Hasta el juzgado de letras de Cañete llegó Rosario Huenupil, esposa de uno de los mapuche baleados por funcionarios de la policía civil en el incidentes de Tirúa, a interponer una querella por el delito de lesiones e infracción al artículo 255 y 397 del Código Penal. la mujer llegó en compañía del abogado patrocinante Roberto Celedón y del consejero nacional de la Conadi, Miguel Lliguempi.

Actos de violencia perjudican el diálogo en conflicto mapuche

· Millabur manifestó que "tengo claro que los Tribunales no van a dialogar porque están para aplicar leyes, pero tengo la convicción de que éstas no toman en cuenta los intereses de las comunidades. Una cosa es lo legal y otra lo legítimo".

En desacuerdo con todo acto de violencia que signifique arriesgar la vida de personas y consciente de que la movilización del pueblo mapuche, como todo cambio social necesitará de sacrificios y pasará por actos de medición de fuerzas, se mostró el alcalde de la Municipalidad de Tirúa y

dirigente del movimiento Lafquenche, Adolfo Millabur.
El edil insistió en que es partidario del diálogo, del entendimiento, de la tolerancia y de las concesiones mutuas; y que en ningún caso participa de la idea de "ojo por ojo, diente por diente", puesto que considera inhumano llegar a extremos para resolver problemas.

Adolfo Millabur dijo que si bien la Policía de Investigaciones cumplió con una labor encomendada por la Justicia, en esta ocasión fue inoportuna la forma y el lugar donde ocurrieron los hechos, teniendo en cuenta que sus miembros tienen una formación profesional. Agregó, que el día anterior detuvieron a una persona sin problemas y que existe un desconocimiento de la institución sobre la cultura local, ya que "en casos como éste cuando un civil toma a otro civil, la reacción que se produce es ir en defensa del comunero, además de un desconcierto ciudadano", acotó.

Expresó, que en su condición de alcalde y mapuche se sintió muy dolido por los hechos ocurridos en su comuna. Reiteró, que el tema se debe afrontar políticamente, con una actitud de entendimiento y con una disposición de todos los actores del gobierno, las empresas forestales, Carabineros e Investigaciones de sentarse a conversar. No con más detenidos o de un modo mediático y economicista.

Millabur manifestó que "tengo claro que los Tribunales no van a dialogar porque están para aplicar leyes, pero tengo la convicción de que éstas no toman en cuenta los intereses de las comunidades. Una cosa es lo legal y otra lo legítimo".

"Los jueces podrán tener muy buenas intenciones, pero si la ley no está dirigida en función de los intereses legítimos de los mapuche, naturalmente la consecuencia de su aplicación será ilegitima", puntualizó.

A su juicio, el estado de derecho en Chile, en particular, en esta zona se conformó enajenando derechos básicos de los comuneros, lo cual produjo un divorcio de entendimientos.

Investigaciones y mapuche baleados presentaron querellas:

Comunidad Conmocionada por Incidentes en Tirúa

 

· Los sucesos han sido los más violentos registrados en el llamado conflicto indígena en la provincia de Arauco.

Era una jornada de mucho movimiento en Tirúa, tal como sucede a mediado de cada mes, ocasión en que muchas personas llegan hasta el pueblo, provenientes de comunidades mapuche principalmente, a recibir el pago de pensiones y subsidios asistenciales entregados por el Instituto Nacional de Previsión, INP, en un local de la Iglesia Católica.

Este es un momento oportuno para comercializar, intercambiar y abastecerse en la feria al aire libre que se ubica en las calles principales de la comuna, permitiendo a las familias obtener productos para proveerse hasta el mes siguiente.

Hasta ahí todo normal, nada hacia prever que alrededor del mediodía del 15 de mayo de 2001, quedaría inscrito como una de las horas más negras en el llamado conflicto indígena en la provincia de Arauco y que casi le costó la vida a uno de los cuatro mapuche baleados por funcionarios de la policía de Investigaciones de Lebu, los que además fueron trasladados al Hospital Clínico Regional de Concepción en calidad de detenidos.

Los extras radiales alertaron al país de los acontecimientos de Tirúa, que luego llenaron de rojo las páginas en los diarios y que tuvieron un espacio protagónico en los noticiarios televisivos. Las reacciones de distintos sectores no se hicieron esperar, aunque la confusión acerca de lo sucedido era la tónica de los primeros momentos.

¿Procedimiento adecuado o violencia excesiva?

En un comunicado de prensa, la oficina de Relaciones Públicas de la Cuarta Zona Policial informó que los funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Lebu, detuvieron en las inmediaciones de la plaza de Tirúa a Esteban Marihuén Marihuén, requerido por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto último por los hechos ocurridos en la hacienda Lleu-Lleu, a fines de enero de este año, donde un comunero mapuche resultó con una lesión ocular y cinco carabineros quedaron heridos, lo que está siendo investigado por el ministro instructor Eliseo Araya.

Según el mismo informe una vez ocurrida la detención, un grupo aproximado "a las cien personas, premunidos de palos y otros elementos contundentes, procedieron a golpear a los oficiales policiales actuantes, provocando daños a los vehículos institucionales y logrando rescatar al detenido. Ante la gravedad del ataque, el personal procedió a repeler la acción haciendo uso de sus armas de servicio, disparando primero al aire y luego a las piernas de los atacantes".

Sin embargo, distinta es la versión que dan algunos de los testigos que estaban en Tirúa en el momento en que ocurrieron los hechos. Tal es el caso del Consejero Nacional de la Conadi, Miguel Liguempi Huillita, quien asegura que un sujeto sin mediar identificación alguna procedió a detener a Domingo Marihuén y no a José Marihuén, al contrario de lo señalado por los detectives. Dijo que estos últimos para llevar a cabo el procedimiento fingieron ser ambulantes "nadie sabía que ellos eran de investigaciones, porque se hicieron pasar por vendedores de hierbas medicinales".

Relata que entre tanto alboroto las personas no sabían que estaba ocurriendo y que al ver esta acción arbitraria intentaron rescatar al detenido, "se producen forcejeos y es lógico que la gente empiece a defenderse".

Explica que una vez que comenzaron los disparos, los que incluso se efectuaron afuera de la escuela pública "Eloísa González", donde estudian unos 600 menores, recién se percató de que estos provenían de funcionarios de la policía civil, "cuando estaban sucediendo las cosas no sabíamos quienes eran y para mí eran delincuentes".

Asegura que los detectives, al igual que funcionarios de Carabineros perdieron el control disparando indiscriminadamente para cualquier parte y que "incluso disparaban por encima de mí cabeza, yo no me puedo explicar que formación tienen estas personas, hay discriminación al actuar por el hecho de ser mapuche".

Agregó que de no ser por su intervención y la del alcalde de la comuna, Adolfo Millabur, la situación hubiese sido mucho peor y tal vez hubieran tenido que lamentar más heridos o alguna muerte.

Los mapuche baleados, pertenecientes a la comunidad Comillahue, de Tirúa Sur, fueron identificados como Juan Bautista Liempi Pailaya (39), con herida de bala penetrante en el muslo izquierdo con salida de proyectil y fractura expuesta de fémur; Abel Alonso Marihuén Huenupil (18), herida de bala en el muslo derecho con fractura expuesta de fémur, ambos hospitalizados en Concepción; Hernán Albornoz Carilao (27), con herida a bala sin salida de proyectil en los glúteos y fractura de pelvis, quien se recupera en el hospital de Cañete y Domingo Marihuén Marín (37), herido de bala en el muslo derecho, el que ya fue dado de alta.

En los incidentes también resultaron heridos cinco funcionarios de la Policía de Investigaciones, con Tec cerrado y algunas contusiones.

Sumario administrativo

De inmediato el jefe de la Cuarta Zona de la Policía de Investigaciones, Baltazar Donoso, ordenó la apertura de un sumario administrativo para establecer fehacientemente las circunstancias en que ocurrieron los graves hechos, aunque aseguró que se trató de un procedimiento policial debidamente autorizado por decreto judicial, por lo que actuaron ajustados a derecho.

Una vez conocidos los sucesos de Tirúa, el intendente regional, Jaime Tohá llegó hasta la prefectura de investigaciones para conocer mayores antecedentes del caso, oportunidad en la que expresó que "si hubo un exceso o no en la actuación de los policías lo determinará la investigación interna que tendrán que realizar, pero el hecho de que varios detectives resultaran lesionados y dos vehículos destruidos demuestra la gravedad del ataque que sufrieron".

"Debo reiterar que en régimen plenamente democrático los conflictos se resuelven a través del diálogo".

Querellas

Las acciones judiciales de uno y otro lado no se hicieron esperar y es así como la Policía de Investigaciones interpuso una querella en el juzgado de letras de Cañete, por los delitos previstos y sancionados en los artículos 17 del Decreto Ley 2460 (Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones), de lesiones en contra de sus funcionarios.

En tanto, el abogado Hugo Gutiérrez interpuso en esta misma comuna una querella criminal contra los posibles responsables del delito de homicidio frustrado y lesiones graves que afectaron al comunero mapuche Domingo Marihuén Marín, aduciendo que no existen razones que justifiquen el uso de violencia excesiva contra alguien que ni siquiera estaba involucrado en el procedimiento policial, ni en ningún hecho delictivo.

Asimismo una querella por el delito de lesiones y por infracción al artículo 255 y 397 del Código Penal, que sanciona a los empleados públicos que cometen abusos contra particulares en el ejercicio de funciones, presentaron en el juzgado de letras de Cañete, tres de los mapuches que resultaron heridos a bala por funcionarios de la policía civil y la esposa de uno de estos, en los confusos incidentes registrados en la comuna de Tirúa.

Estos son Hernán Albornoz, Abel Marihuén y Juan Liempi y la cónyuge de este último, Rosario Huenupil Antilao.

El abogado patrocinante, Roberto Celedón Fernández, sostuvo que la querella fue interpuesta en contra de detectives de la prefectura de Lebu y de quienes resulten responsables de los hechos que afectaron al conjunto de la comunidad de Tirúa y especialmente a los heridos, "aquí no hay dudas que se empleó violencia innecesaria contra gente desarmada, pacífica que estaba realizando actividades de orden comercial, cuando los detectives actuaron de manera descontrolada e irresponsable

." El abogado dijo que una vez que haya personas procesadas se ejercerá oportunamente la acción civil de indemnización por daño y perjuicio provocado por estos delitos.

Además de esta querella, en el mismo juzgado de Cañete el diputado socialista, Alejandro Navarro; el Consejero Nacional de la Conadi, Miguel Liguempi, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur y representantes de organizaciones indígenas de la zona, presentaron una denuncia criminal para establecer responsabilidades en los sucesos de Tirúa, dado que les fue negada la solicitud de ministro en visita solicitada ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Navarro sostuvo que esperan que la jueza titular Verónica Herrera, pueda contar con todos los instrumentos para realizar una investigación independiente que permitan esclarecer lo sucedido a la brevedad, "nosotros esperamos que la investigación realizada por la magistrado pueda aclarar los hechos principalmente para que estos no se repitan nunca más".

Por su parte, Miguel Liguempi dijo que la acción judicial busca dar a conocer el gran atropello que se vivió en Tirúa, así como "la provocación y el tremendo delito que cometió Investigaciones. Yo soy mapuche y no puedo aceptar estas injusticias", precisó.