La falta de respuesta (no solo por incapacidad, sino también por principio) del gobierno foxista a las exigencias de justicia del pueblo mexicano y de sus organizaciones democráticas revolucionarias, frente a los crímenes de lessa humanidad cometidos bajo el régimen priísta, prueba la complicidad de clase y contrainsurgente existente entre el viejo régimen político y los neoliberales panistas recién arribados al poder.

Este silencio ominoso reafirma un estado de cosas donde la injusticia y la impunidad siguen reinando, al mismo tiempo que mantiene abiertas las heridas que han significado, para el pueblo, las represiones y masacres cometidas en su contra por más de 70 años.

Las masacres del 68 y del 71, la guerra sucia de los 60 y 70 su trágica secuela de más de 800 desaparecidos políticos, el asesinato de más de 600 opositores al régimen priísta, así como las masacres de Aguas Blancas, el Charco, Acteal y el Bosque, por citar los hechos represivos más relevantes, son ejemplos claros de la lógica criminal con la que actúa la clase en el poder para preservar sus intereses.

Por ello, mientras la impunidad y la injusticia sigan prevaleciendo como política de estado, ninguna ley de amnistía, como la que promueven distintas fuerzas políticas en el ámbito estatal y federal, podrá finiquitar el conflicto armado existente en nuestro país.

Pues no se trata, tan sólo, de otorgar y recibir ‘perdón y olvido’ (eso significa la amnistía), sino de resolver las causas que dieron origen al conflicto armado.

Esto no quiere decir que los combatientes capturados por las fuerzas represivas no puedan acogerse a esa medida e insertarse legalmente en la vida política del país. En todo caso, una decisión como esa es estrictamente personal.

Pero, ni la ley de amnistía, ni la aprobación constitucional de los acuerdos de San Andrés, incluso, ni la probable incorporación del EZLN a la vida nacional como fuerza política legal darán solución al conflicto armado interno, al menos en lo inmediato. Porque estas medidas sólo eliminan algunas de las causas que originaron la lucha armada revolucionaria en nuestro país, más no todas.

El reconocimiento formal de los derechos y la cultura de todos los pueblos indios, ciertamente, permitiría al EZLN -si esta organización decide constituirse en fuerza política legal- contribuir a fortalecer la lucha abierta del pueblo mexicano y ayudar a llenar el vacío que ha generado la crisis de la izquierda y la falta de una alternativa verdaderamente crítica, disruptiva y libertaria, lo cual significaría, para el EZLN, el finiquito de una etapa de su desarrollo como propuesta política y el comienzo de otra.

Lógicamente, esta situación sería interpretada y difundida, por la clase política y algunos sectores de la sociedad civil, como resultado del 'triunfo' de la imaginación sobre la realidad, como resultado del 'triunfo' de la paz sobre la violencia o del 'triunfo' de la pura voluntad sobre las condiciones económico-políticas que originaron el conflicto.

El objeto de difundir estas creencias, por todos los medios posibles, sería promover la condena y tratar de justificar el aniquilamiento de las organizaciones que sigamos manteniéndonos en la autodefensa armada revolucionaria.

Esto explica el cambio de estrategia de los organismos empresariales, sectores gubernamentales reaccionarios y cúpulas eclesiásticas y militares que se opusieron, en un primer momento, al recorrido que hará el EZLN por varios estados de la república, a partir del 24 de febrero.

En el marco de sus propias contradicciones, los sectores industriales y financieros de la burguesía mexicana y el gobierno federal han decidido tratar de aprovechar la posible conversión del EZLN en fuerza política legal para reforzar la campaña contrainsurgente de ‘la guerrilla buena y la guerrilla mala’ y, con base en ella, reconocer legalmente a una e intentar aniquilar a otra para, finalmente, dar continuidad a la estrategia de expansión y reestructuración neoliberal sin tener que rendir cuentas a nadie y sin dar solución a las causas del conflicto armado interno.

No obstante, pese a la intentona empresarial y gubernamental, consideramos que la próxima jornada zapatista fortalecerá tanto al EZLN como al movimiento democrático revolucionario en su conjunto, poniendo de manifiesto la validez de la lucha de los pueblos indígenas y, particularmente, del recurso al que apeló originariamente el EZLN: el de las armas. Pues ha sido bajo la presión de la lucha armada que los márgenes de la lucha legal se han ampliado en nuestro país.

En efecto, sin la lucha armada iniciada desde los 60 y mantenida ininterrumpidamente durante casi cuatro décadas, sin la emergencia armada del EZLN en 1994 o la del PDPR-EPR en 1996, difícilmente se estaría en condiciones de acotar y tratar de revertir la embestida neoliberal.

Pero no debemos perder de vista, que la política es un arma de doble filo. Es decir, puede fortalecer el poder y la dominación política de los sectores industriales y financieros o puede facilitar la construcción y desarrollo de un verdadero poder popular.

Eso es lo que se dirime en el México de hoy, poniendo de manifiesto la pertinencia del arma incisiva de la crítica, así como de la crítica de las armas. Pues de lo que se trata finalmente es de superar la contradicción de la sociedad consigo misma, revolucionando prácticamente ésta.