marzo de 2003

Los mapuche que bregan por sus derechos y por su reconocimiento como nación están viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Primero, fueron tratados como delincuentes por la policía y la justicia. Luego, al aplicarles las leyes de Seguridad Interior del Estado y Antiterrorista, el gobierno intenta convertirlos en un símil local de lo que para Washington son Osama Bin Laden y Sadam Hussein.

Lo paradojal es que el Estado, preocupado por conservar una buena relación con los empresarios forestales, está recurriendo a los mismos instrumentos represivos creados o perfeccionados por la dictadura para aplastar la disidencia. Hay 118 hombres y mujeres mapuche imputados por conflictos territoriales, de los cuales 31 están en prisión preventiva -que tiende a eternizarse- y 25 fueron acusados de “asociación ilícita terrorista”. Son los presos políticos mapuche de la democracia. A muchos se les atribuyen diversos delitos a partir de un mismo hecho, lo cual los somete a varios procesos paralelos.

La cifra de detenidos aumentó abruptamente el 4 de noviembre pasado con una razzia dirigida contra miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que terminó con 16 detenidos. Entre ellos, los voceros José Huenchunao, de la VIII Región, y José Llanquileo y Angélica Ñancupil, de la IX Región. Por ahora, la CAM optó por no reemplazar a sus voceros públicos, no quiere seguir poblando los penales con su gente. También fue detenido Víctor Ancalaf, dirigente de las comunidades en conflicto de Collipulli, quien luego de dejar las filas de la Coordinadora -hace dos años- se dedicó a apoyar a los últimos pehuenches que aún resisten en Ralco.

La fiscal de la Región de la Araucanía, Esmirna Vidal, acogió la solicitud del Ministerio Público para procesar a los 16 detenidos por asociación ilícita terrorista, incluyendo a otros nueve mapuche con causas pendientes. Entre ellos, los dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos Mapuche y otras personas que no pertenecen a la CAM, como el mismo Ancalaf, los lonkos Aniceto Norin y Pascual Pichún, y los hijos de este último. Sin embargo, las diferentes organizaciones e identidades mapuche tienen claro que uno de los objetivos de este creciente proceso de criminalización es aislar a la Coordinadora Arauco Malleco. Una vez más, la consigna es dividir para reinar. A diferencia de otras organizaciones del movimiento autónomo mapuche, la CAM ha mantenido una postura de inflexible distanciamiento del gobierno y no ha entrado en negociaciones parciales a cambio de tierras porque no quiere perder de vista sus objetivos de más largo plazo, como es la lucha contra el modelo de explotación capitalista y por la plena soberanía del pueblo mapuche.

En esta última arremetida represiva, un buen festín para los medios de comunicación controlados por los grandes grupos económicos fue la detención del empresario molinero Guillermo Hornung y la versión de su supuesta infiltración en la CAM. Según diversas fuentes, Hornung nunca tuvo relación con la Coordinadora, pero sí es un antiguo vecino de Collipulli sensibilizado con la causa mapuche y un buen amigo al que muchos recurrían en momentos de necesidad. A contrapelo de lo informado a través de los medios, se afirma que las únicas armas encontradas por la policía estaban en su casa. Eran cuatro y el empresario las tenía debidamente registradas.

ALEX LEMUN: ¿ASESINATO ACCIDENTAL?

Otra señal del endurecimiento represivo fue el asesinato de Alex Lemun, joven de 17 años perteneciente a la comunidad Montutui Mapu, de Ercilla, ocurrido el 12 de noviembre cuando participaba en una manifestación en Angol, la que fue reprimida por la policía. Sólo se ha constatado que la bala que le quitó la vida provino de un arma de Carabineros. Pero han surgido serias dudas sobre las circunstancias de su muerte, en medio de esta arremetida contra dirigentes mapuche. Pese a su edad, Alex Lemun se proyectaba con cualidades de líder. Y sólo después del homicidio se supo que antes de su muerte había sido detenido y golpeado por Carabineros. Sus familiares revelaron que presentó una denuncia “contra quienes resulten responsables” por tortura.

Se comprobó que el joven inició una causa en la fiscalía militar por violencia innecesaria con resultado de lesiones, que está siendo estudiada por el abogado Pablo Ortega en representación de la familia Lemun. La investigación del asesinato fue traspasada a la justicia militar, cuestión que Ortega valora en forma positiva. “A pesar de lo que pudo significar antiguamente la fiscalía militar, hoy nos da más garantías que la fiscalía civil. Lamentamos decir que cuando se cambió el fiscal que tomó inicialmente el caso -Oscar Soto, quien nos dio plenas garantías y posteriormente fue obligado a renunciar- para ser reemplazado por Luis Chamorro, la tendencia ha sido evitar una investigación a fondo y tratar de desvirtuar que presumiblemente Carabineros participó en la muerte del peñi Lemun, introduciendo otras teorías sin sustento. Estamos investigando quiénes ordenaron su detención aproximadamente dos semanas antes de su muerte y quiénes participaron en su arresto”, señala Pablo Ortega.

Este abogado mantiene una querella por la intervención de su teléfono celular, medida ordenada por el Ministerio Público y autorizada por el tribunal de garantía. La intervención, revocada luego del reclamo unánime de los nueve abogados que defienden a los presos políticos mapuche, se produjo después del asesinato de Alex Lemún. “Esto es muy grave, no sólo porque la ley prohíbe la intervención telefónica de un abogado defensor, sino porque por esa vía monitoreaban las estrategias de defensa que teníamos los profesionales que representamos a comuneros mapuche. Además, se enteraban de los antecedentes que íbamos recabando respecto de la muerte de Alex Lemun y tememos que los hayan utilizado para entorpecer la investigación”. Varios abogados de la defensa han detectado seguimientos y dan por sentado que sus teléfonos están intervenidos, al margen de cualquier orden judicial.

HIJOS DE LONKO

Al traspasar las rejas de la cárcel de Traiguén, impresiona encontrarse con los rostros de niño de Rafael y Pascual Pichún Collonao. Tienen 22 y 20 años, pero parecen dos muchachitos entrando recién en la adolescencia. Son menudos, de estatura media, cabellos y ojos relucientes. Como ellos, hay muchos otros jóvenes mapuches en los presidios de la VIII y IX Región. A fines de 2001 habían terminado la enseñanza media y se preparaban para obtener una beca que les permitiera entrar a la universidad, lo que era posible debido a su excelente rendimiento escolar. Pero cayó preso su padre, el lonko Pascual Pichún Paillanao, de la comunidad Antonio Ñiripil, de Temulemu, en Traiguén, y todo cambió. En abril del año pasado también ellos fueron detenidos.

Sus proyectos de estudios superiores quedaron postergados, y ellos piensan que tal vez no tengan otra oportunidad. Además de estar en prisión preventiva con el doble cargo de incendio de un camión maderero del fundo Nancahue y de intento frustrado de incendiar dicho camión mientras el chofer estaba en su interior -dos delitos en uno-, también se les endilgó el delito de asociación ilícita terrorista. Más aún, intentaron acusarlos de participar en la ocupación de la Iglesia de San Francisco de Temuco, hecho ocurrido cuando ya estaban detenidos. Arbitrariedades como ésas se encuentran a cada paso en estos procesos judiciales marcados por la discriminación, el ensañamiento de los fiscales que representan los intereses del gobierno y de las empresas forestales, y por la parcialidad de la mayoría de los jueces. En la IX Región se está aplicando la reforma judicial penal, como plan piloto. Pero el sistema nuevo parece peor que el anterior.

Como el resto de los presos políticos mapuche, los detenidos en Traiguén lograron impedir la separación en distintos penales, fueron aislados de los presos comunes y han mejorado el régimen de visitas a costa de huelgas de hambre. Recientemente, una coordinación de alrededor de veinte organizaciones e identidades mapuche comenzó a formar un comité de solidaridad para canalizar ayuda nacional e internacional a las familias Pichún, Norín y Ancalaf.

La comunidad de Temulemu reclama 2.400 hectáreas del fundo Santa Rosa, en manos de Forestal Mininco, y otras 600 hectáreas del predio Nancahue, de Juan Agustín Figueroa Yávar, el cual es administrado por su hijo Juan Agustín Figueroa Elgueta, ex ministro de Agricultura. Son 81 familias que iniciaron la demanda, pero hoy queda poco más que la mitad. El resto se ha ido a terrenos comprados a través de la Conadi. “Estábamos reivindicando en conjunto nuestro derecho, pero el traslado hacia otros lugares va desarmando a la comunidad. Por nuestra parte, no vamos a conversar con la Conadi ni con el gobierno mientras estén presos nuestros dirigentes. Lo primero es la libertad de nuestros lonkos”, señala Juan Pichún. Como hijo mayor del lonko de Temulemu, Juan debió hacerse cargo del trabajo de la tierra, lo que le exigió dejar de lado sus estudios universitarios de pedagogía con mención intercultural. La vida ha sido profundamente alterada en las comunidades mapuche.

MAL USO DE LA JUSTICIA

El juicio de los hermanos Pichún por el incendio del camión se iniciaría el jueves 23 de enero, con un resultado incierto. Días antes el lonko Pascual Pichún tuvo un sueño: “Las forestales nos han acorralado en la oscuridad del agua; el winka nos ha acorralado en la oscuridad del agua; el pewma me ha dicho que hagamos nguillatun para que vuelva la luz del agua y el newen mapuche”. Siguiendo ese mandato se hizo un gran nguillatún el 17 y 18 recién pasados convocado por diversas organizaciones e identidades territoriales mapuche “para fortalecernos espiritualmente y defender mejor a nuestra gente, a nuestra tierra, a nuestro territorio”. Y aunque no lo dijeron abiertamente, también lo hicieron para ahuyentar a los malos espíritus que están entregando falsos testimonios en los procesos judiciales procurando incriminar a los presos políticos mapuche... a cambio de un plato de lentejas.

El nguillatún comenzó en la comuna de Temulemu y terminó al día siguiente en el frontis de la cárcel de Traiguén, donde además de los Pichún está prisionero Aniceto Norin Catrimán, lonko de la comunidad Lorenzo Lorin, de Didaico. El y Pascual Pichún padre están presos hace cerca de un año. Son los que han estado por más tiempo privados de su libertad. Se les atribuye el incendio que afectó la casa del administrador del fundo Nancahue, de material ligero, a fines del 2001. Al día siguiente se pidió la orden de detención de ambos. Pascual fue detenido y dejado en libertad porque no existían antecedentes suficientes para determinar su participación ni que se tratara de un acto terrorista. Diez días después, el lonko Aniceto Norín se presentó voluntariamente al tribunal, pero a pesar de contar con los mismos antecedentes éste dictaminó prisión preventiva en su contra. En marzo del 2002 Pascual Pichún era nuevamente detenido. Por su carácter secreto, la defensa no pudo conocer las declaraciones de los testigos. “Cuando finalmente conseguimos acceder a esas declaraciones nos dimos cuenta que no había ningún antecedente concreto ni prueba en su contra”, dice la abogada de la Defensoría Mapuche, Sandra Jelves.

¿Cómo se explica que ellos sigan con detención preventiva?.

“Creo que hay un problema con los operadores del sistema, pero considero que lo que está escrito en la ley que reforma el sistema procesal penal es más transparente y democrático, y tiene muchos beneficios para el pueblo mapuche. Lamentablemente, en algunos casos los fiscales y jueces han sido arbitrarios, tal vez por desconocimiento de la cultura mapuche y la forma en que se relacionan entre ellos. Además, la prensa ha jugado un rol fundamental al inflar el conflicto favoreciendo el uso del calificativo de terrorista. Siento que la legislación existente se está aplicando de manera más dura cuando se trata de los mapuche. Un ejemplo: en el resto del país desórdenes públicos, como manifestaciones y protestas, son derivados a los juzgados de policía local porque se trata de una falta que se castiga con multa de una a cuatro unidades tributarias y este hecho ni siquiera es consignado en los antecedentes del afectado.

Sin embargo, en Temuco se está aplicando un artículo que creo nunca había sido usado (N° 269 del Código Penal), que castiga como delito los desórdenes públicos. Si un joven universitario participa en una protesta por el crédito fiscal se considera una falta, pero si se trata de una manifestación de apoyo a los presos mapuche se aplica esa disposición y el ‘delito’ quedará para siempre en sus antecedentes. Es sumamente grave, porque están convirtiendo a jóvenes mapuche en delincuentes por medio de un uso abusivo del derecho. Este artículo se le está aplicando también a Pascual Pichún por un hecho ocurrido en octubre de 2001”.

Para Pablo Ortega, lo evidente es que con la reforma judicial los encarcelamientos de los comuneros mapuche se prolongan y la obtención de su libertad es más difícil. “Al menos en la IX Región ha significado un retroceso democrático en los procesos que se siguen contra los comuneros. Con todos los defectos que tiene el sistema antiguo, creemos que los jueces cautelaban los derechos de los imputados. Las fiscalías, tal vez fruto de inexperiencia y por el afán de responder a diversas presiones, han extremado medidas jurídicas en contra de los mapuches y creo que está en tela de juicio el principio de objetividad con que deben actuar. Son cosas que se deberían superar en el mediano plazo. Un aspecto fundamental es que las formalizaciones -equivalente jurídico al procesamiento en el sistema antiguo- son facultad privativa del Ministerio Público, y si éste, consciente o inconscientemente, pierde objetividad puede disponer formalizaciones por cualquier motivo, y los tribunales no tienen manera de fiscalizarlas”.

Para la abogada Jelves, no hay fundamentos para que se acuse de asociación ilícita terrorista a ninguno de los mapuche que están presos, aun cuando se siga ocultando antecedentes a la defensa por la vía del secreto. “Para que una asociación sea calificada de ilícita tiene que haber cometido hechos ilícitos o haber sido creada con ese objetivo. En este caso, los ilícitos tendrían que ser de carácter terrorista. Y en la región no hay ninguna condena por delito terrorista. Los hechos que se atribuyen a los presos mapuche en la zona urbana son desórdenes públicos, ocupación de una iglesia de la cual ni siquiera fueron desalojados y la toma de la Conadi en Traiguén, un acto más bien simbólico. Además, muchos de los detenidos en noviembre ni siquiera estaban requeridos por algún delito. Casos como éstos no justifican la aplicación de la Ley Antiterrorista, distinto sería si se hubiera atentado contra el presidente de la República o se hubiera hecho explotar una bomba en un edificio lleno de gente. En este caso, a la asociación ilícita se le atribuyen usurpaciones, que tienen pena de multa en el Código Penal; daños, el delito contra la propiedad que tiene la menor penalidad; hurto, etc. Y hay que recordar que el único muerto ha sido un mapuche”.

Con el juicio de los hermanos Pichún se inicia una nueva etapa, nada de alentadora. Por primera vez los imputados han tenido que soportar la prisión preventiva como regla general. A eso se agrega el secreto de los testimonios y supuestos medios de prueba, el no respeto del principio de inocencia, acusaciones de dos o más delitos a partir de un hecho -lo que viola un principio básico en deerecho penal- y otras faltas a las garantías procesales.

Cuestión de política

Su tarea es compleja. La abogada Myriam Reyes, de la Defensoría Penal Pública de Angol, tiene a cargo la defensa de Juan Ciriaco Millacheo Marín, lonko de la comunidad José Millacheo de Ercilla; su hijo Luis Hernán Millacheo Ñanco, y Juan Andrés Necul Marín, de la misma comunidad, quienes están en la cárcel de Angol acusados de asociación ilícita terrorista y otros delitos como hurto, robo con fuerza y secuestro. También defiende a José Huenchunao, uno de los voceros de la Coordinadora Arauco Malleco, quien se encuentra en prisión preventiva desde noviembre en la cárcel de Concepción. A él se le sigue una causa por asociación ilícita terrorista en Temuco, y otra por desórdenes públicos e incendio en la Octava Región.

“Como abogada, sostengo que es un despropósito calificar de terrorista a una organización como la Coordinadora Arauco Malleco, un grupo intermedio de la sociedad, una organización cuyos fines se relacionan con reivindicaciones y derechos que ellos estiman han sido permanentemente vulnerados. El concepto de terrorismo concebido por el legislador está definido para situaciones muy especiales, en las cuales las personas se organizan para cometer actos cuya finalidad es aterrorizar a la población. Eso es absolutamente inaplicable a una organización diseñada para efectos de reivindicar derechos y que no ha cometido actos de carácter terrorista”, afirma la profesional.

Imposible no hacer un símil con fórmulas utilizadas durante la dictadura militar en contra de sus opositores. “La diferencia es que no se utiliza la tortura en forma sistemática y tampoco ha habido presos políticos desaparecidos -destaca la abogada. Lamentablemente, esa es la única diferencia, pero es muy pobre para un sistema democrático. Hay persecución penal y, en alguna medida, desarrollo de actividades ilegales, como la intercepción telefónica de abogados de la defensa a solicitud del Ministerio Público. Y no me cabe ninguna duda que todos los abogados de la defensa estamos intervenidos”.

Ha habido diversas ilegalidades en los procesos. Una fue el traslado de detenidos a la audiencia de formalización, el 6 de diciembre pasado, sin ninguna formalidad. “La defensa alegó y tuvieron que devolver nueve personas que habían sido llevadas al tribunal”, explica. También lograron revertir la decisión unilateral del Ministerio Público, adoptada en una audiencia secreta y acogida por la jueza Esmirna Vidal, de separar los presos y distribuirlos en distintas unidades carcelarias como una forma de presionarlos para forzar una “confesión”. “Posteriormente el Ministerio Público entregó otra versión, diciendo que la Coordinadora se estaba rearticulando desde la cárcel, pero fue otro el cuento que le llevaron a la jueza”, señala Myriam Reyes.

Además, el Ministerio Público se ampara en la facultad que otorga la Ley Antiterrorista para mantener en secreto algunas actuaciones. “El problema es que ellos aplican el secreto a todo y extendieron el plazo inicial de 40 días de investigación del delito de asociación ilícita a 6 meses, en función de una ley dictada después de haber comenzado la investigación. Es decir, esa ley no debería aplicarse a este caso. La defensa está pidiendo una audiencia para que levanten el secreto y podamos conocer los antecedentes con que cuentan las fiscalías. Hasta ahora no ha habido ningún acceso a las evidencias del proceso. La parte acusadora dice que tiene intercepciones telefónicas y seguimientos de personas, pero no precisa a quién interceptaron, qué escucharon, ni a quién siguieron. Así, la defensa ha estado trabajando a ciegas”, acusa Myriam Reyes.

¿En qué consisten los delitos comunes que se imputan a sus defendidos, como hurto y secuestro?.

“En la región hay muchas formalizaciones por delitos comunes en contra de personas mapuche, y todas se relacionan con acciones de reivindicación de derechos que las comunidades estiman tener sobre determinados predios o producciones. Por ejemplo, a los cortes de árboles los denominan hurto. La ocupación de terreno es usurpación. Todo se encuadra en tipos penales. Los secuestros... no son secuestros. En el caso de mis defendidos, un grupo de trabajadores mapuche que se sentía discriminado porque no le querían pagar un adelanto de sueldo -algo esencialmente laboral- retuvo la micro en que se trasladaban. Se bajaron todos y dijeron ‘no nos movemos de aquí hasta que llamen al dueño de esta faena y nos paguen’. Estuvieron cinco horas. Ese es el ‘secuestro’. Lo mismo ocurrió con la ocupación de una faena de copa de agua”.

¿Cómo se ve el proceso a futuro?.

“La gente sigue presa, porque las alegaciones de fondo de la defensa todavía no han sido oídas. Tampoco hemos podido hacer entender que no estamos frente a una hipótesis de terrorismo. Pero aunque se ve difícil, es impensable que esto termine en un juicio con sentencia condenatoria. Nunca se podrá establecer -porque no es así- que la motivación de la Coordinadora Arauco Malleco sea aterrorizar a la población. Esta es una pelea jurídica, pero sabemos que está cruzada por factores políticos y sociales. Si bien realizamos un trabajo técnico, los abogados defensores sabemos que es un conflicto político y que cada cosa que hagamos tiene relevancia para la libertad de los presos, pero también para la legitimidad o no de la causa de los mapuche. Sostener que este es un tema netamente jurídico es ceguera”.

La otra cara del “conflicto mapuche”

El abogado José Aylwin Oyarzún, hijo del ex presidente de la República, insiste en que en vez de calificar de “delincuentes” o “terroristas” a los mapuche que luchan por sus reivindicaciones históricas, se impone una mirada más a fondo. Como coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera (Temuco), expresa su preocupación por la forma en que el Estado enfrenta lo que a su juicio se ha rotulado equivocadamente como “conflicto mapuche”. “Es más bien el conflicto de los empresarios, del Estado y de quienes nos relacionamos con los mapuche desde la sociedad chilena, negando su carácter de pueblo, sus derechos ancestrales al territorio, y sus derechos políticos”, afirma.

Explica que esta contradicción se ha acentuado en los últimos años debido al empecinamiento del Estado por “expandir la economía global hacia el territorio indígena, lo que se manifiesta de manera muy brutal en el caso del territorio mapuche donde las empresas forestales ocupan 1,5 millones de hectáreas del territorio ancestral mapuche al sur del Bío Bío, en su mayoría con plantaciones de bosque exótico, sin consultar a las comunidades o en contra de su voluntad, como es el caso de la Central Hidroeléctrica Ralco, que tuvo la oposición unánime de las dos comunidades residentes en el área de inundación”. Destaca que los procesos de movilización desarrollados por los mapuche sólo buscan el respeto de derechos indígenas que hoy son ampliamente reconocidos a nivel internacional, como el derecho a decidir sus prioridades en materia de desarrollo, a ser consultados antes de iniciar proyectos de inversión, a participar de los beneficios de esas actividades, a ser compensados por los daños, a no ser trasladados de sus tierras, etc. Estos derechos son reconocidos en 17 estados de América Latina, con sólo dos excepciones: Uruguay y Chile.

“En nuestro país tenemos un Estado centralista que ha negado históricamente su diversidad y ha construido el mito de los ‘ingleses de América Latina’. Por otro lado, el sistema binominal impide contar en el Congreso Nacional con representación indígena que abogue por reformas políticas y sociales relevantes”. Así, la desobediencia civil y el desconocimiento de la institucionalidad “es la respuesta a un proceso de exclusión de un sistema económico y político que no toma en consideración a los mapuche”. Está convencido de que es un error intentar contener estos conflictos por la vía policial y judicial.

“El Estado ha desarrollado una política de criminalización de toda la acción mapuche, de procesamiento indiscriminado de sus dirigentes, valiéndose de instrumentos de otros tiempos, como la Ley Antiterrorista. Pero carece de pruebas contundentes en contra de las personas. Las imputaciones se basan en filmaciones de video, conversaciones telefónicas o posesión de literatura tan diversa como el libro ‘El viejo que leía novelas de amor’, de Luis Sepúlveda. Por parte del ejecutivo hay una voluntad clara de detener este proceso por la vía del enjuiciamiento del liderazgo. Lo que nosotros hemos sostenido, como Programa de Derechos Indígenas es que, sin perjuicio de la importancia de mantener una situación de paz y de convivencia armónica en el sur, hay que juzgar las causas más profundas y buscar caminos institucionales de solución a través del diálogo, de la reforma jurídica, de una reforma política”.

Y agrega: “Yo emplazaría a los parlamentarios y sectores políticos que insisten en buscar responsabilidades en el mundo indígena y en mirar la violencia que en ocasiones se genera desde allí -fundamentalmente contra la propiedad nno indígena que ocupa sus territorios- a que busquen su propia responsabilidad por la violencia que ellos han ejercido al negarse a evolucionar y a entender que los pueblos indígenas no son poblaciones destinadas a integrarse y desaparecer al interior de la sociedad chilena. La tendencia contemporánea es reconocer que los estados están compuestos por una pluralidad de pueblos, y que éstos tienen derecho a controlar su desarrollo económico, político y jurídico”.