NO
SE HACE LA REFORMA AGRARIA
SIN
DESAPROPIAR A LAS GRANDES HACIENDAS.
Plínio
de Arruda Sampaio (*).
La
reforma agraria es y consiste en la distribución de las
tierras a trabajadores rurales sin tierra. Esa distribución
altera la estructura de la propiedad de la tierra en el
campo e implica necesariamente cambios en la estructura
económica, social y política en el campo. Son dos
procesos paralelos y simultáneos que se relacionan como
si fuesen las dos caras de una misma moneda: de un lado,
la reducción de la concentración de la propiedad, del
otro el cambio del poder económico, político y social.
La
primera consecuencia de eso es muy clara: la cuestión
agraria es fundamentalmente una cuestión política. Toda
cuestión política consiste necesariamente en una disputa
entre fuerzas que defienden intereses antagónicos.
Esa
disputa se da en varios planos.
Uno de
ellos es en el plano ideológico, en el cual cada
contrincante trata de ganar a la opinión publica hacia su
posición.
La
guerra ideológica que los opositores de la reforma
agraria tienen contra ella tiene por objetivo
transformarla en una cuestión técnica. Se trata de hacer
creer a la opinión pública que solo hay necesidad de
reformar la estructura de la propiedad de la tierra cuando
esta impide el crecimiento de la producción o la
introducción de tecnologías modernas en la explotación
agropecuaria. Fuera de esos casos, la reforma es titulada
reforma política, o sea una reforma hecha sin justificación
técnica, apenas con el propósito de favorecer a este o
aquel grupo político.
Este
discurso no tendría mayor importancia si no convenciese a
mucha gente de buena fe, pero que desconoce completamente
la realidad del medio rural, y, por increíble que
parezca, incluso personas de pensamiento progresista.
Algunos
piensan que el mejor método de refutar ese discurso engañoso
consiste en demostrar técnicamente que la reforma aumenta
la productividad y mejora la tecnología agropecuaria.
Estudios y mas estudios han sido realizados con este propósito.
Ese
camino es peligroso porque, si bien es cierto que,
a largo plazo, la situación del campo mejora
sensiblemente, inclusive en el aspecto tecnológico, en el
corto y mediano plazo no siempre será posible probar que
eso está pasando. Y si los defensores de la reforma
aceptan el debate en este plano podrían encontrarse en
una encrucijada. Pero mas allá de eso, ese tipo de debate
termina por confundir a la opinión pública, porque a
cada cifra que los defensores de la reforma digan, los
opositores muestran una cifra que demuestra lo contrario,
pues las estadísticas, como se sabe, pueden ser
acomodadas de varias maneras para atender los objetivos de
quien las manipula.
Parece
preferible el método de focalizar el debate en aquello
que esta realmente en juego cuando se habla de reforma
agraria: la necesidad de cambiar el poder político, económico
y social en el campo como condición para que la población
rural deje de ser explotada y pueda superar el estado de
pobreza en el que se encuentra.
Cuando
la reforma agraria es enfocada de esa manera, no puede
haber ninguna duda de que el tamaño de la propiedad rural
pasa a ser obligatoriamente una causa de expropiacíón.
Por que?
Porque las propiedades de
tamaños exesivos dan a sus propietarios una
condición económica, social y política de verdadera
dominación sobre la población rural donde se localizan.
Abarcando
la mayor parte de la tierra de la región, el dueño de la
gran propiedad se torna el mayor empleador de fuerza de
trabajo ( sea empleando a trabajadores rurales, o
contratando peones o arrendatarios ); el mayor vendedor y
comprador del mercado de productos e insumos agropecuarios
de la región. Esto le permite obtener ventajas que los
propietarios menores no consiguen. La consecuencia obvia
es que la arrienda tiende a concentrarse en el gran
propietario, que se torna cada día mas rico y poderoso.
Sus intereses económicos se proyectan luego en el plano
político: interés en el trazado de los caminos, de las
redes de energía, de los canales de irrigación, en la
localización de los almacenes, en las operaciones de
limpieza de los ríos, y también – no nos debemos
olvidar- en la remoción de autoridades que se muestren
imparciales en el ejercicio de sus atribuciones y en el
destierro de algún sindicalista que trate de meter ideas
raras en las cabezas de los campesinos.
Como
dinero no le falta, el gran propietario puede financiar
campañas políticas. Esto hace de él el jefe político
de la región. En la condición de jefe político regional
el se relaciona con los políticos estatales y nacionales,
formándose una estructura de poder político que va del
nivel local al estatal y de ahí al federal. Esa
estructura de poder es lo que – en el fondo –
determina la política agrícola del Estado, una política
que favorece al grande y perjudica a los pequeños.
Poco
importa si el gran propietario es un típico Coronel de
botas, sombrero y revolver en la cintura o un a inmensa
multinacional ultramoderna. La experiencia nos a
demostrado que el administrador de las grandes haciendas
modernas se comporta localmente exactamente del mismo modo
que el tradicional Coronel.
Es esa
red de intereses y poderes económicos, sociales y políticos
lo que esta masacrando a la población rural e impidiendo
que pueda salir de la miseria. El fundamento de esta red
es la propiedad de gran tamaño, independientemente del
grado en que ella es explotada o de la tecnología que se
emplea en su explotación.
De modo
que si se quiere realmente eliminar la pobreza y la
explotación a la que esta sometida la población rural ,
no hay como dejar la gran propiedad, por mas que sea
productiva y técnicamente bien administrada, fuera del
alcance de la reforma agraria.
La
expropiación de una gran hacienda y la entrega de sus
tierras a cien, doscientas, quinientas familias para que
la exploten en forma colectiva o en parcelas familiares,
cambia completamente la estructura económica, política y
social de la región. El comercio local se transforma del
día a la noche y las condiciones de comercialización de
las zafras de los pequeños agricultores cambian
inmediatamente para mejor. La estructura política del
Municipio cambia también enseguida: surgen los lideres
rurales que disputan una banca en la Cámara Municipal,
los candidatos a intendentes, los representantes
legislativos.
Ese
cambio en la base de la sociedad se proyecta en los
niveles superiores y se refleja en la política agrícola
del Estado, que se vuelca entonces para el beneficio de la
mayoría de los propietarios rurales. Solo entonces es
posible hablar de la superación de la pobreza rural y de
la participación del pueblo en el gobierno de la
sociedad.
Cuando
la reforma llega a ese estadio comienza a aparecer de
forma nítida sus efectos positivos en la intensificación
en el uso de la tierra y en la introducción de modernas
tecnologías productivas. La modernización tecnológica
es un efecto y no la causa de la modernización política.
San
Pablo, Junio del 2000
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