cuerpo de Seguridad del Estado más sensible a la depresión: «Al guardia civil se les juntan dos situaciones, por un lado, el componente de trabajo policial que conlleva un estrés laboral y, por otro, el síndrome de burnout que aparece por la falta de derechos que tiene el agente y la estructura militarista y muy coorporativista del Cuerpo lo que acelera el desgaste psicológico de los agentes».
Pero además, Fernando Carrillo subrayó el hecho de que el problema de la depresión y otras enfermedades psicológicas se dé en un 95% en la escala básica de la Guardia Civil, es decir, cabos y guardias, mientras que el 5% se registra especialmente en la escala de Suboficiales, siendo prácticamente invisible en la de Oficiales.
El presidente nacional del sindicato de Guardias Civiles insistió en que la depresión es una «pandemia» de la Benemérita, puesto que está al 1.600% por arriba de los niveles depresivos de la sociedad española y el triple por encima del Cuerpo de la Policía Local.
LA VOZ DE ASTURIAS.-Local.
PROCESO POR EL USO DE CAMARAS EN UN VIVERO DE PILOÑA
El gerente ´mirón´ dice que sus empleadas sabían que las grababa
Pide que se revoque el fallo porque se omitió una carta de amor que le envió a una trabajadora
Los letrados creen que esta prueba era esencial en el proceso judicial abierto contra su cliente
MARTA PEREZ CERNUDA
La Defensa del exgerente de Viveros del Sueve, Jesús.M. D.F, presentó un recurso pidiendo la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo, y la libre absolución del procesado, condenado a cumplir tres años y dos meses de cárcel y a pagar indemnizaciones de entre 30.000 y 60.000 euros a las empleadas que filmó con cámaras ocultas sin su consentimiento. La admisión o no del recurso debe resolverla la Audiencia Provincial.
Los letrados que representan a J.M.D F basan su recurso en deficiencias de las diligencias de investigación, como la no presentación de una carta que el exgerente envió a Delia C. --de la cual dice estar enamorado-- y que supuestamente podría demostrar la existencia de una relación amorosa entre ambos y que la testigo declaró poseer durante su comparecencia en el juicio oral.
La defensa sostiene que supuestamente tanto Delia como otras dos empleadas de la empresa piloñesa sabían desde hacía meses que las cámaras estaban colocadas, lo cual no fue denunciado y por lo tanto lo consentían, motivo que podría justificar la repetición de fases investigativas.
INCONSISTENCIA Los abogados de la acusación no ven consistentes los argumentos de la defensa del exgerente, ni siquiera ante la existencia de una posible relación amorosa entre éste y una de las empleadas --lo cual ella niega rotundamente-- puesto que fueron filmadas todas las trabajadoras de la planta piloñesa y en muchos de los casos su genitales se observan en las cintas.
También rechazan la duda de los letrados de J.M.D.F sobre si fueron o no filmadas las empleadas en su totalidad, puesto que todas declararon que utilizaban los servicios de Viveros del Sueve.
Una de las portavoces de las empleadas, Mapy Artidiello, calificó ayer de "vergonzoso" que a estas alturas pueda "ni siquiera pensarse por parte de nadie" que algunas de ellas sabía que estaban siendo filmadas y recordó que actualmente no han cobrado indemnización ni ha vuelto a conseguir un puesto de trabajo estable .
La acusación apunta, además, que ya fueron presentados y rechazados recursos anteriores sobre estos mismos hechos presentados de nuevo por la defensa, en un recurso que sugiere la nulidad de determinadas actuaciones y el reinicio de casi todo el proceso.
J.M.D.f, el principal inculpado en este caso, declaró que grabó durante 156 horas a las empleadas de Viveros por amor a una de ellas.
El exgerente continúa asistiendo al trabajo
El exgerente no dejó de asistir al trabajo ni después de ser destituido ni una vez dictada la sentencia, a principios de septiembre. Precisamente, en la sentencia por la vía laboral se destaca el acoso psicológico de J.M.D.F sobre las empleadas que denunciaron los hechos y regresaron a sus puestos al terminar una huelga general que condicionó la salida de la empresa de cinco trabajadoras.
La presión en el trabajo obligó a muchas de ellas a pedir la baja psicológica. El proceso laboral, sacado adelante por CCOO y un abogado particular, está ahora en manos de la Audiencia Nacional y dos años después que la Guardia Civil encontró las microcámaras debajo de dos mesas de trabajo y en los lavabos.
EL caso ocurrido en Viveros del Sueve provocó una expectación social no sólo en el concejo de Piloña sino en la comarca.
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