La droga es una mercancía que ha dado lugar a una de las industrias más redituables del crimen transnacional, potenciada como nunca antes bajo la globalización capitalista.

Dicha industria no reconoce fronteras y se rige bajo la misma lógica con la cual opera cualquier industria en una economía de mercado: la ganancia máxima.

Pero, a diferencia de otras actividades económicas, la actividad industrial de la droga es una actividad ilegal, organizada y promovida por los denominados cárteles de la droga o empresas capitalistas ilegales, cuyos procedimientos criminales constituyen la más clara expresión del grado de enajenación y cosificación alcanzado por el hombre dentro del capitalismo.

En efecto, en el mundo capitalista el hombre constituye el medio y no el fin de su propia actividad. Importa, no como hombre, sino como instrumento o fuerza de trabajo. Importa la valorización del capital, no la vida ni la valorización del hombre. O dicho en otras palabras, en el mundo capitalista importa tener más y de ningún modo ser más en un tener común.

Como es sabido, la producción y venta de mercancías, incluida la compra-venta de fuerza de trabajo, se encuentra regulada jurídicamente con base en las leyes económicas capitalistas y la lucha de clases.

Pero la producción, procesamiento, trasiego y consumo de la droga es una actividad no sujeta a normatividad jurídica alguna, salvo la penalización que la criminaliza, constituyendo -debido a ello- un verdadero negocio, una verdadera industria, disputada a sangre y fuego entre mafias de carácter local, nacional e internacional, conectada a otras ramas de la industria del crimen (prostitución, pornografía, robo de autos, etc.,) constituyendo, al mismo tiempo, el origen de grandes capitales financieros y grupos de poder transnacional.

Tras las supuestas bondades de la industria capitalista, pregonadas por los organismos financieros internacionales, se encuentran las más abyectas prácticas políticas y productivas orientadas por el frío interés y el cálculo egoísta de los consorcios capitalistas, tanto si se trata de producir y vender estampitas religiosas o de producir, procesar, trasegar y vender la droga. Aunque, ciertamente, no es lo mismo, en cuanto valor de uso, un producto que otro.

El consumo de la droga, sea cocaína, heroína, canabis, anfetaminas, crack o cualquier otra, genera una adicción altamente destructiva para el organismo humano. Por consiguiente, su producción y venta indiscriminada, no con fines prescriptivos sino lucrativos es, en sí misma, criminal.

Las guerras mundiales del siglo XX, como expresión máxima de las guerras comerciales, tecnológicas, financieras entre consorcios capitalistas, así como la guerra del opio o las guerras entre mafias del narcotráfico han tenido y seguirán teniendo la misma lógica dentro del capitalismo: la supremacía financiera, política y militar.

Por lo menos dos condiciones han permitido expandirse, al grado de potencia o poder económico, político y militar, a la industria del narcotráfico. De una parte, la miseria que existe en los países periféricos donde se produce, se procesa y se trasiega el mayor volumen de droga. De la otra parte, el enorme mercado existente en los países industrializados, donde el elevado consumo de drogas constituye una expresión de la enajenación y descomposición social del hombre en la moderna sociedad capitalista.

Estas dos condiciones han creado un circuito alrededor del cual se va produciendo una estela de corrupción y muerte que destruye el tejido social, a la vez que teje una red de complicidades al interior de la sociedad y del estado, en cada país, dando lugar a un poder mafioso conformado por distintos cárteles, entroncados con la economía formal y los circuitos financieros mediante empresas diversas (bancos, aseguradoras, arrendadoras, casas de cambio, fábricas, comercios, hoteles, etc.,) destinadas al lavado del capital proveniente de la droga y, por consiguiente, a transformar a los capos de la mafia en prominentes y ‘respetables’ hombres de negocios vinculados al poder político legalmente constituido.

La realidad del narcotráfico no es nueva ni como industria, ni como infraestructura contrainsurgente, ni como instrumento de mediatización y lumpenización en la sociedad capitalista. Pero esta realidad se ha visto extraordinariamente incrementada por el desarrollo tecnológico y por la expansión y reestructuración que experimenta el capital en todo el mundo. El rápido crecimiento del narcotráfico en las economías de los países del Este y la emergencia en éstos de nuevos ricos vinculados al poder, son un claro ejemplo del grado de inserción alcanzado por el narcotráfico en los grupos del capital financiero y del poder político en todo el mundo.

Dentro de la industria del narcotráfico, México ha sido una vía de acceso entre los países productores y el mercado de droga más grande del mundo: el de los EE.UU. de Norteamérica. Debido a ello, los cárteles de la droga (del golfo, del pacífico, de Cd. Juárez, etc.,) se han conformado en torno al trasiego, disputándose rutas y contactos dentro de las estructuras de poder, incorporando a esta industria criminal a funcionarios y empleados policíacos y militares, así como a representantes de la iglesia católica y del poder político.

Pero además del trasiego, en nuestro país se ha incrementado la producción, procesamiento y consumo de droga, trastocando la organización económica, social y política de la sociedad mexicana, no sólo en sus zonas de mayor rezago económico y más alta marginación social, sino sobre todo al nivel de las cúpulas industriales y financieras y, particularmente, de las instituciones gubernamentales.

Los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Masieu, del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, por citar sólo los crímenes más connotados al finalizar el sexenio salinista, así como el asesinato de Pablo de Tavira, el supuesto suicidio de Raúl Ramos Tercero, el atentado perpetrado contra el gobernador de Chihuahua y la “fuga” del ‘Chapo’ Guzmán, entre otros acontecimientos de índole criminal, vividos recientemente en el país, demuestran claramente la ola de crímenes que precede al establecimiento de pactos y reacomodos, sexenio tras sexenio, entre grupos del poder político y de la industria del narcotráfico, cuyos dividendos alcanzan en nuestro país aproximadamente cinco mil millones de dólares cada año, cantidad que representa casi el 13% obtenido por el narcotráfico en el mercado de los EE. UU. de Norteamérica.

Visto así el problema, la industria del narcotráfico constituye la expresión descarnada de la economía política capitalista, así como la expresión de la doble moral de las elites financieras y grupos de poder que, al tiempo que se benefician directa o indirectamente con dicha actividad, simulan combatirla.

En efecto. Ante el cada vez mayor control que ejerce formalmente la sociedad sobre las finanzas públicas, la industria del narcotráfico ha sido una fuente de recursos financieros utilizada por los gobiernos capitalistas para combatir a los movimientos populares (opositores, insurgentes y beligerantes) en cualquier parte del mundo, como lo demuestra el caso Irán-contras orquestado por grupos de poder y altos funcionarios del gobierno de los EE.UU., vinculados al narcotráfico.

El combate al narcotráfico ha venido a constituir, generalmente, una cortina de humo utilizada por gobiernos y sectores financieros para ocultar su estrategia global contrainsurgente. El gobierno de los EE.UU., particularmente, ha usado dicha cortina de humo para tratar de legitimar sus políticas ingerencistas y vulnerar las soberanías de las naciones del mundo.

Por ejemplo, no se puede ignorar que los mandos militares y policíacos que, en la década de los 60 y 70, combatieron a los movimientos insurgentes en América Latina, al mismo tiempo protegían y formaban parte de la industria del narcotráfico, en cuyas mazmorras y casas de seguridad, así como en las cárceles policíacas y militares, fueron torturados, asesinados y desaparecidos, indistintamente, cientos de combatientes revolucionarios.

Tampoco se puede pasar por alto, en estos momentos, el denominado Plan Colombia, por medio del cual los EE.UU. pretenden combatir y derrotar al movimiento armado revolucionario colombiano. En donde, ciertamente, la actividad industrial en torno a la producción, procesamiento y trasiego de la droga constituye un problema económico-político de primer orden, frente al cual, incluso, las organizaciones armadas revolucionarias tienen posturas diferentes.

En nuestro país, militares de rango como los Generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo, el Capitan Fernando Gutiérrez Barrios, el General Javier García Paniagua, etc., o policías como Miguel Nassar Haro, Salomón Tanús, Jorge Tello Peón, etc., o políticos como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Hank González, Roberto Madrazo, etc, o industriales y banqueros como Carlos Cabal Peniche, Roberto Hernández, etc., por citar unos cuantos nombres, constituyen una muestra de la alianza o unidad de clase y contrainsurgente entre grupos del gobierno, de la burguesía y del narcotráfico, sostenida hasta hace poco bajo el régimen priísta y en proceso de reacomodo y reestructuración bajo la administración foxista.

Tampoco se puede pasar por alto la alianza del gobierno norteamericano y sus elites industriales y financieras con los gobiernos y burguesías criollas, cúpulas militares y cárteles del narcotráfico y demás industrias del crimen transnacional en la lucha contra las revoluciones populares.

La reciente detención del militar argentino Miguel Cavallo en nuestro país, a quien se había concesionado nada menos que el registro nacional de vehículos (renave), arroja una pequeña luz sobre esta alianza (de clase y contrainsurgente al mismo tiempo), así como sobre los medios y procedimientos criminales instrumentados por los capitalistas (cualquiera que sea el origen de sus riquezas: legal o ilegal) para preservar sus intereses y mantenerse en el poder.

La detención y el proceso judicial contra Cavallo y otros militares argentinos, de una parte, así como la detención y juicio militar contra los militares mexicanos Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, de la otra, no dejan de llamar la atención. Pues unos y otros participaron, durante la misma época, en la guerra contrainsurgente y, al mismo tiempo, formaron parte de la industria del crimen (narcotráfico, robo de autos, o cualquier otra modalidad).

Su procesamiento (incluido el del exdictador Pinochet) podría explicarse por los intentos de disfrazar con rostro humano al capitalismo, sacrificando algunas ´piezas´ fuera de control o demasiado incómodas para la causa capitalista, bajo presión de la lucha por la justicia y contra la impunidad desarrollada por los pueblos del mundo, bajo presión de los progresos del derecho internacional y, sobre todo, antes que la polarización y depredación neoliberal produzcan nuevas rupturas revolucionarias.

Como sea, dicho procesamiento anuncia o da cuenta de una reestructuración política del capitalismo y de su red contrainsurgente en el plano internacional; reestructuración que ha abierto ciertas fisuras que permiten conocer el reverso o los intestinos de la sociedad capitalista, para comprender una vez más que la acción revolucionaria consiste no en purgar o limpiar por dentro (o disfrazar con rostro humano) al capitalismo, sino en aniquilarlo.

Sería lacayuno, decía Marx, querer pinchar con alfileres una realidad que merece ser derribada a mazazos. Pero para derribar dicha realidad se requiere la construcción y emergencia de un nuevo poder: el poder de todo el pueblo, capaz de imponer su voluntad al reducido grupo de capitalistas nacionales y extranjeros que gobiernan nuestro país.

Para el caso que analizamos, esto tiene que ver, particularmente, con los grupos de poder local, la estructura contrainsurgente y la industria del narcotráfico, cuya red de complicidades necesita ser identificada por el pueblo y el movimiento revolucionario, en cada zona y región del país, justamente para extirparla del tejido social y construir en su lugar una red de solidaridades concretas, orientada a la autoproducción y emancipación del hombre que, asimismo, de lugar a una economía popular alternativa, construya una nueva relación social y restituya la confiansa del pueblo en sus propias fuerzas y en su capacidad para decidir su destino.