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Además, Agustín Caballero relacionaba su actividad como sindicalista en la Asociación de Trabajadores de Asturias con uno de los motivos de la persecución que sufrió y por la que llegó a necesitar una baja laboral al sufrir una depresión.
EL ADELANTO DE SALAMANCA.- Castilla y León.
CASI 17.000 ESCOLARES SE BENEFICIARAN DEL PROGRAMA
Aprobado un plan para alumnos especiales
La Junta tipifica como falta grave el acoso laboral entre funcionarios
La Ley de Función Pública afectará a más de 80.000 empleados
EFE
Un total de 16.788 escolares se beneficiarán del plan marco de atención educativa a la diversidad en Castilla y León, dirigido a los colectivos con necesidades específicas como inmigrantes, minorías culturales, usuarios de aulas hospitalarias y domiciliarias y superdotados.
El plan, aprobado ayer en Consejo de Gobierno, tiene como objetivo que estos alumnos superen su "situación de desventaja social" por medio de la formación, explicó el consejero portavoz, Antonio Silván. Actualmente, el alumnado extranjero en la Comunidad, que se encuentra con un idioma que desconoce, supone el 2,6 por ciento del alumnado de la enseñanza obligatoria en Castilla y León; las minorías culturales el 1,7 por ciento; las que tienen necesidades educativas especiales el 1,9 por ciento y los superdotados el 1,5 por ciento. El plan recoge además medidas para garantizar la orientación educativa y controlar el absentismo laboral.
Por otro lado, el acoso laboral dentro de la Administración de Castilla y León se considerará falta grave, con apertura de expediente que puede llevar a tres años de suspensión de empleo y sueldo o traslado de localidad, según recoge el proyecto de Ley de la Función Pública, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno.
El proyecto de Ley, primero que presenta el Gobierno de Juan Vicente Herrera en esta sexta legislatura, sustituye al de 1990, cuando la Administración contaba con 17.000 trabajadores frente a los 82.267 actuales
CORREO DEL CARONÍ.-Educación.
Miguel Obando llevará el caso hasta últimas consecuencias
Docente acosado solicitó inspección judicial en EB Luis Beltrán Prieto Figueroa
En menos de un mes en el plantel se han designado dos directoras encargadas, todo según la parte denunciante, por capricho de la jefa del Municipio Escolar Caroní
Miguel Obando, docente que a comienzos de diciembre fuera removido del cargo de director encargado que ocupaba en la EB Luis Beltrán Prieto Figueroa, solicitó este jueves una inspección judicial ante los tribunales de Ciudad Guayana, para dejar constancia de los atropellos sufridos en las últimas semanas, los cuales calificó como parte de un "acoso laboral".
El profesional de la docencia dio lectura, en compañía de su representante legal, de un documento en el que ratifica el hostigamiento y las amenazas de las que ha sido víctima desde que las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el estado notaron su militancia en la Coordinadora Democrática Regional y comprobaron su participación como observador en el pasado Reafirmazo.
Obando asegura que Lirisol Velásquez, jefa del Municipio Escolar Caroní, ha designado dos directoras encargadas en menos de un mes.
El segundo nombramiento se realizó este martes. Ahora la docente Princelis Castellanos estará al frente de la institución educativa, sin que hasta la fecha Obando recibiera la notificación en forma escrita.
En este sentido, el educador denunció que la persecución de su persona por parte de Velásquez le ha ocasionado trastornos en la salud que lo obligan a separarse de sus funciones hasta el día de mañana. No obstante, acotó, la enfermedad que padece no justifica un nuevo nombramiento de director que, a su juicio, es ilegal.
La inspección que solicitó Obando certificará según explicó, que la jefa del Municipio Escolar Caroní violentó la puerta de su oficina en la escuela para instalar a la nueva directora.
El afectado sostiene que no puede ser reemplazado y que aclarará el caso, pues su posición siempre ha sido mantener el proselitismo político fuera de los espacios educativos.
Apelará defensa ante la Defensoría del Pueblo y la Inspectoría del Trabajo, así como de las instituciones que considere apropiadas su abogado, "pues no hay razón para que violen mis derechos constitucionales", dijo.
Obando pretende mantenerse al frente de la escuela hasta que las autoridades educativas notifiquen por escrito la medida. Aseguró que agotará los canales administrativos regulares y que a través de la inspección judicial aspira ganar un recurso de amparo para que lo restituyan en sus funciones.
Espera que cesen las llamadas telefónicas anónimas y exige un pronunciamiento al respecto por parte de Mauro Suárez, jefe de la Zona Educativa en el estado Bolívar. (JA)
LA VOZ DE AVILÉS.-AVILÉS
Alcoa recurre la sentencia que la condena por acoso a un trabajador
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias deberá analizar el caso
REDACCIÓN/AVILÉS
La empresa Alcoa ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Social de Avilés que la condenaba por haber realizado acoso moral a un trabajador. La empresa no se muestra conforme con la decisión judicial y será ahora la sala de los social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias quien deba analizar el caso y confirmar si hubo o no acoso contra el trabajador. La sentencia definitiva puede tardar casi un año. Desde Alcoa no se realizó ayer ninguna declaración sobre este aspecto.
Como se sabe, el trabajador Agustín Caballero denunciaba a la empresa Alcoa al considerar que había sufrido acoso moral desde la compañía, lo que le había provocado una baja laboral. La sentencia daba la razón al trabajador y obligaba a la empresa a volver a destinarle a su puesto de trabajo, además de indemnizarlo. Tras la sentencia, Agustín Caballero declaraba a este diario que había más situaciones de acoso en toda la compañía, responsabilizándola de incumplir sus compromisos con la salud y seguridad de los trabajadores.
Además, Agustín Caballero relacionaba su actividad como sindicalista en la Asociación de Trabajadores de Asturias con uno de los motivos de la persecución que sufrió y por la que llegó a necesitar una baja laboral al sufrir una depresión.
ABC.-Castilla y León.
La Junta niega la denuncia de «mobbing» de Soria
El Gobierno regional negó ayer las acusaciones de acoso moral vertidas por una auxiliar de la biblioteca de Soria contra los trabajadores y la directora del centro y que fueron objeto de un juicio que se celebró en el Juzgado de lo social de la capital soriana. En declaraciones a Efe, el jefe del servicio territorial de Cultura, Pedro Asensio, defendió la actuación de los empleados y la dirección de la biblioteca y dijo que han actuado «de forma correcta y profesional sin que en ningún momento haya habido trato irregular». El responsable de la Administración regional explicó que la trabajadora denunciante ya puso de manifiesto sus temores a que no fuera tratada con objetividad.
ABC.-Castilla y León.
La Junta sancionará hasta con tres años de suspensión de empleo el acoso laboral en la Administración
JOSÉ LUIS MARTÍN. VALLADOLID
El Consejo de Gobierno aprueba por segunda vez el texto legislativo que trata de mejorar la calidad de vida de los 82.267 funcionarios de la región a través de medidas de conciliación con la vida familiar
Por segunda vez, el anteproyecto de ley de la Función Pública entró en el Consejo de Gobierno y fue aprobado ayer como proyecto de ley para su remisión a las Cortes regionales. En la legislatura pasada, finalmente, no se pudo aprobar en el Parlamento (fue la única ley prevista que no entró en la Cámara) por lo que ha tenido que volver a pasar por todos los cauces administrativos y legislativos.
La futura ley incluye como novedades, con respecto al primer texto, la tipificación como falta grave de las conductas por acoso laboral, más conocido como «mobbing», que podría suponer tres años de suspensión de empleo y sueldo o el traslado a un centro de trabajo en otra localidad, y también contempla la promoción de plazas públicas con carácter anual «para adecuar las plantillas de personal a las necesidades de los servicios», según explicó ayer el consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco.
Y es que una vez que se apruebe la ley se establecerán bolsas de empleo o listas abiertas que garanticen la objetividad y la inmediatez en la provisión de puestos vacantes y, a su vez, se acometerán medidas para reducir la interinidad -a un cinco por ciento en la Administración regional y a un siete entre los trabajadores de sanidad y educación, es decir, alcanzar una media de un 5%-. Actualmente la tasa de interinos más alta la sustenta el personal sanitario (24%), seguida por la de los laborales (23,17); docentes (15,40), y funcionarios (7,33%).
Más meses de lactancia
Otra de la novedades con respecto a la legislación actual de 1990 es que se duplica el porcentaje mínimo de reserva para empleo público para los discapacitados o personas con problemas de reinserción social, pasando del 5 por ciento actual al 10%. Pero quizá lo que más beneficiará a los empleados públicos de la Administración regional serán las medidas conciliadoras de la vida laboral y familiar. En este sentido, se amplía la duración de la reducción de jornada por lactancia de un hijo menor de doce meses (hasta ahora era de nueve) y por guarda legal de menores de ocho (antes seis) o parientes discapacitados.
Respecto al régimen de vacaciones, el proyecto de ley las equipara con las del personal laboral y también se posibilita la movilidad por razones de salud o recuperación física del propio funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo.
«Inculcar valores éticos»
Una de las claves de este texto buscan también la eficacia y la mejora en la prestación de los servicios públicos de Castilla y León y para ello se pondrán en marcha cursos de formación para «inculcar los valores éticos en el desempeño de las funciones públicas», según Fernández Mañueco.
Los cursos de formación continua también se verán reforzados con la nueva ley y servirán también para fomentar la promoción profesional de los empleados.
El consejero de Presidencia destacó el consenso con el que se aprueba el proyecto de ley de la Función Pública, ya que viene respaldado por los servicios jurídicos de la Junta, la Federación Regional de Municipios y Provincias, los representantes sindicales y el Consejo Consultivo
Sábado, 20 de diciembre de 2003
EL COMERCIO.-Avilés.
LABORAL.
CC OO respalda la denuncia a Aceralia.
La Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras mostró ayer el respaldo a las denuncias realizadas por Vicente Ordóñez por acoso laboral en Aceralia. Los servicios jurídicos de este sindicato están analizando el informe presentado por este trabajador. Además, pedirá una reunión con la dirección de Aceralia con el fin de que se tomen medidas para evitar estas situaciones.
EXPANSIÓN Y EMPLEO.-
La responsabilidad en accidentes
La cultura de la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, donde aún prevalece la idea de que el trabajador, no el empresario, es el que crea el círculo de riesgo.
Antonio Sánchez-Cervera, socio de Cohesión Preventiva
Ramón Senra, socio de Servimédica
Las últimas sentencias judiciales que han responsabilizado a varios trabajadores de los accidentes laborales están originando confusión en la opinión pública, cuando no cierta alarma social por la trascendencia de lo que se decide. ¿Cuál es el significado de este tipo de sentencias en una cultura de la prevención que hay que implantar en nuestro país? ¿Hasta qué punto es imputable al trabajador ser víctima de la ausencia de dicha cultura?
Lamentablemente continúa viva en la mentalidad común la concepción del accidente laboral como el resultado de un azar inevitable e imputable in extremis a la víctima -el niño se cae y su madre además le da un azote-.
Estamos ignorando la realidad de la prevención. El empresario es el creador único del círculo de riesgo, en el que se involucran todos los recursos materiales y humanos de la empresa, tanto privada como pública, incluyendo la administración estatal, autonómica y local.
Poder de dirección
Obviamente, la empresa se constituye con ánimo de lucro, correspondiendo exclusivamente a su promotor -el empresario-, el poder de dirección y organización de toda la actividad que se genere, de ahí deviene la totalidad de su responsabilidad no transferible ni a nada ni a nadie en cuanto tal responsabilidad.
El círculo de riesgo creado por el empresario implica a personas y bienes cuya seguridad e indemnidad tiene que ser o estar garantizada. Sólo el empresario posee la facultad de decisión sobre comportamientos ajenos en su propio círculo de peligros potenciales.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que recoge todo el acervo comunitario de la Unión Europea en materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene precisamente como diana ese círculo de riesgo. En tal sentido, la Ley, si bien señala al empresario como único responsable de garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, le dota al mismo tiempo de los medios necesarios para llevarla a cabo con la eficacia requerida.
No hacerse con los medios apropiados responde a una actitud cicatera imputable únicamente al empresario, obligado a conocer la realidad inesquivable para su empresa de la legislación preventiva.
La misma Ley dispone respecto del trabajador que previa la formación, información e instrucción que ha de proporcionar el empresario, adquiera una autonomía responsable en su puesto de trabajo. La realidad social nos dirá con propia voz si existe o no existe esta autonomía responsable en un trabajador a pie de obra: ¿tiene de verdad un trabajador esa autonomía?, ¿ la tiene su encargado?, ¿la tiene...? ¿quién la tiene?
Responsabilidades
Lo que sí sabemos con certeza es lo que ha dicho el legislador: esta responsabilidad la tiene el empresario en origen y toda su escala de jerarquía de mandos. Sin una autonomía formada e informada del trabajador ¿hay responsabilidad? Ésta debería ser la cosa juzgada.
No hay que olvidar que lo que en la mente de un trabajador puede traducirse como cortedad para hacer o decir algo a sus jefes relacionado con sus condiciones de trabajo, viene, en gran parte, motivado por su inseguridad personal y el temor a que la respuesta de los mandos le cause un perjuicio más allá de lo que razonablemente demanda o demandaría y, esto puede traducirse, léase como se quiera, en un acoso sobre el trabajo, lo que llamamos mobbing laboral.
El estado de derecho se construye sobre una clara división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial ). El poder legislativo ya se ha pronunciado en este tema de manera incontestable a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Código Penal, que en su artículo 316 tipifica el delito de riesgo en esta materia.
Corresponde ahora al poder judicial aplicar con finura esta ley. La finura está en el buen espíritu. Un buen espíritu judicial siempre ha de atravesar la grosura de las coyunturas y de la realidad social para alcanzar el espíritu fundacional de la Ley.
Seguridad y salud
El mandato del legislador es incuestionable en este ámbito: la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores no es interpretable.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo con conocimiento, acierto y criterio, siempre ha sido explícita y contundente a este respecto, asignando el cupo de responsabilidad empresarial que no puede ser compartido con nadie.
Concluyamos que la prevención de riesgos laborales ha de ser asignatura de obligado cumplimiento -no asignatura pendiente- y que tiene un precio.
Señores empresarios, anímense a integrar a un nuevo e imprescindible socio en su empresa: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Señores jueces, sabiduría y ánimo.
Domingo, 21 de diciembre de 2003
EL MUNDO.-
DICE SUFRIR 'ACOSO LABORAL'
El PSOE denuncia el trato recibido por una marinera profesional
SERVIMEDIA
MADRID.- La diputada del PSOE Carmen Sánchez ha presentado una serie de preguntas al Ministerio de Defensa interesándose por el caso de una marinera profesional enrolada en el buque 'Pizarro' que denuncia sufrir "acoso laboral" por parte de una alférez de navío. Aunque la víctima quiere abandonar la Armada, no lo hace porque ha sido obligada a que en su baja aduzca "problemas familiares graves".
Según la documentación facilitada a la diputada socialista por la familia de la marinera, ésta ha venido sufriendo muchos arrestos sin motivos que los justifiquen y la apertura de un expediente disciplinario.
La joven dijo estar "perseguida laboralmente" por la alférez de navío. Se le pidió que se retractara de acusar a una oficial, y la marinera se negó. Por este motivo fue sancionada por falta grave y a cumplir condena en un penal militar, pero la familia denuncia que el arresto se hizo sin pasar por un juez militar.
La marinera profesional solicitó la baja de la Armada, pero para que se la concedan, se le ha pedido que la firme por tener problemas familiares graves. Siempre según la familia, la marinera dice que ella se quiere ir del Ejército por el acoso laboral que está sufriendo y que ése es el motivo que debe constar en su baja.
Hasta la fecha, la Armada no le ha aceptado la baja y, aunque el 13 de noviembre salió del penal, actualmente está de baja psicológica.
EL PERIÓDICO DE ASTURIAS.- Local.
CCOO estudia un caso de acoso laboral
EL SINDICATO Comisiones Obreras anunció ayer que investigará el supuesto caso de acoso laboral denunciado por un trabajador de Aceralia. Comisiones Obreras señala que estudiará los hechos y presuntas represalias advertidas por el empleado para respaldar al empleado en la posible presentación de una denuncia por acoso laboral contra la compañía siderúrgica.
Lunes, 22 de diciembre de 2003
METRO BARCELONA.- España.
Una alférez, denunciada por acoso laboral
¡La diputada del PSOE Carmen Sánchez ha presentado una serie de preguntas al Ministerio de Defensa interesándose por el caso de una marinera profesional enrolada en el buque Pizarro.
La marinera denuncia sufrir "acoso laboral" por parte de una alférez de navío. Aunque la víctima quiere abandonar la Armada, no lo hace porque ha sido obligada a aducir en su baja "problemas familiares graves". Según la documentación facilitada por la familia de la marinera, ésta ha sufrido muchos arrestos sin motivo aparente y la apertura de un expediente. (Agencias)
ANDALUCÍA 24 HORAS.-
EL PSA de paterna pregunta al alcalde por presuntas irregularidades
El secretario de la ejecutiva local del PSA en Paterna de Rivera, Iván Vera, pregunta al Alcalde de esta localidad por "los fines para los que usa los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento o por cómo se llevan a cabo los procesos de contratación de personal, entre otros asuntos".
En principio, Iván Vera pregunta al primer edil de esta localidad por "la utilidad dada a los bienes muebles e inmuebles, como por ejemplo si el coche oficial, es empleado para uso particular en alguna ocasión.
Y hablando del coche oficial, también nos cuestionamos si es conducido por una persona que padece una enfermedad cardiovascular poseedora de una válvula en el corazón. De ser así, advertimos, haciendo un ejercicio de responsabilidad política, que esta persona estaría impedida para la circulación de vehículos públicos, con lo que se estaría cometiendo una irregularidad contractual y al mismo tiempo, ser coautor de un fraude a la seguridad social".
También en materia contractual, el secretario local del PSA en Paterna tiene sus dudas acerca de la forma en la que se han llevado a cabo los procesos de contratación del personal de ayuda a domicilio. "¿Ha habido concurso, los ha seleccionado el INEM por su capacidad para desempeñar el puesto de trabajo o porque están relacionados con el PSOE?". Asimismo, continuando con el personal del Ayuntamiento, pregunta Iván Vera al equipo de gobierno "si perjudica a quienes no son de su signo político, denegándole, por citar un caso, la entrada a las instalaciones deportivas, o reduciéndole la categoría profesional".
En materia urbanística, el secretario local del PSA en Paterna pregunta al Alcalde por los criterios seguidos para las concesiones de licencias de obras. "Es que, con la de casos que se ven, preguntamos para que los vecinos tengan la certeza de que en este Ayuntamiento las licencias se conceden a todo el mundo sin hacer distinciones".
En caso de que algunas preguntas tuvieran una respuesta afirmativa, advierte Iván Vera que podría estar produciéndose ciertas irregularidades, "como la posible desviación de caudal público para uso privado, fraude al SAS o moobing". Por ello, el secretario local preguntará estas cuestiones al PSOE.
Martes, 23 de diciembre de 2003
LA VOZ DE ASTURIAS.- Comarcas.
NEGOCIACION SOBRE LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO
UGT reconoce que el 50% de la plantilla de Llanes es interina
El sindicato acusa al SIPLA de querer que los policías "se vayan a la calle"
MARTA PEREZ CERNUDA
Representantes de UGT en Asturias y en el Ayuntamiento de Llanes, aseguraron ayer que han pactado con el alcalde, Antonio Trevín, una "reducción de la tasa de interinidad" de la plantilla municipal, que actualmente ronda el 50 por ciento. El gobierno socialista llevará a la negociación del convenio colectivo que se rebaje esa cifra al 8% como establece la ley.
Alberto del Valle García, secretario general de la FSP de UGT Asturias; José Blanco Quesada, de UGT-Oriente; Raúl Moro, responsable de los policías municipales de FSP y Manuel Angel Castro, secretario de UGT en el ayuntamiento, expresaron en rueda de prensa que aunque "no es el peor ejemplo de Asturias", llevan varios meses negociando con el regidor llanisco una mejora en la contratación.
Al respecto, los sindicatos valoraron que será mucho más fácil solucionar la problemática del personal laboral que la de los policías locales, puesto que los agentes están pendientes de la aprobación de la ley de coordinación del sector en el Principado, la única comunidad autónoma que aún no lo ha hecho.
Raúl Moro ratificó el "apoyo unánime" del sindicato a los policías locales interinos, que están viviendo una situación "grave y profunda" dentro del colectivo, por lo cual apuesta por una "consolidación" de sus puestos de trabajo mediante cualquiera de las vías legales establecidas.
Moro criticó la postura de "otros sindicatos", que quieren que los interinos "se vayan a la calle", respecto a lo cual UGT piensa que "hay algo más, intereses personales como fondo de esta cuestión".
El secretario de UGT en el ayuntamiento, Manuel Angel Castro, achacó al SIPLA el "bloqueo de la mesa de negociaciones" y recordó que CCOO no tiene representación en la junta. Castro corroboró que todos los agentes interinos "han hecho oposiciones" para su plaza, que no es de funcionarios.
Por otra parte, los representantes de UGT negaron "rotundamente" las denuncias del SIPLA y CCOO sobre un posible acoso laboral dentro del ayuntamiento.
EL COMERCIO DIGITAL.- Oriente.
LLANES
Apoyo a los policías locales interinos
M. L M./LLANES
El representante de la Unión Sindical de Policías Locales de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Raúl Moro, expresó ayer su apoyo a los interinos del cuerpo de Llanes y reconoció que sufren «una problemática grave y profunda».
Recordó que Asturias es la única comunidad autónoma en la que aún no se ha aprobado la Ley de Coordinación de Policías Locales, aunque el sindicato confía en que la nueva norma sea una realidad el próximo año. En este sentido, Alberto del Valle avanzó que UGT negocia con el Gobierno autonómico una serie de cuestiones para definir criterios que supondrán mejoras en la prestación del servicio y consolidarán el empleo de los agentes.
«La ley sentará las bases adecuadas para desarrollar las aspiraciones, competencias y deberes de los policías locales», aseguró Moro.
Críticas
Por otro lado, expresó también su «preocupación» por el ambiente que se vive en el cuerpo de la Policía Local de Llanes. «Otro sindicatos pretenden echar a la calle a compañeros que llevan años trabajando», denunció. Además, aludió a «intereses personales» que, desde su punto de vista, entorpecen las negociaciones.
El líder sindical negó que los agentes de la Policía Local de Llanes sufran acoso laboral. «En función de los contactos que mantenemos con la plantilla tenemos que decir que rotundamente no», subrayó. Un total de doce policías locales que prestan servicio en el concejo están en situación de baja laboral en la actualidad por prescripción médica y han presentado varios recursos.
LA NUEVA ESPAÑA.- Oriente.
El sindicato acusa al SIPLA de querer echar a policías locales a la calle
Llanes, A. P. S.
La situación de los interinos y el conflicto de la Policía Local llanisca es uno de los asuntos que más preocupa en la actualidad al sindicato UGT, según manifestaron sus representantes, que se desplazaron ayer a Llanes para analizar esta situación, según indicó el representante de la Federación de Servicios Públicos del Oriente, Juan José Blanco Quesada.
Contra el SIPLA
El secretario de la Unión Sindical de las Policías Locales de Asturias, Raúl Moro, acusó a los miembros de los sindicatos SIPLA y CC OO de «perseguir a los compañeros interinos para que los dejen en la calle». Según Moro, el problema que en la actualidad vive la Policía Local llanisca es «más de fondo», y añadió que «debe haber intereses personales porque no nos cuadran las cosas y no entendemos por qué motivo aquí lo profesional queda al margen».
Según UGT, lo llamativo del conflicto de la Policía Municipal llanisca es que sindicatos como el SIPLA defienden en otros lugares justo lo contrario de lo que reivindican en Llanes.
Además, Raúl Moro aseguró que UGT no ha recibido quejas por parte de los trabajadores afiliados al sindicato respecto de haber sufrido acoso en el trabajo.
Miércoles, 24 de diciembre de 2003
ABC.- Castilla y León.
Condenan a la Junta a indemnizar a una empleada por «mobbing»
ABC
SORIA. El Juzgado de lo Social número 1 de Soria ha condenado a la Junta de Castilla y León al pago de 841 euros en concepto de indemnización como responsable patrimonial contractual por el acoso moral en el trabajo, llamado «mobbing», que sufrió M.B.M. al incorporarse al puesto de auxiliar de biblioteca en la biblioteca pública de Soria. El fallo de la sentencia hecha pública ayer afirma que «hay un daño psíquico evidente» que es imputable a la Junta, «salvo que esta hubiera empleado toda la diligencia para prevenir el daño», informa Ical.
La representación legal de M.B.M. pidió en el primer juicio por supuesto «mobbing» que se celebra en Soria una indemnización a la Junta, como responsable patrimonial contractual, de 1.502 euros por los gastos de la asistencia jurídica, que no han sido reconocidos por el juez en esta sentencia, 840 euros por la terapia psicológica recibida y un euro por daños morales.
El juez considera probado en la sentencia, contra la que cabe recurso de suplicación ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que la enfermedad psíquica sufrida por M.B.M. «deriva del trabajo, aun teniendo en cuenta que ha habido otros recolocados a quienes les ha pasado lo mismo». El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Soria dice que M.B.M. «con anterioridad a la reasignación a la Biblioteca no presenta ninguna enfermedad psíquica.
En los fundamentos de derecho de la sentencia se explica que parece claro que M.B.M. fue recolocada al puesto de auxiliar de biblioteca después de ser declarada en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión debido a lesiones en la columna cervical y lumbar, «perdió la autoestima que le impide discernir la virtud y que le impide ser feliz» y añade que «si esto es así resulta que ha sufrido un daño moral que es imputable al demandado», en referencia a la Administración regional.
El texto jurídico relata en los fundamentos de derecho que las resoluciones del Procurador del Común demuestran al menos que la actitud de la Junta cuando un recolocado va a una Biblioteca «deja mucho que desear». «Resulta que ha sido el demandado (la Junta) advertido por quien es comisionado de las Cortes de Castilla y León y no ha hecho nada para evitarlo. No consta que en ninguna ocasión haya llamado al orden a los directores de las bibliotecas», dice el juez en la sentencia.
EL MUNDO.- España.
TITULAR:
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la modificación de varios artículos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, entre otras normas, para garantizar el principio de igualdad de trato a las personas en el ámbito laboral. Así, varias normas prohibirán expresamente, por primera vez, toda discriminación en el trabajo por razón de raza, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
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HERALDO DE SORIA.-
JUSTICIA
La Junta, condenada a indemnizar por el caso de "mobbing" de la Biblioteca
La sentencia del Juzgado de lo Social considera que existe "un daño psíquico evidente".
HERALDO/Ical. Soria | El Juzgado de lo Social número 1 de Soria ha condenado a la Junta al pago de 841 euros en concepto de indemnización como responsable patrimonial contractual por el acoso moral en el trabajo, llamado "mobbing", que sufrió M.B.M. al incorporarse al puesto de auxiliar de biblioteca en la Biblioteca Pública de Soria. El fallo de la sentencia afirma que "hay un daño psíquico evidente" que es imputable a la Junta, "salvo que esta hubiera empleado toda la diligencia para prevenir el daño".
La representación legal de M.B.M. pidió en el primer juicio por supuesto "mobbing" que se celebra en Soria una indemnización a la Junta, como responsable patrimonial contractual, de 1.502 euros por los gastos de la asistencia jurídica, que no han sido reconocidos por el juez en esta sentencia, 840 euros por la terapia psicológica recibida y un euro por daños morales.
El juez considera probado en la sentencia, contra la que cabe recurso de suplicación ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que la enfermedad psíquica sufrida por M.B.M. "deriva del trabajo, aún teniendo en cuenta que ha habido otros recolocados a quienes les ha pasado lo mismo".
El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Soria dice que M.B.M. "con anterioridad a la reasignación a la Biblioteca no presenta ninguna enfermedad psíquica, lo que quiere decir que habrá que llegar a la conclusión de que entre la enfermedad y la reasignación hay una relación de coetaneidad".
En los fundamentos de derecho de la sentencia se explica que parece claro que M.B.M., trabajadora de la Administración regional que fue recolocada al puesto de auxiliar de biblioteca después de ser declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión debido a lesiones en la columna cervical y lumbar, "perdió la autoestima que le impide discernir la virtud y que le impide ser feliz" y añade que "si esto es así resulta que ha sufrido un daño moral que es imputable al demandado", en referencia a la Administración regional. La sentencia recuerda que esta empleada tiene derecho a la que se asigne un puesto de trabajo distinto a aquel para el que fue declarada incapaz: "Esto quiere decir que tenía derecho a ocupar el puesto de trabajo en la Biblioteca de Soria, derecho que le ha sido reconocido por resolución administrativa y quiere decir que desde el momento de esta resolución era trabajadora de la Biblioteca con los mismos derechos y obligaciones que los demás auxiliares".
"Esto no se paga con un millón de euros"
Soria. M.B.M., la persona que sufrió "mobbing" en la Biblioteca Pública de Soria -según reconoce la sentencia del Juzgado de lo Social- aseguró ayer a este periódico sentirse "tremendamente satisfecha" con la decisión judicial. "Queda probado todo lo que quise demostrar en el juicio", asegura la trabajadora de la Administración regional.
En cuanto a la indemnización de 841 euros, M.B.M. aseguró que no le parecía mal, teniendo en cuenta que solicitó un euro por daños morales, el pago de la terapia psicológica y las costas judiciales (que tendrá que pagar ella). No obstante, M.B.M. insiste en que "lo que me ha pasado no se paga con un millón de euros".
LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.- HORTA
El CSIF vuelve a ganar un nuevo juicio al alcalde de La Pobla de Farnals
Obliga a conceder segunda actividad a un policía
Obliga a conceder segunda actividad a un policía
J. M. E./ POBLA DE FARNALS
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-CSIF ha ganado la tercera sentencia contra el alcalde de La Pobla de Farnals, José Vicente Sanchís.
Con esta resolución ya son tres las sentencias que emite el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana favorable a tres policías locales, afiliados del CSIF, que han denunciado el "acoso moral y psicológico".
"Sin embargo, aunque las tres sentencias nos dan la razón, el alcalde hace caso omiso y nos somete a situaciones laborales insostenibles. Es un mobbing puro y duro", señala uno de los agentes locales.
La última sentencia, resuelta el pasado mes de noviembre, reconoce a uno de los policías su derecho a pasar a segunda actividad, a causa de los problemas de salud que alega en su recurso.
La juez entiende que el agente demandante "formuló su petición de pasar a segunda actividad el pasado mes de mayo y hasta la fecha de la vista, 27 de noviembre, el Ayuntamiento no se ha manifestado iniciando procedimiento alguno" y por ello hay que entender "estimada por silencio" la petición del agente.
Las dos sentencias anteriores dictadas por el mismo tribunal la justicia reconoce el derecho a que dos agentes municipales pasen a segunda actividad.
El alcalde, ha reconocido una de ellas y tras la sentencia ha concedido la segunda actividad a uno de los agentes con horario partido de 8 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas. "Es un horario claramente discriminatorio contra mi, porque soy el único funcionario que no tiene jornada intensiva y por edad y salud, no debería realizar este tipo de horario", explicó el policía.
Este agente, perteneciente al sindicato CSI-CSIF, ha iniciado además un proceso ante la Inspección de Trabajo, donde ha presentado una nueva denuncia por "atentado contra la libertad sindical".
El policía señaló que acudió a una reunión que se celebraba en las dependencias del Ayuntamiento y en la que se iba a acordar la aprobación del convenio laboral. Según el policía "se nos negó la entrada, y que si estaba el CSIF ". El sindicato CSI-CSIF es el de mayor representatividad en el ámbito de la Función Pública y ganó las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Pobla de Farnals.
DIARIO EL DIA.- LA PLATA (ARGENTINA).
La Provincia ya tiene Ley contra la violencia laboral
Es la tercera en su tipo en el país y apunta a terminar con un flagelo creciente
La legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto que sanciona la violencia laboral en el ámbito de la administración pública provincial, entendiendo como tal "al accionar de funcionarios o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento , inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico o social".
La ley establece -entre otros puntos- sanciones correctivas que van desde el apercibimiento a la expulsión para quienes incurran en algún tipo de maltrato laboral, además de abrir las puertas para la creación, por parte del ejecutivo provincial, de un ámbito donde radicar denuncias anónimas referidas al tema.
El proyecto (E/141/01-02), que había sido presentado por la ex senadora Elisa Carca y ahora espera su reglamentación, se enrola en una tendencia por la cual se multiplican las iniciativas para controlar un fenómeno que se sabe en aumento en todo el mundo, aunque existen escasas cifras para medirlo.
Según estudios realizados en Europa, sólo en ese continente el 8% de la población económicamente activa sufre violencia psicológica en el trabajo (apenas una de las formas de la violencia laboral reconocidas y que recibe el nombre de mobbing), lo que produce pérdidas del orden de los 20 millones de euros al año.
En la Argentina se sabe que la situación es igualmente seria tanto en el ámbito público como el privado. Esto motivó estudios -como el de la socióloga especializada en el tema Diana Scialpi, que estudió el fenómeno en la administración pública nacional- e iniciativas legislativas, la primera de las cuales fue convertida en ley en la provincia de Tucumán
LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA LABORAL
Según los términos de la ley, se considera "maltrato físico" a toda conducta que directa e indirectamente esté orientada a ocasionar un daño o sufrimiento físico a los trabajadores, mientras considera maltrato psicológico y social a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica de un superior hacia un subalterno.
Entre las acciones que sanciona la ley se cuenta el obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana, asignar misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillar, juzgar de manera ofensiva el desempeño del empleado en la organización, aislarlo, encargarle trabajos imposibles o efectuar amenazas reiteradas de despido infundado. También se consideran violencia las inequidades salariales.
Fuentes sindicales destacaron el valor de la ley como instrumento para que los empleados provinciales hagan valer sus derechos frente a situaciones de violencia laboral que, afirman, "está actualmente naturalizada y silenciada".
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