de la opinión general, no es un problema que afecte sólo a los jóvenes o a los llamados grupos de riesgo, sino que alcanza a todos los ciudadanos, incluso mayores, puesto que en la ciudad se ha n detectado casos de seropositivos en personas de hasta 60 y 70 años de edad.

Con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra hoy, el Comité Ciudadano Antisida de Zamora ha elaborado una carta de reivindicaciones en la que pide a la iglesia católica que «no contradiga con mensajes moralistas la realidad científica» en materia de prevención del virus, informa Efe.

Opciones

El comité recuerda que la abstinencia sexual es una opción más en la prevención, pero que en ningún caso puede anular el uso del preservativo como otra opción más, ya que está comprobado científicamente que el uso correcto del preservativo impide la transmisión sexual de infecciones como el VIH. Abogar únicamente por la abstinencia como hace la iglesia católica, según el Comité Antisida, condena a las personas portadoras del virus del sida a no tener relaciones coitales, lo que supone «un acto de discriminación claro».

En materia de prevención, la organización no gubernamental reclamó a las instituciones que favorezcan una adecuada educación sexual y la apertura de centros de planificación familiar.

Asimismo, pidió que se revisen algunos protocolos y la legislación que dificulta el cumplimiento de los derechos humanos de las personas seropositivas.

Discriminación

El comité denunció que a personas con VIH se les ha privado de algunos recursos sociales como las residencias de la tercera edad o las casas de acogida de mujeres maltratadas.

Del mismo modo, denunció la discriminación y vulneración de derechos en el ámbito laboral, donde personas seropositivas son víctimas de despidos o de mecanismos de presión psicológica o 'mobbing' que propician su marcha voluntaria.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.- TARRAGONÈS

Un funcionario denuncia acoso laboral en Benestar Social de Tarragona
FERRAN GERHARD/TARRAGONA

Pedro Manuel Medina, un psicólogo del departamento de Benestar Social en Tarragona, ha denunciado que es objeto de acoso laboral desde hace más de un año, sin que el caso se resuelva.
El funcionario ha relatado que todo comenzó en octubre del 2002 cuando descubrió algunas irregularidades en expedientes de tutela de menores, que comunicó a su jefa Maria del Pilar Molero. Sin embargo, en vez de solucionarse las anomalías, fue apartado de su puesto tras una reorganización.
Medina ha explicado: "Después supe que los casos que pretendía revisar afectaban al marido de Molero y pensé que quería protegerlo". Luego, ha relatado, sufrió maniobras obstruccionistas: dificultades en el trabajo, desaparición de documentos que tramitaba y un anónimo dirigido a su esposa en que se le calificaba de "enfermo" y se le amenazaba. "Mi mujer estaba embarazada y por suerte no vio la carta, pero a partir de entonces opté por plantar cara", ha dicho.
Medina presentó una denuncia penal que fue sobreseída con la recomendación de que llevara el caso por la vía de lo Social, demanda que prepara.
Carme Borbones, delegada territorial de Benestar Social, ha admitido que recibió las denuncias de Medina y se abrió un expediente que fue archivado al negar Molero las imputaciones. "Era la palabra de una persona contra otra", ha dicho Borbones. La delegada ha reconocido la "gran valía profesional" del funcionario, aunque ha matizado que se optó por su traslado provisional para "intentar desactivar el conflicto".

IDEAL.- GRANADA

Dos agentes acusan al alcalde de Maracena de amenazarles de muerte en una disputa
El primer edil contradice la versión de los policías y argumenta que «no se puede tolerar la falta de respeto ni algunos aires chulescos»
MARÍA RUIZ/MARACENA

Los doce agentes de la Policía Local de Maracena se han unido a la denuncia presentada por dos de sus compañeros contra el alcalde maracenero, Julio Manuel Pérez Martín (PP) por trato vejatorio, amenazas, insultos y acoso laboral ('mobbing'). A las acusaciones se suma además el Sindicato Independiente de Policías Locales de Granada (SIPLG), que se personará en el juicio como acusación particular, según explica su portavoz, Miguel García Rubiño, «porque no se puede tolerar que un alcalde utilice su cargo para ultrajar y amenazar de muerte a dos agentes».

Los hechos se produjeron alrededor de las tres de la tarde del sábado, cuando una patrulla formada por dos agentes le llamó la atención a un conductor por tener aparcado su vehículo en doble fila. Este vecino estaba parado junto al alcalde en la céntrica calle Encrucijada, una vía estrecha y con hitos en los bordes. Según explica el SIPLG, los agentes le pidieron al conductor que retirara el vehículo para despejar el atasco que se estaba formando.

«Inmediatamente después, el alcalde les llamó por teléfono y empezó a insultarles y a amenazarles, hasta el punto de decirles vejaciones tales como 'sois unos hijos de puta' o 'si hace falta os pego dos tiros'. Y son insultos y amenazas que no justifica ni el cargo de alcalde, ni el de jefe, ni ningún otro», explica Rubiño. Los dos agentes que patrullaban en el turno de tarde del sábado pasaron ayer una revisión médica por un cuadro de depresión, por lo que han sido dados de baja de manera indefinida. Según sus compañeros de Maracena, el estado de ansiedad de los dos agentes tras el altercado con el alcalde era «importante, porque se notaba en sus caras que les había afectado mucho, algo que los médicos han entendido de la misma manera».

Le dio un empujón

La discusión continuó unos minutos después, cuando los agentes le pidieron a Pérez Martín que se presentara en el Cuerpo de Guardia para aclarar su procedimiento. «Pero en lugar de servir para relajar la situación, el alcalde se presentó gritando y en un estado de mucha violencia, y volvió a amenazar a los agentes».

«Incluso, añade, cogió a uno de ellos y le empujó, repitiendo que había sido una actitud intolerable, porque estando él delante, no tienen potestad para multar ni reprochar nada a ningún vecino», recalca el sindicato. Los dos agentes de Maracena, por su estado de salud, han dejado todas las diligencias judiciales en manos del SIPLG y, según diagnóstico médico, no volverán a ejercer hasta que la situación se aclare.

El alcalde maracenero relata una versión totalmente diferente de los hechos. «Estaba parado en la calle, y un vecino se acercó, con el coche en doble fila, a preguntar por una cuestión del pleno anterior. Entonces, escuché cómo un agente le gritaba que quitara el coche porque si no, se iba a acordar de él de aquí en adelante. Así que las amenazas fueron en todo momento de los agentes».

«Lo que pasa es que hay muchos aires chulescos entre algunos policías locales, y no se puede tolerar la falta de respeto a los ciudadanos. Este tipo de actitudes son las que están provocando una situación de inseguridad ciudadana», explica el alcalde, Pérez Martín, y añade: «No es el primer desacato que estos agentes muestran, y deben conocer que estando yo no tienen que actuar, y menos, de la manera que lo hicieron. Han intentado curarse en salud y denunciarme injustamente porque les dije que abriría un expediente disciplinario».

El Sindicato de Policías ha anunciado que ha convocado una concentración en repulsa por los hechos para el próximo viernes, a las diez de la mañana antes las puertas del Ayuntamiento maracenero.

LA VOZ DE ASTURIAS.- Comarcas.

UN CONFLICTO LABORAL QUE AFECTA A LAS FAMILIAS
Las mujeres de los policías de Llanes piden ayuda por carta
El colectivo comenta en el escrito que son víctimas de acoso laboral
La misiva está dirigida a diputados, senadores, sindicatos y ayuntamientos
MARTA PEREZ CERNUDA
Las mujeres de los policías locales de Llanes que se encuentran de baja psicológica desde hace varios meses han remitido cartas a senadores, diputados regionales y nacionales, ayuntamientos y sindicatos de toda Asturias reclamando ayuda ante el moobing y acoso laboral que sufren sus esposos por parte del ayuntamiento.
Varios políticos, algunos de los grupos del PP, confirmaron que han recibido la misiva, pero de momento no han decidido qué tipo de acciones pondrán en marcha.
Lo que está claro es que el conflicto entre los agentes y el gobierno que preside Antonio Trevín sigue sin resolverse, a pesar de la insistencia del SIPLA, de CC.OO y de los grupos de la oposición llanisca, que piden al alcalde que abra una mesa de negociaciones.
La escasez de policías se hacía sentir este mismo fin de semana en la villa, cuando dos civiles controlaron el tráfico frente antiguo casino, donde se está filmando una película. Muchos vecinos no se explicaban la ausencia de los municipales.
DIFERENCIAS El portavoz del PP, Félix Sánchez de Posada, culpa a Trevín de "haber iniciado esta guerra contra los agentes locales en el año 1999" y le echa en cara que esté haciendo "dejación de sus funciones como alcalde". Sánchez de Posada insiste en que la vía del diálogo es la única posible para tratar de resolver la situación.
El PP criticó que por primera vez "en muchos años" no se contrataran los siete agentes de refuerzo para el control del tráfico en el verano, a pesar de saberse la cantidad de bajas médicas. Este grupo también se pregunta si esta medida no "está calculada" para forzar una "crisis" en la opinión pública, "que revierta negativamente contra el cuerpo".
Las bajas llegan en algunos casos a los seis meses y el psiquiatra ha dictaminado que los medicamentos no serán efectivos "si no se resuelve el conflicto en el trabajo".
AMENAZAS "No queremos estar de baja", han afirmado constantemente los policías, pero "las amenazas de represalias cuando volvamos no cesan y está en peligro nuestra dignidad e integridad física". En la mayoría de los casos ni siquiera quieren hablar de un drama que, como demuestra la iniciativa tomada por las esposas de los agentes, repercute ya en el ambiente familiar.
Los agentes se sienten objeto de una "campaña de instigación" por parte del sargento y el alcalde por "haber puesto cara" a "contrataciones irregulares" de policías, cuando los que tienen puestos fijos "hicieron las oposiciones reglamentarias".
Actualmente el ayuntamiento ha abierto expediente disciplinario contra dos dirigentes del SIPLA, que podría traducirse en severas sanciones.
La presión se constata y los agentes de baja temen que después de haber pasado un examen riguroso para obtener su plaza no puedan volver a superarlo.
El SIPLA ha denunciado otros "atropellos de los derechos laborales" en el ayuntamiento llanisco, como la creación de plazas y la convocatoria de oposiciones sin la preceptiva negociación colectiva, se "persigue" a los representantes dictando resoluciones en las que se tratan los permisos sindicales como asuntos propios.

EL PAIS.- Sociedad.

Los médicos, cada vez más descontentos

Más de la mitad de los facultativos están insatisfechos y el 25% dejaría la profesión si pudiera
MAYKA SÁNCHEZ - Madrid
Insatisfacción, desmotiva-ción, falta de promoción, escaso tiempo para la formación continuada, sensación de acoso, discriminación, interinidad en el puesto, insuficiente reconocimiento social y remuneración baja son algunos de los sentimientos y percepciones que tiene sobre su profesión una gran parte de los médicos que desempeñan su actividad en la Comunidad de Madrid. Así lo ha puesto de manifiesto un extenso estudio realizado en 2003 por el Colegio Oficial de Médicos y promovido por el Grupo Medicina y Mujer, constituido hace tres años por doctoras de diferentes especialidades de todo el territorio español.
La metodología se basó en el diseño de una encuesta que se publicó en Madrid Médico, la revista oficial de este colegio profesional, a la que respondieron 1.554 facultativos. Según la psiquiatra Dolores Crespo Hervás, secretaria del Colegio de Madrid y vocal del Grupo Medicina y Mujer, los tres objetivos prioritarios de esta iniciativa eran describir las características sociodemográficas de los médicos, conocer la situación laboral del colectivo e identificar sus características profesionales.
De los 1.554 participantes, el 53% eran varones, con una edad media de 46 años, y el 47% mujeres, con una edad media de 40. El 70% de quienes respondieron estaban casados. Un 30% de los encuestados ejercía su actividad profesional en atención primaria y un 61% en la especializada. Un 62% trabaja en la sanidad pública, un 22% en la privada y el resto en ambas a la vez.
El estudio ha deparado algunas sorpresas notorias. Por ejemplo, que el 32% de los encuestados declara haber sufrido algún tipo de acoso en su medio laboral, sin que se aprecien diferencias estadísticamente significativas por sexos. Entre quienes han respondido afirmativamente a esta cuestión, la inmensa mayoría, el 70%, confiesa sentirse acosada moral o psicológicamente; un 12% se siente acosado por las condiciones profesionales en que trabaja; un 8%, por sobrecarga de tareas; un 6%, por razones sexuales (en este apartado la gran mayoría son mujeres), y un 4% afirma que es por motivos políticos. Concha Moro Serrano, vocal del Grupo Medicina y Mujer, considera que los datos "tan descorazonadores" de la encuesta son trasladables a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
"El descontento", dice, "no es patrimonio de los facultativos de Madrid. Este malestar profesional es endémico desde hace unos quince o veinte años en los profesionales de la medicina de todo el país. Entre otras razones, los médicos carecen por completo de promoción en su carrera profesional. Otros muchos permanecen indefinidamente en situación de interinidad y de precariedad. Y, si nos referimos a las retribuciones salariales, el problema es sangrante. Los sueldos de los médicos españoles, sobre todo los del sistema público, son los más bajos de la Unión Europea, según datos de la Organización Médica Colegial, y no se corresponden con la alta responsabilidad que asumen".
A juicio de Miguel Ángel Vargas Díaz, presidente de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo, el acoso psicológico es relativamente frecuente en todos los colectivos de trabajadores de los países desarrollados. "El acoso moral", dice gráficamente, "significa que le hagan a uno la vida imposible ciertos jefes o compañeros por muy variadas causas y de diferentes maneras. Las estadísticas demuestran que actualmente los factores psicosociales son el primer motivo de problemas de salud en el ámbito laboral".
La encuesta revela también que un tercio de los participantes afirma haber padecido en los últimos diez años alguna enfermedad relacionada con el ejercicio de la medicina. El estrés es, con mucha diferencia, el problema más citado. Este dato se corresponde plenamente con los expuestos en Santander el pasado octubre con motivo del último congreso de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (Semergen). En el congreso se expusieron diversos estudios según los cuales el 20% de los médicos padece el síndrome del trabajador quemado como consecuencia de un gran estrés laboral y de falta de motivación. Los mismos análisis muestran que un 10% presenta conductas adictivas. Otras dolencias bastante frecuentes asociadas a la profesión son las infecciones, la depresión y los procesos músculoesqueléticos (sobre todo, dolores de espalda).
Sin embargo, y siempre según la misma encuesta, los médicos parecen muy entregados a su trabajo y no tienden a acogerse a la baja laboral, puesto que el número medio de bajas en los diez últimos años ha sido tan sólo de 0,9. Los especialistas son quienes menos bajas solicitan.
El 51% de los médicos consultados se declara insatisfecho con el ejercicio profesional, hasta el punto de que un 25% del total cambiaría de profesión si pudiera. Los médicos que trabajan en el sector público son quienes más engrosan el colectivo de insatisfechos. Las áreas más citadas como responsables de esta insatisfacción y, por tanto, susceptibles de mejora son la formación profesional, la actividad asistencial y la investigación. El 82% de los consultados, también mayoritariamente empleados en el sector público, expresa su descontento por la falta de reconocimiento social de la medicina y por las bajas remuneraciones económicas.
El alergólogo Miguel Hinojosa Macías, que participó en la elaboración del estudio, expresa su solidaridad con todos los colegas consultados: "Nuestra carrera es muy larga, dura y exige una puesta al día constante, así como un alto grado de responsabilidad. Además, en los últimos tiempos apenas tiene expectativas de promoción, está muy mal pagada y socialmente infravalorada. Un médico adjunto o un jefe de sección pueden estar más de 20 años en el mismo puesto sin ninguna posibilidad de promoción. Esto acaba quemando, y mucho", concluye.

Ellas, más sufridas y más discriminadas
Las mujeres son, históricamente, más sufridas que los hombres. Esto es algo que coinciden en admitir diversas teorías antropológicas, sociológicas y psiquiátricas. Pero esta diferencia no se justifica por razones genéticas o biológicas basadas en diferencias sexuales, sino por razones fundamentalmente culturales y de diferencia de género, en función del rol que secularmente se han visto obligadas a desempeñar. La encuesta realizada por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid evidencia estas diferencias de rol. Así, con carácter general, los facultativos que han participado en la encuesta dedican, globalmente, tres cuartas partes de su tiempo por término medio a la labor asistencial. Pero si se analiza por sexos, se observa que las mujeres se entregan mucho más a la actividad asistencial que los hombres, en detrimento de otras actividades también importantes en la profesión, como la formación continuada o la investigación.La encuesta revela que las mujeres sólo dedican entre un 3% y un 4% de su jornada laboral a la docencia y la investigación, frente a unos porcentajes mucho más elevados en el caso de los varones.Según Jerónimo Saiz, jefe de Psiquiatría del hospital Ramón y Cajal de Madrid, las mujeres son, en principio, "mucho más entregadas y sufridas que los hombres". Tienen mayor capacidad de sacrificio y siguen padeciendo depresión en mayor proporción que los hombres. En situaciones extremas de entrega es más fácil encontrar a una mujer que a un varón."También es cierto", añade Jerónimo Saiz, "que ellas saben expresar mucho mejor las quejas, el dolor, los sentimientos en definitiva; y esto puede actuar en cierta medida como válvula de escape, como una especie de terapia de desahogo y liberación".Existen diferencias significativas entre la medicina privada y la pública por lo que se refiere a la proporción de hombres y mujeres. Así, el 73% de las médicas encuestadas ejercen en la red pública, mientras que entre los médicos, sólo el 52% trabajan en el sector público y muchos de ellos compaginan esta actividad con el ejercicio de la medicina en el sector privado.También son ellas quienes más sufren las situaciones de precariedad e interinidad. Sólo el 48% de los facultativos tienen contrato fijo y la mayoría son varones. Si, según la encuesta, el 40% de todos los entrevistados siente algún tipo de discriminación laboral, son las mujeres quienes, en su mayoría (52%), sufren este problema por razones de sexo.

LA OPINIÓN DE MURCIA.-

La UMU denuncia a un catedrático por acosar a una compañera
El denunciado se insinuó en varias ocasiones a la mujer, según un informe de la Universidad
La Universidad de Murcia (UMU) ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región a un catedrático de la Facultad de Derecho por supuesto acoso sexual a una compañera de su departamento que está casada. Al parecer, el denunciado se insinuó en varias ocasiones a la mujer, algunas en un tono muy subido. La Fiscalía ha devuelto el informe de la UMU porque tiene que ser la propia víctima quien denuncie.

IDEAL.- MARACENA

PSOE e IU ven caciquismo en la actitud del alcalde con la Policía
Macías, socio de gobierno del PP, apuesta por una investigación y habla de «errores» porque «no se puede ser descortés con los ciudadanos»

MARÍA RUIZ/MARACENA
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Maracena estudiaron ayer la denuncia interpuesta por el equipo de la Policía Local contra el alcalde, Julio Manuel Pérez Martín (PP). El Cuerpo de Seguridad presentó el sábado una denuncia contra el primer edil por amenazas, insultos y acoso laboral (mobbing) después de un enfrentamiento que se inició en la calle Encrucijada y que terminó, según mantiene el Sindicato Independiente de Policías Locales de Granada (SIPLG), con empujones y amenazas de muerte a uno de los agentes.

El secretario provincial de Izquierda Unida, Pedro Vaquero, manifestó ayer que, «aunque desconozco cómo sucedieron los hechos, conozco a la plantilla de la Policía Local de Maracena y me parecería inverosímil que se hubieran inventado algo así».

La misma postura mantuvo el coordinador local de IU, Evaristo Molero, que interpretó los acontecimientos como «una actitud dictatorial más propia de otros tiempos, totalmente reprochable e impropia de un alcalde».

Vaquero aclaró que «entrar en una espiral de enfrentamientos con el personal es una torpeza por parte del alcalde» y calificó el relato de los agentes y las amenazas de Pérez Martín como hechos «poco presentables y propios del caciquismo de la derecha que actualmente está en el poder».

Por el momento, el posible pacto de la izquierda para apoyar una moción de censura contra Pérez sigue siendo inviable para IU.

El líder del ADM, Manuel Macías, socio de gobierno del PP, no ha querido posicionarse y pide una investigación que determine lo ocurrido y depure responsabilidades. «Siempre he sido partidario del diálogo y creo que en este tema ha habido una intención de sacar las cosas de quicio. En general, siempre he estado del lado de los trabajadores, pero todo el mundo comete errores y posiblemente han descuidado una de sus obligaciones, porque no se puede ser descortés con los ciudadanos», recalcó Macías.

Por su parte, el PSOE define las acusaciones como una «grave situación política» y se ha unido a IU para solicitar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Maracena que aclare los enfrentamientos del sábado. Su portavoz municipal, Noel López, tacha de «dictatorial y agresiva» la actitud mantenida por Pérez Martín».

Despido improcedente

Pero el comportamiento y las acusaciones de violencia no empezaron el pasado sábado, según mantiene el PSOE. «Desde septiembre, el alcalde ha abierto dos expedientes en un alarde de despotismo», recalca López. «Ya tiene otra denuncia por despido improcedente y acoso laboral, que le ha puesto un compañero de partido que se ha visto en la calle después de mantener el mismo trabajo en el Ayuntamiento durante 6 años».

LA VOZ DE GALICIA.-Vigo.

Prostitución y acoso sexual laboral, entre las principales agresiones

A la violencia doméstica, Ana Míguez -presidenta del Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín-, añadió en este programa de radio otros tipos de agresión que afectan a las mujeres: acoso sexual laboral, mutilación genital femenina y prostitución.

Cargó las tintas en la prostitución. «En este momento, hay miles de mujeres en Galicia mismo que están siendo prostituidas a la fuerza. Mujeres que están en peligro de muerte y esto es así, porque lo sabemos de nuestro trabajo con mujeres prostituidas», afirmó. «No podemos olvidar a estas mujeres que son esclavizadas, con la colaboración de hombres que se permiten comprar sus cuerpos», apostilló.

Ángeles Martínez -presidenta de la Asociación Ovarias Coordenadora de Mulleres contra a Violencia de Vigo- pidió una ley integral contra la violencia de género que sea más eficaz. «Las mujeres siguen denunciando y exigiendo medidas que alejen a sus agresores, pero no se hace nada al respecto», señaló.

Considera que la situación más grave para las víctimas es cuando abandonan la Casa de Acollida, «porque es el momento más duro, debido a que han de volver a enfrentarse a la dura realidad, con grandes cargas familiares y escasos recursos económicos».

Rosa Fontaíña -responsable de la Red de Mujeres contra los Malos Tratos de Vigo- manifestó que «da lo mismo si la asesinada es una ama de casa o un prostituta, pero aun duele más este último caso».

DEIA.-Opinión

Valoraciones de puestos / Miguel Ángel Manjón

Cualquiera que esté inmerso, de buena fe y con honradez humana y profesional, en el mundo sociolaboral, habrá constatado que en muchos casos por él circulan aguas poco claras, enturbiadas, turbias o absolutamente podridas. No es de extrañar que en esos ríos revueltos haya muchos pescadores de intereses egoístas, espurios, ilegales e incluso penalmente ilícitos que ocasionalmente van saliendo a la luz pública, si bien no se les presta la debida atención, quizá porque existe el convencimiento generalizado de que son anomalías patógenas en un contexto general de relativa normalidad, aquello tan repetido de que una golondrina no hace verano.
Pero lo cierto es que los datos disponibles apuntan a que esas atmósferas laborales viciadas o irrespirables se extienden por centros de trabajo y empresas privadas, y también en las oficinas y dependencias de la Administración y las empresas públicas, más allá de lo que en buena lógica cabría suponer. Aquí, como recomendaba Bertrand Russel, la mejor lógica a utilizar, para empezar a entender algo, es la lógica a la inversa: ella es la que nos va abriendo el campo de visión desde el que hacerse una certera composición de lugar. ¿Cuál es esa lógica invertida? Muy sencilla y a la vez complicada, probar a imaginar el mundo al revés, a librarse de las apariencias engañosas: por ejemplo, que la pulcritud formal puede recubrir y velar contenidos abyectos y degradantes; que los renglones rectísimos y limpísimos, los renglones impecables en suma, los hayan escrito manos manchadas vaya usted a saber de qué, por poner otro ejemplo.
¿Quién no ha oído hablar del mobbing, esa palabra que parece el título de una película de terror, y que resulta ser una criatura mortífera protagonista de oscuros thriller de la realidad social más tenebrosa, y no fantasmagoría de ficción? Pero hoy no hablaremos de mobbing, sólo lo apuntamos y lo dejamos pendiente para otra ocasión.
Hoy entramos en la caja de pandora de una técnica del ámbito de la política estratégica de recursos humanos de las organizaciones empresariales y públicas: las valoraciones de puestos, poco mentadas y menos comentadas dado que no suelen trascender el estrecho y estricto rincón social en el que se aplican.
Las evaluaciones profesionales, previstas en la legislación, son propias de sociedades desarrolladas y, entre nosotros, consecuencia y efecto de la progresiva americanización de las costumbres que se viene operando desde hace tres décadas (en los EE.UU. todo se traduce a estadística, todo se mide, se cuantifica, se evalúa). Con ellas se pretenden poner en claro relaciones de cometidos laborales por tipologías de tareas y categorías profesionales, y llegar a cuantificaciones y cómputos siguiendo criterios estandarizados preestablecidos. Desde una perspectiva teórica, contribuyen a racionalizar y sistematizar los mecanismos y modos de las actividades y tareas en los procesos productivos y en los engranajes burocráticos, y en ese sentido producen un efecto favorable. Pero tienen el inconveniente, no menor, de que por su propia naturaleza no pueden comprender, ni reducir a medida, lo que no es cuantificable, lo que yendo más allá de la eficiencia y la eficacia puramente mecanicista, es más eficaz y más eficiente en la acepción más propiamente humana de esos términos. Por todo lo cual no es de extrañar que con esas evaluaciones ocurra lo que en el concurso de imitadores de Charlie Chaplin: que, presentándose de incógnito el propio Chaplin, no quedó el primero; o sea, que dado un modelo determinado, no se lleva la palma quien es más fiel a ese modelo sino el que mejor lo imita, por decirlo en muy pocas palabras.
Pero, dejando aparte la teoría, ¿cómo se hacen en la práctica las valoraciones de puestos? Ése es el verdadero meollo de la cuestión, en el que está en juego la equidad laboral más que en el campo abierto de las leyes y los principios teóricos, de los que puede hacerse capa y sayo, desvirtuación y fraude en nombre precisamente de su aplicación.
Al hablar de práctica (de cómo se hacen las cosas), lo primero que salta a la vista es que las valoraciones de puestos pueden hacerse bien o pueden hacerse mal. Si se hacen bien, la empresa, organización o institución mejora de forma directa (con la racionalización de los mecanismos y procesos productivos) e indirecta ( al aceptar los profesionales que sirven en ella unas evaluaciones equitativas). Si se hacen mal, como es obvio y de perogrullo, las cosas empeoran para todos (excepto para los ilegítimamente beneficiados a título personal, o con sus respectivos departamentos beneficiados en bloque para que el abuso se note menos), y lo que se genera es ineficacia e ineficiencia en el desempeño de los trabajos y en los resultados de la organización, institución o empresa. Y no obvia esta conclusión el hecho de que el mal hacer se trate a todas luces de empañar a través de los vericuetos del falseamiento por donde tan bien se mueven los intérpretes y beneficiarios de los intereses creados, que siempre son injustos y, con frecuencia, ilícitos.
¿Cómo detectar que una evaluación de puestos se ha hecho correctamente o, por el contrario, incorrecta y espuriamente? Una orientación al respecto la proporciona la opinión emitida por la Federación de Asociaciones de Catedráticos al referirse a la Agencia creada para las valoraciones en el ámbito universitario. Dicha Federación, crítica con los resultados de algunas de las valoraciones relativas a las Universidades, exige de la Agencia que actúe con criterios de capacitación (para conocer con detalle los cometidos y funciones que se valoran) y transparencia en el procedimiento de aplicación de baremos a los casos concretos (esto es, que los baremos sean claros e idóneos, y que se apliquen con motivada ponderación a cada afectado).
Pasando del ámbito universitario al ámbito sociolaboral general, y partiendo del resultado y efectos de una valoración determinada, hay una prueba indiciaria del buen hacer: que la evaluación reduzca, y no abra, el abanico de discriminaciones que ya existía en una organización determinada. Es buen criterio para evaluar a los evaluadores en medios laborales que deben ser democráticos, y no covachuelas para dar cobijo a incompetentes, interesados colusorios y arribistas. A veces, para tapar y tratar de remendar las críticas antidiscriminatorias, el covachuelismo se ampara en el presunto argumento de que de las subidas salariales también se benefician los discriminados. Presunto argumento, que no lo es, con el que se pretende ignorar que no sólo de pan vive el hombre. Y esto para empezar, porque ya dijo Keynes que en sociedades desarrolladas, y con más frecuencia de lo que se piensa, los agravios comparativos tienen efectos más perniciosos que los derivados de la escasez de recursos. Lo cual implica que, incrementados los recursos salariales disponibles, la justa distribución debe ser el principio esencial para el reparto equitativo del monto global.
Miguel Ángel Manjón es jurista y escritor

LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.- EDICIONES

Alertan del acoso laboral entre los médicos y denuncian "contratos basura" de 751 euros
El Sindicato Médico destaca que más de la mitad de los facultativos se siente desmotivado
Más de la mitad de los médicos se siente desmotivado, según el Sindicato Médico de Alicante, que advierte del acoso laboral al que están sometidos los facultativos, con "contratos basura" para especialistas que no superan los 751 euros netos al mes. Una encuesta revela que el 25% dejaría la profesión si pudiera.
E. B./ ALICANTE
Los médicos "están muy quemados", advirtió ayer el presidente del Sindicato Médico de Alicante, Pedro Mas. Una encuesta realizada por la institución colegial en Madrid demuestra esta realidad. Más de la mitad de los facultativos se siente insatisfecho con su trabajo hasta el punto de que el 25% dejaría la profesión si pudiera. Desde el colegio madrileño destacan que estos resultados son extrapolables a todo el país. Sin embargo, Mas señala que en la Comunidad Valenciana estos porcentajes se disparan.

Los "contratos basura se mantienen pese a las promesas realizadas por la Administración", apuntó el sindicalista. De hecho, y como ejemplo, apuntó el caso de Otorrinolaringología, donde los facultativos que acaban de especializarse deben someter a un contrato de horas para realizar guardias. El sueldo al que optan es de 751 euros netos al mes. Ésta es, según el presidente del Sindicato Médico, la media de las contrataciones en Especializada.

A estos bajos salarios _que aumentan en unos 300 euros en otras autonomías_ debe sumarse el alto porcentaje de interinidad. Mientras la oferta extraordinaria de empleo público que se lleva a cabo en todo el país conseguirá consolidar el empleo en un 80%, en la Comunidad sólo se logrará el 30%. De ahí el "acoso laboral" que, según Mas, sufren los interinos, quienes deben someterse a las directrices de los responsables si quieren renovar el contrato. Mientras, "las plantillas no se han incrementado desde hace años", cuando la presión asistencial se ha disparado tanto en primaria como en especializada.

Unos 5.000 facultativos están colegiados en Alicante _ unos mil trabajan en la sanidad privada_, y el 34% son mujeres, colectivo "sobre el que más recaen los contratos basura" al salir más promociones. La posibilidad de formación y de investigación "está descartada". Actualmente, los médicos sólo pueden dedicarse a la labor asistencial.

PANORAMA ACTUAL

El Hércules deberá indemnizar a Txutxi con 60.000 euros
De Panorama-Actual.es
El Hércules deberá indemnizar a su jugador Jesús Emilio Díez de Mier ´Txutxi´ con una cantidad alrededor de los 60.000 euros, según confirmó el presidente de la entidad, Enrique Carratalá, tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Social de Alicante a las dos demandas por retrasos y falta de pago de sus emolumentos, y por la de falta de ocupación.

Además, una vez la resolución sea firme el jugador, que se ejercita desde el inicio de la pretemporada en solitario, dejará de pertenecer al Hércules, al que todavía le unían dos años más de contrato. Txutxi afirmó estar "contento" con la sentencia.

"He conseguido lo que pretendía ya que sólo reclamé lo que me pertenece, nada más", dijo el vasco, quien reclamaba una indemnización mayor, de 141.042 euros. En cualquier caso, todavía se considera jugador del Hércules a la espera de conocer si el Hércules recurre, o no, la sentencia, y señaló además que la entidad alicantina le merece "todos mis respetos".

Txutxi tiene pendiente conocer una segunda referente a la demanda por daños y perjuicios, además de un tercer juicio por ´mobbing´ o daños psicológicos.

Por ello apuntó que esta primera sentencia favorable es "muy importante" porque considera que resulta favorable para salir victorioso en las siguientes. Carratalá realizó una "valoración negativa" de la condena, sobre todo, porque "un caso así no le gusta a nadie".

En cualquier caso, el máximo dirigente herculano apuntó que, pese a la rebaja de unos 80.000 euros entre lo que pedía Txutxi (141.042 euros) y lo que deberá pagar el club (60.000). "Todo lo que sea indemnizar no es positivo", agregó. "El Hércules no ha querido perjudicar a nadie y ha hecho las cosas como creía oportuno, porque el cuerpo técnico creía que necesitaba un entrenamiento específico", explicó Carratalá, quien señaló que la sentencia está en manos de los abogados del club, que la están estudiando para valorar un posible recurso.

"Creemos que vamos con la razón por delante y esperamos que las siguientes sentencias sobre este caso nos sean favorables", señaló en este sentido Carratalá.

LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.- COMUNIDAD VALENCIANA

UGT denuncia que hay 100 contratos ilegales en el Instituto de Atención a los Discapacitados
Acusa a la consellera De Miguel de permitir el fraude de ley
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT denunció ayer que unos 100 empleados del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis) están contratados en fraude de ley. El sindicato acusa a la consellera Alicia de Miguel, presidenta de la citada entidad, de permitir las presuntas irregularidades.
P. HUGUET/ VALENCIA
El Instituto Valenciano de Atención a las personas con Discapacidad (Ivadis) ha vuelto a ser acusado de irregularidades. Ayer, apenas unos días después de que el Comité de Empresa anunciara una denuncia por acoso laboral (mobbing) a una trabajadora, FSP-UGT manifestó que el 40% de los empleados están contratados en fraude de ley.

Estos alrededor de 100 empleados con contratos supuestamente irregulares están cobrando unos 90 euros menos de lo que establecen los acuerdos laborales, según la Federación de Servicios Públicos de UGT.

El sindicato agrega, en una denuncia presentada a la Inspección de Trabajo hace nueve meses, que los contratos son para jornadas de 35 horas semanales, cuando deberían ser 37,5 tal y como se recoge en la Relación de Puestos de Trabajo del Ivadis, entidad dependiente de la Conselleria de Bienestar Social.

Esta situación, siempre según fuentes sindicales, supone que los empleados (la mayoría, cuidadores de discapacitados) coticen 25 días menos cada año y, por tanto, puedan perder en el futuro prestaciones, como el subsidio de paro.

La FSP-UGT asegura que la Inspección de Trabajo ya ha realizado "tres requerimientos verbales" para que se solucione el problema. Al no haber reacción de la gerencia del Ivadis, el sindicato acusa directamente a la consellera Alicia de Miguel (presidenta del Instituto) de permitir las irregularidades.

Imagen irreal y desmentido
FSP-UGT reprocha a De Miguel que resulta "preocupante y lamentable que un organismo (el Ivadis) que trata de vender una imagen modélica y de eficiencia cometa esta grave irregularidad".

El director gerente del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado, Jorge Peña, afirmó en un comunicado oficial de la Generalitat que es "falso" que exista personal en el Ivadis en situación irregular. "Prueba de ello es que en enero de 2004 se aplicará el acuerdo alcanzado con el comité de empresa ante la inspección de trabajo y UGT", agregó la nota.

El gerente del Ivadis calificó las acusaciones de "desafortunadas y manifiestamente inciertas" y ofreció a los sindicatos "toda la colaboración para trabajar en el objetivo de la plena integración social y laboral de las personas discapacitadas".

LA VERDAD.- Deportes.

HERCULES
Txutxi queda desvinculado del club y se despide de sus compañeros
J. M. P./ALICANTE

El central vasco Emilio Díez de Mier, Txutxi, se despidió en ayer por la mañana de sus compañeros y del entrenador José Carlos Granero, al que le deseó mucha suerte para los partidos que restan para concluir la temporada.

Y es que el jugador, a la conclusión de su último entrenamiento con el técnico José Vicente Lledó, tuvo que preguntar a los directivos blanquiazules si hacía falta que tuviera que entrenar tras el fallo a su favor de la sentencia en la que el Hércules desvinculaba al jugador de la entidad y abonaba una cantidad cercana a los 63.000 euros.

Pepe Bernabé, director general del club, apuntó que desconoce si el Hércules recurrirá la sentencia. «Es un tema que llevan los servicios jurídicos del club y no puedo comentar nada al respecto», apuntó.

El jugador, que solicitaba 142.000 euros y la extinción laboral del club, ha visto como la justicia ha caído de su parte, a pesar de no percibir la totalidad de lo que había solicitado.

Nuevas demandas

Hay que recordar que Txutxi tiene pendiente conocer una segunda referente a la demanda por daños y perjuicios, además de un tercer juicio por mobbing o daños psicológicos. Por ello, apuntó que esta primera sentencia favorable es muy importante porque considera que resulta favorable para salir victorioso en las siguientes. Txutxi se marchó ayer, aunque seguirá viviendo de momento en la ciudad de Alicante.

LA VERDAD.- Albacete.

IU denuncia que PSOE y PP han contribuido al despido de tres trabajadores de la Uned
LV/ALBACETE

«Con los votos de los representantes del PP y del PSOE se ha despedido a tres trabajadores del centro asociado de Albacete de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned)». La concejal de IU, Rosario Gualda, convocó ayer a los medios de comunicación para «denunciar» lo sucedido en la última reunión del patronato de la Uned en la que se acordó la rescisión de los contratos de tres empleados, personal laboral fijo, de esta entidad con la única oposición de los representantes de los trabajadores y la abstención de los estudiantes, «pero con el voto a favor de los responsables del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta y de Caja Castilla-La Mancha». Gualda recordó que desde que se denunció acoso laboral en la Uned, la situación en este centro de trabajo se ha complicado; además, la edil izquierdista cuestionó el argumento esgrimido por la dirección del centro para llevar a cabo los despidos: problemas económicos. En este sentido, denunció que se gastaran 2.500 euros en la fiesta de inauguración del curso.

La coalición -que se sumará a la protesta estudiantil del 15 de diciembre- presentará una moción en el Ayuntamiento instando a todas las administraciones que financian la Uned que aporten un mayor presupuesto, y evitar así el despido de estos tres empleados, con más de 20 años de antigüedad.

IDEAL.- Provincia

MARACENA
Decenas de policías locales piden la dimisión del alcalde
El sindicato policial SIPLG se querella por injurias contra Julio Manuel Pérez Martín (PP) El regidor reclama diálogo a los agentes
MARÍA RUIZ/MARACENA

Alcalde dimite, tu guardia no te admite. Fue una de las frases m s suaves que le gritaron ayer m s de sesenta agentes de la Policía Local al alcalde de Maracena, Julio Manuel Pérez Martín, en una concentración que realizaron ante las puertas del Ayuntamiento. Los policías se unieron para apoyar a dos de sus compañeros maraceneros, que han cursado una denuncia contra el primer edil por amenazas de muerte, insultos y acoso laboral (mobbing). Los agentes esperaron bajo el balcón principal una respuesta de Pérez Martín, pero no la encontraron.

Los dos agentes, que no asistieron a la concentración porque continúan de baja por depresión, contaron con el apoyo de policías de Loja, Baza, Lanjarón, La Zubia, Albolote, Churriana de la Vega..., dirigidos por el Sindicato Independiente (SIPLG).

Reclamaron dignidad en su trabajo, el respeto de los políticos a los agentes y, principalmente, que Pérez Martín diera la cara y pidiera disculpas públicas por sus amenazas. Además, le acusaron de "buscar trapos sucios entre sus trabajadores para crear una cortina de humo que tape lo ocurrido, porque s lo da la cara ante la prensa con mentiras, acusó el portavoz del SIPLG, Miguel García Rubio.

Nuevas movilizaciones

El sindicato anunció además nuevas movilizaciones, esta vez con el apoyo de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía, que cuenta con m s de 7.000 afiliados. Si tú no tienes prisa en ofrecer una explicación le gritaron al alcalde-, nosotros tenemos menos. Y la próxima vez nos vamos a juntar quinientos agentes para paralizar Maracena y contarle a los vecinos qué clase de alcalde tienen, hasta que dimitas.

Además el SIPLG, que se va a personar como acusación particular en la denuncia de los dos agentes contra el alcalde, anunció una querella contra Pérez Martín por injurias al acusar públicamente a los dos implicados de hechos como acudir a sus turnos bebidos. "Estamos aquí para que los alcaldes como el de Maracena se den cuenta de que los policías locales no somos sus mandaderos, que estamos para velar por el pueblo y no para acercarles el café.

Apoyo de los vecinos

En la concentración se vieron además vecinos de Maracena, que esperaron una respuesta pública del alcalde local. También hubo un intento de contramanifestación, aunque con poco resultado. M s de un maracenero, aunque de manera aislada, se acercó al grupo para tacharles de sinvergüenzas y mentirosos. "Dicen que han intentado hablar conmigo y yo llevo toda la mañana escuchando insultos, pero nadie ha llamado a mi puerta para aclarar la situación", destacó Pérez Martín. El alcalde asegura que su comportamiento ha sido el correcto.

"El problema es que estén armados, y que algunos tratan con una falta de respeto inaceptable a los vecinos. Y no se puede consentir. S lo deseo que no pase nada grave que haga que todos me den la razón", recalcó. Además, aseguró que uno de los agentes tiene una causa en su contra por incidentes similares, "y yo fui el primero que le ofrecí el apoyo de los abogados del Ayuntamiento".

LA NUEVA ESPAÑA.- Sucesos.

Desestimada la demanda de una profesora de Derecho contra un catedrático

La denunciante anuncia que recurrirá la sentencia y arguye que lleva diez años sufriendo la vulneración de sus derechos fundamentales.

Oviedo, María ALONSO

La demanda contra el catedrático de la Facultad de Derecho que había sido denunciado por una profesora compañera de departamento, por la vulneración de sus derechos fundamentales, ha sido desestimada.

La abogada de la profesora demandante, Sofía González Lahera, se mostró ayer indignada por una sentencia que considera injusta y que pretenden recurrir.

Los hechos denunciados se remontan diez años atrás. «El catedrático, que trabaja en el mismo departamento, no le habla desde hace diez años y de manera continua la viene hostigando psicológicamente y de forma prolongada». La abogada de la profesora asegura que «el catedrático le profiere continuas críticas, insultos, la excluía y la llamaba a horas intempestivas».

Y es que la profesora presentó como prueba una llamada que, según Sofía González Lahera, se produjo desde el teléfono del hogar del catedrático a las cinco de la mañana. «Cuando se produjeron estos hechos mi clienta vivía sola, la llamaban de manera continua a distintas horas de la noche. Por eso compró un teléfono que registra las llamadas». Según la sentencia que se hizo pública el 4 de diciembre «de la controvertida llamada telefónica realizada el 24 de febrero de 2002 no se infiere una conducta reiterada de hostigamiento por parte del demandado y no se puede deducir que se producía una violencia psicológica sistemática que puedan ser reprochadas culpabilísticamente al actor».

La abogada de la profesora asegura que no les han dejado presentar más pruebas. «Por una parte, los hechos anteriores a febrero de 1999 consideran que están caducados y, por otro, se nos ha impedido que testifiquen los muchos profesores que han sido testigos de los hechos».

Sofía González Lahera asegura que tampoco se ha tenido en cuenta los daños que la situación ha provocado en su cliente. «Estuvo a tratamiento psicológico e incluso sufría taquicardias».

La abogada asegura que «sabíamos que la sentencia iba a ser la que finalmente ha resultado, pero seguiremos luchando porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y ahora que se celebra el aniversario de la Constitución es conveniente reseñar que estén pasando este tipo de casos».

Sofía González Lahera señaló ayer que el caso planteado por ella se refería a vulneración de los derechos fundamentales, aunque en la sentencia se habla de acoso moral. En la sentencia consideran que los hechos reseñados por la profesora, tales como una supuesta exclusión de un homenaje a un profesor o la exclusión por el demandando de forma discrecional del reparto de grupos docentes, son considerados «jurídicamente intrascendentes». La sentencia apunta que «ambas conductas, aún valoradas en su conjunto y no aisladamente como establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para apreciar su gravedad, constituyen a lo sumo manifestaciones de la degradación del clima laboral al que se había llegado, pero en ningún caso hostigamiento o conducta intimidatoria que suponga una vulneración de los derechos fundamentales en los términos exigidos por la ley».

La sentencia prosigue asegurando que «se establece que la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión legítima, lo que no ocurre en el presente caso en el que correspondiendo a la autora la carga de la prueba de acreditar que los daños y perjuicios que reclama son causados por el hostigamiento y tal prueba no se ha producido». La abogada de la profesora asegura que tienen muchas pruebas, entre ellas gran cantidad de testigos que han visto el supuesto trato que el catedrático le ha dado, pero que «no nos han dejado presentarlas en ningún momento» y destacó la intención de su cliente de continuar luchando.