Page 48 - Pleno Jurisdiccional Nacional Sobre Violencia Contra la Mujer

foro jurídico

autoridad (vinculada, en principio, con la composición las alegaciones o pretensiones propuestas.
GH FRQÁLFWRV )LQDOPHQWH ´of law” debe entenderse en - Derecho a un juzgador imparcial.
un sentido amplio, esto es, como la conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente. - Derecho a un juzgador predeterminado por la ley.

- Obligación de respetar las formalidades que pre-
4. Las dimensiones del debido proceso VHUYDQ XQD EXHQD QRWLÀFDFLyQ \ DXGLHQFLD SDUD
quienes son parte de la controversia.
Se distingue en el debido proceso una dimensión sus-
tantiva o material y otra procesal o adjetiva. Inclusive, en - Derecho a probar y a producir prueba.
los Estados Unidos de Norteamérica, este derecho ha - Derecho a poder obtener las medidas cautelares
tenido una tercera dimensión. Ella tiene que ver con el que permitan temporalmente proteger las preten-
instrumento mediante el cual se reconducen aquellos de- siones o posturas de las partes.
rechos solo predicables, en principio, ante la Federación,
al conjunto de todos sus Estados federados. 8 - Derecho a recibir una resolución sobre los requeri-
mientos planteados en un plazo razonable o, por lo
La dimensión sustantiva del debido proceso tiene como menos, sin dilaciones indebidas.
uno de sus objetivos el evitar un comportamiento arbi-
trario por parte de quien esté premunido de autoridad o - Obligación de motivar de modo debido los fallos y
9
poder. Se torna, pues, en “un standard o patrón o módu- las distintas resoluciones que sean necesarias para
lo de justicia para determinar, dentro del arbitrio que absolver la controversia pendiente (salvo las de
10
deja la Constitución al legislador y la ley al organismo mero trámite).
ejecutivo (administrativo y judicial), lo axiológicamente - Existencia de una pluralidad de grados o instan-
válido del actuar de esos órganos”.
cias que puedan pronunciarse sobre las diferentes
La dimensión más habitual del derecho a un debido pro- pretensiones o posiciones deducidas, siempre que
ceso es la procesal -y en ella encontramos el derecho a la situación concreta lo permita y el ordenamiento
un juzgador predeterminado por ley-, que implica el de- jurídico vigente lo prescriba.
recho que tiene cualquier persona de acudir a una autori- - Derecho a la publicidad del proceso o procedi-
dad previa, competente e imparcial para que resuelva su miento, siempre y cuando la naturaleza de éste, así
FRQÁLFWR GH LQWHUHVHV R HVFODUH]FD XQD VLWXDFLyQ GH LQFHU- FRPR GH ORV GLIHUHQWHV LQWHUHVHV HQ FRQÁLFWR OR 311
tidumbre con relevancia jurídica, dentro de las mayores permita.
posibles condiciones de igualdad y justicia para las partes
involucradas, y enmarcada dentro de un plazo razonable. 2EOLJDWRULHGDG H[LJLELOLGDG HÀFDFLD \ HMHFXFLyQ
GH OD FRVD MX]JDGD HVWR HV GH OD UHVROXFLyQ ÀQDO
Si se repara en el hecho de que la jurisprudencia nor- otorgada a la controversia o incertidumbre jurídica
WHDPHULFDQD KD LGR SDXODWLQDPHQWH SHUÀODQGR ORV DOFDQ- que busque solucionarse y que deviene –por ello
ces del debido proceso; se entiende, entonces, que no mismo- inimpugnable, inmutable y coercible.
exista un listado taxativo de los derechos que componen
su dimensión procesal (o estén previstos, por ejemplo, - Derecho ha ser asistido y defendido por un aboga-
12
en algún cuerpo normativo) . Es pues, un concepto ne- do técnicamente capacitado.
cesariamente abierto; una suerte de estándar que haga
posible su despliegue en un conjunto diverso de situa- 5. Recepción nacional
ciones. Una relación enunciativa, tomada del profesor
13
Espinosa-Saldaña, es la que sigue a continuación: No se encuentra referencia expresa al derecho a un debi-
14
do proceso en la Constitución de 1979, no obstante que
- Derecho de acceso a la autoridad destinada a aco- algunos elementos de su dimensión procesal podían ser
ger o denegar las pretensiones planteadas. advertidos en el artículo 233 (que recogía las denomina-
15
- Derecho de contradicción o defensa, respecto de das “garantías de la administración de justicia”) . En lo

8 Ibíd., p. 64.
9 Ibíd., loc. cit.
10 LINARES, Juan Francisco. Op. cit., p. 26.
11 Cf. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Derecho al Debido proceso: un acercamiento…” op. cit., pp. 66-67.
12 Ahora bien, algunos derechos componentes de la dimensión procesal del debido proceso están enunciados, sin ser un listado cerrado, en la
(QPLHQGD 9, D OD &RQVWLWXFLRQDO )HGHUDO GH ORV (VWDGRV 8QLGRV GH 1RUWH $PpULFD GH (VWD HQPLHQGD UDWLÀFDGD HO GH GLFLHPEUH GH
1791 y relativa al proceso penal, dispone que “En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público
por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por
la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de
TXH VH REOLJXH D FRPSDUHFHU D ORV WHVWLJRV TXH OH IDYRUH]FDQ \ GH FRQWDU FRQ OD D\XGD GH XQ DERJDGR TXH OR GHÀHQGDµ
13 BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía procesal del debido proceso. Lima: Cultural Cuzco, 1995, p. 389.
14 Cf. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Derecho al Debido proceso: un acercamiento más didáctico…” op. cit., pp. 67-68 y BUSTAMANTE ALAR-
CÓN, Reynaldo. Op. Cit. p. 215.
15 QUIROGA LEÓN, Aníbal. “Las garantías constitucionales de la administración de justicia”. En: AA.VV. La Constitución diez años después. Lima:
Fundación Friedrich Naumann, 1989, p. 302.