La Comisión Especial Mixta reafirma lo que ha sido presentado por la burguesía como vox populi y verdad irrefutable: Solo con la reducción de la deuda interna el país puede salir de su crisis y estancamiento (aunque ahora agregan que con el TLC con EEUU también el país logrará bienestar, progreso y desarrollo). Debemos recordar que la deuda interna representó en el 2002 el 8 % del PIB y un 36% del gasto del Gobierno Central y que la deuda externa consumió el 1.4% del PIB y 6.8% del gasto del Gobierno Central.

Muchas veces repetido este argumento ha justificado la adopción de los Programas de Ajuste Estructural y la privatización y entrega de los monopolios del Estado. Pero ahora, la burguesía ha hecho una variación en su estrategia de vender activos para superar el "desequilibrio fiscal" a partir de sopesar las experiencias que sus homólogas en América del Sur han realizado con tan magros resultados: profundización de la crisis económica y social e inestabilidad política. Con la firma del TLC con EEUU y otros acuerdos comerciales internacionales ya no es necesario privatizar las empresas estatales que quedan activas. Ahora las transnacionales de las telecomunicaciones, los seguros, los medicamentos, las finanzas, por ejemplo, quieren apoderarse en primer lugar del mercado y exigen la apertura sin condiciones de los monopolios en las actividades rentables que todavía tiene el Estado. Las empresas estatales se extinguirán más temprano que tarde, avasalladas por las poderosas transnacionales que las barrerán en la feroz competencia del mercado o funcionarán con los mismos criterios de sobreexplotación, rentabilidad y sentido de la usura de las empresas privadas. En ambos casos los trabajadores y el pueblo serán los más abiertamente afectados.

La burguesía no pone el acento ahora a la reducción del gasto público como sí al incremento de los tributos como política: "En Costa Rica, entre 1973 y el año 2000, la proporción gasto/PIB ha disminuido, y la comparación con otros países sugiere que esa proporción es relativamente baja. Junto con la información sobre la carga tributaria presentada anteriormente, la conclusión es que el ajuste fiscal debe venir por el lado de los ingresos y no por la vía de la reducción del gasto". Esto no quiere decir que hayan renunciado a meterle tijera al gasto, especialmente en lo social, sino que buscan reestructurarlo estrujando, deteriorando, desplazando servicios públicos y golpeando en el empleo, salarios y derechos laborales del sector público, para redireccionar el gasto en función de las necesidades de la apertura de mercados y el modelo exportador. Así mismo, buscan "racionalizar" el gasto público en función de focalizar la pobreza y neutralizar a los sectores más empobrecidos mientras golpean con todo a los asalariados y a los sectores medios con el garrote impositivo. Para los pequeños productores y comerciantes ofrecen la atractiva "zanahoria" del burro con la política de impulsar las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y las cooperativas encadenadas al proyecto exportador y de apertura de mercados.

El informe señala que parejo a la recaudación de tributos, la política fiscal debe garantizar la "calidad del gasto público y que "...En esta dirección, se constituyen en acciones indispensables, las siguientes:-Medidas destinadas a la racionalización y el mejoramiento del gasto público en áreas como la educación, la salud, la asistencia y promoción social y las pensiones.-Medidas destinadas a lograr la reactivación socio productiva nacional, por medio del fortalecimiento y mejoramiento de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. El fomento de figuras asociativas en la producción, así como la promulgación de mecanismos que procuren revertir el proceso de informalización de la economía."

El plan comprende la conformación de una "Comisión Nacional de Evaluación de las Instituciones y Programas del Sector Público" cuyo objetivo, bajo un mecanismo de "compadre hablado" con las dirigencias sindicales burocráticas y colaboracionistas y todos los partidos del régimen, será: "...evaluar la acción de diferentes entes en relación con sus objetivos, metas y resultados a fin de determinar si en realidad están respondiendo a las necesidades nacionales actuales. Podrá así recomendar las acciones de reorganización que racionalicen los recursos públicos y logren un mayor impacto a favor del desarrollo humano." De tal forma, si la definición de las necesidades nacionales son las de las transnacionales amparadas al alero del TLC con EEUU y sus socios menores: el capital y sus gerentes "nacionales", tendremos la segura perspectiva de recortes de empleo como los anunciados en el Consejo Nacional de Producción, cierres de servicios, desmantelamiento de los que aún quedan y funcionamiento de las instituciones del Estado en razón de los intereses de mercado: "...El pueblo costarricense necesita una revisión integral del Estado, mediante la evaluación objetiva de sus logros y desaciertos; por otra parte, fortalecer el Estado significa hacerlo más flexible ante las condiciones cambiantes de un mundo globalizado, más efectivo en el alcance de los objetivos de promoción de la equidad y el bienestar de los costarricenses".

Respecto del sistema de pensiones el plan contempla el nombramiento de una comisión, también concertada, la cual "... deberá estudiar, elaborar y presentar un proyecto de ley para modificar integralmente el sistema nacional de pensiones. La Comisión tendrá un plazo de un año para estructurar la propuesta sobre pensiones, normalizar los beneficios de los regímenes con cargo al Presupuesto y armonizar los regímenes complementarios que se mantengan y/o se propongan". Esto implica un recorte en los derechos de pensión, habida cuenta de aceptar la responsabilidad de la burguesía y sus gobiernos en el desmantelamiento de la salud pública y del sistema de pensiones con todo descaro: "... debe agregarse que el sistema ha sufrido de altas tasas de evasión y morosidad, ya que los patronos no han asegurado a todos sus empleados y muchos han utilizado mecanismos de subdeclaración de los salarios efectivamente devengados por los asalariados. Esta situación, unida a una alta morosidad del sector privado y en años anteriores también del sector público, obliga a introducir modificaciones en algunos de los parámetros del sistema: la edad de retiro, las contribuciones o bien una revisión integral de la prestación de beneficios".

Los temas sociales que los "sindicalistas" de carrera y sempiternos colaboracionistas con los gobiernos de turno presentarán como "conquistas" de la "reinvención" de los "nuevos tiempos" del sindicalismo "no confrontativo" tenemos en el Plan Fiscal:

-El "fortalecimiento" de programas sociales a partir de modificar la llamada "duplicidad de funciones" e implementar la racionalización del gasto. El Plan Fiscal se propone cortarle el financiamiento vía ley o impuestos específicos a una buena cantidad de instituciones orientadas al servicio público y de carácter social, incorporándolas al Presupuesto Nacional pero no para fortalecerlas sino para echar mano de los fondos que estas captan. Para los fondos de FODESAF (Asignaciones Familiares) introducirán los mecanismos orientados al control para la focalización de la pobreza haciendo de los servicios sociales un servicio exclusivo para los más pobres y excluyentes para los que siendo pobres no caen todavía por debajo de la línea de pobreza trazada por los tecnócratas del sistema.

-En lo que respecta a salud la CCSS presentará un "...sistema de contabilidad de costos que permita evaluar las decisiones de compra que deban hacerse al sector privado frente a la producción directa, así como un sistema de información sobre las necesidades poblacionales, que permita asignar los recursos en función de dichas necesidades". Pero con los compromisos del TLC con EEUU y con la OMC, la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque confronte costos privados versus producción directa, no puede transgredir los derechos de propiedad intelectual y patentes que norman la producción de fármacos y hasta los procedimientos en tecnologías médicas. Por demás la información de necesidades poblacionales solo se enmarca en la misma política de focalizar los servicios sociales sobre segmentos específicos de la población y no de cubrir al conjunto de los trabajadores y el pueblo.

-En educación no ocultan su claro objetivo de colocar esta al servicio de los intereses de la economía globalizada bajo el capítulo que lleva como título "Educación para el desarrollo y la reactivación económica" que señala "...El Consejo Nacional de Educación, el CONARE y el INA conjuntamente, formularán a partir del año 2004 un "Programa Nacional de Educación", cuyos objetivos deberán ser congruentes con los requerimientos de capital humano del Plan Nacional de Desarrollo. Este Programa comprenderá todos los niveles de la educación orientada claramente a desarrollar una educación de excelencia que permita promover el desarrollo integral de la persona y la formación humana en valores, fortaleciendo la formación tecnológica y administrativa necesaria para el fomento de la producción y la productividad". Esto se enmarca en el concepto de "capital humano" que comprende una educación para una mano de obra más calificada que ofrezca a los inversionistas extranjeros una mercancía-trabajador como ventaja comparativa con alto nivel de productividad o rentabilidad del trabajo y a bajo costo.

El fortalecimiento de la educación y bajo estos objetivos de mercado será garantizado con el 6% del PIB en su Presupuesto con la opción de un crecimiento al 7% y 8% dependiendo del incremento en la recaudación tributaria de tal forma que el primer incremento está condicionado a que aumente la carga tributaria en un 16% y en un 20% respectivamente. Como gran logro de estos profesionales de la componenda y la entregada el Plan Fiscal establece aplicación de sanción penal al Ministro de Hacienda si no deposita el 6% del PIB a educación y la imposibilidad de aducir "razones de índole fiscal" para no cumplir con este porcentaje.

-En la titulación de tierras el Plan otorga facilidades para los que ya tienen posesión pero para nada significa una sombra si quiera de reforma agraria, sino que es un procedimiento de agilización del requisito jurídico.

El deslumbre para estos colaboracionistas y quinta columnas en el movimiento obrero es la oferta que hace el Plan Fiscal de mecanismos de "participación ciudadana" y los procesos de control, rendición de cuentas y transparencia que son mecanismos burocráticos y de derecho formal. Formulados como instrumentos para consuelo de los ilusos que creen en el "derecho al berreo" (ya tenemos la experiencia de la Sala IV y las Defensorías) la legislación al respecto del Plan Fiscal no aporta nada más que ilusiones.

Como lo apuntábamos anteriormente, la estrategia de la burguesía, más que centrar sus baterías en el gasto público cuyas medidas son más larvadas y de lentos resultados, apunta al asalto al salario y a una tímida y escurridiza carga a los tributos del capital, o por lo menos de un sector del capital. Con las medidas tributarias del Plan el Gobierno se propone incrementar la recaudación tributaria en un 2.56% del PIB.

El Plan contempla la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)que amplía la base impositiva incorporando una mayor cantidad de bienes y servicios que el anterior impuesto de ventas no afectaba. El IVA gravará con un 13% a nuevos productos pero fundamentalmente a todo servicio público y privado, con muy pocas excepciones como la salud, medicinas, educación privada y pública, transporte público así como algunos productos de la actual canasta básica y tarifas básicas de telefonía entre otras, además de fijar una tasa preferencial en el consumo de electricidad domiciliaria que será gravada con un 6%.

Pero toda prestación de servicio y todo producto que se ofrezca en venta debe pagar el 13% del IVA, lo que acentúa más la característica del sistema tributario que capta mayormente de renta y ventas (es decir de los asalariados) el grueso de los recursos del Estado. Si bien es cierto, muchas actividades independientes y de profesiones en donde se ubica la pequeña burguesía o llamadas clases medias se verán afectadas, en última instancia, tanto estos como los industriales y comerciantes, trasladará como siempre al costo del producto o servicio cualquier carga a los asalariados.

El IVA también es un mecanismo para control cruzado de información que le permitirá a Hacienda controlar no solo el pago de este impuesto en la cadena de producción y comercialización sino también en el control de la renta. Pero como veremos más adelante, así como en el IVA se favorecen algunos sectores por interés económico o político como en la agroindustria, en las zonas francas, en el sector financiero y en la educación privada por ejemplo, en el cobro de renta, los favores continúan para los sectores conectados a los TLC o sea a la exportación y al comercio internacional. Por tanto, el control de la renta que propicia el IVA va dirigido a los sectores económicos medios y asalariados que aportarán o financiarán al erario público, el cual dispondrá de los fondos públicos para el servicio de los intereses de los otros sectores a los que privilegia ahora: el gran capital y las transnacionales.

La renta global y mundial. Hasta ahora el impuesto de renta tomaba en cuenta los ingresos de las personas por la realización de una actividad lucrativa y en el territorio nacional solamente. Con la renta global y mundial se gravaría hasta con un 30% los ingresos de las personas nacionales o residentes independientemente del medio y del territorio del cual y donde obtuvo sus ganancias. Sin embargo, si los ingresos se reportan como pago de intereses solo serán cargados con un 10% mucho menos que lo que Hacienda impone por pago de renta a los salarios de los trabajadores públicos más calificados como los educadores, técnicos y profesionales en distintas áreas. Además, se le deducirá los impuestos que en el extranjero haya tenido que pagar por sus ingresos o ganancias y para colmo de males el registro de sus ingresos es voluntario. Para rematar, los sujetos al gravamen tendrán la posibilidad de aplicación de una tabla de deducciones que les reducirá en definitiva lo que terminen pagando por renta.

Respecto de la renta a personas jurídicas todas pagarán el 30% solo reducido al 18% en el tiempo si crece la recaudación de la renta por encima del crecimiento del PIB. Pagarán también un 10% sobre las rentas pasivas de empresas y sociedades. Además tendrán bonificaciones de deducción al pago de renta según las zonas donde se ubiquen las empresas y las cantidades de empleos que abran. Lo más relevante de esta renta es la exención de pago a las empresas de zonas francas, las que hasta el 2010 empezarían a tributar con un 18% como máximo. Si bien es cierto que cooperativas, pequeños y medianos agricultores, asociaciones solidaristas, sistemas de pensión y otros sectores estarán también exentos, lo están para dar cobertura al privilegio de las empresas de zona franca que durante décadas no han pagado impuestos siendo beneficiadas con todo tipo de servicios públicos gratuitos o tasas preferenciales y siendo responsables del 60% de las exportaciones, actividad lucrativa esta de la cual el país no obtiene ningún beneficio.

La DNT y la Policía Fiscal. Como este plan va a incentivar las prácticas de mercado negro, evasión y trampas se crea la Dirección Nacional de Tributos que concentra en una institución las diversas funciones como aduanas, control fiscal y la creación de una policía fiscal. A estos funcionarios los privilegiará con salarios y bonificaciones como a ningún otro empleado público (para que no sean tentados a las "mordidas", señalan los proponentes) Una policía específica para cuidarle a la burguesía exportadora y vinculada al TLC con EEUU y a las transnacionales sus intereses.

Que nadie se llame a engaño. Para nada se está gravando al gran capital que como vemos se le exime del pago de impuestos y renta o se le bonifica y aplican tasas menores a los sectores asalariados y medios y además, para el caso de la producción y comercio en el mercado interno los capitalistas trasladarán vía costo a los consumidores que en su mayoría somos los asalariados los pagos por impuestos y rentas que deban hacer ahora.

Para volver al inicio de este artículo, uno de los objetivos privilegiados del Plan Fiscal es el llamado ordenamiento fiscal y la reducción de la deuda interna así como la "racionalización del gasto". Pero la deuda no nació por generación espontánea. La deuda y el gasto público viene de este mismo sistema de producción capitalista que desde hace varias décadas responde a una específica división internacional del trabajo para sortear la crisis de la caída de la tasa de ganancia y que tiene su expresión en la orientación de la producción exportadora de bienes y servicios, a la apertura del mercado y la penetración y concentración del gran capital que succiona todo lo que esté a su alcance.

De los recursos del Estado ha salido esta transformación de la estructura productiva transfiriendo millones de dinero en subsidios como los CATS, desgravando al sector vinculado al mercado externo, compensando con dineros públicos a los sectores de la burguesía que en ese proceso de reestructuración productiva salieron perdedores o fracasaron en su inserción como los fondos de contingencia agrícola por ejemplo, incentivando la actividad especulativa y el robo descarado de fondos públicos como con el Banco Anglo, Fodesaf y otras. Y para vestir el nuevo santo de su devoción, el del mercado externo, la burguesía desproveyó de fondos a los servicios sociales, restringió el crédito a la actividad productiva interna de tal forma, como lo señala el economista Luis Paulino Vargas Solís "Todo lo anterior permite clarificar cuál es el origen estructural del déficit fiscal: una porción creciente- la más dinámica- de la economía queda al margen de la responsabilidad de financiar las actividades del sector público. En cambio, ese financiamiento descansa, cada vez más, en sectores en declinación o sometidos a políticas restrictivas" (En Costa Rica 1985-1997 Liberalización y ajuste estructural o la autodestrucción del neoliberalismo, Editorial UNED pp118).

Con este Plan Fiscal la burguesía avanza en su política de colocar al Estado en mejores condiciones para darle sostén a la inserción en el mercado globalizado y los TLC y ALCA de la economía costarricense. Favorece al capital financiero dueño de buena parte de la deuda interna directamente y dueña también de otra parte de la deuda interna que se vendió como bonos de deuda externa. Crea las condiciones de unas "finanzas públicas más sanas" para poner al servicio del mercado, de la globalización, de los requerimientos de las actividades de exportación de bienes y servicios, el comercio exterior y del sector financiero y las transnacionales, los recursos del Estado.

Este tema lo continuaremos abordando en la próxima edición de Propuesta Socialista, precisamente respecto de qué proponemos los socialistas como alternativa y sobre la necesaria organización de la respuesta del movimiento obrero y revolucionario a este Plan y a la política de colaboracionismo y concertación de clases en el que se fundamenta.