VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO
GEOLOGICO Y MINERO
(FABERO, LEÓN, 29 DE SEPTIEMBRE-2 DE OCTUBRE DE 2005)
"Documentos sobre la Anglo-Hispana de Minas en el Archivo de
Hullera Vasco-Leonesa"
José Andrés González Pedraza
Fundación Hullera Vasco-Leonesa [email protected]
En el Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, gestionado por la Fundación
Hullera Vasco-Leonesa, se conserva buena parte de la memoria de las
empresas que explotaron las cuencas mineras de León y Palencia
en los siglos XIX y XX, cuencas que fueron pioneras en el desarrollo
industrial español.(1) Entre los diversos fondos documentales,
un pequeño conjunto de documentos testimonia la actividad de
la Compañía Minera Anglo-Hispana. Esta empresa explotó
de 1909 a 1930 las minas situadas en las proximidades del pueblo leonés
de Matallana de Torío, constituyendo un extenso coto de unas
2.500 hectáreas enclavadas en los términos de Matallana
de Torío y Orzonaga. La zona de explotación del carbón
se encontraba en un sinclinal de caliza y el paquete de capas estaba
plegado seis o siete veces en una longitud de unos 5 kilómetros.
Hoy, el recorrido por esta zona a través
de la denominada tradicionalmente Carretera León-Collanzo muestra
al viajero numerosos restos en ruinas de un pasado de febril actividad
minera: escombreras, lavaderos, vías férreas que eran
antigüos ramales, etc. Desde aproximadamente 1890 hasta el cierre
de los grupos mineros de esta zona en la década de 1980 del pasado
siglo, diversas empresas han hecho toda clase de sacrificios para dar
vida a una cuenca minera con capas de carbón irregulares en cuanto
a la dirección, inclinación y potencia. Los inicios coinciden
con el despegue de la minería leonesa, favorecida por el ambiente
de expansión de los capitales ligados a la metalurgia vasca,
por el nuevo ferrocarril de La Robla a Valmaseda y por la política
proteccionista desarrollada desde 1891. Pero las expectativas creadas
por el ferrocarril no se cumplieron por varias razones: primera, algunas
minas necesitaban ramales para conectarse con la vía férrea
general; segunda, las minas no aportaban al ferrocarril el tonelaje
de carbón necesario para hacerlo rentable, dadas las dificultades
de la producción; y tercera, los consumidores bilbaínos
favorecieron el consumo de carbón asturiano. Con frecuencia,
las explotaciones en esta zona pasaron a finales del siglo XIX y hasta
bien avanzado el siglo XX por períodos críticos de abandono,
hasta que otra nueva empresa llegaba con propósitos renovados.
El origen de las primeras empresas mineras en
la cuenca de Matallana se debe a las inversiones de capital de empresarios
y hombres de negocios que, además, poseían acciones en
las empresas mineras vizcaínas, en la línea del ferrocarril,
en las empresas metalúrgicas o en las empresas navieras. Constituida
la Sociedad Carbonífera de Matallana el 6 de marzo de 1890, cedió
todos sus derechos y explotaciones a la Sociedad Hulleras del Torío
el 18 de julio de 1901, que era la misma empresa pero con distinto nombre.
Esta sociedad quebró en 1909 y se vendieron todos sus bienes
en pública subasta a Harry Mase, en nombre de la Compañía
Minera Anglo-Hispana.. En efecto, en la escritura de venta formalizada
en Bilbao ante el notario Francisco de Santiago comparecieron Harry
Mase, súbdito inglés, de 52 años de edad, vecino
de Londres (Lloane Garden, 2), Ernest Boivie, también inglés,
y el vicecónsul James Reid como intérprete. La compraventa
incluía 44 concesiones mineras, varias casas destinadas a la
dirección y cuartel de obreros así como fincas y tierras
destinadas a cuadras y escombreras, además de básculas
de carga de carbones, hornos de cock, calderas de vapor, depósitos
de agua, almacenes, laboratorios etc. En la escritura aparecen descritas
con detalle la maquinaria existente, como una bomba Duplex aspirante
e impelente, una caldera Richemond, 24 hornos de cock sistema Koppe,
un lavadero sistema Evrard con canal de vertedera, 6 lavaderos Humbold
y una prensa para la fabricación de aglomerados sistema Villon
y Roux, procedente de la Societé de Constructions Mécaniques
d´Alais, entre otros materiales.
Esta escritura es un ejemplo de documento privado
que adquiere la categoría de público, porque interviene
un notario que tiene la capacidad de otorgar fe pública de la
compraventa y porque se hacen públicos los derechos y obligaciones
que afectan a las partes y los compromisos a los que debe atenerse el
comprador. Una vez que la compañía se hizo cargo del negocio
y desarrolló su gestión en el terreno, las relaciones
con los particulares y las instituciones locales crearon numerosos lazos
contractuales y mercantiles, en los que el contrato, el convenio o el
acuerdo representaron la materialización en documentos de la
voluntad de todos los protagonistas de la vida local (propietarios de
fincas, ayuntamientos, otras empresas dedicadas a la explotación
de minas o al transporte) de ordenar el sistema económico del
que son partícipes y principales beneficiarios Estos documentos
escritos surgieron de la práctica duradera y repetida del uso
o de la norma no escrita hasta adquirir una estructura expositiva que
se repitió siempre y permanece como modelo. La empresa mantuvo
el archivo de estos documentos porque es el lugar al que acudir para
comprobar sus derechos y obligaciones. En el archivo, la empresa encontraba
la justificación de su propia existencia. Veamos algunos ejemplos,
derivados de la necesidad que tuvo la Anglo-Hispana de disponer de una
infraestructura que permitiera el máximo beneficio en la explotación
de las minas.
Por ejemplo, diversos "Memorándums
de acuerdos de arrendamiento" de las concesiones mineras a particulares.
En ellos, el arrendatario podía disponer de la mina o de la capa
de carbón, estaba obligado a extraer una cantidad estipulada
y a pagar un canon por cada tonelada de carbón extraída.
Era de cuenta del contratista todo lo necesario en artículos
de almacén y herramientas así como el pago, a modo de
anticipo, del seguro y del retiro obligatorio de los obreros que aportaba
el contratado. Generalmente, el arrendatario estaba obligado a entregar
todo el carbón que explotaba en las capas y a seguir las indicaciones
del ingeniero-director de la empresa sobre la manera de llevar a cabo
la explotación. Estos arrendamientos funcionaron como una cesión
de derechos y se aplicaron también a otros bienes. Así,
en 1921 la empresa arrendó a Manuel Abastas, vecino de La Pola
de Gordón, un muelle cargadero de carbón sito en la estación
de Matallana por 300 pesetas anuales; en 1924 la Anglo-Hispana acordó
con el vecino de León Toribio Rueda la construcción de
un cargadero de piedra con apartadero sobre la vía que es propiedad
de la Compañía y que discurría desde la estación
de Matallana hasta sus instalaciones. El arrendatario pagaba a la empresa
una renta anual por el terreno y además un canon por cada tonelada
de piedra que transportaba por el ramal. Al contrario, en 1923, la Sociedad
Larrañaga y Cía. cedió a la Anglo-Hispana los derechos
sobre un cargadero construido por la primera en terrenos cedidos en
1917 por el pueblo de Robles de Torío.
También fue necesario el abastecimiento
de maquinaria y de fluido eléctrico. En 1919 la empresa y la
Comisión Delegada de las Eléctricas de León firmaron
en Bilbao, sede social de la Anglo-Hispana, un contrato de suministro
y consumo por el que la Comisión ponía a disposición
de la empresa un mínimo anual de suministro regular y continuo
para sus instalaciones por un precio de 7 céntimos kw/h. consumido,
con un compromiso de consumo mínimo mensual por parte de la empresa
de 25.000 kw. En 1925 se firmó un acuerdo en Luchana entre Abraham
Vallis, director de la Anglo-Hispana y Emeterio Gutiérrez, inspector
del material móvil de los Ferrocarriles de La Robla, para que
dos vagones prestaran servicio exclusivo a la empresa minera en las
vías entre Matallana y La Robla.
Un aspecto importante en la relación de
la Anglo-Hispana con otras empresas y particulares fue la construcción
de edificios industriales. En 1921 la empresa inició la construcción
de un lavadero Draper en Matallana, sistema cuya patente exclusiva para
España la tenía la Compañía General de Carbones,
una empresa con sede en Barcelona. Disponemos del documento que detallaba
las obras en cuanto a los cimientos, el alzado y el funcionamiento del
lavadero. En un primer momento, la Anglo-Hispana pagó a la Compañía
General de Carbones un canon por cada tonelada de carbón que
salía del lavadero siempre que éste lavara un mínimo
de 12.000 toneladas al año. Posteriormente, en 1923, la Anglo-Hispana
compró la totalidad del lavadero por 100.000 pesetas pagaderas
en 10 años. Entre las dos empresas debió existir una relación
accionarial ya que en el documento se acordó un canje de 100
acciones de la Anglo-Hispana que poseía la Compañía
General de Carbones a cambio de 5 acciones de la Compañía
General de Carbones por cada acción de la Anglo-Hispana.
También fue importante la solución
del problema del transporte. La empresa debió construir, en primer
lugar, sus propias vías o ramales para enlazar las minas con
el tendido general de la línea de La Robla y así dar salida
a los carbones de forma rápida y económica y, en segundo
lugar, debió instalar los cables de tracción para transportar
los carbones desde las minas al lavadero y a la fábrica de briquetas
en Matallana.
La estación de Matallana estaba en comunicación
con las minas a través de un ramal de vía de 1.540 metros
de longitud. En el Archivo se encuentran algunos documentos fechados
en 1914 donde se procedía a la liquidación, valoración
y cubicaciones de las obras del ferrocarril de Cangón a Bardaya,
con la relación de la superficie explotada y de los propietarios
que fueron expropiados. Estas obras fueron una continuación de
las que llevó a cabo la Sociedad Carbonífera de Matallana
en 1892 con el tranvía de Robles a Cangón. En un documento
del mismo año 1914 y posteriormente en otro del año 1928
se acordaron con la Compañía de los Ferrocarriles de La
Robla las condiciones para la circulación de los trenes y máquinas
por el citado ramal., cómo y cuándo debían hacerse
las maniobras y quién era el encargado del mantenimiento de los
semáforos, el teléfono y la aguja del cambio de vía.
Las divergencias sobre la interpretación del convenio se resolverían
según el criterio del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao.
Un conjunto de correspondencia datada en 1921
nos aporta información valiosa sobre la instalación de
un cable de tracción aérea para el transporte de carbón
desde las minas de Collín en el pueblo de Orzonaga a las instalaciones
del lavadero y fábrica de briquetas en Matallana. La totalidad
de la maquinaria fue adquirida a la Sociedad Minas de Castilla La Vieja
y Jaén, con aparatos tensores, motor eléctrico etc. La
citada maquinaria había sido construída en 1913 por la
Sociedad Franco-Española de Trefilería, Cablería
y Tranvías. El cable estaba instalado en Mina Rafaelito, en La
Carolina (Jaén) e iba desde la mina hasta la estación
del ferrocarril. Fue desmontado por el ingeniero Isidoro Campos Salazar,
con quien se hizo un contrato para tal fin, transportado en carros a
la estación de ferrocarril de La Carolina y montado nuevamente
en Matallana. Tenía una longitud de casi 4 kilómetros
con una velocidad por segundo de 2 metros y un total de 46 caballetes
metálicos para su sujección.
Las relaciones con los poderes locales también
generaron otra serie de documentos. Por ejemplo, los litigios por el
abastecimiento de agua, tan necesaria para la actividad minera, y la
necesidad de ocupar terrenos para una empresa que estaba en expansión
e intentaba crear una infraestructura que aumentase la productividad
de las minas y asegurase la rentabilidad del negocio. En estos aspectos
el Archivo conserva varios expedientes.
Uno de ellos es un expediente de denuncia ante
el Gobierno Civil de León por la Junta Vecinal de Matallana contra
la Anglo-Hispana, a la que acusaba de aprovechar todas las aguas comunales
de un manantial cercano, dejando al pueblo sin agua. La empresa alegaba
que llevaba décadas abasteciéndose de esa agua para la
casa cuartel de los obreros, casa que, según el documento, tenía
28 viviendas.
Otros expedientes están elevados al Distrito
Forestal de León, para conseguir la ocupación de los terrenos
en varios términos municipales. El expediente incluye una memoria
explicativa de la empresa para justificar la ocupación y el convenio
con la Junta Administrativa correspondiente. La ocupación se
justificaba para la instalación de vías de arrastre del
mineral, escombreras, pozos, caminos etc. indicando que no se producían
perjuicios para el pueblo por ser terrenos incultos y poco maderables.
En los convenios firmados con las Juntas Administrativas, éstas
se beneficiaban del pago de un canon por la empresa por cada 1.000 metros
de terrenos ocupados. En 1917, con el dinero que recibió a cambio
de los terrenos, el Ayuntamiento de Vegacervera adquirió un solar
sobre el que edificaron una escuela subvencionada por el Estado. Sin
embargo, las dudas sobre la legalidad de las actuaciones de la empresa
siempre permanecieron y con frecuencia era considerada como dudosa,
en los municipios, la propiedad de los terrenos y aún más
difícil la prueba documental de la propiedad. En 1922-1923 surgió
un conflicto con el pueblo de Matallana con motivo de varios hundimientos
en labores, bocaminas o explotaciones que fueron denunciadas por los
vecinos, acusando a la empresa de ocupar de forma ilegal los terrenos.
Después de una huelga de obreros y sucesivos robos de cable telefónico
a la empresa, ésta presentó una oferta de acuerdo según
el cual aportaría 1.200 pesetas siempre que se destinaran a la
instalación de luz eléctrica en Matallana y, en lo sucesivo,
pagaría 24 pesetas al mes, correspondiente al consumo de 24 luces.
La empresa también facilitaría carbón a los vecinos
a la mitad de precio, siempre que lo destinaran al uso doméstico
y no lo revendieran. No consta si los vecinos aceptaron la oferta o
no, pero el expediente aporta valiosa información sobre el sutil
juego de maniobras en el ámbito local para conseguir resultados
ventajosos.
La administración central, que otorgaba
las concesiones administrativas para la explotación de las minas,
se reservaba también, a través de sus órganos locales
competentes, la superior capacidad de inspección de los trabajos
mineros para que se desarrollasen de acuerdo a las condiciones de salubridad,
seguridad e higiene que establecía la ley. Es la actividad que
históricamente se ha denominado "policía minera"
Como consecuencia de su aplicación, las empresas debían
mantener al día los "Libros de Policía Minera",
en los que se recogían las actas de visita del ingeniero del
distrito, que podían ser ordinarias o extraordinarias. En el
Archivo se ha conservado el libro de actas de la Minera Anglo-Hispana,
en el que se recogieron actas de pruebas de funcionamiento de calderas
de vapor con la descripción de sus capacidades, componentes,
medidas, superficies, el nombre del constructor; la descripción
del lavadero con sus cribas, cajas, prensas, etc. así como la
descripción de los accidentes que tuvieron lugar en la empresa,
en actas redactadas y firmadas por el ingeniero del distrito.
Por último, vamos a mencionar un expediente
de enorme interés testimonial, como es el de la instalación
de la Guardia Civil en las cuencas mineras. Desde 1892 los propietarios
de minas de Matallana venían reclamando la presencia de la fuerza
armada en la comarca, para asegurar la propiedad privada de las instalaciones
y maquinarias y asegurar la presencia armada del poder central en unas
cuencas en los que el poder reivindicativo de los sindicatos de trabajadores
iba en aumento. Por fin, en 1898 se autorizó la creación
de puestos en varios sitios de la provincia leonesa, entre ellos Matallana.
Los cuarteles se instalaron en casas propiedad de los ayuntamientos
o por particulares mientras las compañías mineras pagaban
el arriendo. Los documentos del Archivo describen las casas cuartel
con detalle y un acuerdo de 1923 repartió el pago del arriendo
entre varias empresas mineras de la zona, lo que nos sirve para conocer
que en 1923 explotaban la cuenca: la Compañía Anglo-Hispana,
representada por Sidney Davies, la Mina Carmonda, representada por Alfonso
Villar, a la vez Secretario del Ayuntamiento de Matallana, la Mina Valenciana
representada por Marcelino Uriarte, la empresa Brugos y Cía.,
la mina del Señor Miranda y la empresa Gutiérrez y Cía.,
representada por Elipio Martínez.
No sabemos por qué la empresa cesó
su actividad en 1930. Quizás a causa de los problemas de liquidez
de la empresa, las dificultades para la explotación de los yacimientos
o los cambios de intereses de los accionistas, el hecho es que la Compañía
Minera Anglo-Hispana vendió sus propiedades en 1930 a Enrique
Chávarri por un total de 350.000 pesetas. En aquel año
sabemos que presidía la empresa Federico Boladeres, con la mayoría
de las acciones, siendo el resto de accionistas Javier Alarcón,
J.F. Humarán, Abraham Vallis, Eudoro de Isusi y Manuel Besga.
Algunos meses más tarde Chávarri traspasó los derechos
de compra a Emilio del Valle Egocheaga.
1 La Fundación Hullera Vasco-Leonesa es miembro de la Sociedad
para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y ha
dado a conocer en varias ocasiones, dentro de los foros de la
Sociedad, sus actividades en defensa del patrimonio documental.
Por ejemplo, González Pedraza, José Andrés
"Organización, conservación y difusión
del patrimonio documental en Hullera Vasco-Leonesa" En Actas
de la Primera Sesión Científica sobre Patrimonio
Minero Metalúrgico (Almadén, 21-22 de octubre de
1996, pp.283-291); González Pedraza, José Andrés
"Patrimonio documental minero: el Archivo de Sociedad Anónima
Hullera Vasco-Leonesa""En Actas del Simposio sobre Patrimonio
Geológico y Minero (IV Sesión Científica)
(Bélmez, 28-30 octubre de 1999, pp.293-306). La Fundación
Hullera Vasco-Leonesa también ha publicado la
"Guía del Archivo de Sociedad
Anónima Hullera Vasco-Leonesa". Más información
sobre el Archivo está disponible en la página web
www.fhvl.es