Solución a las pensiones

El gobierno y la prensa no cesan sino que incrementan su campaña de alarma por el grave problema de las pensiones, procurando hacer ambiente para el nuevo golpe que preparan contra todos los trabajadores. Es verdad que el problema es grave, pero no para el gobierno que ha malversado desde hace mucho tiempo los fondos correspondientes a los distintos regímenes de pensiones. El problema es grave para todos los trabajadores, sobre los cuales se cierne el peligro, cada vez más evidente, de que pierdan su derecho a la pensión, como consecuencia del robo de los fondos perpetrado por el gobierno y los entes privados autorizados para "administrarlos".

Pero si de verdad se quiere resolver el problema, pensamos que eso se puede lograr partiendo de algunas consideraciones como las siguientes:

1. La Constitución dispone que "todos somos iguales ante la ley" y, en consecuencia, no puede haber distintos regímenes de pensiones en el sector público, donde cada Poder tiene el suyo y en el Ejecutivo existen muchos, lo mismo que en las entidades autónomas, porque la existencia de todos ellos implica por una parte una desigualdad ante la ley y por otra una discriminación contra los que tienen menos ventajas.

2. Pero además, si todos somos iguales ante la ley y no puede hacerse discriminación alguna en perjuicio de un grupo de trabajadores, tampoco puede haber diferencias entre los regímenes de pensiones de los trabajadores del sector público y los de la empresa privada. Consecuentemente se impone, moral, jurídicamente y económicamente, un único régimen de pensiones para todos los trabajadores, ya sean del sector público o privado. Ganaría así la democracia, la justicia y la fortaleza del régimen –económicamente hablando- lo que posibilitaría su permanencia y el incremento de sus beneficios.

3. A este régimen único de pensiones, el gobierno debe asignarle todas las rentas creadas a favor de todos ellos y establecer una cotización uniforme en cuanto a monto y tiempo para todos los trabajadores.

4. El gobierno debe pagar puntualmente una cuota real para ese régimen unificado tanto en su condición de patrono como de representante del Estado en cumplimiento de los que dispone la Constitución.

5. Se debe establecer un impedimento insalvable para que los gobiernos se apropien del fondo de pensiones o lo usen como fuente de financiamiento barato, gratuito e impagable.

6. Las deudas que el gobierno ha contraído con cualquiera de los fondos de pensiones vigentes, particularmente la gigantesca deuda de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), deben cancelarse en un plazo cierto e ineludible.

7. Los fondos obtenidos por el gobierno mediante el cobro de impuestos creados para pagar las cuotas de la CCSS, pero escamoteados a ésta mediante el ardid de rebajar la cuota estatal de tres por ciento sobre todos los salarios a sólo veinticinco céntimos por ciento, deben ser devueltos con sus correspondientes intereses desde 1971 a la fecha, año en que empezó este fraude.

8. Sobre las deudas contraídas con los fondos de pensiones y garantizdas con bonos, particularmente con la CCSS, el gobierno debe reconocer intereses en la forma establecida por la Ley Constitutiva de la Institución; o sea, con adecuada rentabilidad.

9. La morosidad del sector privado que concluye frecuentemente con la prescripción de la deuda, debe ser combatida drásticamente, responsabilizando a los funcionarios complacientes y negligentes por tolerarlas.

10. El fraude del sector privado y de muchos entes públicos para simulñar salarios muy inferiores a los reales o contratos no laborales que sí lo son, debe ser perseguido con toda firmeza, pues lo que se busca con eso es no pagar a la CCSS las cuotas que realmente corresponden.

11. Las operadoras de pensiones que nacieron con la mal llamada "ley de Protección al Trabajador", porque se crearon en abierta violación de la Constitución Política, deben ser eliminadas y la gigantesca suma de más de cuatrocientos mil millones de colones que han recaudado en escasos tres años, debe pasar a engrosar el fondo único del régimen de pensiones, como seguro social que es.

Las anteriores medidas no serían otra cosa que el cabal cumplimiento de la ley y la Constitución y con ellas se aseguraría para siempre, el derecho de pensión de todos los trabajadores.

Pero además, si se llegaran a adoptar, porque todas ellas tienen un crácter lógico, legal y moral, se lograría sin duda, no sólo garantizarle a todos los cotizantes un efectivo derecho de pensión, sino también ponerle fin a una injusticia institucionalizada, cual es el no proporcionarle tal derecho a quienes no hayan cotizado aunque hayan trabajado, como si la culpa fuera de ellos y no del Ministerio de Trabajo y la entidad aseguradora; como si no hubieran contribuido, a veces como los que más, a la creación de la riqueza en el país y como si no fueran seres humanos que han pagado con impuestos a lo largo de toda su vida.

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