En un caso que aún no está cerrado, la controversia en torno a la exhibición de Presunto Culpable ha reiterado lo que se cuenta en allí en torno a la manipulación de la justicia al gusto de poderosos funcionarios. Son viejas mañas y prácticas de censura que se niegan a morir

ABRIL, 2011. Eran los tiempos de la censura más burda. Apenas comenzaba a amanecer y una pick up se aparecía por los puestos y pedía la edición de tal periódico o revista. Pero en vez de llevarse un ejemplar se compraban todos los que había en existencia, "incluido el que ustedes acostumbran leer". Más tarde se sabría que aquella requisa tenía por objeto impedir que la gente se enterara de una nota que ponía en aprietos al alcalde, a un diputado, a un funcionario encumbrado y aun algún empresario. Si la requisa era local por lo general pedíamos a alguien de otra ciudad que nos comprara la publicación de modo que así nos enterábamos de las triquiñuelas. Los puesteros, y naturalmente los editores, salían ganando; en un país donde rara vez de agota la edición de un medio impreso, aquello resultaba una excelente noticia pues se cubrían los sueldos de los empleados y de paso se daba al director un dinerillo extra para pasearse un par de días con su familia a la playa más cercana.

La llegada del Internet convirtió en obsoleta aquella costumbre, si bien hubo casos todavía a principios de la década pasada. El "carro completo" confiscatorio de una edición dejó de tener sentido si la información comprometedora estaba disponible en la página web del medio aludido. Pero aquello no representó un triunfo de la libertad de expresión, al menos no en México, donde la censura hoy ha sido aplicada, mediante métodos mucho más drásticos, por parte de las bandas del crimen organizado.

Pero de repente surgen los métodos de censura más absurdos como puede concluirse tras lo ocurrido con el documental Presunto Culpable, del que hasta hace una semanas solo se sabía en círculos muy cerrados de la industria del cine nacional. Producido por el actor Diego Luna, Presunto Culpable refiere el arbitrario proceso judicial donde a base de acusaciones inventadas y testigos comprados se evidencia, por un lado, el enorme grado de podredumbre que ha alcanzado la justicia en México y, por el otro, la facilidad conque alguien que carezca de "palancas" y "contactos" puede pisar la cárcel aunque no haya cometido delito alguno. Es una historia que se repite decenas innumerables veces en el país, cortesía de unos jueces corruptos, abogados sin escrúpulos y quienes son capaces de inventar historias de inculpación a cambio de un fajo de billetes. La diferencia es que en esta ocasión hubo cámaras que filmaron el proceso.

Y justo días antes de su estreno, uno de los "testigos" objetó su proyección al alegar, primero, que su imagen aparecía sin su consentimiento por lo que un juez ordenó que se suspendiera su exhibición. Los productores consiguieron un amparo lo mismo que la Organización Ramírez, propietaria de Cinépolis, la cadena de salas más grande del país. Al menjurje entraron incluso legisladores como la actriz María Rojo. E inevitablemente, como ocurre siempre en México, el asunto se politizó; hasta el momento el acuerdo fue que la cara del "testigo" inconforme fuera pixeleada para proteger su privacidad, algo que también había alegado en su querella.

Los productores no podrían estar más felices: debido a la controversia, Presunto Culpable se convirtió en el documental mexicano que más ha recaudado dinero en toda la historia con arriba de los 45 millones de pesos, cifra que usualmente sólo alcanzan las producciones hollywoodenses. Ello no habría sido posible sin la querella, la cual además olvida, de la forma más ingenua, que de haberse prohibido la exhibición de la película, ésta se habría filtrado al Internet; ello quizá habría afectado financieramente a los productores pero al mismo tiempo habría dejado en claro el mensaje que se deseaba evitar. Dicho de otro modo, la estrategia de censura fue planeada con las patas.

¿De dónde vino la orden? ¿Del quejoso? Dudoso: muchas otras películas han sido objetadas y el asunto no pasa del escritorio de un leguleyo. La rapidez conque la denuncia entró a los tribunales sólo pudo haberse dado gracias a la intervención de algún funcionario poderoso. ¿Del gobierno calderonista o de la misma Secretaría de Gobernación? Es probable: el documental exhibe un sistema judicial putrefacto, noticias que no caen bien en un gobierno que ha declarado la guerra al crimen organizado y que presume en todos los medios la captura de capos y más capos pero que no tardan en salir libres. 

El protagonista de Presunto Culpable puede ser cualquier ciudadano al que ley hace rato dejó de representarse un derecho para convertirse en una amenaza a sus derechos básicos. Al pretenderse censurar la película, la opinión generalizada es que se trata de hacer lo mismo con el sentimiento de arbitrariedad que a diario respiramos en este país.

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