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ratificar la primera sentencia por 'mobbing' en España. El fallo, dictado el pasado mes de septiembre por el juzgado de lo Social número 2 de Gerona, condenaba a una empresa de Ripoll a pagar una indemnización de 14.401 euros (2,4 millones de pesetas) a una trabajadora que fue sometida 'a una presión laboral tendenciosa o 'mobbing'. Todo surgió a raíz de la negativa de la trabajadora, que era delegadade personal, a contribuir en una colecta entre los empleados de HEPSA para hacer un regalo al hijo del director de la fábrica que cumplía 18 años. A partir de aquel suceso, en 1994, empezó a sufrir todo un 'vía crucis'. Sus jefes la culpaban de todos los errores y la hacían responsable de la mala situación económica por la que pasaba la compañía. Las técnicas básicas de acoso laboral para la destrucción psicológica de una persona consisten en someter al trabajador a acusaciones o insinuaciones malévolas, sin permitirle defenderse o expresarse; aislarle de sus compañeros, privarle de información, interrumpir o bloquear sus líneas de comunicación; desconsiderar e invalidar su trabajo; desacreditar su rendimiento, ocultar sus logros y éxitos, exagerar y difundir, fuera de contexto, todos sus fallos; establecer agravios comparativos, mediante diferencias de trato o dificultar el ejercicio de sus funciones, saltarle en la línea jerárquica, recabar información y dar instrucciones directamente a un subordinado suyo, entre otros aspectos. El caso de Ripoll forma parte de una dinámica regresiva en la que los trabajadores, a lo largo de las últimas décadas, han ido perdiendo fuerza frente al poder. La desunión, la insolidaridad y los cambios en los sistemas de producción son algunas de las claves para explicar esta tendencia que, sin lugar a dudas, se agravará con el 'teletrabajo'. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es importante pero más importante aún es detener estos abusos, más habituales de lo que se cree, y que afectan a la vida personal y familiar de tantos españoles
LA NUEVA ESPAÑA.- Avilés.
El acoso moral afecta al 11,5% de la población activa, según expertos
El abogado laboralista Carlos García Barcala asegura que las principales víctimas son mujeres menores de 30 años
Marián MARTÍNEZ
«El acosador es muy sutil y sus conductas son muy difíciles de detectar. El acosado inicialmente no se da cuenta de lo que está ocurriendo y lo achaca a la situación de la empresa, al día a día, e incluso a su propia incompetencia. Hasta que ya el acoso es tan repetitivo y obvio que la víctima se da cuenta de lo que está ocurriendo». Ésta es la síntesis de la detección del «mobbing» o acoso moral en el trabajo, ponencia que expuso con brillantez el abogado laboralista Carlos García Barcala durante su intervención en el Club LA NUEVA ESPAÑA celebrado el pasado jueves por la noche en la Casa de Cultura de Avilés.
Carlos García Barcala afirmó que aproximadamente el 11,5 por ciento de la población activa trabajadora en España (1,4 millones de personas), es víctima de acoso moral en el trabajo. La mayoría son mujeres y menores de 30 años. El letrado insistió en separar o diferenciar el «mobbing» del acoso sexual, «que en ocasiones van unidos, pero son claramente distintos», afirmó.
«La mayor incidencia del acoso moral en el trabajo se da en la Administración pública, fundamentalmente porque se trata de puestos de trabajo fijos y la víctima no tiene miedo a denunciar ni sus compañeros a testificar a su favor. En la empresa privada es más difícil, porque uno teme quedar sin trabajo y los demás se sienten presionados y tienen miedo a las represalias», explicó Carlos García Barcala.
El acoso puede venir, según el letrado, tanto desde los mandos o la jefatura de la empresa como incluso desde algún compañero. «Normalmente responde a una cuestión de celos o envidias para evitar la promoción de la víctima o bien que pida la cuenta y abandone la empresa».
El abogado relató ante un nutrido grupo de asistentes una serie de recomendaciones prácticas para actuar en caso de que alguien se sienta víctima de acoso moral en el trabajo. «Una vez identificado el problema, es recomendable comentarlo con los compañeros de trabajo, los representantes de los trabajadores e incluso con los superiores jerárquicos. Si es posible, a la empresa hay que hacerlo por escrito para tener pruebas documentales en caso de llegar a juicio», explicó. El siguiente paso sería acudir a un psicólogo o un psiquiatra para recibir ayuda profesional, y si es necesario, solicitar una baja por enfermedad. Por último, la víctima debe buscar asesoramiento legal y acudir a algunas de las asociaciones que pueden ofrecer ayuda y orientación. Inspección de Trabajo También se puede interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo. «En este sentido debo ser extraordinariamente crítico, porque sólo actúa cuando hay denuncia y no lo hace siempre. De hecho, se está preparando a inspectores especializados en estos asuntos para saber afrontarlos», explicó el abogado.
Carlos García Barcala señaló también que «es muy difícil demostrar una situación de acoso moral en el trabajo porque no hay pruebas documentales. Por eso es importante que las comunicaciones con la empresa sean por escrito», afirmó. Como es muy difícil conseguir pruebas testificales, es necesario contar con las declaraciones de los compañeros. «Esto complica mucho las cosas, porque es muy difícil que otros trabajadores quieran participar por miedo a represalias o por presiones», concluyó el abogado.
LA VERDAD.- Opinión.
XIM
El malestar
ANGEL GARCÍA PINTADO JOSÉ IBARROLA/
Hace años se puso de moda generar un bienestar ambiental en el centro de trabajo porque se presumía, con mucho sentido común, que ello redundaría de modo positivo en la productividad. El hilo musical en las oficinas y talleres pasó a convertirse en algo así como las rociadas de ozonopino con que nos obsequiaban antaño en los cines de sesión contínua los acomodadores, aspersor en ristre.
A la musiquita de fondo le acompañarían otros alicientes, como la sonrisa en los labios, la ausencia de gritos, los buenos modales... Creo que el invento llegó de América y, por la experiencia que uno tiene como currito-currante (en ocasiones con cierta jerarquía), aquellos buenos propósitos apenas llegaron a instalarse, y, si se instalaron, duraron más bien poco. La democracia, más o menos imperfecta, entró en el país, pero no en los centros de trabajo, donde ha seguido funcionando el ordeno y mando (y el ordeño a mano), en líneas generales, claro (lejos de mí la funesta costumbre celtibérica de generalizar). Tanto cuando he sido jefe como cuando fui un mandado absoluto, procuré reservar algún tiempo a reflexionar acerca de la productividad y su conexiones con la condición humana, imperfecta por naturaleza; llegando a la conclusión de que para mandar hay que hacerlo como si uno no estuviera mandando; y para obedecer, otro tanto de lo mismo. También recordé que no somos nada y menos en traje de baño, y que hoy por ti mañana por mi, así como que arrieritos somos y en el camino -quizá- nos encontraremos, o que: paciencia y barajar. Pero sobre todo, que ocupando nuestro horario laboral prácticamente media porción de nuestra existencia, lo más sensato, inteligente y eficaz era llevarse bien con los compañeros, lo que implicaba toda una operación de acercamiento a sus vidas, problemas, sentimientos... En fin: algo terriblemente peligroso al parecer, por lo que pude comprobar enseguida. En algunas empresas se me llegó a decir que no estaba bien visto por el patrón y por sus pelotas circundantes que yo tomara cafés, cañas o derivados con los subalternos. Los jefes que simpatizan con los compañeros de su sección o negociado son considerados casi como terroristas por ciertos sujetos inseguros (ya sean estos el patrón de todo, o fulanillos con mandillo).
El buen Freud me susurra al oído que es precisamente la inseguridad, o su equivalente la incompetencia, lo que les hace conducirse de estas maneras, que uno atribuyó en principio a la envidia, si bien sus raíces neuronales son más profundas. La inseguridad que, en el individuo designado por el dedo del patrón para ser uno de sus apéndices, genera un estado de ansiedad derivado de la sospecha que en su fuero interno abriga de sus limitaciones, y que le hace ejecutar actos arbitrarios, injustos, innecesarios...
Tardé su tiempo, pero al final lo supe: lo que se habían propuesto (acaso conjurados entre ellos) la mayoría de los patronos que soporté y que me soportaron en mi vida laboral fue sembrar la semilla del malestar, como rociadas de ozonopino venenoso a través de las rejillas del aire acondicionado, en el hormiguero afanoso. La simpatía provoca unidad, corpúsculos subversivos que el más zopenco engranaje, con su escaso respeto hacia el otro y hacia el distinto, no está dispuesto a tolerar. Una vez que, azarosamente investido de cierta jerarquía, me quejé a un superior del mal ambiente que determinados sujetos con mando estaban dispersando por el espacio laboral con sus gestos autoritarios y anacrónicos, el susodicho superior me contestó adornándose con cínica sonrisa un: Lo que ellos hacen está bien porque crea en el personal tensión de trabajo. No hay que relajarse.
Después llegaron las encuestas. Y esa palabreja anglosajona: mobbing, para designar el acoso psicológico, el hostigamiento, la competitividad destructiva, el encabronamiento en suma, que reina en el mundo laboral. La última consulta dice que la mitad de los profesores de Alcalá de Henares son víctimas del mobbing, y sus consecuencias psicosomáticas se concretan en depresiones, úlceras, trastornos cardíacos, fatiga, dolores musculares y de huesos o problemas dermatológicos. En tiempos de su fundador el Cardenal Cisneros reinaba mejor ambiente.
El malestar hace mover la maquina. La oficina siniestra que nos legó el dibujo del entrañable Pablo en La Codorniz, comparada con las nuestras, tan altamente tecnológicas, digitalizadas y enmoquetadas, queda como una antesala del cielo.
NOTICIAS DE NAVARRA.-TRABAJO
El Parlamento pide por unanimidad un plan contra el 'mobbing'
EFE - Pamplona
La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo del Parlamento de Navarra aprobó ayer con la unanimidad de los grupos una moción de IU en la que se insta al Gobierno foral a elaborar en el plazo de tres meses un Plan de Actuación contra el acoso psicológico de forma coordinada entre las diferentes consejerías, organismos autónomos y empresas públicas. Asimismo, la moción insta al Gobierno de Navarra a "sancionar con el rigor necesario y sin dilación todos aquellos comportamientos de mando autoritario y abuso de poder ejercidos sobre los trabajadores en el ámbito laboral". En su exposición de motivos, la moción subraya que, según el informe Cisneros II, el 16% de la población activa ha sido objeto de violencia psicológica o mobbing en los últimos seis meses, mientras que en Navarra hay "un alto índice de casos denunciados y el problema ha trascendido del ámbito puramente laboral por la dimensión humana y social del problema, que preocupa cada vez más al conjunto de la sociedad".
El perfil de las víctimas
La moción resalta en este sentido que el acoso psicológico "busca hacer explotar a las víctimas", cuyo perfil es femenino (53,88), joven (el 64% son menores de treinta años) y con un contrato laboral fijo. Además, señala la moción, el acoso psicológico "tiene efectos en la salud psíquica y física de las víctimas", ya que provoca el abandono de la profesión, depresiones, bajo estado de ánimo, absentismo, bajas laborales, tensión familiar, alcoholismo e incluso el suicidio.
Por otro lado, agrega, el acoso produce una pérdida de calidad en la vida laboral, una bajada de la productividad y "cuantiosas pérdidas económicas derivadas de relaciones laborales basadas en el abuso de poder que destruyen el capital humano mejor cualificado, a corto y medio plazo, de las empresas".
DIARIO SUR DIGITAL.- Opinión
CARTAS
Acoso moral en el trabajo
Miguel Rodríguez Sánchez/Málaga
Con la próxima reforma de nuestro Código Penal se va a endurecer las penas, por ejemplo, para las sustracciones de teléfonos móviles y en cambio seguirán impunes acciones tan repugnantes como el acoso moral en el trabajo, también conocido como 'mobbing'. Suecia, Francia o Italia ya han recogido en sus legislaciones penales el 'mobbing' como delito. Pero la España de Aznar está más preocupada por el peligro hipotético de los arsenales químicos aún no identificados de un país a muchos kilómetros de distancia que del sufrimiento real y cercano de ese 10 por ciento de los trabajadores españoles que pueden ser víctimas del 'mobbing'.
No se puede tolerar por más tiempo que existan centros de trabajo convertidos en campos de exterminio psicológico de personas inocentes.
EL ADELANTO DE SALAMANCA.- Tema del día.
Críticas por la inestabilidad de jornada
Los sindicatos consideran que uno de los principales problemas que sufren los enfermeros que trabajan es la inestabilidad en la jornada laboral, que conduce a la necesidad de doblar turnos o cambiar días de descanso para cubrir incidencias en los servicios.
Asunción Gil, de Satse, Rosa Sañudo, de CCOO, y Concha Hernández Mociños, de UGT, destacan que es preciso que las bajas se sustituyan "al 100%" para y que se aumente la plantilla para ofrecer una asistencia de mayor calidad. Gil asegura que están aumentando en Salamanca las denuncias por moobing --acoso moral-- en el sector, uno de los más afectados también por el síndrome del quemado . Una opinión que comparte la presidenta del Colegio de Enfermería, para quien estos profesionales sanitarios sufren niveles crecientes de estrés.
Lunes, 24 de Febrero de 2003
LA VOZ DE ASTURIAS.- Oviedo.
COLEGIO DE ARQUITECTOS
Un trabajador denuncia al Colegio de Arquitectos
Desarrolla sus tareas en un lugar sin luz, ventilación ni calefacción
GEORGINA FERNANDEZ
Un trabajador del Colegio de Arquitectos ha denunciado su situación laboral a la inspección de Trabajo. Desarrolla sus tareas profesionales en el archivo de esta institución, situado en la calle Beato Melchor García Sampedro. Se trata de un local que parece un garaje, cuya ventilación se encuentra tapada por estanterías, con el suelo de cemento y sin calefacción.
El arquitecto Javier Montero lleva más de 25 años de ejercicio de la profesión. Desde hace 11 años trabaja para el Colegio de Arquitectos de Asturias y hasta hace poco tiempo desarrollaba su labor en una oficina de Gijón, sede del organismo colegial en esa ciudad. El pasado 16 de enero fue propuesto en una asamblea por sus compañeros como candidato para las elecciones sindicales. Sólo siete días después, la empresa le comunicó que, de inmediato, pasaría a desarrollar su trabajo en el archivo.
Nadie habría podido creer que el Colegio de Arquitectos tuviera un área de trabajo en esas condiciones. El lugar, de grandes dimensiones, sólo dispone de dos pequeños radiadores eléctricos y Montero tiene que trabajar con el abrigo puesto. En este almacén desarrolla sus tareas también otro arquitecto desde hace dos años. No hay ni luz natural, ni ventilación visible. El suelo está lleno de carpetas, cajas y distintos objetos y es casi imposible caminar por el local sin tropezar con alguno de ellos.
47 METROS DE PASILLOS Otra de las características del pavimento es que es de cemento y no está perfectamente nivelado. El pasado día 10 este trabajador sufrió un accidente laboral: se cayó de una escalera cuando estaba bajando cajas con documentos archivados, que estaba situados a unos dos metros y medio de altura.
Entonces decidió presentar la denuncia ante la inspección de Trabajo por si aprecia deficiencias de seguridad y condiciones de calidad en su puesto de trabajo, un lugar compuesto por unos 47 metros de pasillos llenos de papeles. El considera que se trata de "un destierro" y se siente infravalorado en sus aptitudes profesionales, pero de momento no quiere hablar de acoso laboral. Sólo indica que, a la vista de lo que le ha ocurrido, "que cada uno saque sus conclusiones".
COMFIA.-
Impulsar la afiliación de mujeres a los sindicatos para que éstas lideren la toma de decisiones en pro de la igualdad
Desde el 18 de febrero se reúnen en Melbourne (Nueva Zelanda) en la VIII Conferencia Mundial de la CIOSL para la mujer con el lema " Los sindicatos para las mujeres, las mujeres para los sindicatos" CCOO
Se celebra esta semana en Melbourne ( Nueva Zelanda), la VIII Conferencia Mundial de la CIOSL para la mujer con el lema "Los sindicatos para las mujeres, mujeres para los sindicatos" que ha contado con la participación de más de 700 delegadas y observadoras de todo el mundo, entre las que se encuentran dos representantes de la secretaría de la mujer de CC.OO..
Los mensajes de inauguración han puesto el énfasis en el "crítico papel que desempeñan los sindicatos en el proceso conducente a un cambio económico, social y político. Los sindicatos son una parte esencial de las sociedades democráticas. Los gobiernos que reprimen a los sindicatos generalmente son de índole autoritaria y reacios a permitir que se deje escuchar cualquier voz opositora. En este sentido, el sindicalismo libre y la democratización van de la mano".
Entre ellos destacó el de Helen Clark, la primera ministra de Nueva Zelanda que puso como ejemplo lo ocurrido en este país donde un gobierno social progresista, trabajando junto a los sindicatos puede crear una sociedad justa y equitativa, y como Nueva Zelanda es líder mundial en la aplicación de normas de equidad de géneros y cuenta con mujeres en cargos como Gobernadora General, Juez Supremo y altos puestos en círculos empresariales y profesionales.
"Esto se ha conseguido mediante el acceso a la educación, y una vez que las mujeres logran emerger del techo de cristal, queda abierto el camino para que otras las sigan", e insistió la primera ministra en que "la representación de mujeres en las estructuras máximas del ámbito gubernamental, económico y social es una cuestión de justicia social y que los sindicatos deben ser una fuerza positiva que promueva la igualdad de géneros en sus propias filas, entre los integrantes de la fuerza laboral y en la sociedad en general" .
Por su parte, Guy Ryder, secretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres manifestó que la sindicalización de mujeres constituye una condición indispensable para la supervivencia de los sindicatos y subrayó como prioridad máxima "la necesidad de conseguir la adhesión de mujeres al movimiento sindical y permitir que éstas desempeñen plenamente su papel en el liderazgo y la toma de decisiones en pro de la igualdad".
Destacó Guy Ryder que "el hecho de que las mujeres estén concentradas precisamente en las áreas que suponen un reto en materia de sindicalización, como la economía sumergida, el trabajo a tiempo parcial, el sector rural, etc, no hace sino resaltar aún más la urgencia que reviste éste desafío". Por eso fue tan importante la campaña mundial de sindicalización de mujeres que se decidió el año pasado y con la que se pasó de la mera retórica y las buenas intenciones a la acción y los resultados concretos.
Ryder citó la reciente declaración del Banco Mundial que reconoce que los sindicatos son algo bueno para la economía y que constituyen un factor clave para reducir desigualdades entre hombres y mujeres en diferencias de remuneración, segregación en el mercado laboral, precariedad en el trabajo, acoso y otros factores sostenidos por actitudes sociales y barreras culturales, y puso como ejemplo la notoria diferencia salarial entre las trabajadoras afiliadas a un sindicato y las que no, a favor de las primeras.
El secretario general de la CIOSL anunció que el género formará parte de todas las políticas y actividades de la campaña a nivel mundial para este 1º de mayo de 2003, en la que las afiliadas a los sindicatos incorporarán a sus actividades el término de "respeto", que engloba los derechos de los trabajadores y trabajadoras en las cuestiones sobre salud y seguridad, lucha contra la pobreza y defensa de la juventud que trabaja.
Martes, 25 de Febrero de 2003
LA VERDAD.-MURCIA
Piden que el 'mobbing' se considere enfermedad entre los funcionarios
SINDICATO. Los representantes regionales del Csi-Csif presentaron ayer la campaña. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM
El sindicato de funcionarios públicos Csi-Csif ha iniciado una campaña estatal con la intención de que el estrés y el mobbing o síndrome del quemado se consideren enfermedades laborales, y en la que pretenden que la Administración tome conciencia del problema, según informó ayer el presidente autonómico del sindicato, Ventura Martínez.
En cuanto al burnout o mobbing, surge cuando un grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como media unos seis meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que acabe abandonando el lugar de trabajo.
En castellano se emplean mejor los términos acoso moral o psicológico y hostigamiento laboral o moral, y se da cuando un trabajador está sometido a persecución o presión psicológica por uno o varios miembros de la empresa a la que pertenece, con la complicidad o aquiescencia del resto.
LA PROVINCIA.- Diario de Las Palmas.
EL JUEZ DA LA RAZÓN A LA FUNCIONARIA QUE DENUNCIÓ AL ALCALDE POR ACOSO MORAL.-
"Esto es una inyección de moral para mí, estoy muy contenta". Así se expresaba ayer Carmen Almeida Santana, delegada sindical de Intersindical Canaria, después de que se hiciera pública la sentencia del Juzgado Número 2 de Las Palmas, que declara nulo el decreto de Alcaldía por el cual vio mermadas sus responsabilidades como funcionaria en el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Es la primera batalla ganada en una "guerra" contra el grupo de gobierno que comenzó en 2001, cuando Marco Aurelio Pérez accedió a la Alcaldía, tras lo cual Carmen Almeida, comenzó a verse sometida a cambios en su puesto de trabajo, lo que la llevó a interponer tres recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y una querella contra el alcalde y el concejal de Urbanismo, Juan Francisco Ramírez, por mobbing o acoso moral.
Según relata Carmen Almeida, que lleva 14 años trabajando en el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento sureño, desde el cambio de gobierno "tanto el alcalde como el concejal tránsfuga comenzaron una campaña de acoso y derribo contra mí". Primero, con un decreto de Alcaldía de enero de 2002 mediante el cual se reducían sus responsabilidades en el departamento a la tramitación de expedientes de demoliciones y órdenes de ejecución.
Carmen recurrió el decreto ante el Ayuntamiento, del cual nunca obtuvo respuesta, por lo que se vio obligada a interponer un recurso por la vía contencioso administrativa, que ha dado como resultado una sentencia por la que se anula de pleno derecho el decreto de Alcaldía.
El segundo recurso fue interpuesto contra otro decreto firmado por el edil de Urbanismo en calidad de alcalde en funciones, por el cual volvían a reducirse las responsabilidades de la trabajadora, dejándole tan sólo la tramitación de órdenes de ejecución. Además de alegar que el decreto fue firmado por el edil un día antes de que se le nombrara alcalde en funciones, la funcionaria asegura que la nueva decisión municipal en su contra fue provocada porque tramitó unos expedientes de demolición "que estaban escondidos, y a alguien no le gustó que los encontrara".
En aquellos momentos, Carmen ya tomaba antidepresivos por prescripción médica "y en julio el médico me dio la baja porque la situación era ya inaguantable". Carmen añade que "sin embargo, el acoso continuó incluso encontrándome de baja", ya que el 31 de julio de 2002 dos policías le llevaron a su casa un nuevo decreto por el que se le notificaba su traslado a la Concejalía de Vivienda, ubicadas en los bajos del Estadio de San Fernando. "Aquello fue actuar de mala fe, porque hasta septiembre no pude acudir al abogado, ya que estaba todo el mundo de vacaciones", y la situación desembocó en la interposición de un tercer recurso, a lo que hay que añadir una querella criminal que ha presentado contra el alcalde y el concejal de Urbanismo por acoso moral.
Carmen asegura que la sentencia "marcará un antes y un después para los trabajadores municipales", y dice asombrarse "cada vez que el alcalde sale a los medios de comunicación hablando de tolerancia y respeto a la libertad de opinión".
LEVANTE.- COMUNIDAD VALENCIANA.
Dos agentes amenazan con denunciar a un superior por hacerles un control de alcoholemia
Una conductora que llamó al 092 se quejó del trato recibido y apuntó que los policías podían ir ebrios
Levante-EMV, Valencia
Dos policías locales han presentado un informe de queja al responsable de su unidad después de que, la pasada madrugada del domingo, otro mando les sometiese a un control de alcoholemia que ellos mismos estaban llevando a cabo en la pedanía de Massarrojos. Según su escrito, una llamada al 092 se quejó de su comportamiento y llegó a afirmar que los agentes podrían ir bebidos e incluso que vio que llevaban una petaca.
Los agentes habían montado un control rutinario de alcoholemia en Massarrojos cuando acudió al lugar un inspector. Al parecer, según el relato, la sala del 092 había recibido la llamada de una persona que se identificó como conductora a la que se acababa de parar en dicho control y que se quejó de haber sido objeto de malos modos, burlas y degradaciones y apuntó que eran los policías los que parecían ir borrachos.
Los superiores pidieron a los dos agentes que se hicieran la prueba de alcoholemia no sin mostrar su sorpresa ya que aseguran no mostrar ningún síntoma y, según el informe, resultó negativa (más tarde, se ofrecieron incluso a hacerse un análisis de sangre para terminar de confirmarlo).
A continuación, se pusieron a indagar respecto a la denuncia y llegaron a la conclusión, después de numerosas gestiones a lo largo de varias horas de la madrugada, que la denunciante había proporcionado datos falsos. De acuerdo con su versión de los hechos, quedó demostrado que no habían realizado la prueba de alcoholemia a ninguna persona ni ningún vehículo coincidentes con las filiaciones facilitadas en la llamada e incluso la identidad inicial corresponde a una persona fallecida. Tampoco en el juzgado de guardia constaba denuncia.
Los agentes han redactado un informe a su jefe directo, en el que lamentan que no se comprobara la veracidad de la llamada de denuncia, dicen haber sido objeto de una «trampa» de la que culpan al superior del anterior (con el que, al parecer, han tenido más problemas, como una denuncia por presunto acoso laboral o un incidente con un casal fallero de una zona de ocio el año pasado).
FARO DE VIGO.- Ourense.
ANUNCIAN QUE LLEVARÁN A CABO UNA SERIE DE ACTUACIONES JUDICIALES Y TAMBIÉN MOVILIZACIONES
Denuncian la "criminalización" de trabajadores por la empresa Catoure
VÍCTOR RODRÍGUEZ - OURENSE
El secretario de la Federación de Banca, Ahorro y Seguros de la CIG, José Ramón González Losada, denunció ayer que la detención de un trabajador de la empresa Catoure, acusado de presuntamente "robar material", es la "estategia de criminalización" de la empresa, después de que ésta tuviese que readmitir a seis trabajadores tras ser declarados nulos sus despidos.
Además, recuerda que con anterioridad, a esta empresa le fuera rechazado un expediente de regulación de empleo que había presentado por parte de la Administración.
"Acoso y derribo"
En ese momento, explica José Ramón González, es cuando por parte de la empresa "se abre un periodo de acoso y derribo", en el que "empieza a pasar cosas raras".
Estas se concretan en que "no se abonasen las dietas que por convenio corresponden, traslados y otro tipo de actuaciones" que por parte de la CIG se denunciarán judicialmente.
Asegura que el objetivo "no era otro que quitarse de encima a los trabajadores más antiguos". También destacó que en estos momentos es "muy tenso el clima que existe en la empresa".
Esto provocó que algunos decidiesen "dejar la empresa percibiendo menos dinero que el que legalmente le correspondía", mientras otros, como el caso de una trabajadora, "se encuentra de baja por depersión".
Por parte del sindicato, se mostró la total convicción de que al trabajador "no se le puede tratar como un delincuente", y anunció su "respaldo total".
Este se concreta en una serie de actuaciones judiciales, así como movilizaciones que aún están por concretar.
Para el secretario comarcal de la CIG, Etelvino Blanco, es "lamentable" lo que está ocurriendo. Incidió en la "rapidez policial y judicial" contra el trabajador, y que no se da "contra los empresarios, a pesar de las denuncias que presentamos como sindicato".
Miércoles, 26 de Febrero de 2003
LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.- Comarcas.
Un policía de Llíria presenta una denuncia contra dos de sus jefes por acoso laboral
José Antonio Gómez afirma que sufrió amenazas y tortura psicológica y moral
PEDRO CAMPOS (LLÍRIA)
El policía local de Llíria José Antonio Gómez Arrés ha presentado una denuncia en el juzgado de instrucción de la ciudad edetana contra la ex jefa de este cuerpo, Cándida Barroso, y su oficial de confianza, José Vicente Anadón, en base a un delito de amenazas y otro de tortura psicológica y moral.
El agente, que está adscrito a la Unidad Rural y Protección al Medio Ambiente, se encuentra ya de servicio después de estar un año y cuatro meses de baja, tiempo en el que fue sometido a tratamiento de psicoterapia y farmacológico, con fuertes dosis de sedantes, antidepresivos y ansiolíticos tras serle diagnosticado un "trastorno mixto depresivo grave, ocasionado por problemas laborales fuera del control del paciente''.
José Antonio Gómez Arrés desvela que el presunto acoso laboral se inició con la designación en mayo de 2000 de Cándida Barroso como jefa del cuerpo de Policía Local de Llíria -ahora ya no ocupa este cargo-, siendo "objeto de continuas, progresivas e infundadas llamadas de atención, además de reproches personales por una supuesta falta de colaboración y de buena relación con la Jefatura''.
Asimismo, el agente asegura que la ex jefa "me amenazaba reiteradamente con la apertura de expedientes sancionadoras contra mi persona, además de fiscalizar exhaustiva y personalmente toda mi labor profesional diaria''.
La situación personal y profesional se agravó, según afirma Gómez en la denuncia, "cuando se ordenó, exclusivamente a la unidad rural, la hora de entrada en la población, motivo de la entrada, hora de salida, hora de descanso laboral, lugar exacto de realización y hora de finalización del descanso laboral. Todo ello desde una constante y cotidiana postura de enemistad y hostigamiento personal y laboral''.
Otro hecho que propició "que cayera en una depresión'', según el agente, se produjo el 26 de junio de 2001 cuando José Vicente Anadón, oficial de confianza de la Jefatura, "me ordenó la firma de un documento oficial de autorización de una quema de restos agrícolas solicitado por un ciudadano. Ante la justificada negativa por carecer de competencias, fui objeto de un expediente sancionador, que desembocó en una sanción grave y la pérdida de 15 días de empleo y sueldo por no obedecer una orden directa de un superior jerárquico''.
Ante esto, Gómez destacó que su situación personal "era patética y la profesional insostenible, teniendo la seguridad de que hiciera lo que hiciera iba a ser perseguido. Por este hecho caí en una depresión''.
Posteriormente recibió otro expediente y, "a pesar de que el juzgado de lo contencioso consideró la orden para firmar el permiso de quema como manifiestamente ilegal, el Consistorio no hizo nada por rehabilitar mi buen nombre''.
Por su parte, tanto Cándida Barroso como José Vicente Anadón declinaron realizar declaraciones hasta la celebración del juicio.
EL DIA DE TENERIFE.- La laguna
Ana Oramas planificó con los diferentes colectivos de la ciudad los actos para el Día de la Mujer
EL DÍA, La Laguna
La alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, se reunió el pasado lunes con alrededor de un centenar de representantes de diferentes colectivos y asociaciones implantadas en el municipio.
La intención era informarles y consensuar los actos previstos con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo.
En el encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Los Capitanes, también estuvo presente la concejala del área de la Mujer, Ana Ramos, así como la jefa del gabinete de Alcaldía, Ángela Mena.
La iniciativa parte de este departamento y de las áreas de Participación Ciudadana, y de la Mujer. Ésta es una propuesta que cuenta con la colaboración del Instituto Canario de la Mujer (ICM).
Ana Oramas informó a las asistentes al encuentro de la intención de celebrar en el próximo mes de marzo un conjunto de actos diversos de información y reflexión acerca de la realidad social a la que se enfrenta la mujer, con el fin de analizar su papel en la comunidad y en su ámbito laboral, familiar y personal.
Con ello, el consistorio se plantea una clara apuesta por el impulso de relaciones equitativas, justas y armónicas entre los sexos.
La alcaldesa de La Laguna expresó durante la intervención que realizó en el acto su deseo de que "éstas sean unas actividades participativas y coordinadas" y que, además, cuenten con el respaldo de todos los colectivos que existen en el municipio.
Esta iniciativa municipal parte del hecho de que en nuestra sociedad todavía existen modos de discriminación hacia la mujer en el ámbito sociolaboral, amén de ser la principal víctima de maltratos y violencia domésticos. Actualmente, la mujer afronta funciones dispares como atender la casa, su familia y trabajar en las que con demasiada frecuencia se halla con obstáculos que menguan su desarrollo personal y social.
Diversidad de escenarios
Dentro de la planificación que baraja el Ayuntamiento de La Laguna para esas fechas se contempla que diversos puntos del municipio se impliquen, de manera que sean escenario activo para acoger la celebración de diferentes actividades.
Así, se está programando la celebración de diversas charlas, debates y puestas en común de experiencias sobre aspectos como el panorama laboral femenino, el acoso moral en el trabajo, el estrés y la discapacidad, además de apartados como el asesoramiento y la orientación sobre los recursos públicos de ayuda a la mujer, entre otros.
EL DIA DIGITAL.-Local.
El PSOE rechazará crear una comisión sobre la alfalfa
Antonio Salinas afirma que "la información requerida ya ha sido facilitada"
El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la creación de una comisión para investigar las ayudas de la PAC a forrajes secos y deshidratados, conocido como el "caso de la alfalfa", en el pleno que las Cortes regionales celebran mañana
Ruben Arribas- toledo
El Grupo Parlamentario Socialista rechazará en el pleno que celebrarán mañana las Cortes de Castilla-La Mancha la creación de una comisión de investigación sobre las subvenciones concedidas a la alfalfa. El diputado socialista Antonio Salinas explicó que este asunto "ya ha sido motivo de información en Cortes", por lo que su grupo considera "que es más una petición para armar ruido que por ser necesaria", concluyó Salinas.
El diputado socialista aseguró que ya ha quedado claro que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha llevado a cabo las inspecciones y controles que exige la normativa actual, por lo que, según el Grupo Parlamentario Socialista, "no ha lugar para la creación de una comisión".
Asimismo, Salinas recordó que desde el Gobierno regional ya se planteó la necesidad de reformar la Organización de Mercado Común (OCM) de forrajes secos y deshidratados porque, explicó el diputado, se refiere a las subvenciones que se conceden a las industrias, no a los agricultores, "por lo que su control plantea graves dificultades".
Por otra parte, el pleno de mañana también debatirá la proposición de ley para la modulación de las ayudas agrarias. Salinas declaró a este respecto que el Gobierno central viene haciendo desde 1996 "concesiones y dejación de derechos", ya que, según el diputado, todas las negociaciones que se han realizado con la Unión Europea "han sido perjudiciales para Castilla-La Mancha", y puso como ejemplo a las mantenidas en relación a frutas y hortalizas, aceite de oliva y Agenda 2000.
Discriminación salarial
Por otra parte, la diputada socialista Nieves Arriero se refirió a la proposición no de ley presentada el lunes por el Grupo Parlamentario Popular sobre la discriminación salarial de la mujer. Para Arriero se trata de una propuesta "electoralista" y un "plagio" a una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a una proposición de ley presentada en las Cortes de Castilla y León.
Asimismo, la diputada socialista echó en cara al Partido Popular que en abril de 2002 votarán en contra de una iniciativa contra el acoso moral en el trabajo y "en menos de un año digan que están a favor".
Por último, Nieves Arriero señaló que, al menos, confía en que los populares hayan sometido su propuesta a juicio de los agentes sociales de la región. "En Castilla-La Mancha estamos acostumbrados al consenso y al diálogo", concluyó la diputada.
Jueves, 27 de Febrero de 2003
LA VOZ DE GALICIA.- Pontevedra.
Los sindicatos de Policía Local piden el relevo de su oficial jefe
-Acusan a Leonardo González de acoso laboral a los agentes
-CIG, CC.OO. y UGT suscriben una queja que también afecta al concejal Raimundo González
Por segunda vez en menos de dos años, los delegados sindicales de CC.OO., UGT y CIG en la Policía Local de Pontevedra han suscrito un durísimo comunicado contra su oficial jefe, Leonardo González, y solicitan su destitución al alcalde.
El escrito -que fue refrendado en una asamblea de trabajadores celebrada el día 24- basa sus denuncias en el supuesto acoso laboral al que González somete a los agentes. «Se ha generado tal estrés entre los agentes que la situación ya es insostenible», afirmó ayer uno de los firmantes del escrito.Por un lado, denuncian que el oficial jefe redacta partes disciplinarios «indiscriminadamente». «La cuestión más nimia da lugar a un parte informando de faltas disciplinarias que no son tales-señala el representante de UGT-. Por ejemplo, si un agente tiene asignada una zona de patrulla, el simple hecho de ir a una calle limítrofe para atender alguna incidencia, da pie a un parte por supuesto abandono de servicio».
Sastrería
Este mismo representante sindical fue objeto de un expediente por colgar del tablón de anuncios una nota anunciando que los agentes ya podían ir a recoger a la sastrería las nuevas gorras del uniforme. «El compañero de UGT fue acusado por ello de un supuesto delito de usurpación de funciones», recuerda el representante de CC.?OO., Manuel Sánchez.
Éste señala que la gran mayoría de los partes no dan pie a sanción «porque ni siquiera se llegan a tramitar los informes, aunque en algún caso se han abierto diligencias informativas». Uno de esos casos se dio el pasado 4 de febrero, cuando la alcaldía anunció la apertura de diligencias sobre la actuación de un agente al que el oficial jefe acusó de faltas graves y muy graves por desobediencia a las instrucciones de un superior, por no prestar auxilio a una joven y por atentado a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
Quince días
Otra de las denuncias de los agentes se refiere al propio funcionamiento de la Policía Local. «El oficial jefe -señala Manuel Sánchez- no hace uso de la organización jerárquica. Se impide a los jefes de turno la distribución del personal en las calles, y los sargentos y cabos tienen una función muy, muy limitada, pues no se les permite ejercer sus funciones. Él quiere acapararlo todo».
Además de culpar de la situación a Leonardo González, los sindicatos también creen que el concejal, Raimundo González, tiene mucho que decir. «El oficial jefe es el que muestra una actitud irresponsable de cara al personal, pero el concejal tiene una responsabilidad política que tiene que asumir. Nosotros le exigimos que adopte medidas en un plazo de quince días». González Carballo, por su parte, señaló ayer que no tiene nada que comentar al respecto, que se trata de un asunto interno y que en su día se adoptarán «as medidas oportunas».
(LA VOZ | PONTEVEDRA)
FARO DE VIGO.- Ourense.
ANUNCIA NUEVAS MOVILIZACIONES HASTA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
La CIG exige la reincorporación de diez trabajadores de Catoure
L.R. - ourense
La Federación de Banca, Aforro, Seguros y Oficinas de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha tomado la decisión de concentrarse desde ayer frente a las oficinas de Catoure para pedir la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos. Movilizaciones que, anuncian, seguirán realizando, si la empresa no reconsidera las últimas decisiones tomadas. Decenas de trabajadores han denunciado a la empresa por la supuesta "utilización de la vía criminal en sus despidos".
"Los registros que se han llevado a cabo en la casa de uno de los trabajadores, procediéndose a su posterior detención, son el último episodio en los continuos montajes que está llevando a cabo la empresa", manifestó uno de los trabajadores. Según afirma el sindicato, esta política obedece a un intento por parte de la empresa de "deshacerse de los trabajadores de más antigüedad y derechos mediante el uso de cualquier justificación".
Acoso psicológico
La CIG recordó asimismo que todos los juicios que se han llevado a cabo hasta ahora contra los trabajadores han sido declarado "nulos" teniendo que ser nuevamente readmitidos. Aseguran que una vez readmitidos, "empieza un acoso psicológico insostenibles a través de traslados, denegación de vacaciones, retraso de las nóminas e impago de dietas de convenio que han derivado en la dimisión voluntaria de uno de los empleados".
Los trabajadores hablan de una situación de acoso laboral
Los incidentes con la empresa Catoure, S.L se iniciaban el mes de junio del año pasado con el despido de diez trabajadores resultando finalmente denegados por la Xunta alegando "problemas económicos". Según manifestaban los trabajadores, "después de la readmisión, la empresa continuó con el acoso a sus empleados a través del impago de los sueldos". .
Catoure es una empresa ourensana de recaudación y catastro, de gestión pública, que se constituía en el año 1990. La conformaban veinticinco empleados antes de que surgiese este conflicto. Aseguran que los despidos que se están llevando a cabo son improcedentes puesto que la empresa "tiene viabilidad".
MELIYA.COM.
CC.OO pide a Imbroda que rescinda el contrato con Solimel para la explotación de la Residencia de Estudiantes
Además estudia denunciar la "duplicidad" de pagos en el servicio de limpieza del alcantarillado
El secretario general de CCOO, sindicato que representa a los trabajadores de Solimel, ha pedido al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que se rescinda el contrato con la empresa para la explotación de la Residencia de Estudiantes ante el incumplimiento del pliego de condiciones.
A pesar de que este colectivo de trabajadores abandonaron sus protestas en la Plaza de España, García ha querido dejar claro que aún no se ha solucionado nada, por lo que no descarta volver a movilizarse si la situación de los empleados no mejora.
Por otra parte, Máximo García ha denunciado el mal estado en el que se encuentra el Fuerte de Rostrogordo, que está "abandonado", además del acoso moral que sufren los trabajadores de la empresa.
Viernes, 28 de Febrero de 2003
LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.-
Un profesor ratifica la denuncia de acoso laboral contra una catedrática
REDACCIÓN (VALENCIA)
Un profesor de la Facultad de Derecho de Valencia ratificó ayer en el juzgado de instrucción número 9 las acusaciones de su compañero Mariano García Pechuán hacia la catedrática de Derecho Constitucional Remedios Sánchez, a quien ha denunciado por acoso laboral, informaron fuentes jurídicas.
El profesor F. J. C. M., titular de Derecho Romano, compareció como testigo ante el magistrado que investiga la denuncia presentada por García Pechuán contra Sánchez, a la que acusa de amenazas y tortura psicológica y moral.
Los hechos, según García Pechuán, comenzaron en junio del pasado año, cuando la catedrática le conminó a que se presentara a una plaza de profesor para impedir que accediera a ella otro aspirante, al que descalificó.
La catedrática, directora del departamento, advirtió además al profesor de que si no participaba en el boicot perjudicaría "por todos los medios en su mano'' su carrera profesional y su permanencia en la Universidad, según la denuncia.
"O te presentas para que ese canalla no entre, o atente a las consecuencias'', asegura García Pechuán que le amenazó Remedios Sánchez, quien le atacó directamente "y ante terceras personas de su entorno laboral, con una acumulación de comentarios atentatorios y vejatorios sobre su persona y actividad profesional, buscando su descrédito en todos los aspectos''.
LA OPINIÓN DE TENERIFE.-Sociedad.
La Subdelegación "defenestra" al único técnico de Protección Civil tinerfeño
El sindicato UGT denuncia la persecución que se hace a este funcionario
La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT ha pedido explicaciones a la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife por el desmantelamiento del despacho del único técnico de Protección Civil que ostenta una jefatura en la provincia y lo que el sindicato entiende "como un caso de acoso en el trabajo y de discriminación en favor de Las Palmas, donde hay seis técnicos".
Este insólito y frío acto administrativo comenzó el pasado 20 de febrero, cuando "tras finalizar el proceso de elecciones sindicales en la administración del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un funcionario y jefe de la Unidad de Protección Civil en funciones, se encontró que su despacho había sido desmantelado y se hallaba el mismo con un tresillo, un televisor y un florero, además de que la documentación perteneciente a su servicio tampoco se encontraba en sus dependencias", según consta en un escrito presentado por UGT denunciando estos hechos a la Subdelegación.
Asimismo, el escrito precisa que a este funcionario no se le ha ofrecido "una ubicación física donde desempeñar sus funciones, ni comunicación alguna en la cual se le cese de las funciones que tiene encomendadas por resolución de 14 de febrero de 2002 de la subdelegada del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife".
Sumisión a Las Palmas
El sindicato ha salido el paso de lo que considera un "atropello a la dignidad de un tinerfeño en cuanto que su labor al frente de Protección Civil la consideramos incuestionable, ya que, entre otros méritos, ha sido una de las personas que más ayudó en la tragedia del pasado 31-M en Santa Cruz". Y este atropello lo entiende el sindicato como una "absoluta sumisión de la Subdelegación de Gobierno al delegado Antonio López, que no ha escatimado esfuerzos en reforzar este servicio en la provincia grancanaria. De este modo Protección Civil en Las Palmas tiene seis técnicos, mejores medios materiales y ayudas de todo tipo, mientras que en Tenerife la intención que hay es desmantelarlo y dejarlo bajo mínimos".
Negligencias graves
Fuentes sindicales de UGT han mostrado su preocupación por este asunto, ya que "hace tiempo que el delegado del Gobierno se comprometió a resolver las deficiencias de Protección Civil en Tenerife, y no ha hecho nada de nada. Lo que más nos indigna de este asunto es que está jugando con las emergencias y la vida de los tinerfeños. Si el servicio de Protección Civil es deficitario, es muy complicado que podamos afrontar las situaciones de catástrofes que puedan sobrevenir en nuestra Isla".
Las mismas fuentes no se explican "la irresponsabilidad de la subdelegada del Gobierno, que permite que sus jefes le destrocen el servicio de manera objetiva, sin entrar en que se está negando una de las trayectorias profesionales en Protección Civil más importantes en la escala de funcionarios de esta administración estatal". Curiosamente, indican estas fuentes, "la Dirección General de Protección Civil en Madrid desconoce todo este asunto y creemos que se le está ocultando deliberadamente".
Pero esta extraña situación tiene otro trasfondo que revelan estas fuentes sindicales y es que "días antes de que llegara el técnico a su despacho, convertido en una cómoda y coqueta sala de estar, una funcionaria de la Subdelegación, ingeniero agrónomo, solicitaba se le diera la plaza vacante de jefe de Protección Civil, lo que ha sido tramitado por la Subdelegación de Gobierno, a pesar de que el jefe de servicio se negara a darle curso".
EL CORREO GALLEGO.- Local.
Dimisión "irrevocable'' de María Barral como portavoz de protección civil de Negreira
REDACCIÓN\NEGREIRA
La hasta ahora responsable de la sección de economía y administración en la agrupación de voluntarios de protección civil de Negreira, María Barral, acaba de presentar su dimisión al regidor "de forma irrevocable'', tal como ella misma confirmaba a este diario. El motivo no es otro que "la postura que mantiene el alcalde Blanco Pazos'' en cuanto a denegarle "apoyo'' en su conflicto con un funcionario local.
Los desafortunados hechos que llevaron a María Barral a acogerse a la baja por depresión en sus labores municipales serían "la pésima relación con el susodicho funcionario, que se lleva agudizando desde hace meses''. En concreto, la dimisionaria asegura que la presión diaria en forma de cruces de insultos "se acaba haciendo insoportable'', y niega que se vaya "por un simple enfrentamiento dialéctico ocurrido recientemente, porque viene de atrás''.
Consultas con un letrado
A este respecto, la hasta ahora responsable de protección civil asegura que ha puesto el asunto "en manos de mi abogado'', y se plantea solicitar una "investigación'' en toda regla para conocer el alcance del supuesto acoso moral al que, afirma, ha estado sometida.
La noticia llega en la víspera del desfile de antroido, que supondría el tercer operativo del que forma parte el recientemente creado cuerpo de voluntarios. Además, está previsto que en mayo tres de sus 24 componentes participen en un curso de especialización en lucha contra incendios urbanos y forestales.
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