Una auténtica rebelión obrera y popular que tuvo como epicentro Arequipa (segunda ciudad más grande del país) y se propagó por las principales provincias del Perú, consiguió imprimir una contundente derrota a los planes de privatización del gobierno de Toledo, haciendo trastabillar al plan neoliberal en el Perú y sentando un valioso precedente en América Latina.

El viernes 14 de junio, a sabiendas del amplio y combativo rechazo a la privatización en todo el país, y en particular en los pueblos del sur, el gobierno llevó a extremos la confrontación ejecutando la subasta de las empresas eléctricas Egasa y Egesur. El pueblo de Arequipa había iniciado el día anterior un nuevo paro general junto con una huelga de hambre en la que participaban dirigentes del Frente Amplio Cívico de Arequipa, el alcalde provincial y alcaldes distritales, y cuando se produjo la venta salió a las calles en forma multitudinaria dispuesto a anularla.

Continuando con su temerario desafío al pueblo movilizado, el gobierno desató una campaña de satanización de la protesta, y luego una salvaje represión que dejó decenas de heridos, un estudiante muerto y otro al borde de la muerte. Esto no hizo más que exacerbar la bronca del pueblo que reaccionó levantando barricadas en cada calle de la ciudad y destruyendo oficinas del gobierno central y de las empresas transnacionales, así como el aeropuerto internacional de la ciudad, dispuestos a garantizar una paralización indefinida total y absoluta. Las movilizaciones, que adquirían un inconfundible carácter insurreccional, continuaron el sábado 15.

La respuesta del gobierno en su desesperación de consumar la privatización de las empresas eléctricas, fue echar más leña al fuego, enarbolando como bandera una prepotencia sólo explicable por su profundo compromiso con el plan neoliberal del FMI y con la voracidad de las transnacionales. Toledo y sus ministros cancerberos enfatizaron que no retrocederían, que "democracia es autoridad", mientras al otro extremo de los hilos los titiriteros clamaban por "firmeza", "no ceder a las presiones", "ni un paso atrás", entre ellos el embajador norteamericano, los representantes de la banca de inversión, los gremios patronales y la ultraderechista Unidad Nacional, poniendo en evidencia el carácter patronal e imperialista de esta ofensiva.

El domingo 16, el gobierno se jugó su última carta decretando el "estado de emergencia" o estado de sitio militar en Arequipa. Esto evidenció que para el gobierno no se trataba de unos cuantos revoltosos como decía en su millonaria campaña de anuncios publicitarios, sino de una rebelión general de todo el pueblo arequipeño.

Los militares llegaron y sitiaron la ciudad, decretaron el toque de queda a partir de las 22:00. Pero el pueblo arequipeño, siguiendo el memorable ejemplo del argentinazo de diciembre último, pasó por encima del toque de queda utilizando la misma hora para iniciar un masivo "cacerolazo" que se prolongó en los días siguientes, y en tres turnos cada día: mañana tarde y noche. "Arequipa no se rinde", "Arequipa no se vende" (en alusión a los 85 millones de dólares que el gobierno les ofrecía como participación de la privatización). Más gente se sumaba a la lucha. Ya no era sólo el rechazo a la privatización, "es un asunto de dignidad".

Al día siguiente, una tras otra las provincias salieron en solidaridad con Arequipa y se sumaron a la lucha con paros, bloqueos de carreteras, movilizaciones, enfrentando todas ellas una dura represión. Tacna, Cuzco, Moquegua y Puno completaron todo el sur del país, sumando a la protesta sus propias reivindicaciones. Por el norte se sumaron Trujillo (tercera ciudad más grande) y Huánuco; por el centro Junín y Ayacucho; y por el oriente amazónico, Iquitos. La rebelión crecía como una bola de nieve, en tanto que Lima, la Capital, era una de las pocas excepciones.

El martes 18, los transportistas iniciaron un paro de 48 horas en rechazo a un seguro obligatorio de accidentes, Cuzco amenazaba con no realizar el Inti Raymi, la principal actividad turística de la ciudad y del país; Tacna se declaró en huelga indefinida; Ilo, Moquegua (abandonada tras el terremoto de hace un año) y Juliaca radicalizaron su lucha con bloqueos masivos de pistas. Ante semejante aluvión de luchas el gobierno aflojó el mismo martes nombrando una comisión de diálogo, y el miércoles 19 capituló.

Mediante el "Acta de Arequipa", el gobierno se comprometió a suspender la privatización hasta que se pronuncie el Poder Judicial, así como a pedir públicamente disculpas por todas las ofensas proferidas al pueblo arequipeño. Esta derrota política del gobierno ha desencadenado una crisis que está apenas en su comienzo; el efecto más inmediato fue la renuncia del más duro de los ministros, el fascistoide Fernando Rospigliosi, y dejó en salmuera al ministro Fernando Olivera, identificado como uno de los impulsores de la idea del estado de sitio.

La interpretación política no puede dar lugar a confusión, se trata de una contundente victoria de la lucha nacional contra la privatización y contra el plan económico.

Las posibles manipulaciones que se pueden venir con el fallo del Poder Judicial, o el replanteamiento que pueda hacer el gobierno de su estrategia de privatizaciones, se producirían en medio de un contexto victorioso de los trabajadores y el pueblo e inevitablemente serán vistos como una nueva provocación, y no habrá campaña "educativa" o "informativa" que funcione. Es más, hasta el día de hoy el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, viene retrasando el informe de su paquete de medidas tributarias programado para el domingo 16 "por falta de condiciones". Además, los dirigentes arequipeños incluyeron en el Acta una declaración unilateral, en el sentido que si el fallo judicial favorece al gobierno pedirán una consulta popular.

Por otro lado hay sectores populares como Tacna, que ha expresado su rechazo al Acta de Arequipa y piden cese definitivo (es decir no condicionado) de las privatizaciones y –yendo más lejos- el fin del plan neoliberal.

La extrema derecha y los representantes de las transnacionales han sentido el golpe. Lourdes Flores, líder de Unidad Nacional, previa reunión con representes del gran capital, ha pedido la renuncia de todo el gabinete, expresando su desesperación por buscar una recomposición de fuerzas y relanzar las privatizaciones y el plan neoliberal. No piden que se vaya Toledo, pero sí buscan confinarlo como cadáver político viviente (otro símil con Argentina: un Cavallo para Toledo).

Alejandro Toledo asumió el cargo de Presidente de la República el 28 de julio de 2001, es decir hace apenas once meses, pero ya es un gobierno sumamente desgastado por aplicar el plan recolonizador del FMI. Las masas que lo apoyaron en su elección, y que co-protagonizaron con él la histórica Marcha de los Cuatro Suyos que derrotó a la dictadura de Fujimori-Montesinos, se desengañaron casi de inmediato debido al sistemático incumplimiento de las promesas de trabajo, aumentos salariales, restitución de derechos laborales y atención a los pueblos del interior. Él personalmente durante su campaña electoral, firmó un acta con dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) donde se comprometió a no privatizar Egasa y Egesur.

En un contexto caracterizado por la estafa política, una creciente desaprobación presidencial en las encuestas de opinión (que en los últimos meses se mantuvo por encima del 70%), y un amplio rechazo a las privatizaciones en las calles y en las encuestas (tres de cada cuatro peruanos), privatizar no podía representar otra cosa que la confrontación directa con el movimiento de masas, y en ese sentido planteaba la exigencia de que se vaya Toledo. Incluso en las marchas ya se escuchaba como consignas "¡Fuera Toledo y el FMI!", "¡Toledo y Fujimori la misma porquería"! La crisis de gobernabilidad ha sido tema de debate en las alturas, donde los partidos del régimen plantearon soluciones para salvar a Toledo. El APRA planteó la salida del ministro Kuczynski; Unidad Nacional pidió mayor poder para el presidente del Consejo de Ministros que sirva como fusible.

Desgraciadamente la salida que comenzaba a vocearse en las marchas, el ¡Fuera Toledo y el FMI! no es asumida por las principales direcciones políticas y sindicales (PC, Patria Roja; CGTP, SUTEP) del movimiento de masas, quienes más bien juegan de respaldo del gobierno dentro de las "mesas de concertación". Qué mejor oportunidad que la última rebelión popular para derrotar de manera más contundente no sólo las privatizaciones sino también el plan neoliberal y al propio Toledo, sin embargo las direcciones desaparecieron del mapa, no movilizaron a la Capital, ni siquiera en solidaridad con Arequipa o en rechazo al estado de sitio. Son los verdaderos salvadores de Toledo, a pesar de todas las humillaciones que reciben de él.

No obstante la salida sigue planteada. No puede haber ninguna confianza en las nuevas promesas de Toledo, menos aún ahora que se alista la contraofensiva. Es urgente superar la fragmentación de la lucha nacional, construyendo los organismos nacionales de los trabajadores y el pueblo en torno a un Plan Nacional de Lucha en la perspectiva de la Huelga General.