Sábado, 1 de Febrero de 2003

LA VOZ DE ASTURIAS.- Aviles.TRIBUNALES

Corvera recurre la sentencia a favor de Elena Baigorri
El fallo judicial declara improcedente el despido de la profesora de música
M.A.C.
El Ayuntamiento de Corvera, a través de un decreto firmado por el alcalde en funciones, el socialista Javier Vega, ha recurrido la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, por la que se ha declarado  "improcedente" el despido del que fue objeto Elena Baigorri, profesora de la Escuela Municipal de Música.
En dicha sentencia se condena al ayuntamiento corverano a la readmisión de la empleada en su mismo puesto de trabajo o la indemnice con 5.814 euros.
El juez consideró que los diferentes contratos establecidos entre el ayuntamiento y Elena Baigorri desde 1997 hasta el momento en que fue despedida condiciona el despido como improcedente. Respecto a las acusaciones de la profesora de música
de acoso laboral o
mobbing , fueron desestimadas.
PETICION El alcalde en funciones pide en el recurso presentado que se tenga en consideración que "el ayuntamiento actuó en todo momento con criterios generales y siguiendo un procedimiento, procedió a la contratación de la plaza que según los criterios de los responsables municipales, estaba vacante", por lo que "el puesto de Elena Baigorri está ocupado en la actualidad por otro profesor, con contrato en firme".

Vega, aludiendo a que la restitución al puesto de trabajo ocasiona la pérdida del puesto a otro trabajador que ocupó el mismo en una situación administrativa extraordinaria y que los pronunciamientos que motivan el fallo judicial no responden a los criterios de legalidad administrativa que siguió el ayuntamiento, decidió recurrir la sentencia y ha instado a los servicios jurídicos  que representan al ayuntamiento a la interposición de recurso de suplicación.
Asimismo, el edil socialista también reclama resolver el cumplimiento del fallo con la opción de la indemnización, "por ser la solución ajustada al respecto de los derechos objetivos y al actuar de la Administración municipal".
La profesora también había demandado al ayuntamiento por
mobbing , aunque el juez desestimó la misma por considerar que "no se ha acreditado la concurrencia de los elementos precisos para la existencia del mobbing alegado". Según el fallo, "consta la existencia de una mala relación entre el concejal de Personal y la demandante, pero no existe prueba alguna de que se hayan causado daños psíquicos".

LA NUEVA ESPAÑA.- Local.

El juez falla que Elena Baigorri fue despedida de modo improcedente

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia, aunque se desestima el acoso laboral
E. CAMPO
El Ayuntamiento despidió de modo improcedente a la ex directora de la Escuela de Música, Elena Baigorri, según el fallo del juez encargado del caso. Baigorri había reclamado también la existencia de acoso laboral, pero el juez desestimó estas acusaciones. La sentencia condena al Ayuntamiento a la readmisión de la profesora en su mismo puesto de trabajo o a su indemnización con 5.814 euros.
El portavoz socialista, Javier Vega, anunció ya la intención del Ayuntamiento de recurrir al entender que «en el procedimiento general seguido no se generó lesión en la relación laboral que diese la consideración de despido». Asimismo se decanta por la indemnización a Elena Baigorri.
El juez consideró que el Ayuntamiento había incurrido en delito al no contar con la profesora para el curso 2002-2003, pese a estar contratada por tiempo indefinido y estar dispuesta a continuar. El magistrado estima que si bien la demandante no firmó en un principio la solicitud correspondiente, tenía de plazo hasta el 24 de septiembre para hacerlo. El Alcalde firmó, sin embargo, el decreto de contratación de una nueva persona el día 18. La ex directora de la Escuela de Música tenía intención de rubricar el contrato el día 24, fecha en la que terminaba el plazo para ello, aunque ya no se le permitió.
La sentencia, que desestima la posibilidad de acoso laboral hacia la demandante, recoge también que las tareas de un profesor no son autónomas ni de duración incierta, por lo que la pretendida limitación de la actividad en el tiempo alegada por la defensa del Ayuntamiento no fue estimada por el juez.

EL COMERCIO.- Avilés.

Declarado como improcedente el despido de la profesora Elena Baigorri
El juzgado de lo social número 2 de Avilés da la razón a la ex jefa de estudios de la Escuela de Música de Corvera, aunque no reconoce la existencia de mobbing
REDACCIÓN/AVILÉS
El Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés estimó ayer la demanda interpuesta por Elena Baigorri, ex jefa de estudios de la Escuela de Música de Corvera, contra este Ayuntamiento. En la sentencia dictada por el juez José Antonio Merino Palazuelos se declara improcedente el despido de que fue objeto la profesora el día 24 de septiembre de 2002, por lo que se condena al Ayuntamiento de Corvera a que, a su elección, decida sobre la readmisión en su mismo puesto de trabajo o la indemnice en la suma de 5.814,36 euros.

Elena Baigorri entendía que su no contratación para el curso 2002-2003 constituía un despido que debía ser calificado como nulo al cercenarse derechos de amparo constitucional, a través de una serie de conductas del empleador, constitutivas de mobbing, a la vez que solicitaba, subsidiariamente, la improcedencia del despido de 24 de septiembre de 2002. El Ayuntamiento, por su parte, se opuso a la demanda al negar la existencia de acoso alguno, entendiendo que se ha producido una extinción contractual por finalización de la obra o servicio determinado, con fecha 31 de julio de ese mismo año.

Sin embargo, el juzgador ha entendido que, del relato de los hechos probados se desprende que los servicios que Elena Baigorri ha venido prestando para el Ayuntamiento en el Conservatorio de Música, de tipo esencialmente pedagógico, responden con toda evidencia a la actividad normal de la empresa en el centro de trabajo por lo que fue destinada. No obstante, por la propia naturaleza de la actividad, que se desarrolla a través de cursos académicos, tiene carácter periódico.

Teniendo en cuenta que se trata de una actividad cultural de naturaleza pedagógica por una Escuela de Música Municipal, en principio, en función de la demanda de tales servicios, pero con una clara y mantenida evolución ascendente en cuanto a volumen de servicios prestados. Tal actitud se desarrolla en períodos coincidentes con los cursos académicos, por lo qu resulta claro que el contrato respondía a la modalidad de tiempo parcial de campaña o temporada, que la ley entiende celebrado a tiempo indefinido.

No obstante, en ningún caso se puede reconocer el contrato como fijo, en consideración a los procedimientos normativamente previstos para la formalización de las relaciones jurídicas entre la Administración y su persona. Baigorri era llamada al inicio del curso para desempeñar las funciones propias de su condición de profesora de música, por lo que tenía derecho que se le llamase al inicio del presente, como ocurrió en años anteriores.

Mobbing desestimado

Entre las alegaciones presentadas por Elena Baigorri en su demanda figuraba la existencia de acoso moral o mobbing como factor del despido. En este aspecto, el juez considera que no se ha podido demostrar su existencia, a tenor de lo que fija para la misma los estudios de psicología.

Se considera en la sentencia que el acoso se manifiesta a través de muy variados mecanismos de hostigamiento, con ataques a la víctima por medio de implantación de medidas organizativas, aislamiento social y ataque a la persona de la víctima. Su desarrollo se llevaría a través de las relaciones interpersonales que crea el contexto de trabajo y que por tanto sus formas de expresión, presentan múltiples conexiones.

Quien invoque padecer acoso moral no basta con que acredite posibles arbitrariedades empresariales ejerciendo su poder directivo, sino que se es preciso que se demuestre que la finalidad del empresario como sujeto activo del acoso o en su caso como sujeto tolerante del mismo era perjudicar la integridad psíquica del trabajador o desentenderse de su deber de protección en tal sentido. Asimismo, se precisa que se le hayan causado unos daños psíquicos, lo que exige la existencia de una clínica demostrativa de la patología descrita por la psicología.

En el presente caso y partiendo de los elementos indicados, el juez considera en su sentencia que no se ha acreditado la concurrencia de los elementos precisos para la existencia del mobbing alegado. Es cierto que consta la existencia de una mala relación entre el concejal de Personal y Elena Baigorri, en el marco de la relación laboral desempeñada por ésta, pero no existe prueba alguna de que, por un lado, se hayan causado daños psíquicos, ni de la existencia de finalidad alguna en tal sentido. Tampoco puede derivarse la concurrencia de la discriminación, con relevancia constitucional, en las variaciones operadas en las condiciones laborales.

Lunes, 3 de Febrero de 2003


ABC.- Madrid.

PP y PSOE sacan a la luz una lista de corruptelas en una veintena de ayuntamientos de la región

MADRID. MARIANO CALLEJA
Corpa es un municipio de apenas cuatrocientos habitantes, cuyo peso político en la Comunidad de Madrid es proporcional a su tamaño, es decir, más bien pequeñito. Pero cuando quedan cuatro meses para las elecciones, el tamaño no importa, si detrás se esconde un caso de corrupción, y más aún si le acompaña las siglas del PP o, como en este caso, del PSOE. Irremediablemente, las siglas de los partidos saldrán en los titulares de la Prensa, acompañadas de la palabra «corrupción», pegajosa como el chapapote, sea cual sea la dimensión del municipio. Esto, los estrategas políticos lo saben, y desde luego lo explotan al máximo. En los cuarteles generales de los candidatos de PP y PSOE hay ya sendos informes sobre los posibles escándalos e irregularidades que afectan a los adversarios en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid, y ahí están preparados, para ser usados como arma electoral cuando sea necesario. Estamos en precampaña, y los «espías» de PP y PSOE bucean por toda la región, en busca del escándalo.
El PSOE ha sumado siete ayuntamientos gobernados del PP con supuestas irregularidades, los ha reunido en un informe y lo ha hecho público en rueda de prensa. El PP ha apuntado hasta once casos de presuntas corruptelas relacionadas con los socialistas, más otros dos relacionados con crisis internas de sus adversarios. A todo esto habría que sumar dos casos más, que afectan a otras formaciones.
El «escándalo» más reciente ha correspondido a Fuenlabrada, donde la secretaria del candidato y portavoz municipal del PP, Alfonso Caballero, denunció a su jefe por presunto acoso moral y laboral. Caballero respondió inmediatamente con una querella contra su secretaria, quien a su vez contó con el apoyo de otras dos ex ediles del PP, que le dieron la razón. El culebrón llegó a su punto culminante dos días después, al presentar su dimisión Caballero, para no perjudicar a su partido en plena precampaña electoral. La decisión, sin embargo, se tomó en la sede regional del partido, al considerar la candidata del PP a la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, que la situación perjudicaba claramente los intereses del partido.
Una mano negra
El PP ve en este caso, como en otros, la mano del PSOE. El secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, comentó que cuando se acercan las elecciones, «parece que para algunos partidos todo vale». En su opinión, este caso «huele a aprovechamiento político», ya que se ha dado a conocer en un momento muy concreto, a pesar de que los hechos, según lo denunciado, se remontaban al pasado.
Curiosamente, Fuenlabrada fue escenario de otro escándalo político, aunque esta vez el perjudicado era el PSOE. El Ayuntamiento, gobernado por los socialistas, distribuyó por error una guía de alto contenido sexual en colegios de primaria. La imagen del alcalde y de su equipo municipal quedó dañada sin remedio entre los vecinos.
En el informe elaborado por el PP bajo el rimbombante título «Casos de corrupción municipales del PSOE en la Comunidad de Madrid», al que ha tenido acceso ABC, se incluyen los municipios de Fuenlabrada, Alcobendas, Coslada, Rivas-Vaciamadrid, Móstoles, Pinto, Algete, Parla, Humanes, Getafe y Collado Villalba.
En Fuenlabrada, aparte de la guía sexual, que le costó el cargo a una psicóloga municipal, los populares han encontrado un contrato «ilegal durante más de siete años al interventor municipal». Y añaden un caso más: «Colocación de familia del alcalde y su mujer en el Patronato de Deportes como funcionarios sin serlo».
En Alcobendas, los populares tienen apuntada una contratación de familiares del alcalde en el gabinete de prensa y documentación del Ayuntamiento, hasta un total de 17 personas: es la conocida «saga Jiménez/Giménez», según apostilla. Además, denuncian una comisión en la compra de una escultura gigante para una de las entradas del municipio.
El Ayuntamiento de Coslada, según el PP, ha contratado para toda la asesoría urbanística a la misma consultora, de la cual es dueña la mujer del alcalde socialista. En Rivas-Vaciamadrid, ha denunciado oposiciones municipales previamente adjudicadas, se trata del «escándalo de los exámenes a Policía local».
En Móstoles hay una denuncia por parte de varias trabajadoras municipales en la Concejalía de la Mujer de maltrato psicológico. Además, existen numerosas «pequeñas denuncias» por contratación a dedo. El PP destaca que en los últimos cuatro años se han duplicado los cargos de confianza. En Pinto, Algete y Parla los populares tienen recogidas varias estafas, relacionadas con operaciones urbanísticas.
La crisis de Humanes
Humanes merece capítulo aparte. Porque además de las investigaciones en curso por cobros de publicidad en la revista municipal y de que el alcalde, según señala el PP, está pendiente de juicio por casos de torturas cuando ejercía como policía, el PSOE se ha encontrado con una crisis interna que le ha estallado entre las manos, y se ha visto obligado a expulsar del partido al regidor, después de su enfrentamiento abierto con la Federación Socialista.
El PP ha registrado en Getafe otro escándalo, por las acciones del Club de Fútbol Getafe (comisiones por la venta y además «mucha familia del equipo de Gobierno contratada»). Los populares también recuerdan el «caso Arana», en el que el concejal socialista José Antonio Serrano fue encarcelado por un delito de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Por último, en Collado Villalba el Grupo Popular presentó una moción para apoyar a la concejal socialista María Tránsito Valdegrama, «víctima de violencia de género por parte del alcalde, José Pablo González Durán», del PSOE. El PP sostiene que el alcalde amenazó, en presencia de múltiples personas, a esta concejal, con expresiones como «te voy a machacar y te voy a tirar por la ventana», según la denuncia de la edil, quien aseguró que fue agredida en el despacho del alcalde, donde fue «agarrada y zarandeada».
El documento socialista
El informe del PSOE sobre los supuestos escándalos del PP, de tres páginas, está mejor presentado y sirve como guía de campaña para cualquier candidato socialista. En el documento se citan los casos que más interesan a los socialistas, es decir, los de Aranjuez, Madrid, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla la Nueva y Torres de la Alameda. Los socialistas hicieron público su informe el mismo día en que se iba a elegir a Madrid como candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2012, y no dudaron en hablar de «corrupción urbanística generalizada» por parte de los populares.
Aranjuez está siendo escenario de una de las más crudas batallas electorales. Los socialistas acusan al alcalde de varias irregularidades urbanísticas y de tráfico de influencias. La Fiscalía de Medio Ambiente puso contra el alcalde, José María Cepeda, del PP, y dos de sus concejales una querella por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Detenciones y comisiones ilegales
En Pozuelo de Alarcón, los socialistas recuerdan que el fiscal se ha querellado contra el jefe de servicio de Ingeniería del Ayuntamiento por supuestos delitos de cohecho, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, fraude y exacciones fiscales.
En San Lorenzo de El Escorial, el PSOE tiene subrayada en rojo otra querella, contra el alcalde, por un supuesto delito urbanístico y de prevaricación, al autorizar un volumen de edificabilidad contra la norma de urbanismo. Sevilla la Nueva es otro de los municipios observados con lupa por el PSOE, que ha encontrado dos querellas, una por una infracción urbanística y otra por la detención «ilegal» de la portavoz socialista, con violación de derechos fundamentales incluida. Además, en Torres de la Alameda, hay otra querella, contra el alcalde, por el presunto cobro de comisiones ilegales.

Y en Corpa, por cierto, el alcalde socialista se cedió suelo público a sí mismo y para otros ediles de su partido, sin pagar un duro.

COMFIA.- Economía.

CCOO firma el primer Convenio para los trabajadores y trabajadoras de azafatas y promotores/as de Catalunya

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA) ha firmado con PIMEC-SEFES y con L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES D'HOSTESSES I PROMOTORES DE VENDES, el primer convenio colectivo de Catalunya, que regula las condiciones laborales de aproximadamente 3000 trabajadores y trabajadoras. -COMFIA

Este primer Convenio, que tiene vigencia para los años 2003-2004-2005, regula por primera vez las condiciones laborales del sector en Catalunya y es el primero de todo el estado.

Las especiales características del sector, con una fortísima temporalidad, han llevado a un convenio donde conviven temas clásicos como la jornada y horario o la escala salarial y profesional con otros más novedosos como son la cláusula de salvaguarda de la dignidad personal, cláusulas contra el acoso sexual y un sistema que garantiza la aplicación de la normativa vigente en materia de salud laboral y formación

CC.OO. consideramos que este convenio ayuda a completar el mapa de negociación colectiva del Sector Servicios y deja menos espacio para la actuación de las llamadas empresas de servicios integrales. Así mismo creemos que nos permite facilitar la tarea de la Administración de Catalunya para evitar el fraude en la contratación y la cesión illegal de trabajadores que hasta ahora abunda tanto en el sector.

Martes, 4 de Febrero de 2003


GARA. Ekonomia.

CCOO denuncia el «goteo de despidos» en el hotel Carlton

BILBO. CCOO de Euskadi denunció ayer el «goteo de despidos» que se está produciendo en el hotel Carlton de Bilbo, de donde han sido despedidos tres trabajadores en el último año. El 17 de enero se comunicó el despido a una empleada con nueve años de antigüedad, una decisión que «remata el largo período de acoso laboral a la trabajadora». El sindicato calificó estos despidos de «improcedentes e injustificables» y pidió la readmisión.

IDEAL DIGITAL.-GRANADA

La Fiscalía prueba que empleadas de Ecoclinic fueron coaccionadas
IDEAL/GRANADA

Un juzgado de Granada ha abierto diligencias previas contra la empresa Ecoclinic-Athisa, dedicada a la limpieza de hospitales, tras una investigación de la Fiscalía en la que constata que cinco de sus empleadas pudieron ser obligadas a renunciar a permisos laborales para renovar sus contratos. El informe al que ha tenido acceso Efe de la Fiscalía del TSJA, señala también que las trabajadoras, según sus declaraciones, llegaron a entregar regalos «de diversas consideración» a los responsables de la empresa con el mismo fin de renovar su relación laboral.

El juzgado de instrucción 6 de Granada ha incoado las diligencias penales contra cinco responsables de la compañía por un presunto delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo, previsto en el artículo 311 del Código Penal.

Fruto de una denuncia

La investigación preliminar de la Fiscalía y la abierta ahora por un juzgado de instrucción es fruto de la denuncia del secretario provincial de CC OO de Granada, Rafael Roldán, después de que las trabajadoras denunciaran en rueda de prensa la situación de acoso laboral en Ecoclinic-Athisa.

En aquella comparecencia informativa, las trabajadoras también sugirieron que el propio Rafael Roldán había mediado para que uno de los responsables de la empresa se afiliara al sindicato a cambio de facilitar la contratación de su esposa, si bien esta acusación fue posteriormente desmentida.

LA PROVINCIA.- Diario de Las Palmas

El PP dice que los médicos de prestigio se van por "acoso moral y desmotivación"

Las reacciones a la fuga de ginecólogos del Materno y a las declaraciones en este periódico de uno de ellos, Fernando Medina Fernández-Aceytuno, no se han hecho esperar. Mercedes Roldós, portavoz parlamentaria de Sanidad del PP, afirmó ayer: "Están descapitalizando el SCS de profesionales con experiencia y prestigio. No es más que un ejemplo de la desmotivación y el acoso moral que están sufriendo muchos", aclaró con respecto a la marcha a la medicina privada de Juan Francisco López Rodríguez, Juan José Coterón, Juan Morín, además del citado al principio de la información.
Para Roldós, los dos especialistas (Medina Fernández-Aceytuno y López Rodríguez) que acudieron a los tribunales en respuesta a los criterios de gestión de su jefe directo, José Ángel García, "han podido hacerlo porque tienen una actividad privada, otros no pueden hacerlo". Frente a las críticas del PP, el mutismo ha sido la respuesta de la Consejería de Sanidad ante la incorporación en exclusiva a la medicina privada después de que la dirección decidiera, al menos en dos casos, destinarles a centros de salud y apartarlos de la actividad quirúrgica como laparoscopistas.
Los médicos que se han ido del Materno por serias discrepancias con la gestión han pedido excedencia o asuntos propios previos a esa excedencia. En este sentido, Roldós culpó al gerente del Materno, Jesús Benítez, de lo ocurrido "por permitir actuaciones arbitrarias: que a un médico que tiene su actividad quirúrgica en el Materno lo manden a Maspalomas o a Gáldar, cuando son las dos personas más experimentada en laparoscopia, es vergonzoso".
Sindicalistas
Por su parte, el presidente del Sindicato de Médicos, Santiago González Jaraba, se pregunta "¿qué está haciendo el gerente del Materno», ¿qué está haciendo el director», ¿qué han hecho para evitar que estos médicos de indudable prestigio se fueran de ese hospital»". Jaraba pone en clave política lo ocurrido: "Yo no tengo duda de que en el Área Sur le están haciendo la cama al consejero; las matronas y ahora esto...
"Nosotros como sindicato", agrega Jaraba, "ya denunciamos ante Jesús Benítez la serie de traslados inexplicables, porque si eso es así por necesidades del servicio, ¿por qué no se trata a todos los médicos por igual y hay quien tiene privilegios» Eso no es más que una manipulación del gerente Benítez, una persecución suya. Él es quien debía haber dicho, hasta aquí al jefe (José Ángel García), pero no ha sido capaz; con un consejero de Sanidad políticamente con las esposas puestas el cuadro es esperpéntico. Tiramos por la borda profesionales de una solvencia indudable y nadie en el Gobierno mueve un dedo. Inaudito".
Domingo Madera, ex sindicalista, uno de los primeros especialistas que abandonó el Materno Infantil, situó la fuga de ginecólogos del centro monográfico en la falta de incentivos. "Lo que sucede tiene dos vertientes: una, la falta de incentivos y remuneración inadecuada de los facultativos, y otra los conflictos internos que ha vivido Ginecología. Pero aquí somos ya personas mayores que no estamos dispuestos a supeditarnos a actitudes dictatoriales. Estas palabras creo que lo resumen todo", subrayó Madera.
"Duro golpe"
Finalmente, Mariano García Alvarado, presidente de la Unión Provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, facultativo que en el último año se significó en defensa de los ciudadanos que permanecen en listas de espera, dijo con respecto a las declaraciones del tocoginecólogo Medina Fernandez-Aceytuno, que le preocupa "lo que no cuentan los que ha denunciado los hechos". Para Alvarado, la baja de los cuatro ginecólogos para irse a la medicina privada es un "duro golpe" para la sanidad pública.
"Ninguna empresa normal despide a los mejores vendedores, pero lo que ha pasado en el Materno es la crónica de una muerte anunciada que no afecta sólo a ese colectivo, sino que se extiende a otros estamentos en el que se práctica el acoso moral, la persecución y la intolerancia. Ese comportamiento ha sentado sus reales en le SCS. Coterón, Medina-Fernández, López, Morín..., son solo una avanzadilla de los que se irán; ¿cómo va a prestar el SCS atención a sus enfermos si deja ir a los mejores médicos»

Miércoles, 5 de Febrero de 2003


LA VOZ DE GALICIA.- Ferrol.

Conferencias sobre el acosomoral en el centro de trabajo

El colectivo Agacamt celebra la primera jornada sobre el acoso moral en el trabajo. El médico neurólogo Javier Vadillo, el técnico superior en Riesgos Laborales, Jesús Pedreira y el catedrático Enrique Ares se encargarán de impartir las charlas en sus distintas especialidades y que afectan al tema de debate.

Ateneo Ferrolán. 19.30 horas

LA NUEVA ESPAÑA.- Nalón.

CC OO denuncia que las empresas del Valle incumplen
la ley de Riesgos Laborales


El sindicato critica el caso de dos firmas langreanas de marketing y confección

Langreo, M. Á. G.
Los responsables del área de juventud de CC OO en la comarca del Nalón denunciaron ayer la existencia de empresas del Valle que incumplen la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según las estimaciones de la central, estos incumplimientos son una práctica extendida, aunque hasta el momento sólo han constatado la existencia de dos casos concretos: dos empresas langreanas dedicadas al marketing telefónico y a la confección. Las sociedades engloban a un total de 150 empleados, en su mayor parte mujeres. CC OO también criticó las condiciones de trabajo de estas dos empresas, en las que, según el sindicato, predomina la precariedad y la temporalidad.
La responsable de juventud y mujer de CC OO Nalón, Esther Barbón, enumeró las carencias de las dos firmas langreanas en lo relativo a la toma de precauciones laborales. «Estas empresas no cumplen nada. No cuentan con delegados ni planes de prevención, y tampoco tienen un programa de evaluación de riesgos ni planes de evacuación», aseguró Barbón, que también aludió al elevado número de accidentes que tienen lugar en el sector servicios. «Muchos siniestros en este campo tienen que ver con el traslado al puesto de trabajo. Además, el sector servicios también está relacionado con buena parte de las enfermedades laborales registradas», apuntó.
Esther Barbón hizo estas manifestaciones durante la presentación en la comarca del Nalón del boletín contra la siniestralidad elaborado por la secretaría de CC OO Asturias. Barbón también resaltó que una parte notable de los accidentes ocurridos en la región durante 2002, en concreto tres de cada diez, afectó a jóvenes de 6 a 30 años. La representante sindical vinculó la precariedad laboral con el aumento de los siniestros. «Está demostrado que la temporalidad y la subcontratación acarrean más accidentes», señaló Barbón, que también fijó los tres grandes problemas que, a su juicio, fomentan la siniestralidad: la precariedad, el incumplimiento de la ley de Prevención y la «dejadez» de las compañías aseguradoras. Acoso moral En el acto de ayer los representantes juveniles de la Unión Comarcal de CC OO también anunciaron que el sindicato pondrá en marcha un curso sobre los efectos del «mobbing» o acoso moral en el trabajo, un trastorno laboral consistente en atacar la autoestima del empleado a través de un rechazo continuado. Barbón aseguró que este problema ha aumentado en el Valle, al igual que en el resto de la región: «Antes ni siquiera lo teníamos catalogado porque no estaba definido pero la verdad es que están apareciendo muchos casos».


DIARIO DE FERROL.- Editorial.

Combatir el acoso moral en el trabajo
Los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos meses de algunos casos de acoso moral en el trabajo, una situación de gran gravedad para la persona que lo padece pues dramáticas son las consecuencias para la salud y el equilibrio de la víctima. Conscientes de su importancia, y de la necesidad de erradicar este problema, la Asociacón Gallega Contra el Acoso Moral en el Trabajo organiza unas jornadas que dan comienzo hoy. Expertos y profesionales del tema abordarán diferentes aspectos de este problema que, por desgracia, y tal como se constata desde la entidad, afecta a más personas de las que se cree.

DIARIO DE FERROL.-local

Comienzan en el Ateneo Ferrolán las jornadas sobre el acoso moral en el trabajo
Redacción  Ferrol
Bajo el título "Violencia en la Administración Pública. Una forma de gestión" comienzan hoy las primeras jornadas organizadas por la Asociación Gallega contra el Acoso Moral en el Trabajo (Agacamt), que se prolongarán hasta el próximo viernes. Esta primera charla será pronunciada por el médico y neurólogo y a su vez patrono de la Fundación Miguel de Unamuno contra el Hostigamiento Moral en el Trabajo, Javier Vadillo Olmo. Su inicio se ha fijado para las siete y media de la tarde.
Asimismo, a continuación tendrá lugar un análisis del papel de los delegados de prevención frente al acoso moral en el trabajo, que correrá a cargo del técnico superior en riesgos laborales, Jesús Pedreira Mirás.
Finalmente, el catedrático de la Universidad de Vigo, Enrique Ares Gómez, hablará acerca de la evaluación de métodos de acoso en la función pública.
Desde Agacamt se hace hincapié en que el acoso moral es un "gravísimo problema humano" en el que "la persona acosada tropieza con un muro de incomprensión tanto en su entorno de trabajo como en el familiar y en su ambiente social habitual". A este respecto, inciden en que "la prolongación de este proceso tiene unas consecuencias dramáticas para la salud y el equilibrio de la víctima y con frecuencia ocasiona secuelas irreversibles".
Estas jornadas nacieron como consecuencia de "nuestra obligación ética de luchar contra esta lacra social de nuestro tiempo".

Jueves, 6 de Febrero de 2003

LA VERDAD.- Provincia Alicante.

ALICANTE / Una enfermera de Alicante presenta una denuncia por 'mobbing'
LA VERDAD/ALICANTE
Una enfermera que trabajaba en un centro de salud de Alicante ha presentado en el juzgado de instrucción número dos de la ciudad la primera denuncia por la vía penal que se registra en la Comunidad Valenciana por un presunto caso de acoso psicológico en el trabajo o mobbing, tal y como adelantó este diario el pasado 9 de enero.

Juan Vicente Navarro, presidente de la Asociación Valenciana Pro-erradicación del Acoso Psicológico en el Trabajo, ofrecerá hoy una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la denuncia que recoge la situación de esta enfermera, una mujer de 51 años, que trabaja el Centro de Atención Primaria El Pla y que se encuentra de baja presuntamente por las presiones psicológicas de las que ha sido víctima durante 15 años en su lugar de trabajo.

DIARIO DE AVISOS.- Tenerife.

Un funcionario del ICFEM pide al fiscal que estudie su cese tras denunciar acoso laboral
Un ex jefe de servicio del Icfem ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Provincial que investigue un supuesto delito de prevaricación por parte del consejero Marcial Morales y la dirección de dicho organismo, por entender que fue cesado tras denunciar una situación de acoso moral por parte de un superior.

Según Matheu, la decisión de recurrir a los tribunales para denunciar esta situación motivó que el 23 de enero fuera cesado por sorpresa en sus funciones como jefe de servicio del ICFEM, cargo que ostentaba como puesto de libre designación desde noviembre de 1996

EFE
Santa Cruz

El funcionario, José Arturo Matheu, dijo ayer en rueda de prensa que el juzgado de instrucción número uno de Santa Cruz de Tenerife le comunicó el 14 de enero que ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que reclama que se adopten las medidas oportunas para cesar la situación de supuesto acoso moral.
Según Matheu, la decisión de recurrir a los tribunales para denunciar esta situación motivó que el 23 de enero fuera cesado por sorpresa en sus funciones como jefe de servicio del ICFEM, cargo que ostentaba como puesto de libre designación desde noviembre de 1996. Matheu, que precisó que posteriormente ganó la plaza correspondiente en un concurso de méritos, explicó que asumió las funciones relacionadas con la gestión de personal y nóminas, contratación y patrimonio, registros y régimen interior. Aseguró que tras la toma de posesión del nuevo secretario general del ICFEM, José Luis Nieto Palomo, en noviembre de 2001, ha sido sometido a una situación "de total aislamiento personal y profesional" y se le ha indicado al personal que no despache sus asuntos con él.
La Consejería negó que se haya cometido prevaricación en relación con el cese de Matheu, ya que una jefatura de servicio es un puesto de libre designación y por lo tanto, de "libre revocación".

DIARIO VASCO.- Economía.

DATOS. Demandas: El año pasado se presentaron en toda España un total de 1.000 demandas por acoso moral. En Gipuzkoa fueron 20 y en Vizcaya 30.

Sanciones: La Inspeción de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa impuso el año pasado cinco sanciones por 'mobbing'.

Afectados: Cuarenta millones de europeos sufren acoso moral, que supone un coste de 20.000 millones de euros por absentismo
Veinte denuncias por 'mobbing' se presentaron en 2002 en Gipuzkoa y se impusieron cuatro sanciones
Expertos destacan que no hay una legislación específica, pero recuerdan que hay sentencias al respecto. Dicen que hay que tener cuidado al regularlo en los convenios colectivos
PILAR ARANGUREN/DV. SAN SEBASTIÁN
El año pasado se presentaron en Gipuzkoa un total de veinte denuncias por acoso moral en el trabajo, conocido con el término de mobbing, y se impusieron cuatro sanciones administrativas, según señaló ayer Antonio Grinda, inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Grinda intervenido en una jornada sobre acoso moral en el trabajo, que se desarrolló en el Kursaal, organizada por la Asociación por el Progreso de la Dirección, APD, con la colaboración del despacho de abogados Cuatrecasas y Prevencilan.

El inspector de Trabajo y Seguridad Social apuntó que en todo el Estado español se presentaron el año pasado 1.000 denuncias y en Vizcaya fueron treinta.

Grinda precisó que la legislación actual es insuficiente para poder sancionar con garantías por acoso moral, y advirtió que se pueden dar abusos muy serios aplicando una normativa que no tipifica una situación concreta.

En su opinión, el marco jurdídico idóneo sería la Ley de Salud Laboral, pero comentó que en estos momentos es ambigua, por lo que el marco más razonable es el Estatuto de los Trabajadores, aunque en dicho estatuto no está tipificado el mobbing, que se encuadra en la violación a la dignidad del trabajador.

Jurisprudencia

Txomin Arizmendi, socio de Cuatrecasas y decano del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, explicó que en España no existe una legislación específica, aunque existen países que sí la tienen. Añadió que esta falta de precisión crea ambigüedades. Recordó, no obstante, que existen sentencias al respecto, que han sentado jurisprudencia y que han confirmado sanciones administrativas.

Afirmó que existe un camino para defenderse ante los tribunales por acoso moral, pero indicó que el mobbing ha existido siempre y que hay que separar la moda de los diversos tipos de acoso moral.

Txomin Arizmendi dijo que se está empezando a regular el mobbing en los convenios colectivos, y advirtió de que hay que tener cuidado en cómo se hace, «porque si la falta de regulación da problemas y dificultades, a veces la concreción en los convenios también puede traerlos».

José Ramón Arriarán, director gerente de Prevencilan, destacó la conveniencia de clarificar conceptos para distinguir el mobbing de otros conflictos laborales y destacó que la diferencia está que en el acoso moral hay una relación asimétrica entre el agredido y el agresor. Añadió que si en las empresas se trabajara la prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de la integración en la prevención, con análisis de evaluación de riesgos, se detectarían estos problemas.

En la jornada también intervino Victor Allende, gerente de la Fundación Laboral San Prudencio, quien recordó que 40 millones de europeos sufren acoso moral y que este problema supone un coste de 20.000 millones de euros por absentismo y gastos sanitarios.

DIARIO VASCO.- Política.

La secretaria de Belauntza sufrió 'mobbing' por parte del alcalde, según la Diputación
«Fue despojada de su despacho, le quitaron el ordenador y no era convocada a las reuniones», relata el diputado Villa . El gobierno foral denuncia también al asesor jurídico
DV./SAN SEBASTIÁN

El diputado foral de Presidencia de Gipuzkoa, Joaquín Villa (EA), aseguró ayer que Ane Gómez Urteaga, la ex secretaria del Ayuntamiento de Belauntza, gobernado por Batasuna, fue objeto de mobbing (acoso moral en el trabajo) por parte del alcalde, Jexus María Zelaia, y del asesor jurídico, Iñaki Basasoro.

Villa compareció ante la comisión Institucional de las Juntas Generales (JJ GG) de Gipuzkoa para explicar, a requerimiento de la procuradora del PP Regina Otaola, la situación del conflicto que mantiene la Diputación con el Ayuntamiento de Belauntza, cuyo alcalde y el actual asesor jurídico, que anteriormente ejerció de secretario municipal, han sido denunciados por la institución foral por un presunto delito de coacciones.

El diputado de Presidencia explicó que Ane Gómez Urteaga fue «despojada de su despacho, le quitaron el ordenador, no tenía acceso a las llaves» y no era convocada a reuniones en las que debía estar presente. «Sufrió lo que hoy en día se denomina mobbing», indicó Villa, quien hizo un relato pormenorizado de los hechos acaecidos en el Ayuntamiento de Belauntza desde que fue despedido el antiguo secretario, Iñaki Basasoro, quien ejerció el cargo desde 1987 hasta 2001 sin estar habilitado legalmente.

Según el diputado, las presiones y acciones judiciales interpuestas por la Diputación en contra de la permanencia de Basasoro en su cargo conllevaron que el anterior alcalde, Imanol Olano, lo despidiera en octubre del 2001.

En enero del 2002, Batasuna decidió destituir al primer edil Olano por «discrepancias con su gestión» y nombró alcalde de esta localidad de 300 habitantes a Jexus Mari Zelaia, quien tomó posesión de su cargo el 19 de abril.

El 1 de febrero del 2002 la Diputación nombró secretaria municipal a Ane Gómez Urteaga, quien reúne todos los requisitos legales para ejercer el cargo, pero al día siguiente tres empleados del Ayuntamiento le advirtieron de que no tomara posesión de la plaza porque significaba «colaborar con el despido de su compañero».

Además, los trabajadores municipales buzonearon un escrito denunciando el nombramiento de la nueva secretaria municipal y criticando al ex alcalde, Imanol Olano, por haber despedido a Basasoro. El 2 de mayo del 2002 Ane Gómez Urteaga pidió la baja por enfermedad al sufrir «un trastorno adaptativo por ansiedad» y, pese a que fue dada de alta en agosto, la Diputación decidió revocar su nombramiento ante la situación de acoso que padecía.

Denuncia penal

El Consejo de Diputados acordó el 3 de septiembre interponer una denuncia penal contra el actual alcalde Zelaia y el ex secretario Basasoro por un presunto delito de coacciones, así como por prevaricación y nombramiento ilegal en el caso del alcalde, y de aceptación de nombramiento ilegal por parte de Basasoro, quien había vuelto al Ayuntamiento como asesor jurídico.

Tras la baja de Ane Gómez, el Ayuntamiento de Belauntza nombró secretario municipal a Xabier Otaegi, quien a juicio de la Diputación tampoco tiene la habilitación necesaria, por lo que la institución foral recurrió esta decisión y reclamó la anulación cautelar de las actuaciones municipales firmadas por Otaegi.

Según precisó Villa, el tribunal ha rechazado la anulación cautelar de las actuaciones del Ayuntamiento, aunque aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo. Tras la comparecencia del diputado de Presidencia, el juntero de Batasuna Fito Bornaetxea admitió que la situación del ex secretario municipal era ilegal, pero la justificó como un acto de «insumisión» del Ayuntamiento, que no consideró preciso que este cargo tuviera la habilitación nacional exigida por una «ley española».

EL NORTE DE CASTILLA.- Palencia.TRIBUNALES

Archivada una denuncia de un guardia civil contra dos subtenientes de la Comandancia de Palencia
El Juzgado Togado Militar de Valladolid entiende que no hay indicios de delito en la acusación del agente
El agente de la Benemérita acusaba a sus superiores de acoso moral y de trato vejatorio y degradante
EL NORTE/PALENCIA
El Juzgado Togado Militar de Valladolid ha archivado la denuncia que un guardia civil de la Comandancia de Palencia presentó el pasado mes de octubre contra dos superiores. El agente había denunciado a dos subtenientes por considerar que estaban cometiendo un delito de acoso moral y les acusaba también en la denuncia de trato degradante y vejatorio.

El Juzgado Togado Militar de Valladolid admitió a trámite la denuncia hace algo más de tres de meses e inició la instrucción de diligencias previas para depurar posibles responsabilidades penales. No obstante, ahora ha decidido cerrar el caso al entender que no existen indicios de delito que permitan acusar a los dos subtenientes de maltrato.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles Contra la Corrupción y por el Progreso (AUGC), que cuenta con 258 socios en Palencia, se personó como acusación particular en este procedimiento. Esta agrupación está personándose en la mayor parte de las denuncias que se presentan en la provincia de Palencia. También en octubre se presentó como acusación particular en otra denuncia interpuesta por el sargento comandante del puesto de Villada contra un alférez de Carrión, al que acusaba de un presunto delito de abuso de autoridad y extralimitación en el ejercicio del mando, un asunto que todavía está en fase de instrucción previa y sobre el que no se ha adoptado ninguna decisión definitiva.

El secretario regional de prensa de AUGC, Pedro Santos, ha denunciado recientemente en un comunicado de prensa el incremento en el número de bajas por enfermedades psicológicas en la Comandancia de Palencia, con jubilación incluso de algunos de los miembros. Según esta agrupación, este problema afecta también a varios jóvenes.

LA VOZ DE GALICIA.- Ferrol.

Conferencias sobre el «mobbing» en el Ateneo
La segunda jornada sobre el acoso moral en el trabajo trae a la mesa del Ateneo Ferrolán a profesionales de la abogacía y la psicología. Hablan Isabel Penedo, Ana Izquierdo y Daniel Formoso. Agacamt es la asociación sin ánimo de lucro que organiza estas jornadas que se prolongarán hasta mañana, viernes.

Ateneo Ferrolán. 19.30 horas

EL DIA.- Vivir.

CC OO asegura que las consultas sobre acoso moral son diarias

Acompañado de varios cargos de CC OO, Arturo Matheu - funcionario y afiliado - denunció ayer públicamente su caso personal de "mobbing", por el que ha presentado un recurso contencioso - administrativo y que le ha supuesto su cese como jefe de servicio del Icfem.
EL DÍA, S/C de Tenerife
José Arturo Matheu Delgado, funcionario, adscrito al sindicato CC OO, accedió al cargo de jefe del Servicio de Administración General del Icfem en noviembre de 1996, por el sistema de libre designación.
Su situación laboral comienza a cambiar en 2001, cuando accede a secretario general del Icfem, José Luis Nieto Palomo, quien desde su llegada al puesto ejerce una actitud de "aislamiento personal y profesional" hacia Matheu, quien, según ha denunciado ante los tribunales, desemboca en una clara situación de acoso moral en el trabajo, o lo que se conoce también como "mobbing".
Arturo Matheu fue presentado ayer por el sindicato CC OO, no sólo como un claro ejemplo de acoso moral en el trabajo, en este caso en el ámbito del funcionariado, uno de los más afectados por este fenómeno, sino además como un "valiente" que se ha atrevido a denunciar públicamente el haber sido víctima del "mobbing", lo que implica dos bajas laborales, derivadas del "aislamiento y la humillación" sufridas tras los sucesivos vaciamientos de contenido del cargo que desempeñaba, tanto de funciones como de personal bajo su responsabilidad.
Arturo Matheu, que durante año y medio intentó resolver su caso apelando a las distintas autoridades administrativas, procedió en diciembre pasado a presentar un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que se debe tramitar por el procedimiento especial de protección a los derechos fundamentales de la persona.
En este recurso exige "el cese de la situación de acoso moral en el trabajo ejercida por el secretario general del Icfem por ser contraria a derecho, así como la indemnización de daños y perjuicios que sea procedente por los daños morales producidos".
En la rueda de prensa ofrecida ayer por el sindicato CC OO, acompañaban a Arturo Matheu el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato, José Manuel Corrales, y el secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Inocencio González Tosco.
Este último aseguró que el "mobbing" es creciente y constató que "son diarias las consultas que recibe el sindicato sobre esta cuestión".
González Tosco hizo hincapié en que se suele denunciar el proceder habitual, "que son instrucciones verbales, siempre difícilmente probables, que dejan al afectado en absoluta indefensión y sin saber qué hacer, sin cometido concreto y con un sentimiento de ser inútil, con su autoestima bastante lesionada y con la idea de fracaso profesional".
Añadió que el perfil del "candidato" a padecer "mobbing" coincide con el de un trabajador "con personalidad propia, con criterio sobre las cuestiones y que discrepa con sus jefes".
En el caso de Matheu, subrayó su trayectoria "intachable", ya que suele ser precisamente la brillantez del trabajador, que es percibida como una amenaza, lo que provoca la envidia del acosador.
Y si bien el representante de CC OO se refirió a que el ejemplo era el de "un afiliado que no se ha callado y ha iniciado el procedimiento judicial al alcance de cualquier otro empleado", admitió que esta última acción es más difícil de llevar a cabo en la empresa privada

LA OPINIÓN.- A CORUÑA.

EL MAGISTRADO ESTÁ ACUSADO DE ACOSO MORAL A SEIS FUNCIONARIOS
El Poder Judicial aplaza sin fecha su decisión sobre el juez Sineiro
M. Ballesteros.A Coruña
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido volver a aplazar, esta vez sin fecha, la resolución de la denuncia contra el magistrado José Manuel Ramírez Sineiro, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña, que está siendo investigado por el presunto acoso moral al que sometió a seis funcionarios, según informaron fuentes cercanas al caso.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió, tras conocer los resultados de la investigación, conceder quince días más a los inspectores para que ampliasen su informe. Antes de posponer su decisión, tres de los cinco miembros de la comisión habían votado a favor de archivar el caso, a pesar de que los inspectores propusieron sancionar al magistrado por una falta grave de desconsideración en el trato a los funcionarios de su juzgado.
Visita de los inspectores
El final del plazo se cumple hoy, pero el CGPJ ha decidido dar aún más tiempo al Servicio de Inspección que, según las previsiones, volverá la próxima semana a A Coruña para proseguir con las investigaciones. Durante su primera visita, los inspectores tomaron declaración a los seis funcionarios, que estuvieron varios meses de baja por sufrir cuadros ansioso-depresivos, al magistrado Ramírez Sineiro y al secretario judicial de lo Contencioso-Administrativo número uno.
Pocos días después de que Comisiones Obreras presentara la denuncia, en septiembre del año pasado, el propio secretario del juzgado confirmó al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Jesús Souto Prieto, la veracidad de los hechos y llegó a calificar de "insufrible" la tensión que se vivía en la oficina judicial.
La denuncia de CCOO recoge dos incidentes ocurridos en el mes de septiembre, pero que, según el sindicato, no son más que una muestra de la situación habitual del juzgado. En el escrito se cuenta cómo una de las trabajadoras se encerró en el baño tras ser "menospreciada y vejada" por el juez.
Al día siguiente, según la denuncia, otro funcionario sufrió una crisis nerviosa después de que el magistrado le dijese "si no sabe la resolución que tiene que poner es su problema, búsquese la vida". Después Ramírez Sineiro le tiró los pleitos al pecho y salió de la oficina judicial.

INFORMACIÓN DE ALICANTE.- Tribunales.

Denuncian por la vía penal un caso de acoso psicológico en el trabajo

A.P.
Una trabajadora de un centro de salud ha presentado una denuncia en el juzgado por acoso psicológico en el trabajo, la primera que se formula por la vía penal en la Comunidad Valenciana, según señalaron desde la Asociación de Valenciana pro Erradicación del Acoso Psicológico en el Trabajo (Aveap), con 300 socios, tras recordar que en 2001 se han formulado veinte denuncias por la vía laboral o por contencioso-administrativo.

La denunciante, Alicia Verdú, reclama al Juzgado de Instrucción número Dos de Alicante que cite como imputados, entre otros, a dos directivos sanitarios, por la «tortura psicológica» y el «trato vejatorio» producidos de forma prolongada durante 15 años, cuyo detonante ha sido un expediente sancionador, tras cursar baja por enfermedad, en el que a la trabajadora se le suspende de empleo y sueldo por seis meses, que fue recurrido, ejecutado y declarado nulo por los tribunales.
La denunciante, que ha cambiado de centro sin mejorar la situación, explicó ayer que la hostilidad de sus superiores comenzó al pedirle que le hiciera el vacío a una compañera y negarse a ello. Desde entonces, declara que la situación vivida le ha «minado» la salud mediante amenazas y obstáculos en el trabajo impidiéndole acceso al instrumental, a la formación, a utilizar el ordenador o a realizar su trabajo en condiciones inadecuadas a su minusvalía, para la que reclamó que le adaptaran el puesto de trabajo. «Ellos quieren deshacerse de mi, que me jubile», señala Verdú, que se considera «una profesional valiosa» y reclama «justicia».


EL ADELANTO DE SALAMANCA.- Local.


AFIRMAN QUE ALGUNOS TITULARES INCUMPLEN LA NORMATIVA DE GUARDIAS
Los facultativos de refuerzo denuncian "acoso laboral"

O.P.
El presidente de la Asociación de Médicos y Enfermeros de Refuerzo de Salamanca (AMERE), José Carlos Palomino, denunció ayer públicamente que algunos profesionales están sufriendo prácticas de "auténtico acoso laboral" por parte de algunos facultativos titulares de los centros de salud debido al incumplimiento de la normativa sobre la cobertura de guardias en Atención Primaria. Según apuntó Palomino antes de un encuentro con representantes de los sindicatos, en algunos consultorios, como en Villarino y Ledesma, el conflicto se está produciendo "ante el enfermo", y se ha producido la situación de que "a una guardia se presentan el refuerzo y el titular, que ha llegado a hacer que alguna refuerzo duerma en el suelo".
En su opinión, los profesionales titulares de la plaza están aprovechando "la lentitud" administrativa en el cumplimiento de las normativas para librar "una lucha encarnizada delante de los enfermos, cuando si existen quejas deben formularse en los organismos oportunos".
Por ello, AMERE, que representa a unos 60 médicos y enfermeros de refuerzo, hizo un llamamiento "a las autoridades para que tomen medidas ante una falta de regulación clara que resuelva estos conflictos".
Además, el colectivo, que escuchó las propuestas sindicales al respecto, reivindica "la reconversión de los refuerzos en personal de un servicio de Urgencias en Atención Primaria", entre otras mejoras para el personal

EL PERIODICO DE EXTREMADURA.- Cartas al director.-

Acoso moral y legalidad
Tarde o temprano, conductas hostiles, abusivas, desestabilizantes..., tendrán su fin.
Tarde o temprano, el hostigamiento, las críticas hirientes, las vejaciones, las burlas, el menosprecio, la subestimación, el sabotaje y el aislamiento laboral, la negativa a dar la palabra o la respuesta a un saludo, la estigmatización; el conseguir que seres despreciables te hagan llegar cada tarde desgastado anímica, psicológica, personalmente... Actitudes destructivas, reforzadas o no por subordinados ávidos por hacer leña del árbol caído; la absoluta ausencia de consideración, de educación, de respeto... El rechazo a cualquier tipo de contacto incluido el visual; el conseguir mediante maniobras de abuso de poder, desembarazarse de quien
voluntariamente accede a pedir traslado a otro departamento, a otro centro...
Tarde o temprano, el problema del acoso moral o
mobbing calará hondo en el Congreso de los Diputados, y hacer proposiciones para tipificarlo como delito será la forma más lógica de conseguir que exista menor incidencia en nuestro ámbito de trabajo así como en nuestras vidas...
Señores diputados: vuelvan a considerarlo otra vez; ¡es tan duro encontrarse con la certeza de que el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesado por un tribunal!
FRANCISCO LORENZO ARROYO PRADO. Miembro de ASECAMT (Asociación Extremeña contra el Acoso Moral en el Trabajo)

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