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Algunas otras novedades son:
- Se invierte la carga de la prueba, de forma que es el empleador el que ha de demostrar que su actuación ha sido razonable y no discriminatoria.
- La discriminación o el acoso laboral por motivos discriminatorios cometido por un empresario se considerará "falta muy grave" con una sanción que puede alcanzar los 90.000 euros.
- La discriminación o el acoso discriminatorio a un compañero podrá ser objeto de despido.
Por otra parte el Gobierno no aprobó una enmienda de CiU que permitía a los grupos sociales interesados, tanto de gais y lesbianas como de minusválidos, mayores, minorías étnicas, etc, actuar en nombre del trabajador discriminado, con consentimiento expreso de éste, ante organos judiciales o administrativos. Este punto que sí viene reflejado en la directiva comunitaria, no ha sido transpuesto correctamente por el Gobierno español, por ello la Fundación Triángulo interpondrá una queja ante la Comisión Europea.
Para Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, Presidente de la Fundación Triángulo, por la Igualdad Social de Gais y Lesbianas, una de las organizaciones españolas que más ha seguido y participado en el trabajo sobre no discriminación opina: "Es una muy buena noticia, y creemos que es un paso en la dirección de la Europa de los ciudadanos que es por la que nosotros apostamos, sin embargo, desgraciadamente el Gobierno Español se ha quedado corto, la enmienda de CiU era imprescindible para cumplir en su literalidad el mandato de la Comisión Europea, nos vemos en la obligación de presentar una queja para que la propia Comisión Europea nos ampare".
LA NUEVA ESPAÑA.-Opinión.
Mobbing
FERNANDO CUESTA FERNÉNDEZ
El «mobbing» nuestro de cada día... Por razones estrictamente profesionales, visito un céntrico establecimiento comercial gijonés, solicito factura conformada de una compra anterior y un joven empleado, amablemente, la complementa. Pero cuando está a punto de entregármela ya, otra empleada, de edad similar, le recrimina su proceder, puesto que la susodicha factura lleva la misma numeración que otra librada con anterioridad. A todo esto, uno asiste a la escena cual convidado de piedra. No puedo evitar sacar mis propias deducciones del hecho: las dos personas no ocupan un lugar similar en el organigrama de la empresa, aunque trabajan tras el mismo mostrador, una -la que se permite el lujo de abroncar en público- o bien pertenece al círculo de la propiedad o bien cumple funciones de encargada, mientras que quien recibe el chorreo es, a todas luces, un simple asalariado, un «mandao», vamos...
Y que nadie me malinterprete. Vivimos en una sociedad jerarquizada, y no entro a juzgar el derecho que le puede asistir al superior para afearle la conducta al subordinado si éste a su juicio la pifia en el desempeño de sus funciones. Pero, qué quieren que les diga... Uno cree firmemente en eso de que «la ropa sucia se lava en casa». La reprensión, por razones de cortesía, de estilo y, sobre todo, de respeto, debe hacerse siempre en privado, de puertas adentro, y si al cliente no le queda más remedio que enterarse, ésta ha de realizarse con los suficientes tacto y discreción como para que nadie pueda sentirse ofendido o violento.
Por supuesto, los superiores, jefes o jefecillos, pueden tener un mal día y pasarse uno o varios pueblos, pero que recapaciten sobre cómo les sentaría a ellos -en este caso a ellas- que los subordinados tuviesen también el día torcido y les contestaran de cualquier manera de cara al público...
Nuestra sociedad, que a menudo blasona de un supuesto igualitarismo, es básicamente desigual, pues en su seno no todos los individuos se encuentran en idéntica situación, pero la jerarquía no puede, no debe, estar reñida con el respeto. Me imagino que existen todavía quienes piensan que el jefe, por el mismo hecho de serlo, tiene siempre razón y eso le concede una especie de patente de corso para humillar a quien en circunstancias de la vida, a menudo azarosas, ha situado momentáneamente por debajo suyo en la escala social. Corregir es su derecho inalienable, ya que paga y es justo que exija rendimiento y eficiencia, pero la esclavitud y la servidumbre fueron abolidas hace tiempo (aunque algunos -y algunas- no acaben de creerselo), y se sorprenderían de saber cuán eficaz puede ser una corrección amistosa. Aunque tal vez un servidor le esté pidiendo peras al olmo, porque a un tiempo caracterizado por la precariedad de los contratos basura, por fuerza tienen que corresponderle relaciones laborales basura. A tal señor, tal vasallo.
HERALDO DE SORIA.- Local.
LABORAL
La Junta estudia si recurre el caso de "mobbing" en Soria
El delegado territorial de la Junta en Soria, Alberto Gañan, ha declarado que la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 hecha pública el miércoles en la que se considera al Gobierno regional responsable patrimonial contractual de los daños que sufrió una empleada de la Administración al incorporarse al puesto de auxiliar en la Biblioteca Pública de la ciudad, "estima parcialmente la solicitud de la demandante por daños morales, en ningún caso habla de acoso moral o mobbing".
Heraldo / ICAL | Gañán informó de que los servicios jurídicos de la Junta estudian la posibilidad de presentar un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Sin embargo, reconoció que "efectivamente en el convenio colectivo entonces en vigor no se reconocía la posibilidad de abrir un periodo de formación para empleados que fuesen reasignados a otros puestos de la Administración y cabía la posibilidad de que no se encontrasen con la competencia laboral suficiente para desempeñar esas funciones". En este sentido, el máximo responsable de la Junta en Soria señaló que el actual convenio sí contempla un periodo de formación para los empleados de la Administración regional que son reasignados a otros puestos como el de la trabajadora que demandó al Ejecutivo autonómico por acoso moral.
Por otra parte, el delegado territorial de la Junta avaló el servicio que presta la Biblioteca Pública de Soria, "que es reconocido por los usuarios, debido, en parte, a los profesionales que trabajan en ella".
LA TRIBUNA DE ALBACETE.-Firma invitada.
LA CONSTITUCIÓN Y LA PERVERSIÓN DEMOCRÁTICA Y SINDICAL
ASCENSIÓN PALOMARES RUIZ
El pasado día 6 la Constitución Española cumplió veinticinco años; sin embargo, estamos muy lejos de conseguir la comprensión, el respeto y la solidaridad de todos y todas para lograr esa sociedad más justa y participativa que en ella se establece, pues algunos de los «personajes» públicos compaginaban actos conmemorativos con la vulneración de derechos de los trabajadores de la UNED, facilitando el despedido del 50% de los auxiliares administrativos que figuraban en su plantilla, sin detenerse siquiera en leer la propuesta de los trabajadores. ¿Puede haber mayor cinismo y desvergüenza?
Las Declaraciones de Principios nacionales e internacionales, en el marco de los Derechos Humanos, plantean un discurso en contra de la discriminación y a favor de la diversidad y la integración de las distintas diferencias personales y sociales. Por ello, el desafío para este tercer milenio es la construcción de una sociedad, en la que las diferencias no sean situación a perseguir, sino una posibilidad de desarrollo y enriquecimiento.
En la actualidad, tras un largo camino de reivindicaciones y esfuerzos en pro de la salvaguarda de los derechos humanos, todavía resulta preciso seguir denunciando la vulneración constante de los mismos, en casi todos los países, incluido el nuestro, así como nuestra Comunidad Autónoma, provincia y ciudad. La libertad, la justicia y la paz conllevan el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los hombres y mujeres. Sobre esta base, en 1978, se abrió una puerta a la esperanza para la construcción de una sociedad en la que no prevalezcan las relaciones de dominio, subordinación y, consecuentemente, discriminación y exclusión, por razones de etnia, sexo, religión, origen socioeconómico, etc. Sin embargo, ¿qué pasa cuando quien tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos es denunciado como posible acosador -psicológica y laboralmente (mobbing)- por parte de trabajadores a los que parece que se les niega hasta el derecho constitucional de opinar en libertad?. ¿Es que la Ley no es igual para todos?
Durante el siglo XX y el actual, numerosas organizaciones y movimientos sociales han puesto de manifiesto que la universalidad e interdependencia de los derechos humanos es un presupuesto fundamental del desarrollo y, en el actual contexto de pobreza, conflictos bélicos, desigualdad y violencia creciente, resulta imprescindible fortalecer y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos con especial atención a los derechos laborales, económicos, ambientales, culturales y sexuales. Sería conveniente recordar -una vez más- que las personas deben disfrutar de todos los derechos humanos, sin distinción alguna basada en raza, edad, sexo, discapacidad física o mental, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Lógicamente, todos los hombres y mujeres tienen derecho a una participación igualitaria y equitativa en organizaciones laborales, políticas y sociales, así como al acceso a cargos públicos.
Por tanto, nuestros representantes sociales y políticos, no sólo deberían garantizar el cumplimiento de tales derechos, sino que también tendrían que eliminar cualquier obstáculo que dificulte el disfrute pleno e igualitario. Sin embargo, representantes políticos, sindicales y educativos de nuestra provincia y región se creen que con «alabar» -verbalmente o por escrito- los derechos constitucionales y aparecer en diversos actos ya están exentos de respetarlos y, en su caso, de cumplirlos y velar por su cumplimiento, con lo que el camino de la perversión del sindicalismo y la democracia va avanzado día a día.
Consecuentemente, hay que rechazar cualquier manifestación o hecho que -directa o indirectamente- pretenda invalidar a una persona ocupe -o no- un puesto público, basándose únicamente en algún aspecto de su condición personal o de su posicionamiento ante los intereses de los «poderosos». También hay que denunciar la posible utilización partidista de situaciones de discriminación, con el objetivo básico de conseguir votos y no transformar realmente sus condiciones de vida y trabajo.
Lamentablemente, muchas actuaciones de los representantes políticos y sociales dificultan el disfrute real de los derechos de cualquier hombre o mujer -de cualquier edad- a gozar de los beneficios de la ciudadanía plena y el desarrollo integral, a disfrutar de la paz y vivir una vida libre de violencia, ejerciendo sus derechos civiles, políticos, culturales, sociales, económicos, sexuales, etc., en un contexto saludable. No tiene ningún sentido que, en el Siglo XXI, tengamos que continuar realizando manifestaciones contra la pena de muerte, la guerra, el hambre, la violencia física o psicológica, la desviación de poder, el abuso en las relaciones laborales, etc.
De poco sirve que se le levanten voces denunciando la situación actual. Rápidamente, los poderes establecidos intentarán «matar al mensajero» y continuar en su situación de privilegio; por lo que se deben propiciar alternativas más amplias, precisándose un documento de protección internacional de los derechos humanos, que integre los avances realizados en el pensamiento y la experiencia habida, para garantizar los derechos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, en una sociedad en constante proceso de cambio y basada -cada vez más- en la revolución tecnológica.
La educación resulta la piedra básica para conseguir una sociedad más justa e igualitaria; pero difícilmente se puede avanzar, cuando el propio sistema educativo continúa siendo fuente de discriminaciones y abusos, al tiempo que el valor de opinar con criterio personal sea una de las principales causas que dificulten la promoción personal y profesional e, incluso, a veces, hasta peligre la propia integridad física, con la colaboración de los que usurpan funciones y vulneran los derechos de las personas que defienden a los trabajadores.
Está claro que debemos construir una sociedad más humana, realmente democrática, donde la armónica convivencia pluralista sea lo habitual y se favorezca la existencia de una Escuela integradora de las diferencias, sin ningún tipo de abusos y discriminaciones.
PANORAMA ACTUAL.-Economía.
La Fundación de Riesgos Laborales aprueba la gestión de 2003
El Patronato de la Fundación de la Comunidad para la Prevención de Riesgos Laborales se ha reunido y, tras hacer balance de la trayectoria de esta entidad durante el presente año, ha aprobado la gestión realizada en 2003.
Esta fundación, que es una entidad sin ánimo de lucro compuesta en sus órganos de gobierno por la Generalitat, CIERVAL, UGT y CCOO, es la primera entidad autonómica de su naturaleza constituida en España.
Este organismo, que se constituyó hace tres años, tiene entre sus objetivos promover las mejoras de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de acciones de información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva.
Durante el presente ejercicio la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laboral, que está presidida por el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha desarrollado proyectos como el Plan Metodológico para la Encuesta de Condiciones de Trabajo de la Comunidad Valenciana".
El objetivo de este proyecto, según informaron fuentes de la Generalitat, es abordar 4.000 encuestas de condiciones de trabajo en la Comunidad Valenciana y se ha constituido como un estudio pionero pues no existe ningún estudio específico sobre esta misma temática en el ámbito de la Comunidad.
Este año la fundación también ha desarrollado el proyecto Calidad en la Gestión de la Prevención, dirigido a promocionar y dotar de herramientas de formación y sensibilidad a las empresas en temas de gestión de la prevención con criterios de calidad, e integrarlos en los sistemas organizativos y de mando de las mismas.
Con una dotación económica de más de 125.000 euros, la Fundación ha presentado esta herramienta de trabajo a pymes y micropymes de toda la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, está prevista la realización de un estudio de investigación sobre Factores de Riesgo de acoso psicológico en el trabajo, que se realizará en colaboración con la Universitat de Valéncia.
Viernes, 26 de diciembre de 2003
EL NORTE DE CASTILLA.-Soria.
Condenan a la Junta a pagar un euro a una funcionaria soriana por «daño moral»
La Administración deberá además abonar otros 840 euros por honorarios médicos
EL NORTE/SORIA
El Juzgado de lo Social de Soria ha condenado a la Junta de Castilla y León al pago de 841 euros a la trabajadora M. B. M. por los daños morales que sufrió cuando fue recolocada como auxiliar en la Biblioteca Pública de Soria.
La sentencia estima en parte la demanda de la trabajadora y condena a la Consejería de Cultura a abonar la cantidad de 841 euros de los cuales 840 son por honorarios médicos y un euro por daños morales.
El fallo de la sentencia, al que tuvo acceso Efe, explica que existió «un daño psíquico evidente» durante el tiempo que trabajó en este centro dependiente de la Junta y que con anterioridad esta persona no presentaba ninguna enfermedad psíquica «lo que quiere decir que habrá que llegar a la conclusión de que entre la enfermedad y la reasignación hay una relación de coetaneidad».
El delegado territorial de la Junta, Alberto Gañán, puntualizó que la sentencia no estima en ningún momento «la existencia de 'mobbing' o de acoso moral y que únicamente determina que existieron daños morales derivados de un sistema de recolocación contenido en el entonces vigente convenio colectivo que se califica como deficiente».
Gañán atribuye al «inadecuado» sistema de recolocación los daños sufridos por esta trabajadora y no al trato dispensado por los trabajadores y la dirección de la biblioteca que a su juicio «están prestando un excelente servicio a un número elevado de usuarios».
IDEAL.-Granada.
Una comisión esclarecerá el enfrentamiento entre el primer edil y dos policías
MARÍA RUIZ/MARACENA
El Ayuntamiento de Maracena aprobó en el pasado pleno extraordinario la creación de una comisión de investigación para esclarecer los incidentes ocurridos el 29 de noviembre entre el alcalde local, Julio Manuel Pérez Martín (PP) y dos agentes de la Policía Local. Las versiones son totalmente diferentes. Los dos policías y el Sindicato Independiente de Policías Locales de Granada (SIPLG), aseguran que después de una llamada de atención a un conductor que había estacionado en doble fila, el alcalde les amenazó, empujó a uno de los agentes y rompió un cristal de las dependencias del Cuerpo de Guardia.
Pérez Martín niega las acusaciones de presión laboral -'mobbing'-, amenazas, insultos y agresiones y mantiene que fue sólo una conversación para evitar el trato vejatorio que las Fuerzas de Seguridad tuvieron con vecino de Maracena.
El pleno extraordinario para aprobar una comisión de investigación fue una petición de los concejales de PSOE (5) e IU (3) presentada el día 2 de este mes. El pleno se celebró con una sentencia del juez de paz sobre la mesa, que exculpa de cualquier delito al primer edil maracenero.
Antes del pleno, tanto Pérez Martín como sus socios de Gobierno, los concejales del ADM, habían adelantado su conformidad con crear la comisión de investigación. Por eso, el protagonismo de la sesión extraordinaria recayó en los enfrentamientos entre los concejales y la tensión de una posible moción de censura para echar del sillón de la alcaldía al PP.
Aunque la creación de la comisión se aprobó por unanimidad, el grupo de Gobierno decidió que tendría tres representantes, frente a uno del PSOE y otro de IU. El portavoz socialistas y presidente de la comisión, Noel López, explicó que este reparto hace que «no se vaya a aclarar nada que el grupo de Gobierno no quiera que se aclare», y añadió que el trabajo comenzará en la primera semana del próximo año.
«Lo que pasa es que usted está nervioso por el posible pacto para echarlo del Ayuntamiento, porque gobierna gracias a un pacto 'contra natura'. Y sin intención de molestar, hay que recordar otros incidentes en los que se ha comportado de manera dictatorial», expuso un edil socialista, José Luiz Bazzoco.
El portavoz del PSOE, Noel López, argumentó que la comisión de investigación pretende limpiar la imagen de Maracena y depurar responsabilidades, con el alcalde o con los agentes implicados.
LA PRENSA DE NICARAGUA.-Nacionales.
Denuncian acoso laboral en Enitel
Trabajadores dicen que los están amenazando con despidos para que vendan sus acciones a Megatel
Moisés Martínez
[email protected]
Sindicatos de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) denunciaron que sus administradores han aumentado las presiones para obligar a sus trabajadores a que les vendan sus acciones luego de que se completara la venta de esta empresa.
El pasado 17 de diciembre, el consorcio América Móvil, que es filial de la empresa mexicana Telmex y administradora de las empresas PCS Digital y Turbonett, presentes en Nicaragua, adquirió el 49 por ciento de las acciones de Enitel a un precio de 49.6 millones de dólares.
De acuerdo a Douglas Chávez, dirigente del sindicato 8 de Abril‚ a raíz de que esta operación se completara, los administradores de Enitel han amenazado con despedir a un estimado de 400 empleados, ubicados en cargos "de confianza", si éstos no venden sus acciones.
El personal de la oficina de Relaciones Públicas de Enitel se encontraba de vacaciones el día de ayer, por lo que no fue posible obtener la versión de los administradores de empresa sobre los señalamientos de los sindicatos.
"En mi caso me han ofrecido comprarme las acciones y me han acusado de desleal por no haberlas vendido, pero como trabajador de base estoy protegido por la Ley 293 y sus reformas que me dan un año de estabilidad laboral a menos que yo dé una causa justa para que me despidan", comentó Chávez.
"Pero esto no es así con los funcionarios de confianza, a quienes se les ha chantajeado diciéndoles que si no venden las acciones a Megatel se les va a despedir, porque es considerado un acto desleal y de desconfianza a la empresa", añadió.
MEGATEL ADQUIERE MÁS ACCIONES
Mencionó que los empleados de confianza, que ocupan puestos como jefes de departamentos, directores generales y subdirectores, debido a que en su mayoría tienen bastante tiempo de estar laborando en la empresa y buenos salarios, han logrado acumular un buen porcentaje de las acciones del 11 por ciento del total de Enitel al que tienen derecho sus empleados.
"Muchos ya han caído en la trampa, pero por eso es que les hago un llamado a todos los empleados de confianza para que se mantengan firmes y no vendan sus acciones hasta ver cuáles van a ser los resultados de la asamblea de accionistas del cinco de enero, ya que nosotros somos accionistas y este evento nos va a permitir negociar mejores condiciones laborales para todos", finalizó Chávez.
En la primera fase de la privatización de Enitel, el consorcio Megatel adquirió el 40 por ciento de las acciones de la empresa y un contrato de administración prorrogable a los 12 años. Sin embargo, según los sindicatos, han logrado conseguir hasta un siete por ciento más comprándoselas a los trabajadores.
IDEAL.-Almería.
Médicos de la 'Bola Azul' denuncian «acoso moral» por parte del SAS
I. F./ALMERÍA
El Colegio de Médicos de Almería denunció que los pacientes del Centro Periférico de Especialidades 'Bola Azul', ubicado en la capital provincial, «están recibiendo un perjuicio asistencial».
Según informó hoy el Colegio por medio de un comunicado, el 15 de diciembre se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Junta de Gobierno del Colegio, con motivo de la reestructuración asistencial que está llevando a cabo el SAS en los últimos meses en la 'Bola Azul', denunciar además que la administración autonómica «está ejerciendo sobre los profesionales un acoso moral, profesional y económico desmesurado».
Asimismo, explicaron que dicha circunstancia se ha producido «como venganza y castigo por no haber aceptado la oferta de cambio de su anterior situación laboral», ya que recibieron una oferta de jerarquización voluntaria para integrarse en los equipos del Hospital Torrecárdenas.
Según el comunicado, dicho «acoso profesional» conlleva «la infrautilización de sus recursos asistenciales con incremento grave de las listas de espera, toda vez que han visto reducido su trabajo diario a la atención mínima de enfermos con un incremento escandaloso de las listas de espera de consultas en las especialidades de los servicios de Torrecárdenas».
Dictatorial
A esto, añadieron que «estas medidas, que no han sido pactadas ni con los profesionales, ni con las centrales sindicales, ni con el Colegio de Médicos, atentan gravemente a la libre elección de médico tan vendida políticamente por la administración sanitaria».
En su opinión, «el carácter dictatorial de los que hoy dirigen el SAS en Almería se ha hecho evidente», e insistieron en que se ha producido «una operación de acoso y derribo a unos profesionales de contrastada solvencia y experiencia que, con toda responsabilidad, han prestado atención sanitaria especializada».
Para el Colegio de Médicos, «los únicos perjudicados son los enfermos porque les han reducido drásticamente el número de titulares adscritos a su cupo» y confían en que «la administración rectifique, antes de que resuelvan los tribunales, toda vez que se ha amparado en un supuesto legal para cometer un atropello con los pacientes y con los médicos en sus derechos adquiridos durante años».
LA NUEVA PROVINCIA (ARGENTINA).-El país.
Violencia laboral
Una ley de la provincia de Buenos Aires, recientemente sancionada, castigará a quienes hagan abuso de su autoridad en la administración pública bonaerense.
LA PLATA (Télam) -- Las personas que cometan actos de maltrato laboral en el ámbito de la administración pública bonaerense serán sancionas con penas que van desde el apercibimiento hasta la expulsión, de acuerdo con una ley que sancionó la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La define al maltrato laboral como el "accionar de funcionarios o empleados públicos que, valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancia vinculada a su función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, como:
* Integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador.
* Manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico o social".
La ley, que ahora espera su reglamentación, prevé la creación por parte del Poder Ejecutivo bonaerense de un ámbito donde se radiquen denuncias anónimas referidas al tema.
Los artículos de la norma determinan como "maltrato físico" a toda conducta que de manera directa o indirecta ocasione daños o sufrimiento físico a los trabajadores.
Como "maltrato psicológico o social", la ley entiende que los funcionarios o empleados que incurran en ese sentido serán aquellos que realicen una hostilidad continua y repetida en forma de insulto, desprecio o crítica de un superior a un subalterno.
Además, se prevé la aplicación de sanciones a aquellos que obliguen a otros a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana, asignar misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillar o juzgar de manera ofensiva el desempeño del empleado.
También se penará a quienes aíslen de manera injustificada a otro empleado, encarguen tareas imposibles de realizar o ejerzan amenazas reiteradas de despido infundado.
EUROPA PRESS.- Salud.
Andalucía.-El Colegio médico de Almería denuncia que los pacientes de un centro local "reciben un perjuicio asistencial"
ALMERIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Médicos de Almería denunció que los pacientes del Centro Periférico de Especialidades Bola Azul, ubicado en la capital, "están recibiendo un perjuicio asistencial".
Según informó el Colegio a Europa Press en un comunicado, el 15 de diciembre se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Junta de Gobierno del Colegio, con motivo de la reestructuración asistencial que está llevando a cabo el SAS en los últimos meses en la Bola Azul, denunciar además que la administración autonómica "está ejerciendo sobre los profesionales un acoso moral, profesional y económico desmesurado".
Explicó que dicha circunstancia se ha producido "como venganza y castigo por no haber aceptado la oferta de cambio de su anterior situación laboral", ya que recibieron una oferta de jerarquización voluntaria para integrarse en los equipos del Hospital Torrecárdenas.
Según criticó, dicho "acoso profesional" conlleva "la infrautilización de sus recursos asistenciales con incremento grave de las listas de espera, toda vez que han visto reducido su trabajo diario a la atención mínima de enfermos con un incremento escandaloso de las listas de espera de consultas en las especialidades de los servicios de Torrecárdenas".
Añadió que "estas medidas, que no han sido pactadas ni con los profesionales, ni con las centrales sindicales, ni con el Colegio de Médicos, atentan gravemente a la libre elección de médico tan vendida políticamente por la administración sanitaria".
En su opinión, "el carácter dictatorial de los que hoy dirigen el SAS en Almería se ha hecho evidente" e insistió en que se ha producido "una operación de acoso y derribo a unos profesionales de contrastada solvencia y experiencia que, con toda responsabilidad, han prestado atención sanitaria especializada".
Para el Colegio de Médicos, "los únicos perjudicados son los enfermos porque les han reducido drásticamente el número de titulares adscritos a su cupo" y confió en que "la administración rectifique, antes de que resuelvan los tribunales, toda vez que se ha amparado en un supuesto legal para cometer un atropello con los pacientes y con los médicos en sus derechos adquiridos durante muchos años".
DIARIO LA CAPITAL DE MAR DEL PLATA (Argentina).-
En la administración pública bonaerense
Sancionarán la violencia laboral
Los funcionarios que cometan maltrato laboral en la administración pública bonaerense serán sancionados desde el apercibimiento hasta la expulsión.
LA PLATA - Las personas que cometan actos de maltrato laboral en el ámbito de la administración pública bonaerense serán sancionadas con penas que van desde el apercibimiento hasta la expulsión, de acuerdo con una ley que sancionó la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La define al maltrato laboral como el "accionar de funcionarios o empleados públicos que, valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancia vinculada a su función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico o social".
La ley, que ahora espera su reglamentación, prevé la creación por parte del Poder Ejecutivo bonaerense de un ámbito donde se radiquen denuncias anónimas referidas al tema.
Los artículos de la norma determinan como "maltrato físico" a toda conducta que de manera directa o indirecta ocasione daños o sufrimiento físico a los trabajadores.
Como "maltrato psicológico o social", la ley entiende que los funcionarios o empleados que incurran en ese sentido serán aquellos que realicen una hostilidad continua y repetida en forma de insulto, desprecio o crítica de un superior a un subalterno.
Además, se prevé la aplicación de sanciones a aquellos que obliguen a otros a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana, asignar misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillar o juzgar de manera ofensiva el desempeño del empleado.
También se penará a quienes aíslen de manera injustificada a otro empleado, encarguen tareas imposibles de realizar o ejerzan amenazas reiteradas de despido infundado.
EL DIARIO DE MEXICO.-
Una sociedad para practicar la paz
En un mundo tan globalizado donde la violencia está al orden del día, es necesario que la sociedad sea educada para promover y practicar la paz, y retome los principios y valores del humanismo, perdidos por el competitivismo capitalista, señaló Marcela del Carmen Osorio García, catedrática de la Universidad Autónoma del estado de México y colaboradora de la revista Espacios Públicos, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Agregó que las relaciones humanas por ser complejas y diversas generan situaciones de conflicto que puedan desencadenar actitudes de violencia, por ello debe practicarse la tolerancia y desarrollar una cultura de paz.
"Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y cambiar actitudes para mejorar las relaciones con los demás y así como excluimos, marginamos y odiamos, también podemos hacer compromisos, reconocer las diferencias, dar cariño y promover la autonomía. Para lo cual, es necesario saber qué es la paz, la justicia y el respeto a los demás".
Explicó que extender y practicar la no-violencia, la tolerancia a diferencia de opiniones e ideologías es un elemento primordial que debe existir entre los seres humanos, pues la violencia comienza con la falta de respeto a reglas sociales para vivir en una comunidad. En la familia, pegar, insultar y maltratar psicológicamente convierte a un niño en un ser humano potencial para practicar la violencia.
Manifestó que la guerra y la delincuencia son los ejemplos de violencia más comunes que tiene la sociedad; sin embargo, existe otra que es silenciosa en ocasiones pero que también daña; la discriminación hacia los demás por raza, color, religión y poder económico, ya que también destruye y lacera a la sociedad.
Una educación de la no-violencia y la tolerancia en la población que tenga como base el respeto a las grandes o pequeñas diferencias que existen en la sociedad, grupos de trabajo, escuela, club social entre otros, permitirá tener naciones más sanas y dispuestas a trabajar para mantener la paz.
La práctica de la equidad de género en los países evitará la lucha constante entre hombres y mujeres, y se reconocerá la capacidad de ambos para desempeñar un trabajo o una responsabilidad. Respetar los derechos de los varones y las mujeres y reconocer sus diferencias por su condición física es un comienzo para evitar la violencia laboral.
Osorio García concluyó que las relaciones humanas son conflictivas, sin embargo la educación para la paz permitirá afrontar desacuerdos antes de que se conviertan en conflictos o actos violentos.
Sábado, 27 de diciembre de 2003
EL HERALDO DE SORIA.-Local.
JUSTICIA
La Junta dice que la sentencia no determina que hubiera "mobbing"
Reconoce que el sistema de colocación vigente entonces era "deficiente".
HERALDO. Soria | La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León asegura, en relación a la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 sobre la situación de una trabajadora en la Biblioteca Pública de la capital, que la decisión judicial "en ningún momento determina la existencia de "mobbing" o acoso moral, únicamente la existencia de daños morales -según expone el texto judicial- derivados de un sistema de recolocación contenido en el entonces vigente convenio colectivo que se califica como deficiente", expone la Administración regional a través de una nota de prensa.
En el mismo comunicado se explica que la sentencia de Lo Social "estima en parte" la demanda y condena a la Consejería de Cultura a abonar la cantidad de 841 euros, de los cuales 840 euros son por honorarios médicos y 1 euro por daños morales.
Además, la Delegación Territorial añade que la asignación al puesto de trabajo como auxiliar de biblioteca de M.B.M. se realizó con arreglo al primer convenio colectivo de 29 de diciembre de 1998, que no contempla la posibilidad de abrir un período previo de formación profesional, en aquellos casos en que los trabajadores recolocados fueran completamente diferentes a las funciones anteriormente desempeñadas, extremo que ha sido adecuadamente corregido en el segundo convenio colectivo.
Por otra parte, la Delegación asegura que la Biblioteca de Soria está prestando un "excelente servicio" a un número elevado de usuarios, "merced al extraordinario trabajo y profesionalidad de su directora y demás personal".
Por último, los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia.
NOTICIAS DE NAVARRA.-Local.
ENTREVISTA-PRESIDENTA DE 'MUJERES PROGRESISTAS'
Ainhoa Aznárez Igarza: "Hay que impulsar una reacción social y política en la calle contra la violencia sexista"
JESÚS IRIBARREN - Pamplona
-Es presidenta de la asociación Mujeres Progresistas. ¿Hay mujeres que no son progresistas? ¿Y hombres que lo son? -Sí que hay mujeres que no son progresistas y hombres que sí lo son. Aunque pensemos que la sociedad ha avanzado mucho, a veces sólo se avanza con la boca pequeña. No hay que olvidar que vivimos en una comunidad clasista y conservadora y que todavía hay mujeres que por su educación y por el qué dirán, que todavía pesa mucho, mantienen una forma de matriarcado muy presente en la zona norte del Estado y, cómo no, en las zonas rurales de Navarra. Hay que decir también que hay hombres progresistas. Por supuesto, van avanzando y tomando conciencia de cuáles son sus obligaciones en la sociedad actual: compartir las tareas del hogar, educar a sus hijos e hijas, asistir a los mayores, etc.
-El feminismo parece un discurso asociado siempre a la mujer, pero quizá debería ser una actitud general que impregnara todas las organizaciones y estructuras institucionales... -La importancia del feminismo está más que reconocida y muy valorada desde nuestra asociación porque sabemos que gracias a todos estos movimientos estamos hoy donde estamos. Un duro trabajo que han tenido que desarrollar durante años mujeres de mucho arrojo y valentía para abanderar aquellos discursos en los tiempos tan difíciles que les tocó torear. Pero pensamos que aquí no se trata de ser ni feminista ni machista ni cualquier otra etiqueta que se nos pueda colocar. Somos simple y llanamente mujeres y queremos que se nos trate como lo que somos: ciudadanas de primer orden, como cualquier persona de esta sociedad, con acceso sin cortapisas a todos los ámbitos potenciando una mayor presencia de la mujer en la cultura, en la política y en puestos directivos que hasta hace poco eran inaccesibles. -La derecha está apropiándose del discurso de la izquierda, vaciando de contenido algunos de los grandes conceptos. Más que de igualdad se habla de compaginar la vida familiar y laboral, colocan a mujeres a la cabeza de listas aunque a un determinado tipo de mujer...
-Esto evidencia la falta de progresismo de la derecha ya que quiere conciliar la vida laboral y familiar pero la discriminación positiva hacia el hombre que se debiera de aplicar en las diferentes empresas, generalmente repercute negativamente en la mujer porque sus salarios son menores y los trabajos más precarios. Así, a la hora de decidir quién se acoge a la excedencia la pregunta tiene fácil respuesta: la mujer. Consideramos que en política tienen que jugar un papel importante distintos perfiles de mujer; no sólo la guapa universitaria con masters en el extranjero sino también a la mujer que se ha hecho a sí misma recurriendo a una formación continua defendiendo su experiencia laboral y, cómo no, siendo mujer, compañera, madre y educadora. -En el reciente encuentro con defensoras del pueblo organizado por su colectivo con motivo del día contra la violencia sexista hubo una coincidencia general en actuar no sobre sus síntomas, sino por atajar sus causas. Causas que situaban en esa desigualdad o discriminación de base... -Como en casi todo, vivimos en un país que no cuida la prevención. Considero que no hay voluntad política para incidir en la prevención. Sólo se preocupa de la curación, por lo tanto, es muy difícil atajar las causas para poder poner cualquier tipo de remedio a la violencia de género. Sin ir más lejos, el Parlamento de Navarra aprobó en junio de 2002 la Ley integral contra la violencia de género, se reformó en marzo de 2003 y está sin presupuestar y, por lo tanto, paralizada.
-Aquel día pasó y la cifra de más de 80 mujeres muertas también. Ya son varias más pero sin embargo sus noticias ocupan columnas y breves en la prensa. Casi ninguna víctima de este tipo abre un periódico o un telediario ni se suspende un pleno para concentrarse en la calle ante otra nueva muerte. ¿No se está midiendo con distinto rasero a inmigrantes o mujeres? -Los políticos tienen que liderar una reacción de completo rechazo a este tipo de violencia con concentraciones cada vez que se produzca una muerte, un asesinato. Igual que se está exigiendo una asignatura de religión que debiera de ser optativa, se exija la implantación de una asignatura obligatoria en género porque todo ello irá en beneficio de las generaciones futuras. También hago alusión a los diferentes medios de comunicación dado que tienen que reflejar esta realidad como un hecho acuciante y tomar medidas que contribuyan a que la igualdad y la desaparición de este tipo de violencia por fin se consiga. Por ejemplo: la no utilización del lenguaje sexista, no mostrar una imagen denigrante de la mujer, etc.
-Se lo preguntaba porque así como en los últimos años se ha dado una necesaria rehabilitación pública de las víctimas del terrorismo, no se observa la misma vehemencia y sobre todo eco social ante las mujeres que van siendo asesinadas. Todos los crímenes son horribles, pero una mujer mayor me comentaba que éstos revientan la familia totalmente: el marido mata a su mujer y luego o se suicida o es encarcelado. Los hijos se quedan de un día para otro sin ningún apoyo y estigmatizados...
-Es cierto que los hijos sufren pero no sólo cuando pierden a la madre y el padre resulta encarcelado, sino que también padecen mucho en medio de una convivencia familiar violenta. En definitiva, esta problemática no solo incumbe a las víctimas que son las que más pierden, sino que con total seguridad, afecta a sus familiares y amigos más cercanos. Estamos por tanto, ante una enfermedad social de gran calado ya que atraviesa todos los ámbitos en los que la mujer se mueve: familiar, social y laboral.
-Otro asunto igualmente grave son los malos tratos y agresiones sexuales como violaciones. Se están sucediendo las campañas para animar a denunciar, pero las defensoras del pueblo alertaron sobre el riesgo de denunciar sin red, de animar a las mujeres a dar ese paso pero sin contar luego con los medios para garantizar su seguridad... -Aquí es preciso señalar la urgencia a la hora de ampliar recursos para la atención de mujeres víctimas de este tipo de agresiones. No estoy hablando sólo de medidas jurídicas o sanitarias, sino de que tengan un apoyo integral, global. Es decir, ayudas de tipo social como empleos y sueldos dignos para que puedan desarrollar una vida normalizada. En esta tarea todos nos debemos emplear a fondo según nuestras posibilidades, contribuyendo a un cambio de vida positivo en estas personas. Existen experiencias en otras comunidades autónomas como la andaluza que incentivan fiscalmente a las empresas que contraten a mujeres víctimas del maltrato y fomentan las cooperativas formadas por estos colectivos. La misma Administración debería dar ejemplo a la patronal y en sus listas de contrataciones tener en cuenta la especial situación por la que atraviesan estas mujeres.
-Aunque cada vez menos, también suelen encontrarse con una estructura judicial bastante machista. Siempre nos sorprenden con sentencias absolutorias porque era "la mujer quien provocaba" y cosas de ese estilo. Por no hablar de temas tan difíciles de demostrar como el acoso sexual en el trabajo con la gran precariedad general que hay.... -El tema del moobing y acoso sexual en el trabajo es algo que no sale a la luz debido precisamente a la precariedad del empleo femenino que es un factor de freno para la denuncia de este tipo de situaciones. También quiero señalar que el incremento del protagonismo de la mujer en el ámbito judicial resulta imprescindible para que esas sentencias que nos resultan tan incomprensibles no se repitan.
-¿Cómo observa en esto a las nuevas generaciones? Usted misma forma parte de una nueva sensibilidad en Navarra: mujer, política y euskalduna.... -Ante las nuevas generaciones evidentemente, nos hayamos todos y todas enormemente esperanzados. La formación de nuestras jóvenes cada vez es mayor y eso siempre supone que el futuro les va a deparar una independencia económica que contribuirá a un mayor grado de libertad a la hora de tomar sus propias decisiones. Quisiera aprovechar ahora que estoy hablando de futuro, para lanzar un claro mensaje: debemos desde ya y progresivamente poner solución a la situación específica que vive la mujer discapacitada. Esto no es un tema baladí pues nos encontramos con un 85% de desempleo entre las mujeres discapacitadas. Es preciso tener iniciativas que lo solucionen porque este colectivo se ve abocado a una clara situación de dependencia respecto de sus padres o cónyuges. Y una y otra vez se les cierran puertas por su condición de discapacitadas. Pero no sólo voy a hacer mención a la discriminación hacia las mujeres discapacitadas. ¿Qué ocurre con el impago de las pensiones alimenticias de los hijos? De todos es conocido que hay un porcentaje mayoritario de hombres separados que no cumplen con sus obligaciones, no sólo las emocionales, educativas, afectivas..., todas muy importantes pero es prioritaria la manutención alimenticia para que los menores salgan adelante. Se da el caso de que muchos padres dejan sus trabajos y recurren a la economía sumergida para no cumplir con sus obligaciones económicas e incluso para que no les embarguen la nómina. Sin embargo ni políticos ni jueces desarrollan medidas que eviten estas injusticias. Hace años que se viene pidiendo que se organice un fondo de garantía social para que los niños que no reciben las pensiones, tengan un mínimo económico para sobrevivir. ¿Tendremos que salir a la calle a poner en evidencia a todos estos impresentables?
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