Viernes, 2 de Enero de 2004


ABC.- Sevilla

Manuel Gómez Burón, número 1 de los magistrados de lo social de Sevilla: «El acoso laboral envenena los casos»
J. R.
Tiene 69 años y desde 1988 está en el juzgado de lo social número 10 de Sevilla. Su hija ha
seguido su escuela y es también juez de lo social en el número 9 de Viapol. Casi trabajan puerta con puerta. Ha puesto miles de sentencias laborales aunque también estuvo en otras jurisdicciones desde el año 1967, cuando empezó como juez.

-¿Quién lleva más razón en los pleitos, el trabajador o el empresario?
-El que la lleve, pero puedo asegurar que está al 50 por ciento.
-¿Cuando había más despidos?
-Antes, en los 90 había mas despidos pero eran menos problemáticos que ahora.
-¿Por qué?
-Porque ahora está el acoso en el trabajo, que siempre ha existido y que han envenenado los casos y es difícil averiguar la verdad.
-¿Qué ha cambiado en el mundo laboral y los despidos?
-Que antes, en los 80 nadie protestaba, y ahora es raro que nadie proteste.
-¿Y los sindicatos?
-Deben defender siempre al trabajador aunque no tenga razón. A veces, se mitifican más como un partido político.

-¿Algún caso?
-Recuerdo un pleito de un sindicato contra un trabajador, ya se sabe «en casa del herrero cuchillo de palo».
-¿Un despido donde ganara el trabajador?
-A finales de los 80 un trabajador de un famoso Restaurante de La Palmera le ganó el pleito al empresario.
Fue por las pruebas, con una buena actuación del letrado de Comisiones Obreras, Javier Terán Conde, aunque el abogado del restaurante José Luis Arredondo tuvo también un papel destacado en este asunto. Fue un caso muy interesante.

EL NORTE DE CASTILLA.- Cartas / Opinión.

UGT de Segovia
MARÍA LUISA CEREZO/SEGOVIA

La UGT de Segovia ha perdido el timón de su propio barco. Hace tiempo que me hice una promesa: cuando logre empleo fijo me afiliaré a un sindicato de clase. Por casualidad me he enterado de que los trabajadores fijos de la UGT de Segovia son objeto de acoso psicológico, persecución, tratos degradantes y vejatorios desde hace aproximadamente dos años. Es la propia jefa, la secretaria provincial, Rosario Martín Laguna, la que lo practica. Hay más; la acusan de haber colocado en el propio sindicato a dos de sus hijas, y yo me pregunto lo siguiente: ¿qué hubiera ocurrido si todos los secretarios que han pasado por su mismo puesto de responsabilidad que tenían hijos en edad de trabajar hubieran hecho lo mismo? Desde aquí hago una llamada a la reflexión y a la cordura del sindicato de la UGT de Segovia. Si los afiliados no despiertan, pronto serán los tumores cancerígenos esparcidos por toda nuestra sociedad enferma.

DEIA.-Bizcaia

Iñaki Zarraoa alaba el trabajo de la Policía de Getxo
Por su parte, el sindicato CSIF acusa Ayuntamiento de crear «una Policía política»
Andrés Portero Getxo
El alcalde de Getxo, Iñaki Zarraoa, destacó «la mejora producida en el servicio de la Policía Local, así como el mejor ambiente detectado» tras el cambio de jefe del cuerpo. El político jeltzale hizo estas declaraciones a raíz de la denuncia presentada por el antiguo responsable de la guardia urbana de Getxo, que fue destituido y ha denunciado a su sustituto al considerar que carece de la titulación necesaria para el cargo.
«El Ayuntamiento no tiene preocupación alguna al respecto», indicó Zarraoa, que enmarcó esta denuncia judicial «en motivaciones personales». Según él, el jefe actual, anterior sargento, cuenta con una titulación validada por el departamento de Criminología para desempeñar el cargo.
Duras críticas del CSIF
Por su parte, el sindicato CSIF acusó al alcalde de Getxo de «montar un Policía política» y favorecer a agentes del sindicato nacionalista ELA, «marginando y sometiendo a acoso laboral a funcionarios independientes». La central responsabiliza a Zarraoa de la demanda contra el jefe de funciones de la Policía local, José Manel Souto, por falta de titulación.
En concreto, el sindicato, que interpone la demanda, señala que el primer edil cesó por decreto al anterior responsable por motivos personales. El sindicato niega, de esta forma, la acusación lanzada por el alcalde de que propiciara una conspiración en el seno de la Policía municipal.

Este sindicato ha denunciado, asimismo, que entre los nuevos responsables ascendidos por el alcalde de Getxo «existen agentes de base, cuyos puestos actuales se hallan por encima de los sargentos y del propio oficial jefe en responsabilidad».

MERCADO ACTUALIDAD.-Fuenlabrada.

Un repaso a lo que dió de si la localidad en los últimos 365 días

Fuenlabrada 2003, noticia a noticia de una localidad que crece

Universidad y Hospital son los nuevos barrios que albergará Fuenlabrada, tal y como se aprobó a principios del año. Junto a ello, toda la actividad social de la localidad, la fuerza de los voluntarios en Galicia recogiendo chapapote o la victoria de nuevo del PSOE en las elecciones de mayo fueron algunos de los hechos destacados en 2003

Enero llegó con los inevitables Reyes Magos del Ayuntamiento y de Correos, y con el anuncio de dos nuevos barrios, Universidad y Hospital, donde se construyen 1.572 pisos protegidos y 1.100 libres. El aspecto solidario lo puso la Casa Gallega y sus voluntarios que eliminaron chapapote en Corcubión. Mientras que el PP denunció la supuesta situación irregular de la interventora del Patronato de Deportes. Unos días después, la secretaria del PP acusó a su portavoz de presunto
acoso psicológico.
Febrero y su frío obligaron a dimitir al portavoz popular, Alfonso Caballero, acusado de un supuesto
moobing (presiones en el trabajo). Un total de 150 jóvenes trabajaron en Galicia contra el fuel, y las asociaciones locales recaudaron dinero para ayudar a los municipios afectados. El periódico Mercado disparó su tirada de 56.000 a 62.000 ejemplares para llegar a todos los barrios. IU impulsó la Plataforma contra la Guerra de Iraq. Dos pájaros, propiedad de Manuel Matoses y Joanna Blanca, quedaron segundo y tercero en el campeonato mundial. El Ayuntamiento denunció que dejó de ingresar 4,8 millones por la supresión del IAE.
La primavera y marzo aparecieron con puntos de informática para jóvenes abiertos en la Casa de al Juventud Los Arcos. La asociación Profesional de Comerciantes presentó el proyecto de centros comerciales abiertos en la avenida Portugal y calle Leganés. Se inauguró un aparcamiento de 24 horas junto a Renfe y Metrosur centro.
Mayo fue el mes del apoyo a Iraq y para los niños apadrinados en Ecuador por la Plataforma de Estudiantes que organizó un festival solidario con 3.000 participantes. Las AMPAS celebraron sus 25 años de vida en la ciudad. El alcalde, Manuel Robles, inauguró el Parque de las Eras tras invertir 900.000 euros. La asociación de Espondilitis puso en marcha unas exitosas jornadas de detección de osteoporosis. Bomberos denunciaron la falta de medios humanos y materiales. Cientos de jóvenes participaron en una carrera de Aspandi por la integración.
En junio tomó posesión el alcalde, Manuel Robles, que consiguió el 57,37 por ciento de los votos en las elecciones del 25-M, aunque perdió un edil que fue a parar al PP. Flecha Negra ganó nueve premios en Toledo. El colegio Altamira recaudó dinero para escolares de Honduras. La asociación Española contra la Leucodistrofia consiguió 1.000 euros para combatir esta enfermedad rara. La asociación Fuenlabreña de Esclerosis Múltiple preparó una cena para combatir y dar a conocer la dolencia. Cruz Roja inició el novedoso proyecto de enseñar español a ciudadanos extranjeros. El grupo teatral Siete Sin Telón Siete se alzó con el primer premio en San Fernando de Henares.
Julio consiguió 387.000 euros de la Comunidad para reformar colegios. El colegio Altamira se hizo con 6.108 euros para Honduras. Flecha Negra se llevó con tres primeros y dos segundos en Alcobendas. Familias fuenlabreñas acogieron a 49 niños bielorrusos afectados por el escape nuclear de Chernobil. La asociación Salud y Alternativas de vida expuso arte de personas afectadas por alguna enfermedad mental. Congelados los sueldos de alcalde (2.525 euros al mes) y concejales (2.400) hasta 2007. Cerca de 40 mayores trabajaron sus huertos ecológicos cedidos por el Ayuntamiento a instancias de CCOO y se quejaron de actos vandálicos en las pequeñas parcelas de El Arroyo.
El mes menos activo, agosto, de desbandada urbana hacia las atestadas playas, trajo el cierre por obras de reforma de la piscina municipal, y a dos jóvenes fuenlabreños ganadores de un certamen de pintura en Italia. Un total de 18 familias acogieron a niños saharauis. Unos 65 vecinos se inscribieron en el programa de Policía Municipal, un 50 por ciento más que el año anterior. Además, se activaron las llamadas de móvil al 092. Vecinos de Loranca denunciaron inseguridad y vandalismo que fueron respondidos con más patrullas de Policía Municipal. Cerca de 20 calles fueron asfaltadas tras invertir el Ayuntamiento 626.000 euros. Dos arqueros de Flecha negra se proclamaron campeones de España.
Septiembre llevó un colegio a Loranca construido en tiempo récord por la Comunidad para más de 600 alumnos tras invertir 5,2 millones. La ampliación de polígono de El Tempranar acabó para crear nuevos empleos. Los robos de vehículos y en su interior se redujeron el 25 por ciento según Comisaría. CCOO denunció que la situación de bomberos seguía igual de precaria. Cruz Roja formó a 100 personas en primeros auxilios en un año y anunció que dispone de 200 voluntarios. Abrió la ludoteca del Fuenli en la Casa de la Juventud para niños de 3 a 6 años. La EMT local incorporó 6 autobuses adaptados para minusválidos. El PP inauguró nueva sede en la calle Pelayos. Flecha Negra recibió un campo de tiro de la Concejalía de Medio Ambiente.
Octubre apareció con 500 nuevas plazas de aparcamiento adjudicadas por el Ayuntamiento en El Naranjo y El Arroyo. Aspandi acogió a 60 discapacitados para ofrecerles formación. El Consejo de la Juventud presentó su página web. Se inició el servicio municipal de la Ludobebé para «peques» de 10 meses a 2 años. Dos integrantes de Flecha Negra se proclamaron campeones de la Copa Ibérica.
Noviembre acercó la normalidad total con la puesta en marcha del servicio de Polis de Cole. Un millar de estudiantes participó en la semana de la ciencia. La Reina Doña Sofía felicitó a siete voluntarios de Cruz Roja. PP exigió una comisión sobre la Fuelabrada Connection denunciada por dos medios de comunicación, a lo que se negó PSOE-IU. Luz verde a la inversión de 1,5 millones para rehabilitar 112 viviendas con más de 20 años en Nuevo Versalles. Aprobada la subida de impuestos para 2004 de entre el 3,5 y 4 por ciento (como el IPC). Cruz Roja destinó 12.000 euros del Día de la Banderita a las familias más necesitadas. Inversión de 163.000 euros para 10 vehículos de Policía Municipal.
La limpieza de la ciudad fue la prioridad de diciembre cuando el Ayuntamiento contrató hasta mayo de 2004 a 40 operarios. Más de 7.000 euros sirvieron para mejorar la seguridad en la calle Extremadura. Niños de Loranca multaron simbólicamente a los conductores imprudentes. Un programa municipal inició la formación de 40 parados de difícil inserción laboral. El alcalde denunció la falta de 35 policías nacionales. Auxiliares de enfermería se manifestaron por la falta de medios en el Severo Ochoa.

Sábado, 3 de Enero de 2004


EL NORTE DE CASTILLA.- VIDA Y OCIO

Niños estresados
Si no de forma expresa, el menor sufre continuas presiones para ser el primero y el líder, por lo que se enfrenta a todas horas al desafío del éxito o a la depresión del fracaso
Texto de/José María Romera. Ilustración de Martín Olmos

LAS agendas diarias de ciertos niños dan escalofríos. Con las primeras luces del día salen de casa para coger un autobús soñoliento que les transporta al colegio. Allí cumplen un horario muchas veces intensivo, pero insuficiente: han de completar su formación con los deberes para hacer de vuelta a casa. Sin embargo, en el hogar les esperan las prisas para salir de nuevo a otro centro donde reciben clases de música, sin olvidarse de ponerse el chándal porque del conservatorio han de desplazarse a un campo de deportes donde quizá les aguarde un monitor exigente o unos compañeros dispuestos a quitarles el puesto en la alineación del domingo. Si ese día no toca asistir a clases de idiomas, tendrán tiempo para hacer la redacción de mañana, y cenar un bocadillo delante del videojuego, y robarle unas horas al sueño viendo un programa de la tele que se alarga hasta entrada la noche.

Cuando hablamos de estrés, nos imaginamos a un ejecutivo con la jornada llena de compromisos, reuniones y viajes, o a un trabajador sometido al 'mobbing' laboral, o también a un ama de casa con mil brazos que atienden simultáneamente al aspirador, a la cazuela y a la plancha. El estrés parece un trastorno exclusivo de adultos trajinados o cargados de problemas y de responsabilidades. Pero no sólo ellos lo padecen. También los niños son víctimas de eso que Hans Seyle llamó Síndrome General de Adaptación y que ya se conoce popularmente como estrés. La fatiga crónica, el exceso de nerviosismo, la falta de concentración, quizás algunos trastornos en el sueño o en el apetito indican que el niño no ha podido dar respuesta adecuada a la gran cantidad de estímulos y exigencias que se le imponen. Pero no parece que se le dé mucha importancia, puesto que los niños -se dice- son puro nervio y lo aguantan todo.

Los psiquiatras han alertado de la creciente aparición de casos de estrés en edades tempranas. El acelerado ritmo de vida también ha llegado a los niños, tan sobreprotegidos hoy frente a otras asechanzas del exterior tales como las carencias materiales, la enfermedad meramente física, los peligros de la calle o los castigos corporales. Habría que pararse a pensar si en este doble y contradictorio juego de sobreprotecciones y exigencias no estamos engendrando víctimas. Unas víctimas que, por añadidura, carecen de capacidad para identificar las causas de su malestar y para manifestarlo antes de que vaya a mayores.

Los estresores del niño no sólo provienen de la diabólica aceleración de los tiempos que corren; hay quien sostiene -sin pruebas fehacientes de ello- que justamente los niños de hoy no sólo son inmunes a lo vertiginoso, sino que han desarrollado habilidades especiales para moverse en ese medio como pez en el agua. Infinidad de estudios lo desmienten y han venido a demostrar que las tensiones de las primeras edades son de origen diverso.

En muchos casos sus causas radican en la hipercompetitividad, inculcada por el medio social, por la escuela, la familia o el grupo. Por más que, en apariencia, la sociedad democrática tenga por bandera el principio de la igualdad y de los derechos de todos, en la práctica la realidad se empeña en derrumbar ese mito. Si no de forma expresa, tácitamente el niño padece continuas presiones para ser el primero, el mejor, el líder. Sea en el deporte, sea en la ostentación de bienes de consumo, sea incluso en los inocentes juegos de ordenador, los niños se enfrentan a todas horas al desafío del éxito y la depresión del fracaso.

Separación y divorcio

Pero mayores efectos producen los ambientes familiares enrarecidos y los acontecimientos vitales traumáticos. Los psicólogos de la infancia coinciden en afirmar que la percepción de los padres respecto de las preocupaciones de los hijos es por regla general equivocada. Situaciones que a los adultos les parecen normales o insignificantes constituyen para el niño fuentes de temor o ansiedad, cuando no auténticos dramas. En su libro 'Kidstress' (El estrés del niño), la psicóloga Georgia Witkin ha revelado que muchos de los padres que presumen de mantener una comunicación abierta y fluida con sus hijos ignoran totalmente las verdaderas preocupaciones de éstos. Ese supuesto diálogo no es sino un intercambio de informaciones superficiales que dispensa del descubrimiento del fondo. En un cuestionario entre 800 chicos y chicas de entre 8 y 12 años, Witkin descubrió, por ejemplo, que el miedo a la enfermedad o la muerte de los padres ha crecido considerablemente en las últimas décadas, o que las separaciones y divorcios, por amistosos que sean, siguen constituyendo una fuente de intensa desazón en los hijos.

Cada niño -explica Witkin¯- habla su propio dialecto del estrés. Los padres y los profesores deben aprender a descifrar unos mensajes que no vienen codificados en palabras, sino a menudo en forma de actitudes, gestos o manifestaciones físicas (parpadeos, sudores, temblor de manos) que preludian trastornos más duraderos. Esos mensajes hablan de una tortura interior que el adulto encerrado en sus viejos esquemas no es capaz de percibir. Por eso es necesario aprender otras formas de receptividad distintas de las habituales para detectar esas señales de alarma.

Evitar al niño situaciones estresantes no significa criarlo entre algodones. El estrés, como reacción de adaptación que es en el fondo, permite desarrollar mecanismos de defensa y modos de respuesta al peligro o a las dificultades. Pero también nos protegemos y protegemos a los otros creando hábitats más confortables y serenos. Si bien es difícil evitar ciertas tensiones de grupo, familiares o de pareja, más sencillo resulta simplificar hábitos (mantener apagado el televisor, retirar juguetes inservibles, dosificar el uso de artilugios electrónicos, hacer las comidas a una hora regular) en un mundo cada día más apresurado y más lleno de reclamos.

Quizá sea tarde para muchos adultos que se han complicado la vida de tal forma que ya no pueden salir de su espiral. Pero siempre estamos a tiempo para no contagiar al niño las prisas, los temores, las insatisfacciones o las ansias de tener y de poder. Por desgracia, ya llegará el día en que otras circunstancias se los impongan. Entretanto, seamos conscientes de su fragilidad y ayudémosles a no quebrarse antes de tiempo.

Domingo, 4 de Enero de 2004


LAS PROVINCIAS DE LAS PALMAS.- Local.

Un juez rechaza la demanda de una trabajadora por ´mobbing´ contra una empresa de bingo

El titular del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Díez, ha desestimado la demanda formulada por una mujer que durante 16 años prestó sus servicios con la categoría profesional de jefe de mesa en una empresa capitalina dedicada al juego del bingo. La ex empleada acusaba a la entidad de un delito de acoso moral en el trabajo ejercido durante el periodo comprendido entre 2001 y 2003. La sentencia desestima totalmente la demanda interpuesta por Pilar Marrero contra Juan Guillén, Pedro Ramírez y Canabingo SA. El fallo podrá ser recurrido ante la Sala de lo Social del TSJC.

La parte demandante alegaba que venía siendo objeto de situaciones de "discriminación y vejaciones en su lugar de trabajo", hechos que según el magistrado no resultaron probados, y que esta circunstancia se agravó después de que la afectada, conjuntamente con otros cuatro compañeros, se viera obligada a denunciar judicialmente, en diciembre de 2001, que la empresa no les abonaba los incrementos salariales correspondientes a la subida del IPC.

La sentencia contempla que no ha quedado probada la vulneración de los derechos fundamentales. La demandante argumentaba que "al devenir de litigiosidad se ha visto obligada con los traslados de que fue objeto y en cuanto a la reclamación salarial de diferencias de los años 2000 y 2001, pero la existencia de tales hechos no implica en sí misma persecución alguna ni trato vejatorio, sobre todo cuando todos los conflictos jurídicos expuestos en el relato de hechos probados fueron objeto de conciliación".

TRASLADO. En otro momento, la sentencia contempla que tampoco queda probada la existencia de acoso moral cuando la empresa decidió trasladar de centro de trabajo a la denunciante, asignándola a las instalaciones de Tomás Miller cuando en un principio prestaba sus servicios en la sala de Triana. El magistrado aclara que "en cuanto a las modificaciones o traslados de centro, en una ocasión la empresa lo dejó sin efecto, y en la otra la propia actora desistió de su demanda, mientras que las diferencias salariales de convenio fueron objeto de avenencia por suma notoriamente inferior a la reclamada".

La resolución judicial puntualiza que no ha quedado demostrado que a la demandante se la discriminara en la realización de prácticas antes de que se pusiera en marcha el bingo, ubicado en la zona de Triana, ni en el reparto de propinas, en las funciones desempeñadas, en la sustitución de compañeros con una categoría profesional inferior, al tiempo que tampoco se le aplicaba un régimen de pago de comidas en desagravio con el resto de los técnicos.

DIARIO DE AVISOS.- Deportes.

La lucha de Tenerife, en los juzgados
Los responsables de la Tinerfeña deben responder por una denuncia por acoso moral en el trabajo

La lucha de Tenerife está envuelta en una polémica que sin duda está dañando muchísimo su imagen. Hace algunos meses Andrés Simó, ex secretario de la Federación de Tenerife, acudió a los juzgados para denunciar un presunto acoso moral en el trabajo. Además Simó fue más lejos y también ha denunciado ante las instituciones públicas presuntas irregularidades económicas y contables ante el ente federativo.

El abogado de Andrés Simó tiene un dossier completo de pruebas para justificar lo que ha padecido su cliente durante todo este tiempo que ha estado trabajando a las órdenes de Marcos Pérez y el resto de miembros de la junta de gobierno de la Tinerfeña. Además, los profesionales que han atendido a Simó, también han certificado los problemas psicológicos que le ha ocasionado este presunto acoso moral

Luis de la Cruz
Santa Cruz

El caso ha alcanzado tal dimensión, que incluso medios de comunicación a nivel nacional se hicieron eco de la noticia porque es posiblemente la primera vez que dentro del deporte se denuncia un caso de estas características y que una persona que conoce muy bien los entresijos de este deporte vernáculo al ocupar el cargo de secretario durante más de 20 años tenga la gallardía de denunciar, presuntas irregularidades económicas y contables, teniendo en cuenta que la lucha canaria se mueve fundamentalmente con subvenciones que provienen tanto del Cabildo de Tenerife como del Gobierno de Canarias y también de instituciones con una responsabilidad social como es el caso de CajaCanarias.

Juzgados
Los responsables de la junta de gobierno de la Tinerfeña, junto a Eduardo Hernández, presidente de la Federación Canaria, deben estar presentes en este juicio que se llevará a cabo el próximo 16 de enero en el Juzgado de lo Social de la capital tinerfeña. El abogado de Andrés Simó tiene un dossier completo de pruebas para justificar lo que ha padecido su cliente durante todo este tiempo que ha estado trabajando a las órdenes de Marcos Pérez y el resto de miembros de la junta de gobierno de la Tinerfeña. Además, los profesionales que han atendido a Simó, también han certificado los problemas psicológicos que le ha ocasionado este presunto acoso moral en el trabajo.

El ex secretario de la Federación de Tenerife lleva muchos meses de baja y todavía los galenos que lo atienden consideran que no está apto para el trabajo al padecer un "síndrome ansioso depresivo".

La petición de Andrés Simó ante los juzgados es que cese de su actividad y que se le trate igual que un despido. La cantidad de dinero, que Simó denuncia ante la justicia es considerable, y en el supuesto que la sentencia le sea favorable, el ente federativo tendrá que pagar muchísimo dinero.

El Comité Canario
Este asunto, también está en manos de la Dirección General de Deportes En ese sentido, se lo han remitido al Comité Canario de Disciplina Deportiva al objeto de depurar responsabilidades. Con este caso se abrió un expediente que será resuelto con carácter extraordinario y, también en el supuesto que se le dé la razón a Andrés Simó, los miembros de la junta de gobierno de la Federación de Tenerife podrían ser inhabilitados para ocupar cargos de responsabilidad en este deporte vernáculo.

Trámite

La junta de gobierno de la Federación Canaria debe analizar en la próxima reunión la denuncia de Simó


Andrés Simó, presentó en su día una denuncia ante la Federación de Lucha Canaria, para que fuera resuelta por la junta de gobierno de la misma. Fue la junta permanente, la que se atribuyó una serie de competencias que no eran las suyas y, resolvió el caso diciendo que no tenía competencias sobre esa materia con una resolución bastante engorrosa con muchísimos terminos jurídicos, que estaban un poco lejos de la realidad.


Daba la sensación, que dicha resolución fue tomada por algún jurista que tiene muy poco contacto con la realidad luchística. De inmediato la respuesta no se hizo esperar y Simó presentó un nuevo escrito para solicitar que sea la junta de gobierno la que tome cartas en esta materia. La denuncia es muy grave porque se habla de presuntas irregularidades en la gestión económica y contable de este ente federativo que preside Marcos Pérez.

Varios miembros de la junta de gobierno de la Federación Canaria en la próxima reunión pedirán responsabilidades a la junta permanente por resolver un asunto que no era de su competencia. Por tanto habrá que esperar acontecimientos en un asunto que puede arder en cualquier momento.
Cabildo

El Grupo Socialista está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en este delicado asunto

Hace casi dos meses que Andrés Simó presentó un escrito muy duro ante el registro del Cabildo de Tenerife donde denunciaba una serie de irregularidades en torno a unas subvenciones concedidas por el Cabildo de Tenerife a la Federación de Tenerife y, que existe la posibilidad de que las mismas estén mal justificadas.

Dichas subvenciones estaban destinadas casi exclusivamente al trabajo con la base. Sobre esa denuncia, aún el Cabildo de Deportes y más concretamente su consejero de Deportes Dámaso Artega no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto.

Por tanto el Grupo Socialista en la actualidad en la oposición y teniendo en cuenta, que a priori estábamos ante un caso tan grave está dispuesto a utilizar todos los cauces legales para que el grupo gobernante se pronuncie oficialmente sobre este delicado asunto al entender que si se dilata más en el tiempo se hace un flaco favor a la lucha canaria porque sigue bajo sospecha.

Por tanto, la próxima semana y después que se reanude la actividad será clave para ver cómo se desarrolla este asunto y si el Área de Intervención del Cabildo ha tenido tiempo de dictar un informe sobre el caso.

Lunes, 5 de Enero de 2004


VLEX.- LABORAL/NOTICIAS.

El Gobierno de Castilla y León sanciona como falta muy grave el 'mobbing' en la nueva Ley de Función Pública
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 18 de diciembre el borrador de la nueva de Ley de Función Pública, un proyecto que viene a sustituir al actual texto vigente desde 1990, y que entre otras novedades prevé la tipificación como grave del 'mobbing' o acoso moral entre el personal de la Administración autonómica.
05/01/2004, Redacción
El proyecto, tal y como señala el Gobierno regional, busca la eficacia y la mejora en la prestación de servicios; un empleo de calidad y estable; la promoción profesional y el fomento de la motivación y la mejora de la calidad de vida en el trabajo y en del marco de relaciones laborales con un impulso del diálogo social entre los trabajadores.
Esta iniciativa es la segunda que sobre esta materia elabora el Ejecutivo autonómico después de que la anterior, de 6 de febrero, decayera sin ser tramitada en el Parlamento regional, disuelto por la convocatoria electoral del 25 de mayo.
Entre otros aspectos, el texto remitido al Parlamento de Castilla y León busca erradicar "las conductas dirigidas al impedimento del ejercicio de las funciones o al desprestigio, tanto profesional como personal, de los funcionarios". Para ello tipifica el acoso moral o 'mobbing' como falta grave, con apertura de expediente que puede llevar a tres años de suspensión de empleo y sueldo o traslado de localidad.
Dentro del apartado dedicado a la conciliación de la vida familiar y laboral, el proyecto amplía la duración de la reducción de jornada por lactancia de un hijo menor a doce meses (antes nueve) y por guarda legal de menores a ocho (antes seis) o parientes discapacitados. Se amplía asimismo la duración de los permisos por motivos familiares.
Asimismo, el régimen de vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario ha sido mejorado, quedando equiparado con el de personal laboral. Se posibilita la movilidad por razones de salud o recuperación física del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo.
Por otra parte, se duplica el número de plazas reservadas para personas con discapacidad, que pasa de un 5 a un 10% y se fomentan programas de integración social para el colectivo de discapacitados o ciudadanos con problemas de reinserción social.

EL PERIODICO DE ASTURIAS.- Opinión.

María Antonia Antón : Los bueyes y el eje
Unos bueyes arrastraban un carro. Como el eje rechinaba, volviéndose le dijeron: " Anda! mientras nosotros llevamos todo el peso, tú chillas". Así, también pasa con algunas personas, mientras unos se esfuerzan, otros fingen fatigarse.
En días pasados un pequeñísimo grupo de afiliados al PAS, se presentaban ante los medios como ´dirigentes e históricos del mismo´, con críticas absolutamente injustificadas al partido, a su situación y a su presidente.
En primer lugar tengo que aclarar que yo, como otros muchos, somos también ´dirigentes e históricos del PAS´, desde hace mucho más tiempo que todos ellos, y jamás por ello se nos ocurriría calificarnos así. Se trata, simplemente de una presunción un poco ´babaya´.
Fundamentalmente, porque como todos los militantes del PAS, no nos sentimos ni dirigentes ni dirigidos. Llevamos ya veinte años trabajando en concordia y buen ambiente, a gusto, en un partido donde todos ponemos y nadie recibe, en nuestro convencimiento de que nuestras ideas y nuestro esfuerzo son necesarios para Asturias.
En todos estos años, además, nadie se ha sentido presionado ni coaccionado para que emitiera su voto en ninguna dirección. Todas nuestras decisiones se toman de forma democrática, sin mangoneos. Esto es lo que no parecen aceptar el grupo de ´protestantes´, que pretenden que sus minoritarisímas posturas se conviertan en mayoritarias, esto es, que la mayoría haga lo que dice la minoría.
Es posible que, detrás de esta postura antidemocrática, se esconda un desprecio a los demás y piensen que los no sabemos lo que votamos, y que sólo ellos están capacitados, que los demás somos tontos y ellos listos. Por eso, sin duda, recurren al ´mobbing´ mediático, sin haber nunca presentado una idea ni una alternativa en el partido.
Toda su actitud y sus razonamientos se reducen a dos palabras: cobardía y deslealtad, cobardía para dar la cara en el partido y someterse el juicio de los militantes (ya he dicho que nunca han hecho una lista de candidatos ni han propuesto una idea), deslealtad para con los compañeros (es posible que nos crean tontos) y la democracia.
Le llama a una la atención que uno de ellos, que ha obtenido los peores resultados de la historia del PAS en Xixón, eche la culpa de su fracaso a los demás y él se exima de responsabilidad.
En fin, pensamos que estos "rapazos" que se creen tan valiosos para la patria, no deberían hurtar sus servicios a la sociedad asturiana. Como tienen la solución que a la mayoría no se nos ocurre (y democráticamente además, no los queremos), deberían irse a otro partido o fundar uno.
Qué corran a ello, que Asturias está muy necesitada!
Además, con lo listos y capaces que son, no les debería resultar difícil. Ellos progresarían sin tasa y nosotros no veríamos la democracia asaltada ni nos sentiríamos insultados por quienes nos consideran inferiores por no votar como ellos y por ser la mayoría.
La mayoría "histórica" algunos, la mayoría nueva otros. Pero, en todo caso, como en la fábula de Esopo, por más que chillen los ejes, no nos engañan.
Diego Medrano, hijo de Baudelaire y Lautréamont, literato laureado de malditísmo, sigue con esmero y profesionalidad ese dogma de Baudelaire de "ser sublime sin interrupción". Así hay que ser en la vida, el que va a contracorriente tiene menos riesgos de caer en la mediocridad, en la lepra común del oportunismo. El ser llamado Diego Medrano, desde su postura, es tan independiente como seductor.
Mil y una anécdotas me unen a este compañero de fatigas y mucha literatura. Recuerdo su frase en un encuentro literario: "Rubén, yo aun no he salido del Folies Berger". No ha salido él, al igual que tardó tanto en salir Rimbaud, y su ejemplo, aunque no guste, es el del ser a punto de la catarsis estética y escénica. Otra serie de anécdotas convendría reseñar sobre tal fiero animal literario. Por ejemplo, como cuando empezó un recital, citando a Lope: "El amor tiene fácil la entrada y difícil la salida", provocando el escándalo del respetable, con algunas señoras santiguándose con nerviosismo y compulsividad. Es la literatura, la buena literatura lo que el lector aspira a devorar.

Miércoles, 7 de enero de 2004


LA VERDAD.- Albacete.

Una trabajadora de la Universidad denuncia «trato degradante»
Asegura que fue obligada a trabajar para finalidades particulares de sus jefas La vista del juicio se ha fijado para el día 13
A. VICO/ALBACETE

El letrado Marcos García Montes y el penalista albaceteño José Joaquín Ramón Gómez se «enfrentarán» en un nuevo pleito tras la tramitación del caso del teniente coronel Peñafiel, en el que el primero defiende al presunto autor de las muertes ocurridas en la Comandancia de Albacete y el segundo se encarga de la acusación particular de las víctimas.

En una vista señalada para el próximo día 13 de enero, García Montes se hará cargo de la acusación particular, en nombre de Sonia Ruiz Martínez, de 28 años, licenciada en Derecho y trabajadora del Centro para la Información y Promoción de Empleo (CIPE), dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde entró a trabajar en octubre del año 2000.

Diligencias judiciales

Las denunciadas por Sonia Ruiz son Beatriz Alonso Sánchez, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y en su día directora del CIPE; Llanos López Muñoz, licenciada en Historia y coordinadora del CIPE y Ana Josefa García Sánchez, psicóloga técnica del CIPE, que serán defendidas por los letrados José Joaquín Ramón, Gloria Reales y Julio García, respectivamente.

La denunciante, tras un año de diligencias en el procedimiento criminal abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Albacete, ha conseguido que Roque Bleda Martínez, titular del Juzgado haya dictado un auto por el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, al desprenderse de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de tratos degradantes.

Las tres imputadas han interpuesto recurso de apelación contra este auto, si bien el juez de Instrucción ha estimado que «existen indicios racionales de criminalidad» contra una persona y ordena seguir los trámites por un presunto trato degradante infligido a la denunciante, con ocasión de la relación laboral prestada en la Facultad de Derecho bajo la dependencia de las denunciadas.

En la denuncia, por un presunto «delito de trato degradante en concurso ideal con un delito de lesiones psíquicas», la denunciante explica que fue obligada por la directora del CIPE, Beatriz Alonso a incorporarse a su puesto de trabajo «pese a no haber firmado contrato ni estar dada de alta en la Seguridad Social», advirtiéndole que no dijera nada, pues «no querían que el gerente del Campus (José Ramón Jara Vega) lo supiera».

Ruiz Martínez también afirma que no le permitían acudir al ambulatorio a realizarse las curas de una operación a la que había sido sometida, no se le permitía salir a desayunar y fue obligada a realizar el trabajo de la directora y la coordinadora, hacerles fotocopias de libros para su trabajos particulares, traerles y pagarles el café y el tabaco, cuidar a los hijos de las denunciadas, grabarles cedés en horas de trabajo y con medios de la Universidad, hacer recursos contra sanciones de trafico de familiares y amigos de sus superioras, redactarles las invitaciones para asistencia a congresos que organizaba el Departamento de Civil, etcétera, todo ello en horario laboral y mientras las denunciadas «se ausentaban del mismo».

Obligaciones que le eran impuestas bajo la presión constante de que o «accedía a ello o perdía su puesto de trabajo». Ante la quejas sus superioras le contestaron, asegura, que era «una simple auxiliar, que era una persona de tercera categoría que no servía para nada y que estaba allí y le permitían que darse por pena, porque era hija de una limpiadora».

Ruiz Martínez afirma que la obligaban a quedarse por las tardes, sin permitirle irse a su casa a mediodía, llegando a encerrarla una mañana y a retenerla tres horas contra su voluntad, para que dijera a Beatriz Alonso: «Aquí soy yo tu único dios y me tienes que venerar a mí». La tensión provocó en la denunciante varias bajas médicas y la recaída en la enfermedad de Chron por la que fue operada, y solicitó ayuda psiquiátrica. Denuncia también que se la obligó a redactar informes falsos sobre contratos del CIPE.

La denunciante puso los hechos en conocimiento de diversos órganos de la Universidad en abril de 2002 sin que hasta la fecha haya recibido contestación alguna.

También indica que tras sus primeras actuaciones, las denunciadas le dejaron de hablar, le asignaban tareas inútiles, difundieron rumores sobre problemas psicológicos y la hicieron víctima de otros acosos psicológicos, presiones y amenazas.

ALBACETE

Las acusadas niegan las imputaciones en su contra

En sus respectivas declaraciones ante el Juzgado número 5, el pasado 3 de febrero, tanto Beatriz Alonso como Ana Josefa García Sánchez y Llanos López, acusadas en este caso de supuesto acoso laboral en la Universidad, niegan los hechos que se les imputan.

Alonso Sánchez afirma que no es cierto que obligara con amenazas a la denunciante a que se incorporara al trabajo antes de tener obligación de hacerlo, ni la ha sometido a trato degradante. También asegura que nunca la insultó y que el trato, entre octubre de 2000 y febrero de 2002 fue «cordial».

En el mismo sentido se pronunció Ana Josefa, quien declaró no haber apreciado actuación por parte de Beatriz y de Llanos que supusiera vejación hacia Sonia, ni presenciado insultos, amenazas o coacciones. También rechaza que le fueran encargados trabajos impropios de su actividad, que se mofara de ella o la asustara amenazándola con un expediente disciplinario.

Llanos López, asimismo, dice desconocer si la denunciante fue o no coaccionada para que se incorporase antes de que tuviera obligación y mantiene que durante el tiempo que estuvieron juntas la relación ha sido normal.

ALBACETE

Rechazada la ampliación de una de las querellas del fiscal jefe
A. VICO/ALBACETE

El penúltimo de los varios coflictos jurisdiccionales que enfrentan al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia y director de la UNED, Andrés López Mora, con los trabajadores de esta última institución y con algunos sindicalistas se ha saldado con un auto en contra del fiscal jefe y su letrado Carlos Scasso.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Albacete, Antonio Antón y Abajo, niega la ampliación de la querella criminal presentada por la representación procesal de López Mora contra la trabajadora Margarita Guerrero Alfaro por el delito de acusación y denuncia falsa y delito de injurias y calumnias, «al no revestir los hechos carácter de infracción penal», acordando su archivo.

Contra esta decisión Andrés López Mora ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Albacete, si bien ninguno de los seis magistrados que forman la misma resolverán el recurso, después de haberse apartado del caso alegando amistad o cercanía personal o profesional con el fiscal.

Por el motivo anterior, serán los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real quienes tendrán que resolver este recurso, como ya hicieran en la querellas contra Manuela Sánchez Ortega, María Ángeles Claramonte Jiménez, Isabel Josefa Cantos Jiménez, así como contra Joaquín Muñoz o Ascensión Palomares. de la federación de enseñanza de la Unión General de Trabajadores.

Los querellados de la Uned alegaron acoso moral, personal y profesional por parte de López Mora y del secretario de la UNED, el ex comisario de policía Antonio Moreno; los sindicalistas criticaron la situación de supuesta incompatibilidad de López Mora, a un tiempo director de este centro y fiscal jefe.

El cruce de denuncias se produce al tiempo que se han generado una serie de incidencias entre empleados y responsables del centro albaceteño de la UNED.

EL PAIS.- Cataluña.

¿Dónde pago el alquiler?
Vecinos de Ciutat Vella denuncian ser víctimas de 'mobbing' inmobiliario

BLANCA CIA - Barcelona

"¿Dónde hay que pagar? ¿Quién es el propietario?, ¿y el administrador? ¿Es que nos quieren echar como a los vecinos de al lado?". Todas esas preguntas se hacen, con una angustia terrible, un grupo de personas de
edad avanzada en torno a una mesa camilla del piso de María de la Luz.
Viven en el número 33 de la calle de Robadors, en el corazón de Ciutat Vella, en Barcelona. Es una zona en plena transformación urbanística, al lado de la nueva Rambla del Raval y frente a un inmenso solar en el que
dentro de poco se levantará un hotel de lujo, oficinas, pisos.

La palabra inglesa mobbing (acoso) hasta ahora no les decía nada, pero ahora saben de qué se trata: la presión que se ejerce al inquilino para que se marche. Lo han visto en no pocas fincas del barrio. Para evitar que alguien les eche por no pagar, han depositado dos meses de alquiler en una cuenta del juzgado. Nadie les reclama el alquiler y temen que sea la primera maniobra; es una de las técnicas de los promotores que compran fincas con inquilinos y quieren actualizar las rentas, es decir, sustituir a los inquilinos con contratos indefinidos y rentas bajas por otros a los que se les exige la renta actual.

El acoso inmobiliario se está agudizando en el centro de Barcelona. El verano pasado se denunciaron otros casos en el Casc Antic, también en Ciutat Vella. Es el distrito de la ciudad con una mayor concentración de inmigrantes (34%), buena parte en situación irregular, por lo que la proliferación de viviendas en las que se alquilan habitaciones es cada vez mayor. Además, la transformación que ha sufrido el corazón histórico de la ciudad lo ha convertido en un preciado bocado para el sector inmobiliario.

La voz de alarma la ha dado el párroco de la iglesia de Sant Agustí, Antoni Deulofeu, que ha acabado recurriendo a un abogado -cuyos honorarios asume la parroquia- para que se haga cargo del caso. "Cada vez son más las personas mayores que viven solas y son presionadas para conseguir que se marchen. Tienen miedo", resume.

El edificio del número 33 de la calle de Robadors tiene más de un siglo, como la mayoría de los que lo rodean. La prostitución ha formado parte del paisaje urbano del barrio durante decenios. Ahora también, pero es diferente. "Yo a las de antes, a las del barrio, las he visto crecer y hacerse viejas, como yo. Pero si eran casi como de la familia". Es Amapola Sanabre, de 66 años, que ha vivido en el primer piso de esa finca desde que nació. Cuenta que la prostitución que hay ahora es mucho más problemática: "A un lado de la calle están las africanas; al otro, las
rumanas, y los chulos, cerca. A veces se pelean y muchas veces entran en la escalera para... ya sabes. Es que cobran poco".

Amapola, como María de la Luz, Juanita, Lolita, Pilar y Carlos, está jubilada. Los ingresos de ellas se limitan a una pensión de viudedad que apenas les da para comer y costear el alquiler, que no pasa de los 83 euros mensuales, aunque la cifra oscila. Esa cantidad paga, por ejemplo, María de la Luz, que vive en el tercero. Pero más abajo, en el primero y el segundo, tiene vecinos marroquíes y paquistaníes que pagan unas 100.000 pesetas. Cuentan que del piso de los paquistaníes entra y sale gente de forma muy frecuente: "Aquí no hay familias. Les alquilan las
habitaciones". Lo dicen con la seguridad de haber visto extenderse ese fenómeno como una gota de aceite en todo el barrio. Lolita, que tiene contrato de arrendamiento desde 1935, asiente a lo que dice su vecina.

El estado de la propiedad evidencia que cualquier trabajo de conservación ha brillado por su ausencia. Estaban acostumbradas a que los propietarios de la finca se desentendieran de las humedades, de los problemas de las
canalizaciones e, incluso, de caídas de trozos de techos. Pilar, de 76 años, recuerda que entró en lo que ahora es su piso hace más de 20 años: "No había ni luz ni agua, pero me lo alquilaron". Si pierde el piso no tiene adónde ir. Ha consignado en el juzgado los dos meses que nadie le ha querido cobrar. Todos enseñan los papeles que han recibido. No los acaban de entender y, sobre todo, les angustian.

La finca cambió de manos hace unos cinco años. "Nunca tuvimos problemas para pagar el alquiler", explica Carlos, que es el que ejerce de algo parecido a presidente de la escalera y ayuda a sus vecinas. Tiene 71 años,
vive en el último piso de la finca y se ha ocupado de pintar y adecentar parte de la escalera. Y se nota.

El edificio cambió de manos y fue adquirido por una sociedad, denominada Ulist, SL, dedicada a la actividad inmobiliaria. Los inquilinos cuentan que detrás de ella estaban dos hermanos que llevan un tiempo pleiteando,
entre otras cosas, a propósito de la propiedad de esa finca. Lo cierto es que hay una querella criminal por falsedad en trámite en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona. Durante los últimos dos años los recibos mensuales del alquiler los giraba por banco la Cámara de la Propiedad. En octubre pasado recibieron una carta de una administración de fincas, Agapi, que se les presentaba como la gestoría que se iba a encargar de todo lo relativo a los alquileres. Pero prácticamente 15 días después recibieron otra carta, de la misma gestoría, diciendo que renunciaban "por imposibilidad" de ejercer su trabajo "con la profesionalidad que es debido".

Desde entonces no saben dónde tienen que pagar. Recibieron otra carta de Ulist, SL, sin fecha, en la que se les requiere que abonen los alquileres en una cuenta corriente. Mientras, ha aparecido el nombre de otra firma,
Sofic Investment, de la que no saben nada pero que, al parecer, puede ser la última propietaria del edificio, según un documento judicial. Nadie les da explicaciones sobre dónde están sus contratos originales de arrendamiento y mucho menos sobre de quién es la propiedad. Así las cosas, Carlos decidió acudir a los juzgados por su cuenta. "Yo no denuncio nada, lo que pido es que alguien me diga dónde tenemos que pagar para evitar que nos echen". De momento, el juzgado les ha indicado que consignen los alquileres en una cuenta bancaria judicial.

Jueves, 8 de enero de 2004


HOY.-Cáceres.

La Plataforma contra el Acoso Laboral se ofrece como mediadora

REDACCIÓN/CÁCERES
La Plataforma Extremeña contra el Acoso Laboral se ofrece a una institución pública de esta
provincia, como mediadora para intentar solucionar lo que para ella es un caso claro de mobbing.
A raíz de un reportaje sobre acoso laboral publicado en este diario, un representante de una institución pública quiso desmentir las declaraciones de una empleada que se había atrevido a contar su experiencia. Señaló que había dos sentencias que daban la razón a la empresa pública, y desestimaba la petición de mobbing de la afectada.

La Plataforma contra el Acoso Laboral afirma que en ningún caso se puede interpretar a partir de esas dos sentencias, «que éstas den la razón a la empresa, y mucho menos afirmar que los tribunales han declarado que los hechos sean inciertos».

Recalca que el que el representante de la Institución pública (de la que nunca se ha publicado el nombre en el reportaje), se apresurara a intentar desmentir a la empleada, «evidencia, de manera pública, la persecución a la que esta trabajadora se encuentra sometida».

AVILA RED.-

TOMA DE DECLARACIÓN

La afiliada que denunció a UGT por acoso moral, citada para declarar ante el juez.

El encargado de instruir las diligencias previas del caso, que ha llegado a la vía penal, es el juzgado número 2 de Ávila. Su titular ha emplazado a declarar a la demandante el próximo 14 de enero. La denuncia también se formuló por discriminación y difamación. Así, la trabajadora declarará ante el juzgado en calidad de perjudicada y con el propósito de que pueda emprender las acciones contempladas en el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre delitos contra los derechos de los trabajadores. Esta situación se produce después de que el 19 de junio de 2003 se condenara a UGT a indemnizar a la ex trabajadora del sindicato con 24.040 euros. por despido improcedente. La destitución tuvo lugar el 16 de abril del año pasado, luego de que la mujer denunciara ante la Inspección de Trabajo al sindicato por entender que existió una relación causa-efecto entre la denuncia y su despido. Seis meses después, la Inspección de Trabajo multó a UGT con 3.000 euros por no haber pagado la Seguridad Social a la trabajadora. Además obligaba al sindicato a abonar 5.400 euros por el periodo no cotizado. Pilar Bravo, afiliada al sindicato desde hace quince años, formaba parte de la plantilla de UGT en Avila desde 1996. Además, era delegada sindical de Castilla y León y estaba encargada de las elecciones sindicales.

Viernes, 9 de enero de 2004


DIARIO CÓRDOBA.- Almodóvar.

CTA denuncia al equipo de gobierno por acoso laboral
ALICIA CEBALLOS

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) va a denunciar al Ayuntamiento de Almodóvar por presunto acoso laboral a María del Carmen Gracia, delegada de CTA. El secretario general de este sindicato, Francisco Moro, manifiesta que el Gobierno municipal ha abierto un expediente disciplinario a esta trabajadora por incompatibilidad laboral, al compaginar su trabajo en el Centro de Información a la Mujer con el ejercicio como letrada en un bufete.
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Juan José Moro, indica que "hemos abierto un expediente informativo y no disciplinario a esta empleada por su presunta utilización de dependencias municipales para la captación de clientes. Enviaremos la resolución al colegio de abogados para que ellos decidan qué hacer".

IDEAL DIGITAL.- GRANADA

Un directivo lleva a juicio a su empresa por un acoso que le provocó depresión
Le cortaron el teléfono y lo trasladaron a una planta donde estaba solo, relata La empresa, que lo despidió tras denunciar su situación a Trabajo, lo niega todo

ROCÍO MENDOZA/GRANADA

Un directivo de una importante aseguradora nacional, Ocaso, ha llevado a juicio a su empresa por un caso de acoso moral en el trabajo, conocido comúnmente como 'mobbing'. El demandante, director de sucursal para toda la provincia de Granada, sostiene que fue sometido a una serie de circunstancias que califica como acoso, situación que lo llevó, incluso, a someterse a un tratamiento antidepresivo.

A. R. M., tras 16 años de intachable trayectoria en la empresa -así lo certifican cartas de felicitación por su trabajo- denunció a la Inspección de Trabajo que desde mayo de 2003 estaba siendo sometido a fuertes presiones de la empresa que motivaron su baja laboral el 15 de septiembre por una fuerte depresión.

En concreto, y además de las «duras críticas por el escaso e insatisfactorio trabajo realizado por la red comercial» recibidas por correo en mayo, el demandante sostiene que al regresar de vacaciones se encontró sin línea de teléfono ni conexión a internet, por lo que fue trasladado a una planta, donde trabajaba solo. La empresa achaca esto a una avería, aunque el informe de la Inspección de Trabajo realizado refleja que no ha sido acreditada con documentos.

Junto a ello, A. R. M. denuncia que comenzaron a circular descalificaciones personales y personales contra él, además de «recibir amenazas de despido». La situación de tensión era tal que, incluso durante una baja sufrida en mayo por un cólico nefrítico, acudía a su puesto de trabajo, según su versión. Hechos que constataron sus compañeros de oficina durante la inspección realizada por Trabajo.

Después de que el empleado se diese de baja por una fuerte depresión, enfermedad refrendada por un informe de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Granada, un responsable de la empresa acudió a la oficina para comunicar que iban a prescindir de los servicios de A. R. M., algo que sorprendió al personal, que manifestó haber tenido un trato normal con los trabajadores.

Este despido le llegó en forma de carta el 16 de octubre del pasado año, que fue posteriormente ampliada para anunciarle que el hecho de haber denunciado a la Inspección de Trabajo constituía una falta muy grave, que se incluía como cargo para motivar su despido.

Acusaciones falsas

La empresa niega la carga de trabajo, los bulos de desprestigio y su desplazamiento a una planta aislada, entre otros, y califica las acusaciones de inciertas, además de gravemente atentatorias contra la buena imagen de la compañía. Por su parte, la Inspección de Trabajo concluye su informe dejando a la autoridad judicial la decisión de si los hechos constituyen un caso de 'mobbing', porque los datos recopilados no permitieron a la inspectora apreciar claramente esta circunstancia.

Estas cuestiones se dirimirán en el juzgado de lo Social número 5 de Granada, que ha señalado para el próximo 22 de enero la vista, tras ser suspendida ayer por la falta de unas pruebas solicitadas.

PREVENCIÓN INTEGRAL.- Eventos.

La respuesta legal contra el acoso moral en el trabajo: mitos y realidades
Cristóbal Molina Navarrete. Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Jaén.
Cualquiera que sea verdaderamente el alcance cuantitativo del fenómeno patológico que subyace a la expresión, tan horrenda como afortunada, "MOBBING IN THE WORKPLACE" ( "Acoso Moral en el Trabajo"), lo que ya nadie duda es que tiene una incidencia creciente en nuestras organizaciones, privadas y públicas, y que, en consecuencia, suscita un interés y una inquietud de significativas proporciones. A partir de estas constataciones, sin embargo, todo se vuelve incierto. En el plano extrajurídico, se rivaliza en la búsqueda de la mejor denominación -acoso psíquico; acoso laboral; acoso psicológico; asedio moral, acoso moral en el trabajo, violencia psicológica; psico-terrorismo laboral ...-; se compite por el dato estadístico, exagerando -vgr. "epidemia"; "pandemia";¿16%?, ¿6%? o ¿ 3%?- o infravalorando el alcance real del problema; se "polariza" con radicalidad el debate entre los partidarios de una perspectiva "psicoanalítica", orientada a la delimitación de "perfiles de personalidad" y status personales -sexo, edad..-, y aquellos que enfatizan la perspectiva "organizativa" -"organizacional"-, por lo que en gran medida tenemos la impresión de asistir a un renacer del maniqueísmo moralista de "buenos" y "malos" -personas, organizaciones-...
En el plano jurídico, se discute agriamente sobre la necesidad o no de una legislación específica que nos ayude a afrontar este problema, hasta el punto de promover múltiples iniciativas parlamentarias y legislativas, amén de crear un nuevo espacio para el conflicto entre Administraciones Públicas Territoriales, por supuesto dentro del Estado pero también en la UE; se abren graves fallas institucionales en torno a cuestiones como el "bien jurídico" a proteger en estos casos, hasta el punto de dividir o generar un cisma en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; se multiplican los conflictos entre grupos o movimientos sociales, entre las asociaciones de afectados y los sindicatos, entre éstos y empresarios... Además, siguiendo la popular máxima "a río revuelto...", cada juez aprovecha para fijar su propia doctrina en esta materia, siguiendo una técnica de emulación del análisis "extrajurídico" que amén de errónea puede estar resultando peligrosa...
La comprensión del fenómeno, previa para ser arrostrado o afrontado correctamente en el plano institucional y jurídico, está por lo general "mal resuelta". La dimensión estadística varía en atención al Informe manejado, pudiendo existir el peligro de que un fenómeno que es a todas luces real "se trivialice de tal manera que acabe por resultar irrelevante", bien "por saturación o abuso" ( Informe Randstad. 2003) bien por incredulidad o subestimación de su alcance efectivo, bien por incomprensión del mismo ante el cariz moralista y personalista -intimista- que adquiere en los trabajos dominantes. Al mismo tiempo, este desencuentro en cuestiones fundamentales está llevando a una decantación judicial del comportamiento prohibido que puede generar una frustración extrema, y de nuevo peligrosa, en las personas afectadas, con pérdida irreparable para miles de ciudadanos y ciudadanas en el Estado de Derecho y en los valores centrales de la convivencia de cualquier sociedad civilizada.
A la vista de esta constatación, entendemos que el problema no es, pues, eminentemente legislativo sino fundamentalmente cognoscitivo: puesto que no sabemos bien a lo que nos enfrentamos, y en la medida en que tampoco nos creemos el enfoque que mayoritariamente se nos da, nos resistimos a utilizar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, y remitimos a la tranquilizadora imagen de una legislación específica que, a modo de "Mesías Salvador" nos proporcione las debidas orientaciones y nos instruya "fielmente" en el camino a seguir. Por eso, formo parte de un sector de opinión, no demasiado numeroso por el momento, que está firmemente convencido de que en nuestro Derecho contamos, desde hace tiempo además, con un amplio "arsenal" dispuesto contra estos comportamientos.
Pero para extraer todo su rendimiento a esta tesis tenemos que liberarnos de lo que, a nuestro juicio, son ciertos desarrollos erráticos de dilemas que nos parecen en buena medida falsos, por lo que no sólo es necesario sino que urge ya ofrecer una respuesta suficientemente sería y rigurosa, fruto del análisis interdisciplinar y de la reflexión sosegada y plural, para evitar que se consolide una práctica institucional, administrativa y judicial, errónea, y promover, en cambio, una práctica social, incluida también la intervención de los interlocutores sociales, más ajustada a las exigencias y desafíos de este problema. Entre éstos, y sólo a título de ejemplo podemos citar los siguientes:
¿ La ausencia de una legislación específica equivale a falta de "legislación adecuada" para afrontar el acoso moral en el trabajo de forma eficaz ? ¿ Cabe seguir confiando en un legislador futuro la respuesta, como preconiza con insistencia la mayoría de las asociaciones y colectivos antimobbing?
En el plano del fundamento jurídico: ¿ el mobbing como atentado a los derechos de salud laboral o a los derechos de salud cívica ?
En el plano del concepto jurídico o tipificación : ¿ recibimos el concepto psicológico o formulamos uno específico ? ¿ no hay un exceso de perspectiva "psico-analítica" en la comprensión de las conductas de acoso?
En el plano de las técnicas de tutela: si existen las vías y éstas son múltiples y muy diversas ¿ cuáles hay que considerar las más adecuadas para conseguir una justicia que satisfaga las pretensiones de las víctimas y realice el interés general violando en estos casos ?

Para más información

Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Jaén.

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