Los múltiples bloqueos de vías que se organizaron en protesta contra el arranque de la nueva revisión técnica de vehículos fueron mucho más violentos y difíciles de controlar de lo que la Fuerza Pública esperaba.

En cuanto la policía antimotines dispersaba un bloqueo con gas lacrimógeno y garrotes, los manifestantes iban a otro punto y volvían a interrumpir el paso.

Las acciones de protesta empezaron muy temprano, en San Ramón (donde se quemó una vieja microbús), continuaron a lo largo del día y aún en la noche no se terminaban. Al final del día, las fuerzas antimotines no habían levantado el cierre de la carretera a Guápiles, que se mantuvo firme todo el día; también proseguía en el puente sobre el río Pacuare, en la misma vía a Limón; además, ocurría otro tanto en Pérez Zeledón (carretera hacia la frontera sur), en Tarbaca y en Pavas, en San José. En este último sitio, unos 10 vehículos particulares resultaron con sus parabrisas rotos en horas de la noche. Al cierre del primer día de protestas, la policía reportaba 78 personas arrestadas y 111 afectadas (unas 40 de ellas debieron ser trasladadas a centros médicos).

El ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, admitió que no esperaba tanta violencia, pero afirmó que, para hacerle frente, se destinarán más oficiales en todo el país.

¿Quiénes estuvieron en las protestas?

El presidente de la República, Abel Pacheco, calificó las medidas de presión como absurdas, y ordenó utilizar toda la fuerza necesaria para garantizar el orden. También dijo sospechar de que la buena organización de los manifestantes se debe a que hay grupos subversivos "internacionales" ocultos que manipulan a los protestantes. No reveló de quiénes se trata, pero dijo que se están haciendo averiguaciones. Eddie González, representante de los talleres mecánicos pequeños, negó la existencia de actores ocultos y atribuyó la buena organización a meses de preparación. Dichos talleres fueron desplazados por la empresa RITEVE, del análisis de los gases de la combustión.

El grupo de opositores a la revisión técnica se ha identificado como Comité Patriótico Nacional, compuesto por los dueños de los talleres mecánicos, diversos sindicatos, grupos de vecinos, estudiantes universitarios y secundarios y, fundamentalmente, pequeños campesinos. Dicho Comité, en el primer día de protestas, envió un comunicado a la prensa (no firmado por nadie en particular) para notificar que "de correr sangre" los responsables serían los tres poderes de la República.

Por su parte, los sindicatos del sector público suspendieron la reunión en que, ese mismo día, se negociaba el aumento salarial para el sector, ayer a las 3 p. m., en solidaridad con quienes protestan. "No podemos estar sentados en una mesa con el Gobierno, mientras están tirándole gases lacrimógenos a un grupo de ciudadanos", dijo Edgar Morales, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). No descartaron sumarse después a las acciones. Pero, como suele suceder, finalmente, sí lo descartaron.

El movimiento contra la nueva revisión técnica empezó hace algunos meses debido a que se adjudicó esa actividad a la empresa española-costarricense (pero de capital mayoritariamente hispano) Riteve SyC, en un proceso de licitación con nombre y apellido. También por que las pruebas a realizar a los vehículos son consideradas muy caras y que, además, los opositores al proyecto ven muy estrictas. En consecuencia, aquellos que tienen carros, pikups, camionetas como parte esencial de su trabajo y, por lo tanto de su entrada de dinero, se van a ver en figurillas debido a que, dicen, no pasarán las pruebas y la reparación será demasiado cara. En mayo el Gobierno cedió y las hizo más leves, pero los opositores criticaron entonces que es un monopolio y está en manos de una empresa extranjera. Pidieron que entidades nacionales fueron contratadas en su lugar. La semana anterior a los bloqueos el Gobierno cedió al prometer varios beneficios a transportistas y a agricultores. Los primeros prometieron no hacer bloqueos, y los segundos, representados por la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores (Upanacional) continuaron negociando pero sin hacer participar de las acciones.

Entre quienes se lanzaron a las calles había agricultores, transportistas, dueños de pequeños talleres mecánicos, ex-muelleros, jóvenes de zonas marginales y demás. Se enfrentaron a la policía y cuando esta los quitaba de un punto, se iban a otro. En Pérez Zeledón, por ejemplo, fue bloqueado el puente sobre el río Jilguero. La policía abrió el paso a las 9:30 a. m. y arrestó a 26 personas. Las demás se dirigieron a bloquear Las Juntas de Pacuare y, cuando la policía llegó ahí, volvieron a obstaculizar el río Jilguero. En Limón el bloqueo en el cruce se rompió al mediodía y los policías se quedaron a resguardar los planteles de Recope. Los protestantes aprovecharon esto para irse a bloquear las vías hacia Matina, para lo cual usaron árboles, y cerraron las calles cercanas al cementerio (donde algunos intentaron cobrar a los conductores para permitirles el paso).

Aunque el presidente Pacheco dijo que está abierto al diálogo, afirmó que no puede romper el contrato porque es legal.