LA VOZ DE ASTURIAS.-Opinión.

ACOSO LABORAL
Carmen Sánchez : Controvertida decisión
He leído que el Ministerio de Trabajo ha prohibido la investigación de las denuncias por acoso laboral entre los funcionarios, calibrándolo de infracción laboral y tratándolo como un contencioso administrativo. Una persona que haya tenido contacto con casos de acoso laboral conoce la gravedad de ser víctima de este fenómeno: ansiedad, depresión, baja laboral, problemas familiares, tratamiento médico... Creo que esta medida es desafortunada y resta importancia a unos hechos potencialmente tan graves que, desde octubre del pasado año, pueden tramitarse por la vía penal. Además, deja en situación de indefensión a un colectivo tan vulnerable al acoso laboral como es el de los funcionarios.
Me sorprende la actitud de algunas personas que han aprovechado el caso del supuesto asesino de las jóvenes de Málaga, Tony King para hacer demagogia e intentar cargarse la institución del jurado, Creo que es necesario dejar algo claro: la llamada prueba indiciaria o indirecta, que sólo es la mera sospecha, es aceptada como prueba plena si así lo valora el juzgador. En un tribunal formado sólo por jueces profesionales, bastarían dos indicios para dictar sentencia condenatoria con una argumentación completa, pues sólo se exige que sea razonada y no que sea cierta.
Ya es hora de aplicar la presunción de inocencia en su recto sentido. Hoy, con los medios técnicos existentes, deja de estar justificada la prueba indiciaria, ya que es posible exigir a los investigadores un nivel de calidad en el material probatorio que aportan al juicio.
Detenido el asesino de las jóvenes malagueñas Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, qué va a pasar ahora con Dolores Vázquez, una mujer injustamente juzgada y encarcelada y sometida también al juicio de la opinión pública?
Cómo se subsana el error cometido con ella durante todos estos meses? En qué se basó la policía para su detención y en que se basó el jurado que la condenó a prisión? Tuvo más fuerza la voz de una madre, comprensiblemente desesperada por la terrible muerte de su hija, que no los hechos.
Está claro que el jurado se precipitó, pero las fuerzas de seguridad del Estado tampoco funcionaron. La opinión pública y los medios de comunicación presionaban para que se resolviera pronto el caso, así que había que encontrar a un culpable. Aun entendiendo el sufrimiento de Alicia Hornos, no es de recibo que continúe criminalizando a Dolores. Creo que debe pedir disculpas.

DIARIO DE JEREZ.-Local.

Cursos de otoño
La libertad condicional y el cumplimiento total de las penas
REDACCIÓN. 
JEREZ. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, José Luis de la Cuesta, abordó ayer dentro del seminario 'Del código penal de la democracia al código penal de la seguridad', comprendido en los Cursos de Otoño organizados por la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento, el tema de la libertad condicional a partir de la reorma de este año, una reforma que, en su opinión, "busca lanzar un mensaje de seguridad".

Como novedades más sobresalientes de esta nueva ley destacó la posibilidad de que se cumplan íntegramente penas de hasta cuarenta años, la exigencia del pago de las responsabilidades para acceder a la libertad condicional y las restricciones en caso de terrorismo.

Por otra parte, el profesor Zugaldía, en su ponencia sobre las sanciones a personas jurídicas, afirmó que "para la lucha eficaz contra la delincuencia organizada, sobre todo de tipo económico, es necesario que se admita la posibilidad de que no sólo las personas físicas pudan ser perseguidas penalmente, sino también las personas jurídicas, como ya ocurre en numerosos países de la Unión Europea".

La última conferencia de este seminario ayer versó sobre las nuevas penas y penas reconfiguradas, y fue ofrecida por el profesor Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En el segundo seminario, sobre las influencias del mundo del trabajo en el estrés y las patologías psíquicas, la primera conferencia corrió a cargo de José María León, que defendió la necesidad de establecer una carta social o convenio de clima para impedir casos de acoso laboral en el trabajo.

Según el profesor León, "para evitar estas situaciones, también sería interesante la creación de un sistema de prevención de conflictos interpersonales y un programa de formación de habilidades directivas".

La posterior intervención ha corrido a cargo del profesor Serafín Cruces Montes, que explicó un nuevo concepto, el 'engagement', como alternativa al 'bourn-out' (quemarse).

De esta forma, dijo que "el 'engagement' supondría una actitud favorable respecto al ámbito laboral, conseguida con psicología positiva a partir de un análisis de fuerzas para conseguir un funcionamiento óptimo en el trabajo".

Estos dos seminarios continúan hoy con ponencias como 'La suspensión de la ejecución de la pena' y 'Perspectivas legales y penales de los nuevos supuestos de psicopatología laboral'.

ABC.- Andalucía. Política.

Nueve años sin empleo y sueldo a un funcionario de la Junta que denunció acoso.
SEVILLA. La Consejería de Obras Públicas ha abierto un expediente disciplinario de nueve años sin empleo y sueldo a un funcionario de la Secretaría General de Aguas que el pasado marzo presentó, como delegado de la Asociación Sindical de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Funcionarios de las Administraciones Públicas (Asicad), una denuncia contra cuatro altos cargos de la Consejería por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y delitos contra la integridad moral y derechos de los trabajadores.
El funcionario expedientado, Carlos Fernández, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada el pasado 8 de julio por el viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta Luis García Garrido, que resuelve imponerle la sanción de nueve años de suspensión de funciones por la comisión 21 faltas graves y cinco muy graves.
El recurso argumenta que el expediente sancionador debe calificarse como «nulo por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical» y por constituir una «represalia»

EL ADELANTO DE SALAMANCA.-Local.

UGT.- Tráfico se enfrenta a una querella por ´mobbing´
E.A.S.
El sindicato UGT informó ayer de que se ha admitido a trámite la segunda querella por acoso moral, mobbing , interpuesta por una segunda funcionaria de la Dirección General de Tráfico (DGT) contra tres directivos: el director del centro de Salamanca, el jefe de área y la subdirectora general. "La situación es insostenible", destaca UGT en un comunicado: "Se han abierto 5 expedientes disciplinarios contra una de ellas desde que denunció su situación judicialmente". "Una despiadada persecución", califica UGT la situación, "debido a una falta evidente de organización y coordinación". El sindicato recuerda que el rechazo y las presiones se inició después de que las tres mujeres aprobaran una oposición.

EL DIA DE BALEARES.-Local.

Los funcionarios cobrarán en 2004 el plus de insularidad
Rodríguez denuncia que los despidos improcedentes del Pacte han costado «cientos de millones de pesetas»
M.A.R.
PALMA.- El conseller del Interior, José María Rodríguez, anunció ayer ante el Parlament que el Ministerio de Administraciones Públicas reserva una partida presupuestaria para comenzar a equiparar durante 2004 el complemento de insularidad que cobran los funcionarios de Baleares con los de Canarias.
El proceso se completará a lo largo de los próximos cuatro años. Los primeros en beneficiarse de esta medida serán los policías nacionales y guardias civiles, para garantizar unas retribuciones más atractivas que ayuden a cubrir las plazas vacantes. Más adelante, avanzó, la subida salarial llegará a los funcionarios de la Comunidad Autónoma.
Por su parte, el diputado socialista Antoni Diéguez acusó al Ejecutivo de Jaume Matas de haber incurrido, en tan sólo tres meses, en todas las prácticas imaginables de nepotismo en su política de personal: desde el enchufismo a la elaboración de «listas negras» de funcionarios afines al Pacte para poner en marcha contra ellos «una purga y una persecución política sin límites». Sin olvidar el mobbing supuestamente emprendido «contra funcionarios que no tienen ni silla ni mesa, y no porque cobren sin ir a trabajar como ocurría con algunos en el anterior mandato del PP», señaló.
Durante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, Diéguez acusó al conseller José María Rodríguez de haber cesado a «al menos 30 cargos de libre designación» en su departamento. Rodríguez negó la mayor y aseguró que sólo han abandonado su cargo seis personas, incluido -por razones obvias- su antecesor al frente de la Conselleria, el socialista Josep María Costa.
Para política de ceses arbitrarios, abundó, la del Pacte: «a la Comunidad autónoma le han costado cientos de millones de pesetas los despidos improcedentes realizados por el Govern durante los últimos cuatro años». Mientras tanto, «algunas consellerias llegaron a nombrar hasta 200 cargos de libre designación» (funcionarios de carrera asignados a un nuevos destino sin concurso de traslado), añadió en referencia a la de Educación, gestionada por el PSM. En declaraciones a EL MUNDO/El Día de Baleares, el ex director general de Cultura, Pere Muñoz, matizó ayer que en este caso se trata en realidad de «personal en comisión de servicios», en su mayoría profesores destinados a servicios especiales como los programas de atención a la diversidad.
Antoni Diéguez quiso ilustrar sus acusaciones con algunos ejemplos prácticos. «Es una vergüenza que estén persiguiendo a familiares de concejales», dijo en alusión a la mujer de un edil socialista de Calvià, despedida de su puesto en una escoleta municipal. Rodríguez no se quedó corto y recordó que el Pacte «hizo un traje a la medida para colocar de por vida en la Conselleria de Presidencia a la hermana de Francesc Antich», Catalina Antich. Entró a trabajar como asesora lingüística pese a que no es filóloga, gracias a que el Govern amplió a la licenciatura de historia el abanico de titulaciones exigidas.

DIARIO DE SEVILLA.-Ciudad.

La campaña de vacunación contra la gripe, sin incidencias
Los demandantes alegan 'mobbing' de la orden hospitalaria por dejarles sin tareas y la entidad asistencial niega que se hostigue a nadie.

ALFONSO PEDROSA
Ayer comenzó en Sevilla la campaña de vacunación contra la gripe en los centros sanitarios; entre ellos, como muestra la imagen, el del Cachorro, en Triana. La Junta de Andalucía tiene reservadas 195.400 dosis vacunales destinadas a los grupos de riesgo de Sevilla, que se irán inoculando a demanda de estos colectivos en las próximas semanas, dentro de los horarios previstos en los centros del Servicio Andaluz de Salud. Dos médicos especialistas del hospital San Juan de Dios de Nervión se personan hoy como demandantes en el juicio de la jurisdicción de lo social contra su empleador, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, por "hostigamiento intencionado" o, según el término inglés que se ha popularizado, prácticas de mobbing.

A estas dos demandas se sumarán otras tres en curso de sendos profesionales de ese centro hospitalario, relacionadas con situaciones que participan del mismo fondo de la cuestión: la falta de tareas en el hospital después de que se iniciase el proceso de apertura del nuevo centro asistencial de la orden en Bormujos, a la espera de la firma de un consorcio de funcionamiento con la Consejería de Salud de la Junta.

Según este grupo de profesionales, "estamos mano sobre mano porque no se nos da trabajo". Además de las repercusiones psicológicas y de posible pérdida de habilidades técnicas por falta de ejercicio de la práctica clínica, esencial en la profesión médica -argumentos que hoy se esgrimirán ante el juez, entre otros-, estos facultativos del histórico hospital sevillano apelan a la memoria sentimental de Nervión y a las "necesidades asistenciales" de Sevilla, ya que "se trata de un hospital general de 160 camas que se va a cerrar mientras la ciudad sestea y es, además, un centro que forma parte de la historia del barrio de Nervión".

Según este grupo de médicos que se ve "sin funciones que realizar" y relegados a "leer el periódico", la situación se inició cuando la orden ofertó a la plantilla de Nervión cesar en sus puestos de ese centro y ser contratados en el nuevo hospital de Bormujos. Aquellos que prefirieron quedarse (15 titulados superiores de los 34 que había en diciembre de 2001) deben afrontar ahora el rediseño funcional del hospital de Nervión.

Fuentes oficiales de la organización asistencial de la orden de San Juan de Dios desmintieron "categóricamente" la existencia de hostigamiento hacia ningún trabajador de la plantilla del centro. "Les podremos dar más o menos tareas a realizar, pero jamás se ha acosado a nadie".

Estas mismas fuentes directivas de la orden hospitalaria alegaron además que "la carga de trabajo para los profesionales no depende de nosotros, sino del flujo de pacientes que suministre la Consejería de Salud en virtud de los conciertos existentes".

LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.- GANDÍA

El Consell Jove edita 5.000 ejemplares de su revista
REDACCIÓN\GANDÍA
Un año más el Consell dels Joves de Gandía, y coincidiendo con la celebración de la Fira i Festes Gandía 2003, edita la revista No Tan Jove, en concreto el número 6 del ejemplar. Han editado 5.000 ejemplares que se reparten por centro públicos, educativos y comercios.

Esta revista, además de vehículo de comunicación de las propuestas del Consell y de difusión de sus actividades, tiene una vocación divulgativa y de fuero de debate que puede interesar al público joven y no tan joven, incluyendo reportajes y artículos variados.

En este nuevo número, cabe destacar, además de la ya consolidada vertiente solidaria y de voluntariado, el desarrollo exhaustivo del I Festival Borja- pop de Gandía y la crítica a la ola de estética militarista que nos invade (con traslación en la moda de vestir y juguetería).

Habla de la preocupación por los temas laborales y la precariedad laboral juvenil y denuncia el barraquismo que padece la educación pública en la Comunidad, y en especial, Gandía, con 28 barracones. Por último difunde información sobre temas de salud natural, mobbing y sexualidad.

LA VOZ DE GALICIA.- Local.

Denuncian que hubo «episodios tenebrosísimos de acoso laboral»

Uno de los padres que envió a uno de sus hijos y tiene otro en el centro confirmó que durante años se sabía que en las guarderías que regentaba Teiraboa (Milladoiro y Bertamiráns) existían «episodios tenebrosísimos de acoso laboral» a algunas trabajadoras. Situaciones de bajas de la plantilla por depresiones y procesos judiciales por despidos improcedentes fueron otros de los aspectos de la gestión de Teiraboa que desvelan los padres de los niños que acuden a la guardería, financiada por la Consellería de Familia (cerca de noventa mil euros) y el Concello de Ames (48.000 euros).
A esto se añaden los problemas de los padres cuando llevaban a sus hijos fuera del horario (las diez de la mañana), que establecía Teiraboa. Como ejemplo de esta situación, explica este usuario, hubo un caso en el que a una padre se le envió una factura por un importe superior al correspondiente, amparándose Teiraboa en unas normas cuyo contenido nunca fue dado a conocer a los padres. Las quejas sobre la gestión de la guardería, algunas de las cuales fueron notificadas, según sus autores, a la Consellería de Familia, se acompañan de elogios al personal que atiende a los niños.

COMFÍA.-Economía.

FREMAP INCUMPLE UN REQUERIMIENTO DE LA INSPECCION DE TRABAJO, POR HOSTIGAMIENTO LABORAL
Como consecuencia de la denuncia en marzo del 2002 ante la Inspección de Trabajo por parte de una trabajadora, afiliada a CCOO, del centro de trabajo que FREMAP tiene en Ciudad Real, contra el Director del mismo por los tratos vejatorios que recibía de este, la Inspección, después de nueve meses de investigación, reconoció una situación de HOSTIGAMIENTO LABORAL e hizo, en noviembre del 2002, un requerimiento a la Mutua FREMAP, para que tomara las medidas necesarias para corregir ese HOSTIGAMIENTO.
Hoy, casi un año después, y tras incumplir sobradamente el plazo dado por la Inspección de Trabajo, esta situación no solo no se ha corregido, sino que se ha permitido, consentido y agravado y ampliado incluso, al Delegado de personal, y personas próximas a la denunciante, actualmente de baja médica por depresión.
Tenemos que recordar que FREMAP es la mayor MUTUA de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con competencias en materia de accidentes y enfermedades comunes, y es también SERVICIO AJENO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES de sus empresas asociadas. BONITO EJEMPLO.
De no corregirse esta situación de manera URGENTE, este sindicato se verá en la obligación de recomendar a sus delegados en Castilla La Mancha en aquellas empresas que tengan contratados los servicios de esta Mutua, a que insten a sus empresas a reconsiderar sus contratos derivándolos a otras que no practiquen malos hábitos en materia de Prevención de Riesgos, invitando al resto de fuerzas sindicales allá dónde estén representadas a hacer lo mismo, ya que es inaudito, escandaloso e inadmisible, que una entidad cuya finalidad es corregir, mediar, reparar y prevenir estas situaciones a sus empresas asociadas, consienta e incluso aliente este tipo de actitud dentro de su propia organización.
Actualmente se instruyen actuaciones en el juzgado nº 5 de Ciudad Real por varios delitos cometidos contra esta compañera por parte del Director del Centro.

EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA.- Cáceres.

CONFLICTOS LABORALES
La patronal denuncia el uso sindical del ´mobbing´ como arma de presión
 En el último año se han producido tres denuncias por acoso laboral que luego fueron retiradas
Los afectados niegan las acusaciones y advierten de que se cuestiona a tribunales médicos
C. ORTIZ / I. BRAVO CACERES
La patronal denuncia la utilización sindical del mobbing (acoso moral en el trabajo) como método de presión a las empresas. La Federación Empresarial Cacereña ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de los juzgados de lo social esta práctica "repetida de acoso moral al empresario" por parte de algunos trabajadores.
La federación explica que el método consiste en que el trabajador simula una situación de acoso laboral o, incluso, de enfermedad para lograr causar baja en la empresa, no por voluntad propia, sino por un inexistente acoso por parte del empresario. Sigue la denuncia por un acoso "que no existe" y, posteriormente, una demanda judicial.

FORMA DE PRESION
La patronal señala que las empresas son "presionadas" hasta el juicio, donde el trabajador se ofrece a reducir la indemnización si el empresario admite los hechos. Si éste aguanta "la presión" se retirará la demanda, pero de lo contrario se verá obligado a pagar una indemnización a la que, por ley, no le correspondería.
La federación apuntó que este año se han dado tres casos en empresas de la provincia resueltos con la retirada de la denuncia. El último, en una conservera del Campo Arañuelo.
Por su parte, la Asociación Extremeña contra el Acoso Moral en el Trabajo negó estas acusaciones. Su presidente, Julio Fernández, aseguró que no es el trabajador el que presiona, sino algunas empresas "para evitar el pago que conllevan los despidos en el caso de trabajadores fijos".
Fernández advirtió que con su denuncia la federación de empresarios está cuestionando la "honradez" de los médicos, ya que en un caso de mobbing el trabajador ha de superar tribunales médicos. El colectivo está dispuesto a promover jornadas informativas para empresarios sobre el acoso laboral "con el fin de que sepan detectar los casos simulados".


Una investigación judicial por ´mobbing´ salpica a 4 funcionarios cacereños
Un supuesto caso de mobbing que salpicaba a cuatro funcionarios cacereños y que llegó al Juzgado número 3 de Cáceres hace un año sorprendió a la ciudad. Tras la denuncia que por acoso moral en el trabajo interpuso un funcionario contra cuatro compañeros --los cinco empleados en el edificio de Servicios Múltiples de Cáceres--, el juzgado decidió investigar a los cuatro funcionarios denunciados por un posible delito contra la integridad moral. Era la primera vez que se abrían diligencias penales por mobbing en Cáceres.

OPINIÓN
Pedro Rosado: "Los sindicatos están detrás de las denuncias a las empresas por acoso laboral"
El secretario general de la Federación Empresarial Cacereña, Pedro Rosado, denunció ayer que, detrás del "acoso moral a las empresas están siempre los sindicatos". Este responsable destacó los perjuicios económicos y morales que esta práctica supone para los empresarios, que se ven sometidos a inspecciones de trabajo. Asimismo, afirmó que no reciben indemnización cuando el denunciante retira su demanda por ´mobbing´

EN PARALELO
Un trabajador de Coria retira su demanda a cambio de indemnización.
El caso de un trabajador de la construcción de Coria que demandó por acoso moral-laboral (mobbing ) a su empresa ha sido el último que se ha visto en un juzgado cacereño. Llegó al Juzgado de lo Social el pasado 1 de julio, pero la mediación del magistrado permitió que las partes llegaran a acuerdo y evitó el juicio.
El abogado del trabajador se comprometió a no insistir en la resolución del contrato y a retirar la demanda a cambio de una indemnización; la empresa reconoció el despido improcedente y aceptó el pago; y ambos acordaron no emprender otras acciones futuras.

GARA.- Economia.

Los empleados de Torunsa apuestan por seguir la huelga
Reivindican mejoras laborales y denuncian sufrir seguimientos

La mayoría de los empleados de la planta de producción de la empresa de tornillería Torunsa SA de Bergara está de huelga. Pretenden conseguir diversas mejoras en sus condiciones laborales y, de no cambiar las cosas, la huelga adquirirá carácter indefinido a partir del próximo lunes día 6.
BERGARA
Los empleados de Torunsa SA llevan mucho tiempo pidiendo mejoras en sus condiciones laborales. La empresa no ha tomado en consideración sus solicitudes, por lo que han decidido ir a la huelga. «Realizamos las primeras huelgas en setiembre pero las cosas siguen igual y las hemos retomado. Si la situación no cambia a partir del lunes la huelga será indefinida», señalaron desde el comité de empresa. A excepción del personal de las oficinas, la mayoría de los empleados de esta empresa se ha sumado a los paros. «En la plantilla somos unos 80 trabajadores, aunque hay otros 10 ó 12 más trabajando de manera eventual», indican.
Las revindicaciones de los trabajadores afectan a los contratos, los salarios, las bajas o las jornadas de trabajo. Además, los trabajadores critican que «el taller está lleno de cámaras de video y desde que entramos hasta que salimos estamos controlados. De hecho, a más de un empleado le han sancionado con falta por acudir al baño. También persiguen a los sindicalistas e incluso algún trabajador ha puesto una denuncia por acoso moral».

EL DÍA DE CÓRDOBA.-Local. Tribunales

Exculpan a UGT de la acusación de 'mobbing' a su ex abogada
El juez reconoce, no obstante, "un uso abusivo e irregular de la contratación temporal" en la demanda laboral por despido de la letrada.
R.R.
El Juzgado de lo Social número uno de Córdoba ha exculpado a la Unión General de Trabajadores (UGT) de las acusaciones de acoso laboral plasmadas en una demanda por despido planteada por su ex abogada, Ana Galán. La demandante ya ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al no reconocerse la nulidad del despido, aunque sí la improcedencia del mismo.

El juez asegura que no existió "violencia sistemática y prolongada" para que la trabajadora abandonara voluntariamente su puesto de trabajo, ya que fue UGT quien le rescindió el contrato. Reconoce las relaciones "frías" entre la trabajadora y los dirigentes sindicales pero asegura que no ha quedado acreditado una presión punible. La sentencia asegura que no cabe hablar de mobbing porque la trabajadora no se dio de baja, ni lo denunció ante la Inspección de Trabajo cuando aún estaba contratada por el sindicato. Asegura también el juez que no es creíble que la demandante sufriese acoso laboral "siendo su cónyuge el responsable de los servicios jurídicos del sindicato". La letrada se reiteró en su denuncia de mobbing apoyada, según asegura, en las condiciones de trabajo que se le impusieron para que abandonara el puesto de trabajo.

No toda la sentencia es favorable a los intereses de UGT. El fallo reconoce "el uso abusivo e irregular de la contratación temporal" por parte del sindicato. Se reconocen como hechos probados que la demanda mantuvo hasta siete contratos distintos con la central sindical y una empresa de formación de empleados, con cargo a distintas acciones estatales de promoción de empleo. Por esta razón, se le reconoce una indemnización de 9.500 euros sin perjuicio de lo que establezca el recurso judicial.

Una de las cuestiones más extrañas del fallo es que el juez asegura que no queda acreditado que la ex abogada fuese "técnico del Observatorio Local de Empleo". En el transcurso de la vista oral, se depositaron los contratos de trabajo de la abogada, que fue la representante del sindicato en este organismo municipal

Una demanda laboral sin otros detalles

La sentencia del Juzgado de lo Social no entra a valorar las acusaciones realizadas por la ex letrada de UGT en materia de utilización irregular de los fondos Forcem o que fuese contratada por una empresa prestadora de cursos financiados por el Estado mientras que seguía realizando sus labores en la estructura del sindicato. El fallo reconoce que la cesión ilegal de trabajadores podría dar lugar a "responsabilidades administrativas, laborales o penales", aunque asegura que el procedimiento establecido es un juicio por despido en el que no caben otras valoraciones legales.

Empresas.

Caja Rural organiza un encuentro de jefes de recursos humanos
F.J.D.
La Caja Rural de Córdoba, en colaboración con la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, organizó ayer un encuentro de jefes de personal y directores de recursos humanos en el que analizaron temas de actualidad como el mobbing, el acoso sexual, las posibles limitaciones de Internet por los empleados de las empresas, los derechos de los trabajadores en materias de libertad sindical y el derecho de huelga.

Las conferencias comenzaron ayer con la intervención del fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que analizó en su ponencia las distintas atribuciones de poder directivo que tienen los empresarios en relación con los derechos fundamentales de los trabajadores a sus órdenes.

El secretario general de Caja Rural en Córdoba, Urbano Jiménez, destacó que en el encuentro han participado directores de recursos humanos de toda España y añadió que jornadas de este tipo "sirven para prevenir fenómenos como el mobbing o acoso en el trabajo, que debe ser evitado a toda costa".

Otro de los aspectos que se han tratado en este ciclo de conferencias ha sido el de los derechos que tiene el empresario con respecto a las inspecciones de trabajo, con especial referencia al procedimiento inspector y a los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos en el mismo.

La información sobre los convenios colectivos para la sociedad cooperativa de crédito y el régimen de funcionamiento del servicio de prevención de riesgos laborales y su auditoría son los temas que se abordarán hoy en este encuentro de recursos humanos.

LA OPINIÓN DE TENERIFE.- Sociedad.

El Diputado del Común pide un régimen disciplinario para menores inmigrantes
Alcaide afirma que los jóvenes extranjeros necesitan medidas de control
El Diputado del Común, Manuel Alcaide, pidió ayer en el Parlamento canario que los menores inmigrantes que llegan a las Islas sean sometidos a "un reglamento disciplinario especial", en vez de ser considerados menores de protección, como ocurre en la actualidad. Alcaide denunció también que hay una "falta de coordinación" entre las diferentes administraciones en esta área.

Manuel Alcaide afirmó que el área de menores, en todas sus vertientes, es una de las que peor funcionan en la administración del Gobierno regional, tanto para proteger a los menores en riesgo como para lograr reeducar a los que ya han delinquido, pero ante todo se mostró preocupado por el actual tratamiento que se da a los menores extranjeros y que, en su opinión, no deben compartir los mismos centros que ocupan menores desamparados, ni ser tratados como menores de protección.
En una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlamento de Canarias, el Diputado del Común definió a los menores inmigrantes como "chicos que son principalmente de origen subsahariano o marroquí porque llegan en patera, de entre quince y dieciséis años, y totalmente ajenos a nuestro mundo". "
"Son seres diferentes a nosotros en religión, cultura y hábitos, y por lo tanto, no pueden ser tratados como menores de protección, que precisan de una confortabilidad, sino que necesitan de un régimen disciplinario especial".

Necesidad de un control
Alcaide recordólos sucesos que se sucedieron en 2002 en el centro La Montañeta, en Gran Canaria, donde varios menores inmigrantes violaron a otros, por lo que insistió en que "es muy grave que estos jóvenes no estén controlados".
Añadió que su propuesta no es una innovación, sino que ya se aplica en Cataluña. "Estos señores necesitan alguna disciplina", apostilló. "Ya se elaboró un proyecto similar que fue rechazado por el Consejo Económico y Social, aunque algo desde este enfoque sería necesario", concluyó el Diputado, quien una vez más se hizo eco de la falta de recursos humanos y materiales y de personal especializado para atender a este colectivo.
Alcaide respondió también en la comisión acerca de otras quejas de los ciudadanos, como las listas de espera en sanidad, de las que dijo que la oficina del Diputado aún no ha logrado recibir la información completa y a tiempo, o las deficiencias en justicia, que recordó que es una de las quejas más reiteradas de los últimos tres años.
También recordó que la vía contencioso-administrativa es la más colapsada de toda la justicia, con señalamientos a tres o cuatro años. Esta dilación tiene que ver con quejas relativas al acceso al empleo público por oposiciones, cuyas impugnaciones tardan años en sentenciarse.
El Diputado dijo que no había recibido quejas por acoso laboral o mobbing, que consideró un reflejo de la "mayor sensibilidad de la sociedad". En cuanto a los mayores afirmó que el problema es que "su cuidado recae en las familias, en las que la mujer ya no es su amparo, porque trabaja, por lo que pidió mayor asistencia domiciliaria.
En cuanto a las quejas sin resolver, se refirió a dos que datan de 1999; otras 25 de 2000; 59 de 2001, y 248 del pasado año.

EL DIARIO DE CÓRDOBA.- Local.

CONDENA AL SINDICATO A INDEMNIZARLA
El juez niega el despido nulo a la abogada de UGT
La sentencia mantiene que su despido fue improcedente, pero descarta el ´mobbing´
Ana Galán anuncia que recurrirá ante el TSJA y que acudirá al fiscal con sus contratos
M.O.F.
La sentencia del juez de lo Social número 1 de Córdoba en el caso de la demanda presentada por la ex abogada de UGT Ana María Galán contra el sindicato desestima la petición de ésta de que su despido sea considerado nulo y descarta que esté probado que se haya producido contra ella mobbing o acoso moral, si bien declara improcedente su despido y condena a la central sindical a indemnizar a la demandante con 8.299,20 euros, así como a abonarle los salarios de tramitación (desde su despido hasta la sentencia) a razón de 1.363 euros.
El fallo no ha satisfecho a Ana María Galán (que exigía en su demanda la declaración de despido nulo y readmisión obligatoria) que lo recurrirá, según anunció ayer a este periódico, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, afirmó que, dado que el juez no había entrado en el análisis de las supuestas irregularidades cometidas por UGT en sus contratos (la denunciante afirmó en su demanda que el sindicato la contrató en ocasiones con cargo a fondos de formación, aunque desempeñara siempre tareas como abogada, y puso en duda el uso que UGT había dado a los 45.000 euros recibidos del Ayuntamiento para su participación, mediante contratación de un técnico y un auxiliar, en el Observatorio Local de Empleo), por lo que ha decidido acudir con esta información al fiscal, dado que hay otras investigaciones similares abiertas.
El magistrado hace una amplia reflexión sobre el acoso moral en el trabajo, que no considera probado en el caso de la demandante, al tiempo que considera carente "de la lógica más elemental" obligar a un trabajador acosado moralmente y despedido "a que se reincorpore a la empresa donde está siendo víctima" de una vulneración de derechos. Añade que no tiene lógica que Ana María Galán pueda ser víctima de acoso "siendo su cónyuge el responsable de los servicios jurídicos del propio sindicato". El juez, Luis del Arco, deja fuera del caso a UGT-Córdoba y a la MCA-UGT Córdoba, dado que no tienen personalidad jurídica y capacidad para contratar, y condena solidariamente a MCA-UGT Andalucía y UGT-Andalucía a resarcir a la despedida.

LA ENTIDAD PROVINCIAL CORDOBESA, ANFITRIONA DEL IV ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTIVOS

Las cajas rurales comparten ideas en recursos humanos
El fiscal Ignacio Gordillo aborda nuevos problemas, como el ´mobbing´ e internet
M.O.
Compartir los problemas, y, sobre todo, las soluciones aplicadas a los mismos, buscar fórmulas para mejorar la formación de las plantillas y la mejor distribución del trabajo, y abordar los nuevos retos y problemas en materia de dirección del principal activo de los negocios financieros, que es el personal, son la base que inspira el Encuentro de directores de recursos humanos de las cajas rurales , que inició ayer su cuarta convención en Córdoba. Más de cuarenta altos ejecutivos de estas cooperativas de crédito pasarán dos jornadas de trabajo y de ocio cultural en la ciudad, en un encuentro en el que actúa como anfitriona la Caja Rural de Córdoba, y que se inició ayer en el hotel Meliá.
Como indicó a este periódico el director de recursos humanos de la entidad cordobesa, Urbano Jiménez, la idea de estas jornadas es compartir vivencias y conocimientos, así como coordinar en lo posible las actuaciones de las cajas rurales en materia de recursos humanos, puesto que ya cuentan con un plan de formación de ámbito nacional y un servicio mancomunado de prevención de riesgos laborales. Entre los ponentes de ayer figuraba el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que, según Urbano Jiménez, abordó temas muy actuales, como la libertad sindical, el mobbing o los límites de la privacidad de los trabajadores en el uso de internet. También tuvo una ponencia el jefe de la Inspección de Trabajo de Andalucía, Víctor de Santos. Hoy se abordará la situación actual de la negociación colectiva en este sector, así como la prevención de los riesgos laborales.
La inauguración contó con la asistencia del presidente de la Diputación cordobesa, Francisco Pulido, así como del secretario general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, Angel Luis Martín Serrano; el vicepresidente de la Caja Rural de Córdoba, Fernández de Molina, y su director general, Antonio Roldán.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.-Opinión.

ARTÍCULO // DISCO DURO
EL EBANISTA sabía de su prestigio al dar su mueble al cliente. La nueva industria hizo que muchas personas hicieran muchas piezas de muebles sin autor. Tal vez fue así como la autoestima laboral empezó a caer.
EL PRECIO DEL DESPRECIO
JOAN BARRIL

Pienso a menudo en una película norteamericana de bajo presupuesto titulada Trabajo basura. Tres jóvenes informáticos observan cómo unos llamados consultores en recursos humanos --¡magistral eufemismo!-- entran en la empresa para entrevistarse con sus trabajadores y decidir quién se queda y a quién se despide. El más listo de los tres, en vez de mostrar su currículo, mantiene con ellos una actitud desafiante, hostil y burlona. Los llamados consultores ni siquiera se preocupan de la habilidad con la que ese informático hace su trabajo. Deciden ascenderle por tratarse de un rebelde integrable. A los otros, a los dóciles pero más eficientes, se les manda a la calle.
Esa escena puede estarse produciendo ahora mismo muy cerca de donde usted está leyendo este periódico. El desconcierto de muchos directivos ha encontrado en esos extraños personajes supuestamente arbitrales a los mejores sicarios del empleo. Nada es seguro. El depredador por encargo hará el trabajo sucio de decir quién se queda y quién se va, a quién se promociona y a quién se le relega a un trabajo muy inferior a sus capacidades. Eso no es mobbing, eso no es hacer la vida imposible al trabajador. Eso es simplemente elevar a la categoría de disciplina empresarial lo que sólo es un reajuste de plantilla para que el balance no provoque la ira de los accionistas.
Hace unos años llegó a mis manos el libro La corrosión del carácter de Richard Sennet. El autor comparaba la vida laboral de un padre y su hijo. El padre, sin más estudios que los primarios, había entrado en su empresa como botones. Con el tiempo se había promocionado en los servicios auxiliares y se había jubilado en la misma empresa con un homenaje, una placa y un dinero. A lo largo de su vida se había permitido comprar una casa, tener coche y mandar a sus dos hijos a la universidad para estudiar empresariales. Esos mismos hijos, estudiantes con buena nota pero sin familia homologada en los círculos del poder, se pasaban media vida en los aeropuertos con su ordenador portátil, cambiaban de residencia casi cada año, mantenían en secreto sus estrategias para evitar que sus compañeros de trabajo se las apropiaran y estaban permanentemente con el miedo en el cuerpo de estar bien mandados, de no formar parte de una empresa fraudulenta y de no ser el próximo contingente de despedidos para ser sustituidos por carne nueva y más barata.
Tras aquel magistral estudio sobre las nuevas relaciones laborales, ayer pasó Richard Sennet por Barcelona para presentar El respeto. A mitad de camino entre la autobiografía y la sociología, Sennet nos cuenta la progresiva degradación del respeto por el trabajo ajeno y la caída en picado de la autoestima laboral. Lo que antes se solucionaba con una huelga ahora se deberá resolver en el diván del psiquiatra. Ni la Administración ni ciertos directivos hacen nada para fomentar el respeto en el talento de cada cual. Los prejuicios raciales, religiosos y clasistas sirven como tiritas sobre la gran herida de la frustración laboral y social. En el siglo XIX era un problema de muchos. Ahora es problema de cada cual. Pero seguimos siendo muchos.

LA VOZ DE GALICIA.- Lugo.

Juzgan en Lugo al alcalde de Begonte por acoso a una empleada municipal
Una trabajadora del Concello de Begonte, despedida por acuerdo de la comisión de gobierno, ha denunciado que fue objeto de acoso sexual por parte del alcalde en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Social número 3 de Lugo.

La empleada, que obtuvo por concurso la plaza de técnico de desarrollo económico y social, estuvo vinculada laboralmente a la institución municipal cuatro años y dos meses, hasta que el pasado 14 de julio recibió una carta de despido. La comisión de gobierno basa la decisión en que no presentó dos trabajos que le habían encomendado.

En el juicio, que se celebró a puerta cerrada, declaró una psiquiatra que puso de manifiesto que la trabajadora estuvo de baja como consecuencia de los efectos psicológicos provocados por acoso sexual. El abogado de la trabajadora expresó que solicitaban que el despido fuese nulo por vulneración de derechos fundamentales.

Documentos

Diversas fuentes aseguraron que la trabajadora había presentado en el juicio documentos que acreditaban acoso amoroso por parte del regidor.
El abogado del alcalde expresó que las imputaciones de acoso laboral y sexual contra su cliente eran totalmente falsas, y por la última acusación presentó una querella contra la empleada. Además, recordó que era «curioso» que la trabajadora alegase que la habían acosado desde el año 2000 y que no lo denunciara hasta después del despido. Destacó también que el fiscal estaba citado para el juicio, y que «si hubiese considerado que hubo acoso sexual se personaría en la vista, pero no lo hizo». En cuanto a las cartas del alcalde que la empleada presentó en la vista, el abogado negó que fueran de amor, sino simples recortes de salutaciones del regidor.


El alcalde de Begonte se querella contra una empleada despedida
La trabajadora estuvo más de un año de baja y dijo que había sido acosada sexualmente

Varios concejales y el secretario municipal declararon ayer en un juicio laboral
El alcalde de Begonte, varios concejales del equipo de gobierno y también de la oposición, el secretario municipal y otros funcionarios acudieron ayer en calidad de testigos al Juzgado de lo Social número 3 de Lugo donde se celebró la vista por el despido de una trabajadora que ejerció como técnico de desarrollo local. Esta ex empleada, que pide que el despido sea declarado nulo, acusa al regidor de acoso sexual y atribuye a esta causa, lo mismo que hizo una psiquiatra una baja laboral de más de un año.

Aunque el despido fue acordado por la comisión de gobierno, el abogado de la denunciante dijo que la responsabilidad correspondía al regidor municipal. Recordó este letrado que su patrocinada, durante los más de cuatro años que estuvo vinculada laboralmente al Concello, ejerció funciones de todo tipo: organizadora de cursillos, actos culturales e, incluso, promoción turística de las parroquias, «además de otros cometidos técnicos».

El 11 de julio de este año la comisión de gobierno propuso su despido y tres días después la trabajadora recibió una carta en la que le comunicaban la rescisión de su contrato. «El 5 de mayo le encomendaron dos trabajos amplios. En ese momento carecía de medios para realizarlos. Hasta finales de mes no pudo empezar a hacerlos y en junio le concedieron vacaciones. En ningún momento le establecieron plazo alguno», explicó el letrado.

Según esta misma versión, el alcalde dijo que los trabajos que le encomendaron (dos estudios, uno sobre Begonte y la reserva de la Biosfera y otro sobre las expectativas agrícolas y ganaderas del municipio) eran muy importantes, «pero todavía hoy están sin hacer».

La trabajadora, según su abogado, como consecuencia del acoso sexual al que fue sometida, tuvo que darse de baja un año. Cuando se incorporó de nuevo fue sometida a «mooving».

Querella del alcalde

El letrado del alcalde anunció que había presentado una querella en el juzgado de Vilalba contra la trabajadora por difamación y calumnias. El abogado de la mujer apuntó que ayer, en el juicio, intentaron aportar como prueba dicha querella pero que no les fue admitida.

En opinión de la representación del alcalde, el despido se produjo por el incumplimiento de unas obligaciones por parte de la trabajadora. Añadió que ésta, en la demanda, había efectuado unas imputaciones («mobbing» y acoso sexual) contra el alcalde «totalmente falsas, exageradamente fuertes y gratuitas».

El abogado del alcalde destacó asimismo que la denunciante había dispuesto en todo momento del material para realizar los dos estudios que le encomendaron y, además, señaló que tuvo hasta seis permisos para poder recabar documentación.

Según la misma versión, no es el alcalde quien despidió a la trabajadora, sino la comisión de gobierno. Fueron dos tenientes de alcalde los que le pidieron los estudios y, cuando uno de ellos se interesó por el avance de los mismos, la empleada dijo que no tenía nada hecho.

En cuanto al supuesto acoso sexual que le imputa al alcalde la ex trabajadora, el letrado del Concello señaló: «Si se produjo desde el año 2000, como así asegura, no llegó a poner en conocimiento los hechos ni de la Inspección de Trabajo, ni formuló denuncia o querella alguna. La primera noticia que surge de esta situación es a raíz del despido».

Durante la celebración del juicio de ayer, al que no fue permitido el acceso del público llegaron a prestar declaración, según el testimonio de algunas personas, scouts de Cambre que presenciaron un altercado entre el alcalde y la trabajadora. También intervino en la vista un perito calígrafo para comprobar a quien correspondía la letra de unas supuestas cartas de amor que recibió la trabajadora.

5 DIAS.- Empresas.

Despido
Un tribunal confirma el despido por acoso de un empleado de Wagons Lits
Efe  /  SEVILLA 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado en todos sus extremos el despido disciplinario decidido por la empresa ferroviaria Wagons Lits contra su jefe en la estación sevillana de Santa Justa, después de que éste fuese condenado por acoso sexual a una subordinada.
La Sala de lo Social del TSJA, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, rechaza el recurso del interesado, quien argumentó que la falta disciplinaria está prescrita por transcurso del tiempo, y apoya la decisión de la empresa de no despedirle hasta que la Audiencia de Sevilla dictó en octubre de 2002 la última sentencia firme.
El acusado, de 56 años, fue condenado por la Audiencia Provincial a 18 fines de semana de arresto por acosar a una auxiliar de 25 años, contratada eventual, a la que 'solicitó sexualmente mediante gestos, insinuaciones y tocamientos de naturaleza sexual'. Como consecuencia de la firmeza de dicha sentencia, Wagons Lits despidió al interesado en noviembre de 2002 por faltas 'muy graves' de 'deslealtad, abuso de confianza, abuso de autoridad y falta de respeto a la intimidad y consideración de trabajadores y clientes'. El tribunal apoya el razonamiento de la empresa y dice que 'es totalmente conforme a la ley y a la lógica' que 'el plazo de prescripción de las faltas ha quedado interrumpido durante la tramitación de los procesos penales', pues sólo de esta manera 'el empresario puede proceder al despido del trabajador con pleno conocimiento de causa'.
La sentencia también desestima el recurso del afectado en lo referente a las contradicciones entre jueces, ya que otro juez de lo Social declaró legal el despido en abril de 2000 de la joven al no considerar demostrado ningún tipo de acoso sexual.
La sentencia dice en ese sentido que 'el juez de lo Penal pudo apartarse razonadamente de la solución distinta anterior del orden judicial social en el despido de la empleada perjudicada'.
LA VERDAD.-ALBACETE
El Supremo decide que el Juzgado Militar lleve el 'caso Peñafiel'
Considera que la muerte de Turrión y la herida de Lázaro están recogidos en el Código Penal Militar. Los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas están recogidos por la legislación común. Tienen prevalencia el tribunal que juzgue los delitos más graves

LA VERDAD/ALBACETE
El Tribunal Supremo ha decidido que el órgano competente para llevar el caso del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Peñafiel, quien presuntamente mató con una pistola el pasado junio a dos compañeros de la Comandancia de Albacete, sea el Juzgado Togado Militar Central número dos.

Así lo ha decidido la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Alto Tribunal, en una sentencia notificada ayer, después de que tanto este Juzgado militar como el Juzgado de instrucción número ocho de Albacete, reclamaran sus competencias para hacerse cargo del caso. Peñafiel fue cesado en 2002 en el mando de la Jefatura de la Comandancia de Albacete quedando adscrito a efectos orgánicos a la misma hasta la asignación de nuevo destino.

El pasado 17 de junio, se presentó vestido de paisano en la Comandancia, donde se hizo con una pistola con la que disparó al comandante Isidoro Turrión y al médico de la Guardia Civil Francisco Naharro, a los que mató, y seguidamente al jefe de la Comandancia, Antonio Lázaro, que resultó herido, tras lo cual se disparó él mismo y se causó lesiones graves.

El mismo día de los hechos el juzgado de Instrucción número 8 de Albacete, que actuó en funciones de guardia, incoó diligencias previas, mientras que el juzgado Togado Militar Central dos inició sumario.

Ambos juzgados reclamaron su competencia para conocer estos hechos, así que, mientras el juzgado civil estimaba que los presuntos delitos «en ningún caso podían considerarse militares sino comunes», el citado juzgado togado, tras consultar con la Fiscalía Jurídico Militar, mantenía que era competente para llevar el caso «al apreciar la naturaleza militar de los delitos cometidos contra los oficiales superiores del Instituto Armado».

Ahora la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo considera que según se desprende de los antecedentes anteriormente relatados, los mismos, «indiciariamente y con carácter provisional (...) pueden calificarse en este momento procesal como constitutivos» de los delitos de «abuso de autoridad con resultado de muerte del comandante Isidoro Turrión, previsto en el artículo 104 del Código Penal Militar y penado con prisión de 15 a 25 años de duración».

Maltrato a un superior

También podría considerarse un delito de «maltrato de obra a un superior con resultado de lesiones graves del teniente coronel Antonio Roberto Lázaro, previsto en el artículo 99.2 del mismo texto legal y castigado con pena de prisión de cinco a quince años de duración», así como de «homicidio concretado en la muerte de Naharro, que se tipifica en el artículo 138 del Código Penal Común, castigado con pena de diez a quince años de prisión».

Finalmente, podría haber delito de «tenencia ilícita de armas» castigado con la pena de uno a dos años de prisión según también el Código Penal Común.

Para la Sala, la naturaleza militar de los dos primeros delitos se deduce no sólo por estar comprendidos en el Código castrense, sino también por el «valor disciplina que constituye facto esencial de cohesión dentro de las Fuerzas Armadas».

Se afirma que los posibles delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas son de naturaleza común, «si bien por su dinámica comitiva en relación con los otros dos delitos militares a los que se encuentran estrechamente vinculados, deben considerarse conexos entre sí y procederse a su enjuiciamiento conjunto en un solo proceso».

Finalmente, y según jurisprudencia anterior se recuerda que la citada Sala «siempre se decantó en favor de la jurisdicción a la que correspondía conocer del delito con la pena típica más grave», cuando existían «supuestos de conexidad», como es el presente caso.