FEBRERO, 2006. La burbuja inflacionaria que se presentó en México a fines de febrero estuvo relacionada con el súbito incremento en el precio del maíz, y a las prácticas proteccionistas que se aplican abiertamente pese a las estipulaciones del TLCAN. Pero también presenta un origen interno: cada fin de sexenio el Estado realiza erogaciones extraordinarias acumuladas al costoso proceso electoral, la mayoría de ellas destinadas al pago de sueldos, compensaciones, bonos y aguinaldos. Esta fue la causa que en otros sexenios llegara la cuesta de enero junto con un "truene" de las finanzas públicas; si en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente no se registró esto último se debió a que no hubo "año de Hidalgo", cuando los funcionarios que salían vaciaban las arcas y las oficinas (imposible olvida cuándo, al terminar el sexenio del ex presidente José López Portillo, el ex inquilino se llevó hasta los cuadros que colgaban en la residencia de Los Pinos).

El presidente Calderón anunció, desde el día en que tomó posesión, una "política de austeridad" de la cual únicamente las fuerzas armadas quedarían exentas. Pero dos hechos recientes indican que el asunto viene a ser mera retórica. Una, la nota donde Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS, una institución que por años se ha quejado de una situación económica tan precaria "que no hay dinero ni para llenar un estante de medicinas", percibe mensualmente 111 mil pesos y que una "secretaria auxiliar" reciba 35 mil pesos. O la información en el sentido de que Guillermo Carstensen, el nuevo secretario de Hacienda, endosa al Estado 25 mil pesos diarios por concepto de alimentos, y donde sus ayudantes, que no son pocos, se embolsan, el más modesto, 45 mil pesos al mes.

Molinar Horcasitas respondió que esos sueldos ya estaban determinados desde el sexenio anterior, y que estaba dispuesto a soportar el "recorte" siempre y cuando se aplicara a otros puestos similares. Es cierto que hace tres semanas el presidente Calderón anunció una rebaja a los sueldos de los altos funcionarios de gobierno, lo cual es loable, pero no suficiente.

Y es que desde de diciembre del 2000, cuando Vicente Fox tomó posesión, hasta el pasado 31 de diciembre, los salarios del primer mandatario, secretarios de Estado y directores de oficinas descentralizadas aumentaron un 63 por ciento, según puede corroborarse un seguimiento a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Una cantidad escandalosa por arriba, bastante muy por arriba, de la inflación acumulada en ese mismo lapso, que fue del 34 por ciento.

Desafortunadamente, parecen darse los primeros brincos en las percepciones de los funcionarios en el flamante gobierno del presidente Calderón, quien de entrada ya gana 232 mil pesos mensuales, según el INAI. (Preferimos abstenernos de mencionar el insultante derroche que se da en las Cámaras de Diputados y de Senadores, quienes --no todos, conviene aclararlo-- viven como rajás a cambio de no hacer nada y detener el avance del país).

Este es, sin duda, un pendiente burocrático. El otro es la losa que representa una marabunta de empleados públicos que aún pululan por las oficinas sin realizar un trabajo visible como son, por ejemplo, los que alguien llamó "profesores de dogout de la SEP", esto es, gente que "calienta" sin pararse jamás en una aula de clase en espera que se abran las plazas "congeladas" o que queden vacantes por causas de retiro pero que ya reciben su chequecito quincenal de la Federación.

Algo similar sucede en el "quebrado" IMSS donde ya hay quienes cobran su cheque de la Federación pero aún no entran a laborar en espera que termine de construirse su "área de trabajo" y que forman parte de las 50 mil plazas que autorizó el gobierno federal el año pasado y que constituyen un punto de los acuerdos con el sindicato del IMSS para conjurar la huelga.

Como éste hay cientos, tal vez miles de casos de derroche de recursos públicos, asunto aún más complicado debido a la baja recaudación fiscal que existe en México.

Pero si el gobierno calderonista ya detectó el asunto, ¿qué posibilidades es que lleve a cabo esta urgente desparatización del aparato gubernamental? La verdad, muy pocas. La oposición, en especial del PRD, no dudaría en capitalizar cualquier reducción de empleados como parte de las "políticas neoliberales". No debe olvidarse que los estados donde hubo más votación a favor del señor López fueron aquellos donde la estructura burocrática domina la vida --y supervivencia-- de esas comunidades. El coco de la "tijera neoliberal" que López utilizó rabiosamente en sus discursos tuvo su efecto entre muchos burócratas hasta entonces fieles votantes del PRI.