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febrero, se denuncia como «acosadores morales» a varios altos cargos y funcionarios de la administración autonómica.
Entre los denunciados figuran el consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, y el consejero portavoz Emiliano García-Page durante su etapa como titular de Obras Públicas, así como el Consejero de Ciencia y Tecnología, Isidro Hernández Perlines durante su mandato al frente de Economía y Hacienda.
También se denuncia como «acosador moral» al que fuera director general de Urbanismo, Joaquín López Ros, así como a varios secretarios generales técnicos y jefes de servicio de las consejerías de Obras Públicas, Economia y Hacienda y Ciencia y Tecnología.
«Menospreciar su dignidad»
En su conjunto, les acusan de «haber dirigido, ejecutado o ejercido sobre ellos una política de personal tendente a menospreciar su dignidad personal mediante un trato degradante con la finalidad de destruirles como personas y como trabajadores».
Se recuerda que uno de los denunciantes, Félix Roncero, fue trasladado de Consejería después de denunciar el robo de unas joyas que había depositadas en una caja fuerte en la consejería de Economía y Hacienda, de donde era jefe de Patrimonio.
En su escrito ante el fiscal jefe indican que han decidido dar traslado de esta situación a esta instancia judicial ante la «pasividad» de la consejera de Administraciones Públicas, María del Carmen Valmorisco, a la que le fueron notificadas estas denuncias en noviembre del año pasado, «sin que haya realizado la menor actividad para el esclarecimiento de los hechos y la depuración, si procede, de responsabilidades».
LA ESTRELLA DIGITAL.-Albacete.
Varios empleados de la Junta remiten al fiscal jefe de Toledo una denuncia por 'mobbing'
Entre los denunciados figuran el consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, y el consejero portavoz Emiliano García-Page
REDACCIÓN. ALBACETE
La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto en conocimiento del fiscal jefe de Toledo, José Antonio Martín-Caro, la denuncia por acoso moral en el trabajo ('mobbing') contra altos cargos y funcionarios de la Junta por parte de cuatro empleados del Gobierno Regional.
Los denunciantes son María del Mar López Brea (concejal del PP en el Ayuntamiento de Toledo), Ana María Rodríguez Monteverde Cantarel, José Manuel González (los tres de Obras Públicas) y Félix Roncero López, actualmente en Agricultura y que fue trasladado de la Consejería de Economía y Hacienda tras denunciar el robo de unas joyas depositadas en una caja fuerte.
En la denuncia, que también ha sido trasladada a todos los sindicatos tras el acuerdo unánime adoptado por la asamblea de la junta de personal el pasado 26 de febrero, se denuncia como "acosadores morales" a varios altos cargos y funcionarios de la administración autonómica.
Entre los denunciados figuran el consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, y el consejero portavoz Emiliano García-Page durante su etapa como titular de Obras Públicas, así como el consejero de Ciencia y Tecnología, Isidro Hernández Perlines durante su mandato al frente de Economía y Hacienda.
También se denuncia como "acosador moral" al que fuera director general de Urbanismo, Joaquín López Ros, así como a varios secretarios generales técnicos y jefes de servicio de las consejerías de Obras Públicas, Economia y Hacienda y Ciencia y Tecnología.
En su conjunto, les acusan de "haber dirigido, ejecutado o ejercido sobre ellos una política de personal tendente a menospreciar su dignidad personal mediante un trato degradante con la finalidad de destruirles como personas y como trabajadores".
Se recuerda que uno de los denunciantes, Félix Roncero, fue trasladado de consejería después de denunciar el robo de unas joyas que había depositadas en una caja fuerte en la consejería de Economía y Hacienda, de donde era jefe de Patrimonio.
En su escrito ante el fiscal jefe indican que han decidido dar traslado de esta situación a esta instancia judicial ante la "pasividad" de la consejera de Administraciones Públicas, María del Carmen Valmorisco, a la que le fueron notificadas estas denuncias en noviembre del año pasado, "sin que haya realizado la menor actividad para el esclarecimiento de los hechos y la depuración, si procede, de responsabilidades".
ABC.- Córdoba.
UGT detectó el año pasado 56 mujeres discriminadas en su trabajo
P. G-B.
Los casos de acoso sexual, moral y trato discriminatorio en el trabajo son cada vez más denunciados por las mujeres trabajadoras. En el último año en Córdoba la cifra pasó de las 10 denuncias del ejercicio 2001 a las 56 registradas durante 2002. Estos datos, facilitados por el área de la Mujer de la FETE-UGT son la punta del iceberg de la desigualdad a la que se enfrenta la mujer en el terreno laboral día a día, recordó el secretario provincial de la FETE-UGT, Manuel Fernández.
El Área de la Mujer del sindicato presentó ayer las I Jornadas bajo el título «Ejerciendo la igualdad, la participación y la representación». En el acto estuvo presidido por la vicepresidenta segunda del Congreso, Amparo Rubiales, quien recordó que «se ha avanzado mucho en el terreno de la igualdad pero desde el punto de vista moral, por lo que aún queda mucho camino por recorrer hasta lograr la igualdad real».
Este acto, que se enmarca dentro de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, estuvo marcado por el anuncio de una lectura-manifiesto de los «hombres por la igualdad».
Asimismo, se entregó un manual elaborado recientemente por la Secretaría de la Mujer de UGT, titulado «La Salud laboral de las mujeres»en el que se establecen las pautas para detectar cualquier tipo de discriminación en el trabajo, acoso moral y sexual así como el modo de actuar en cada caso.
Por último, la responsable confederal de UGT en el Área de la Mujer, Pilar Duce, hizo un llamamiento a la paz desde el lado de la mujer.
EL DIA DE TENERIFE.- Sociedad.
El servicio de limpieza de La Candelaria anuncia una huelga para el 24 y 25
Los sindicatos UGT y SEPCA denuncian que la empresa adjudicataria de la limpieza del hospital "incumple" el convenio colectivo y dedica poco personal al aseo de las instalaciones, que aseguran han perdido brillo tras la implantación del moderno sistema de bayetas húmedas y secas.
GLADYS PAGÉS, S/C de Tenerife
Los 180 trabajadores de la empresa Candelaria UTE que desempeñan labores de limpieza en las instalaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria están convocados a una huelga de dos días para el 24 y 25 próximos, que se repetirá todos los lunes y martes, en protesta por el "incumplimiento" por parte de la compañía adjudicataria del servicio "de varios puntos del convenio colectivo, acoso moral, persecución sindical e incumplimiento del pliego de condiciones", adelantaron ayer dos miembros del comité de empresa.
Amparo Cabrera Mejías, miembro de la sección sindical de UGT, y José Antonio Corujo Hernández, secretario general del SEPCA, informaron a EL DÍA de que tras agotar la vía del diálogo "no ha quedado otra opción que convocar una huelga", como demuestra el preaviso con registro de entrada el 7 de este mes en la Consejería de Empleo y Servicio Sociales, firmado además por delegados de CC OO e Intersindical Canaria.
Pasado el mediodía de ayer, la Dirección General de Trabajo comunicaba al comité de huelga los servicios mínimos a cumplir en esas dos jornadas, que establecen la misma plantilla que desempeña labores de limpieza habitualmente, según los delegados de UGT y SEPCA, por lo que "será motivo de impugnación en las cuarenta y ocho horas de plazo", anunciaron.
Amparo Cabrera y José Antonio Corujo denunciaron que la empresa Candelaria UTE ha reducido el número de empleados destinados a la limpieza del hospital, hasta el extremo de que "se están generando fuertes cargas de trabajo y un resultado de mala calidad que va en perjuicio de los pacientes", apreciación que han secundado con sus firmas otros 336 trabajadores del hospital.
Afirmaron que a cada planta de las torres de Norte y Sur hay destinada una operaria para limpiar las habitaciones, baños, consultas, pasillos y salas de descanso del personal de cada ala, cuando ese mismo trabajo lo hacían antes dos empleadas. La reducción afecta asimismo a quirófanos, vestuarios, farmacia, neurología y diálisis, entre otros servicios, por lo que calcularon que "faltan más de 20 trabajadores", a los que añadieron las 28 bajas por incapacidad laboral por "estrés y sobrecarga diaria". "No sabemos dónde están esos 180 trabajadores de la limpieza, porque por muchos cálculos que hacemos no nos salen las cuentas", criticaron.
Esta reducción coincide con la implantación del nuevo sistema de limpieza del centro sanitario, consistente en el empleo de bayetas de microfibra que sustituyen el doble cubo de agua y la fregona.
Eliminar las bacterias
Pese a que este novedoso sistema, usado de momento sólo en La Candelaria, se considera muy eficaz porque atrapa y elimina las bacterias, los delegados sindicales aseguraron que "sus resultados no son los apropiados para un hospital", puesto que las bayetas de los suelos "no sacan la suciedad y muchos trabajadores llevan a escondidas botellas de agua o se les facilita lejía en las plantas para que el suelo quede limpio".
Una operaria de la limpieza comentaba ayer en los pasillos de una de las plantas de La Candelaria que usa a diario fregasuelos para abrillantar las habitaciones, pese a que el sistema de limpieza sólo se basa en el uso de bayetas secas y húmedas y en pastillas desinfectantes para los inodoros. Afirmó que sin el empleo de un líquido resulta "imposible sacar las manchas de medicamentos, comidas, esputos u orines".
Los delegados sindicales indicaron que desde la implantación, en octubre, del nuevo sistema "se trabaja mucho y la calidad es mala" y citaron como ejemplo "la diferencia en el aspecto de los pasillos del hall, que se limpian con máquina, al de las habitaciones o quirófanos, que se limpian con microfibra, porque se quiere dar buena impresión de entrada".
Las denuncian sindicales se refieren, además, a que "no está asegurada la desinfección de las bayetas, ya que una vez sucias en quirófanos o habitaciones de infecciosos se mezclan y devuelven juntas" o que la empresa "utiliza el mismo camión para transportar la basura del hospital, la ropa sucia y la microfibra".
Desde la Gerencia del Hospital de la Candelaria se informó ayer de que el sistema de limpieza es "efectivo" y que se está "muy contento" con sus resultados, "al extraer todas las bacterias".
Domingo, 16 de Marzo de 2003
LA PROVINCIA DE LAS PALMAS.- Cultura.
Alberto Talavera: "Han perjudicado al Materno porque un sindicato sembró el miedo"
Alberto Talavera es director del Servicio Canario de Salud (SCS) y durante su mandato el área sur de la sanidad pública, es decir, los hospitales Insular y Materno Infantil, han vivido en el ojo del huracán. Por ejemplo, hace un año que las matronas del Materno están en conflicto con la Administración demandando aumento de plantilla; los acuerdos no llegan y el tiempo ha querido que su malestar público coincidiera con otra huelga, la de los trabajadores de urgencias del Hospital Insular. Si algo faltaba para pintar el cuadro, resulta que hace tres meses cuatro ginecólogos del Hospital Materno Infantil, dos de ellos históricos, decidieron abandonar el Materno y, al menos en dos casos, por manifiestas discrepancias con el jefe de Ginecología de ese hospital, José Ángel García. Si a todo eso añadimos que en los últimos quince días han fallecido en ese centro tres mujeres durante el post-parto, el momento no puede ser peor. La alarma social está servida.
-Entre el Materno y el Insular hay varios frentes de conflictos que parece que nadie ha podido frenar. O, ¿acaso hay interés por parte de alguien en dañar, pongo por caso, el Materno»
-Realmente hay un grupo de personas, de trabajadores, que no cuentan con el apoyo de la mayoría. A pesar de que su representatividad es muy pequeña, son los que han generado todo esto. Yo creo que ese grupo de personas, ese sindicato (se refiere a la Intersindical Canaria) tiene intereses que se escapan a los normales de los trabajadores. Ese sindicato desea con el escándalo mejorar su expectativas electorales.
-Bien, pero, ¿por qué cree usted que en dos años el Materno se ha visto inmerso en una serie de conflictos tan graves y de tanta repercusión social, eso sin contar las tres muertes»
-Por ejemplo, ahora se está pidiendo una UVI en ese hospital y no hay ningún soporte técnico que lo aconseje. Nosotros tenemos unidades intensivas móviles y en ellas se puede trasladar al enfermo que lo requiere al hospital que esté disponible; así se hace en todas las partes del mundo. Tenemos unas unidades intensivas ajustadas a la población a la que atendemos.
-Le hablaba de los conflictos, el más sonoro el de las matronas, por ser el que más repercusión social está teniendo. Guste o no, las mujeres que han fallecido lo hicieron en el post-parto y la gente está asustada, no entiende nada. ¿Por qué el SCS no ha tratado de poner fin a estas protestas»
-Mire, en principio yo he estudiado las reivindicaciones de las matronas, las hemos sometido a estudios técnicos y lo que ocurre es que sus posiciones con respecto a las entrevistas que hemos mantenido han cambiado. Hablamos de una auditoría y la hicimos, hablamos de ejecutarla y también, y ahora mismo tenemos nueve plazas vacantes de matronas pero es difícil cubrirlas porque, como no hay paro, la gente puede elegir y ahora mismo nadie se mete a trabajar en un sitio como el Materno en el que hay un conflicto, donde hay un volcán. Yo le aseguro a usted que si mañana cesara la huelga habría nueve matronas contratadas. A veces, dicho con todo respeto, se han pedido tonterías. Ojo, porque estamos hablando de buenas profesionales, pero hay que considerar que quien tiene que estar al lado de la mujer cuando da a luz, cogiéndole la mano, es su madre, su compañero, su marido.
-Es lógico que nadie quiera meterse en la boca del lobo pero también estará conmigo en la responsabilidad que tiene la Administración para tranquilizar las aguas como primera medida. No echarle gasolina al fuego o convocar contra manifestaciones en un salón de actos.
-Es que han venido matronas a querer trabajar y se han marchado. Pero es que la huelga de matronas la está llevando un concreto grupo que hace mobbing a las personas que no están de acuerdo con la protesta. No hay unanimidad para seguirla y menos aún en el Materno. Aunque para el SCS no hay conflicto pequeño, éste ha sido muy estudiado, porque es un conflicto que deteriora la imagen del servicio.
-No sé que lectura le da usted al hecho de que en los últimos meses desde el Materno hayan saltado chispas, por ejemplo la marcha de médicos ginecólogos y, además, en un caso, argumentando que la causa de dejar el hospital fueron las discrepancias con el jefe de ginecología.
-Mire usted, la sanidad es muy compleja y muy técnica y está bastante jerarquizada. Esa jerarquización no suele ser voluntad de la autoridad política; me consta que el jefe de Servicio de Ginecología, García, es un profesional como la copa de un pino. No todas las personas están disconformes con su posición; algunos sí, pero eso es frecuente.
"Algunos médicos se fueron por intereses en la medicina privada"
-¿Por qué cree que se fueron los médicos del hospital»
-Unos porque son mayores y otros porque tienen intereses en la medicina privada, que es muy legítimo. No han querido hacer, y están en su derecho, guardias hasta altas horas. Han podido elegir y se han ido.
-Pero se han ido enfadados, tal como ha puesto de manifiesto uno de los históricos ginecólogos, Medina Fernández-Aceytuno. Y otros no lo han hecho públicamente pero han acudido a los tribunales.
-En un caso sí, fueron unas declaraciones escandalosas, pero de lo que han dicho los tribunales cuando otros médicos discreparon con García no se ha publicado nada, pero le dieron la razón a García. Eso es así.
-Lo cierto es que entre unos y otros la imagen del Materno se ha dañado seriamente, ¿no lo cree»
-Eso es cierto y yo no lo voy a negar; se perjudicó al hospital porque un sindicato sembró el miedo con cada muerte. Pero le digo que los indicadores que tenemos es que el hospital funciona muy bien, de los mejores del país. En fin, todo esto es injusto.
Lunes, 17 de Marzo de 2003
ABC.-Tech
La web del CSI-CSIF ha recibido casi 9.000 consultas sobre «mobbing»
Sevilla. Agencias
La página web abierta por el sindicato CSI-CSIF para atender casos de acoso moral en el trabajo o «mobbing» recibió hasta ahora unas 8.900 consultas desde la puesta en marcha de la campaña pionera de concienciación por parte de este sindicato, que aclaró que la mayor parte de las visitas corresponden a mujeres y, por sectores, a trabajadores de administración local.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Secretaria del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato, esta campaña se inició antes del verano a nivel andaluz y posteriormente se extendió a todo el territorio nacional en los sectores de sanidad, justicia y administración central, con el reparto de dípticos y carteles así como con la creación de una página web www.csicsif.es/andalucia/acosolaboral).
Además de las 8.900 visitas visitas a la web, se registraron 158 llamadas telefónicas o vías e-mail, y una media entre seis y 13 entrevistas personales mensuales de afectados, según la provincia, siendo Almería la que menos consultas tuvo y Jaén, Málaga y Sevilla las que registraron un mayor número.
Por sectores, un 85 por ciento de las consultas pertenecen al sector público y un 15 por ciento al sector privado. Dentro del ámbito público, un 15 por ciento corresponde a la enseñanza, un 35 por ciento a la administración local -que fue la que registró mayor número de casos-, un 20 por ciento para la administración autonómica y un 15 por ciento a la administración central.
Por sexos, un 69 por ciento fueron consultas de mujeres, y un 31 por ciento consultas de hombres, y con respecto a la formación académica, un 60 por ciento de las consultas pertenecen a personas con formación universitaria, un 20 por ciento de los afectados tenía una educación media y otro 20 por ciento poseía formación básica. El perfil de edad de los demandantes es muy amplio, entre 26 y 62 años de edad. En cuanto a denuncias judiciales interpuestas, el sindicato recordó que se trata de casos muy puntuales y escasos "puesto que resulta comprometido y es muy difícil denunciar en las administraciones públicas, donde existe mucha presión encubierta", reconocieron las fuentes.
DIARIO SUR.- Málaga.
Una profesora denuncia por acoso laboral a la dirección de un instituto
Asegura haber sufrido «una auténtica persecución» que ha culminado con su traslado de centro y con una baja por enfermedad. La docente y sus dos compañeras de departamento comunicaron los hechos a Educación hace un año y todavía no han obtenido respuesta
M. JOSÉ MENDOZA/MÁLAGA
«Yo pensaba que psicológicamente era fuerte, pero ha llegado un momento en que me he dado cuenta de que no puedo más». Así resume María Teresa Martín sus últimos dos años en la docencia, en los que asegura haber sufrido «una auténtica persecución moral» por parte de la dirección de un instituto de la capital.
La profesora, que ha impartido 24 años de clase como funcionaria y ha estado otros ocho en la enseñanza privada, encuentra el desencadenante de los hechos en el enfrentamiento que tuvieron las tres profesoras del departamento de Física y Química con el director y el jefe de estudios del centro en el curso 2001-2002. Esta disparidad de criterios, motivada por la imposición de la asignatura de Tecnología a su departamento -algo con lo que ellas no estaban de acuerdo- degeneró en una serie de escritos, acusaciones, faltas, recursos, resoluciones y traslados que todavía hoy siguen coleando, ya que dos de las docentes están de baja y la primera denuncia firmada por las tres y dirigida en febrero de 2002 a la Delegación de Educación -que expresaba claramente el término 'persecución'- está siendo estudiada por el departamento de Recursos Humanos un año después.
Revancha y persecución
Los hechos que han culminado en una larga baja laboral -al principio por dolencias cardiológicas y ahora por problemas psiquiátricos- comenzaron en septiembre de 2001. Las profesoras, después de exponerlo ante la dirección del instituto, remiten un escrito al inspector del centro en la Delegación en el que manifiestan su desacuerdo con la asignación de Tecnología. «Este documento inició la revancha y la persecución que después sufrimos», indica la docente. A raíz de ese escrito comenzaron los problemas. «En primer lugar, creo que no fue tramitado de forma correcta por el centro, ya que el inspector jefe de la Delegación me dijo que el original nunca tuvo entrada en este organismo», añade, al tiempo que recuerda que unos días después de entregarlo «hubo un intento de leerlo en el claustro, pese a tratarse de un documento confidencial».
«Después de eso, repartieron las cargas docentes como quisieron y nos perjudicaron claramente», prosigue. Fue entonces cuando llegó la primera sanción de la Delegación contra ella por una falta injustificada, según explica. Aludía a su ausencia durante una hora de una clase. «Me puse enferma y estuve en la sala de profesores. Tenía testigos y no lo tuvieron en cuenta». La segunda sanción estuvo motivada por otra supuesta ausencia a una pre-evaluación, cuando su firma constaba en las actas. «El jefe de estudios alegó que abrió la puerta y no me vio, aunque reconoció que se pudo equivocar», insiste indignada, para a continuación recalcar que la consejera de Educación anuló ambas sanciones «al considerar que una falta estaba justificada y que otra no tenía causa». Abunda en su acusación de sentirse perseguida cuando cuenta que le pusieron una evaluación de su curso de tutoría a la misma hora en que tenía que hacer un examen oficial fuera del centro. «Querían impedir que ejerciera correctamente mi labor profesional», indica.
Mientras tanto, Martín asegura que aparecieron escritos en el tablón de anuncios «que eran auténticos panfletos. La dirección, en vez de apaciguar los ánimos, enconó el asunto», añade.
Daño anímico
La docente también acusa de su situación al inspector del centro en la Delegación, «que no hizo nada por evitarla». Menciona «duplicidad de documentos, abuso de poder, discriminación -ya que a otros profesores con faltas sin justificar no se les impuso sanción alguna-, desprestigio...» Acusaciones que degeneraron en un estado de ánimo que no puede olvidar. «Iba al instituto y no sabía lo que me iba a encontrar. Era horrible», explica. Finalmente, le comunicaron su desplazamiento por falta de horario. «Me mandaron a un centro conocido por su conflictividad y sin bachillerato. Allí duré tres días, ya que el psiquiatra me diagnosticó depresión neurótica». «Todo esto ha pasado y quizá se trate de equivocaciones, pero ¿quién me arregla a mí la salud?», concluye.
Pese al requerimiento de este periódico, ni el director del instituto ni el jefe de estudios quisieron valorar la denuncia de María Teresa Martín. Ambos señalaron que ya habían declarado ante el órgano competente -la inspección- y que lo harían de nuevo ante un juez si así se lo requieren.
CLAVES:
Primera denuncia: En febrero de 2002 el departamento de Física y Química redacta un escrito dirigido al delegado de Educación en el que denuncia una serie de hechos por los que considera que sufre persecución. Pide que sean investigados.
Baja por enfermedad: M. Teresa Martín tiene un diagnóstico de «cardiopatía hipertensiva causada por un estrés laboral» .
La Consejería anula las sanciones: En junio de 2002 la consejera de Educación deja sin efecto las sanciones que le había impuesto la Delegación a la profesora por supuestas ausencias injustificadas.
Traslado de centro: En este mismo mes le comunican que ha sido desplazada por falta de horario.
Nueva baja: Por depresión neurótica en octubre.
Remisión del caso: En noviembre de 2002 le dicen que la Dirección General de Recursos Humanos estudia la denuncia de febrero.
«¿Quién dice que no hay 'mobbing' en la Administración?»
M. J. M./MÁLAGA
Es María Teresa Martín quien decide hacer pública la denuncia que en su día trasladó al órgano competente: la Junta. «Lo que me ha llevado a hacerlo son las declaraciones del director general de la Función Pública, Vicente Vigil-Escalera, que afirmó hace unas semanas que no tenía conocimiento de que funcionarios de la Administración andaluza hubieran sufrido acoso moral o psicológico. Pues bien, yo lo he soportado, lo he denunciado y todavía no me han comunicado si han hecho algo al respecto», indica la afectada. El último escrito en el que se alude a este tema fue entregado en las dependencias de la Junta el 27 de enero de este año.
TITULAR EL MUNDO:
Rivas Vaciamadrid. La ex concejala del Partido Popular Ana María Martín presenta hoy una querella criminal contra Santiago de Munck por un presunto delito de acoso moral e injurias graves (El Mundo: local)
Martes, 18 de Marzo de 2003
EUROPA PRESS.-
Citan a declarar al segundo teniente de alcalde de Huelva por un supuesto delito de acoso moral en el trabajo - 18/03/2003
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva ha citado al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva y responsable de Personal, Enrique Pérez Viguera, el próximo 27 de marzo por un supuesto caso de acoso moral a una trabajadora del Consistorio que, según denunció, fue relegada a otro puesto después de no recaudar unos 600.000 euros en tres meses, dentro del departamento de sanciones.
Según informaron ayer a Europa Press fuentes cercanas al caso, ya se ha solicitado la presencia de las partes implicadas, así como de los testigos, para prestar declaración durante la vista oral del proceso, que se inició después de que el Ayuntamiento rechazara una reclamación administrativa por una supuesta "coacción" por parte del concejal.
La afectada fue nombrada jefa del departamento de sanciones en el Consistorio en el año 97, por lo que, con el ascenso y el incremento de responsabilidades, solicitó una equiparación salarial de acuerdo al nuevo puesto, que, contó con la aprobación de la mesa de negociación del Ayuntamiento, según explicaron las mismas fuentes.
Sin embargo, la trabajadora aseguró que Pérez Viguera llegó a "falsificar" las actas de la sesión en la que se aprobó ese incremento salarial y que, incluso, redució el personal que se encontraba a su disposición --una veintena de personas-- a "tres o cuatro", pero no las funciones de su departamento.
Tras esto, la denunciante argumenta que el segundo teniente de alcalde le pidió, en septiembre del año pasado, que recaudara 600.000 euros antes de que finalizara 2002, ya que "no estaba cumpliendo los objetivos" de este área.
Las mismas fuentes concretaron que la responsable del servicio no alcanzó esta cifra y "entró en una depresión" porque era "absolutamente imposible" llevar a cabo la demanda en el plazo establecido y con el personal disponible.
Por ello, la mujer fue trasladada y "separada" al área de Medio Ambiente, donde continuó ejecutando labores del departamento de sanciones pero como juncionaria solamente, mientras, según explicaron las mismas fuentes, el concejal reforzó la plantilla del servicio que antes dirigía.
Tras estos hechos, la afectada presentó una reclamación administrativa en el Consistorio por un supuesto caso de acoso moral por parte de Enrique Pérez Viguera.
Sin embargo, según la denunciante, el segundo teniente de alcalde respondió "con otro acto de coacción" porque, supuestamente, abrió un expediente para declarar a la empleada una invalidez permanente, que, sin embargo, fue rechazada por la Seguridad Social.
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.-BAIX CAMP
Reus crea un ente para frenar el 'mobbing' entre funcionarios
Una persona de consenso canaliza las denuncias por acoso en el trabajo
ESTHER CELMA
REUS
El Ayuntamiento de Reus pondrá en marcha a final de mes un dispositivo para prevenir el mobbing, acoso moral y psicológico en el trabajo, mediante la designación por consenso de una persona que canalizará las denuncias y la creación de una comisión que protegerá a la víctima y podrá imponer sanciones. Esta iniciativa, pionera en una administración pública, aplica la experiencia adquirida en el plan de prevención del acoso sexual.
La comisión del acoso sexual se constituyó hace dos años y hasta ahora no ha tramitado ninguna denuncia "porque está concebida como un freno a estas situaciones", afirma el concejal de Personal, Carles Salas (PSC). El sistema usado es canalizar las denúncias mediante una persona nombrada por consenso entre los ediles y el comité de empresa. Carme Cano fue escogida para ello. Ahora, el consistorio estudia quién ocupará en abril el cargo para los casos de mobbing.
APLICACIÓN DE SANCIONES
Siguiendo el modelo contra el acoso sexual, una vez atendida la denuncia, se elabora un informe que se lleva a la comisión. Ésta la preside Salas y la forman el jefe de personal, un responsable de salud laboral, un miembro del comité de empresa y otro edil. Su decision es resolutiva y puede abrir en primera instancia expedientes informativos "por vía de urgencia para proteger a la víctima" y aplicar después sanciones.
DEFINICIÓN DE LEYZMANN
El protocolo toma la definición de mobbing del experto Heinz Leyzmann, que lo describe así: "Situación en que una persona o un grupo ejerce una violencia extrema, sistemática y recurrente, al menos una vez a la semana y durante más de seis meses hacia otra en el lugar de trabajo, para destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus tareas y lograr que acabe abandonando su puesto de trabajo". Salas resume el fin de las dos comisiones con el refrán: "Más vale prevenir que curar".
EL CORREO.- ÁLAVA.
Ofensiva del PSE para que se anule la sanción a dos médicos de Sansomendi
Fueron despedidos por negarse a centralizar los datos de los pacientes Vecinos del barrio se concentraron ayer para protestar contra la medida
MARTA V. RUIZ/VITORIA
Los socialistas abrirán dos frentes, a través del Ayuntamiento de Vitoria y el Parlamento vasco, para intentar que Osakidetza suspenda al menos de forma cautelar la sanción impuesta a dos médicos del centro de salud de Sansomendi por negarse a centralizar las historias clínicas de sus pacientes en una gran base de datos denominada Osabide. Ángel Ruiz Téllez y Paz Pérez Gortari se opusieron a ceder la información de sus enfermos porque vulneraba el secreto médico y la confidencialidad con los enfermos. Ante su negativa, el Servicio Vasco de Salud les abrió un expediente disciplinario, que saldó con su suspensión de empleo y sueldo durante dos años.
El grupo municipal socialista ya ha dado su primer paso para intentar reconducir la situación, al presentar una moción que se debatirá en el próximo pleno. En el documento, se solicita la paralización cautelar de la pena hasta que se pronuncien los tribunales y que el Ayuntamiento de Vitoria se convierta en un «agente activo» en la protección de los derechos de los ciudadanos y de sus datos clínicos. Del mismo modo, defenderá en la Cámara vasca una proposición no de ley y pedirá la comparecencia de los dos facultativos para que expliquen las consecuencias de la centralización de historiales.
El principal problema del proyecto Osabide radica en que las historias de atención primaria incluyen informaciones relativas a temas sensibles, como consumo de drogas, relaciones sexuales, mobbing o salud mental, que el ciudadano confía a su médico de cabecera. Por eso los facultativos denunciaron la situación. «La centralización se hacía sin permiso del usuario, es decir, contraviniendo la Ley de Protección de Datos», señaló ayer el parlamentario Jesús Loza, en la presentación de las iniciativas. «Y el ciudadano es el dueño de sus datos, no el profesional al que se los cuenta», justificó. Por otro lado, acometer esta decisión, que además no se ha efectuado en ningún otro país de la UE, resulta «más cara y menos segura». De prosperar, Osabide se convertiría en un gran cerebro con informaciones sensibles y privadas «muy interesantes» para un buen número de compañías diversas, como farmacéuticas, aseguradoras o los bancos.
Concentración
Pero la mayor contradicción para el PSE es que quienes han denunciado la vulnerabilidad del sistema sufran un castigo «ejemplarizante», la suspensión durante dos años de empleo y sueldo, la máxima posible. «Esto pone de manifiesto el autoritarismo del Gobierno vasco. Es prepotencia, una actitud despótica», resumió Loza.
Sin embargo, el apoyo a los médicos no sólo se nota en las instituciones. La Asociación Ciudadana en Defensa de la Salud (Acidesa), nacida en 2001 en Sansomendi para denunciar esta situación, convocó ayer una concentración frente al centro de salud para solicitar la readmisión de los médicos. Unas 200 personas se congregaron frente al edificio con pancartas en contra de la centralización de historiales y pidiendo la vuelta de sus facultativos.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.- ECONOMÍA.
CHA pregunta sobre el acuerdo de acoso moral
EL GRUPO parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno autonómico sobre el cumplimiento del acuerdo parlamentario relativo al acoso moral y psicológico en el trabajo. El diputado Chesús Yuste recuerda que el acuerdo contempla también instar al Gobierno español a que incluya el "acoso moral y psicológico en el trabajo" en el catálogo de enfermedades profesionales. EP
EL PERIÓDICO DE CÓRDOBA.-AGUILAR.
El Cemsatse recoge firmas de apoyo a sus peticiones
JOSE SIERRACORRESPONSAL
Representantes del sindicato de enfermeros y médicos de Córdoba (Cemsatse) recogieron ayer más de 500 firmas de usuarios del centro de salud demandando al SAS que subsane las graves carencias que este servicio público presenta en Aguilar. Estas firmas y un dossier en el que se detallan todas las necesidades y deficiencias fueron entregadas, posteriormente, en el Ayuntamiento y a los portavoces de todos los grupos políticos representados en el Consistorio.
"El SAS no cumple en Aguilar --señaló Rafael Osuna, delegado del Satse--. Es falso que exista un servicio de ambulancia durante las 24 horas. Aguilar está discriminada con respecto a otras localidades como Rute, que, teniendo menos habitantes, cuenta con uvi móvil y RX". La falta de una unidad de RX, servicio que tuvo en un principio este centro, obliga a muchos aguilarenses a desplazarse a Cabra o Montilla.
Rafael Osuna denunció el acoso laboral que están sufriendo algunos trabajadores de este centro, "que ya han sido sancionados con un día sin sueldo y la posibilidad de ser desplazados a Iznájar si siguen apoyando estas reivindicaciones". Además acusó a Rafael Bermejo de querer tapar la boca de los vecinos de Aguilar y de los profesionales impidiendo la recogida de firmas. "La abogada del distrito nos amenazó ayer con demandarnos judicialmente y llamar a las fuerzas de seguridad si seguíamos recogiendo firmas", dijo.
EL NORTE DE CASTILLA.- VALLADOLID.
TRIBUNALES
Una mujer que denunció a su jefe por acoso dice que aguantó once años por miedo a quedarse en paro
El fiscal pide una multa de 6.480 euros para el empresario, dueño de una reprografía
EL NORTE/VALLADOLID
El fiscal y la acusación particular mantuvieron ayer sus peticiones de 6.480 euros de multa y 24 fines de semana de arresto, respectivamente, para C. V. C. C., responsable de una empresa de reprografía y ex gerente de Rank Xerox que se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal acusado de un presunto delito de acoso sexual cometido durante casi once años sobre una trabajadora.
En el juicio, la supuesta víctima, Ana Isabel H. C., de 36 años, ratificó que durante dicho periodo, entre 1990 y 2001, el acusado, que inicialmente se incorporó a Rank Xerox Española en calidad de gerente comercial, no cesó de realizarle proposiciones aprovechando que el resto de comerciales se encontraba fuera del centro de trabajo, en el paseo de Isabel La Católica, y alegó que si soportó esa situación durante tantos años fue por temor a perder su empleo.
La trabajadora denunció que su negativa llevó al jefe a tomar represalias contra ella, desde degradarla laboralmente, con lo que pasó de administradora a realizar labores de telemarketing, hasta impedirle el acceso a archivos y, finalmente, despedirla, lo que ocurrió en abril de 2001.
La denunciante destacó que la situación de acoso se agravó cuando su jefe creó otra empresa, también relacionada con la reprografía, y trasladó la sede a otra zona céntrica de la capital, informa Europa Press. «A medida que aumentaba su poder, se incrementaba su presión sobre mí», aseguró la mujer.
Por su parte, el acusado, de 60 años, achacó la denuncia de su ex empleada a una pura «venganza», a raíz de haberla despedido, y negó haberla sometido a acoso alguno o que llegara a degradarla desde el punto de vista laboral.
Reconoció, sin embargo, haber colocado una esquela en la mesa de la joven, pero lo calificó como una «broma» para llamarla la atención, ya que -afirmó- llegaba siempre tarde a trabajar y en alguna ocasión acudió con la ropa del día anterior y borracha.
Miércoles, 19 de Marzo de 2003
DIARIO DE JEREZ.- LOCAL.
policía
El SUP dice que hay "exterminio sindical en la comisaría"
REDACCIÓN.
JEREZ. El SUP, sindicato mayoritario en el 091, denunció ayer que el actual catálogo de puestos de trabajo de la comisaría sigue sin cubrir quince plazas a pesar de la elevada media de la plantilla actual y el elevado número de agentes que han pasado o pasarán a la categoría de segunda actividad durante el presente año. Este sindicato denunció el "intento de exterminio sindical que se está produciendo contra todos aquellos representantes que, de una u otra forma, están o han estado últimamente comprometidos en la defensa de los derechos o libertades de los policías aquí destinados".
El SUP, que aseveró que representa al 85% de la plantilla actual de la comisaría, denunció que un alto número de funcionarios del 091 sufre acoso laboral, 'mobbing', en la nueva terminología, al vetarse sus peticiones, sin motivo o justificación aparente (según el sindicato), se traban o ponen pegas a la concesión de vacaciones o permisos o se degrada "a funcionarios a puestos de trabajo que no le corresponden por su nivel o responsabilidad", agregó el sindicato en una nota oficial de prensa.
El SUP aseguró que a la hora de figurar, y de cobrar, "todo el mundo se apunta", pero que, cuando surge la responsabilidad, "los que debían afrontarla estaban durmiendo".
TITULARES EL MUNDO.- MADRID.
Racismo bajo SOSpecha.
Acusación. En su informe de 2002, SOS Racismo refleja el doble de denuncias que en 2001 por malos tratos y acoso laboral a inmigrantes...........
Jueves, 20 de marzo de 2003
ABC.- Córdoba.
Abiertos cuatro expedientes en Córdoba por acoso laboral
P. G-B.
El Servicio de Asistencia a las Víctimas (SAV), dependiente de la Delegación Provincial de Justicia, tiene en sus manos cuatro casos de cordobeses que han sufrido acoso moral o «mobbing» en su trabajo. Son los primeros expedientes abiertos de esta nueva práctica perversa que se detecta, sobre todo en la empresa privada, y que acaba en el 90 por ciento de los casos con un despido.
La delegada de Justicia, Soledad Pérez, inauguró ayer un curso sobre acoso moral en el trabajo dirigido a 25 funcionarios con el que se pretenden poner las medidas adecuadas que eviten casos de este tipo en la administración pública. La primera jornada, que corrió a cargo del profesor José Millán, se tituló «El mobbing en el contexto de la siniestralidad laboral».
Pérez comentó que, «en algunos casos, de accidente laboral, bajas por estrés, depresión o ansiedad, lo que realmente subyace es una situación de acoso laboral, que en la mayoría de los casos no es producida por un jefe hacia un subordinado, sino entre compañeros de la misma escala laboral».
La delegada señaló que los primeros casos de «moobing» están aflorando ahora, aunque no existe, de momento, una regulación específica penal y social, ya que lo único que podría abordarlo es la legislación laboral y la Ley de la Función Pública pero que no cubren adecuadamente este problema».
Por ello, se estudian en la actualidad diversas propuestas sobre la modificación del régimen jurídico que debe sancionar las conductas de acoso en el trabajo, que son muy difíciles de detectar porque se realizan de forma soterrada y velada. El concepto de «mobbing», según el SAV, se refiere al acoso en el lugar de trabajo en el que una persona o un grupo de personas se comportan abusivamente contra otra, con la consiguiente degradación de la persona y clima laboral. Provoca un cuadro ansioso-depresivo y una reducción de la autoestima. En contra de lo que se piensa, el perfil de víctima corresponde al de un hombre de carrera profesional brillante, acosado por compañeras.
LA VERDAD.-ALICANTE.
Ocho de cada diez nuevos enfermos por causa laboral son del calzado y del textil
Persiste el aumento del número de patologías profesionales . La Dirección General de Trabajo lo achaca a la mayor conexión entre la autoridad laboral y la sanitaria. Los sindicatos y las mutuas patronales creen que sólo aflora uno de cada cinco casos debido al desconocimiento
B. SIRVENT/ALICANTE
La estadística oficial revela que los accidentes laborales son un fenómeno que empieza a ser controlado. El número se redujo el pasado año un 5,4% en la provincia. Un capítulo íntimamente ligado a la accidentalidad en el centro de trabajo y que pasa mucho más desapercibido es el de las enfermedades profesionales. La cifra creció en el año 2002 por quinto ejercicio consecutivo. Según los datos facilitados por la Conselleria de Economía y Empleo, ocho de cada diez trabajadores que causaron baja el pasado año con la condición de enfermo profesional pertenecen a los sectores del calzado y textil. En estos casos, el motivo de la patología es el movimiento reiterativo en frecuencias muy cortas que provocan enfermedades por fatiga de los tendones o los tejidos musculares y parálisis de los nervios debido a la presión.
Con los datos oficiales en la mano puede inferirse que mientras la accidentalidad en el trabajo se reduce en los últimos años, las enfermedades profesionales, fenómeno íntimamente ligado en lo que se refiere al ámbito preventivo perfectamente legislado, sigue una escalada desenfrenada al alza.
Las autoridades laboral y sanitaria de la Comunidad Valenciana, que tiene transferidas las competencias en esta materia, diagosticaron y certificaron durante el pasado año 283 nuevos enfermos profesionales que han causado baja en su centro laboral de forma definitiva. El aumento es del 13% respecto al ejercicio anterior, en el que fueron computados 244 enfermos profesionales nuevos en el conjunto de la provincia. En el año 2000, las autoridades sanitaria y laboral certificaron 139 casos nuevos, que fueron 109 en el año 1998. En este ejercicio, el incremento ya fue del 130% respecto al año 1997, dos después de que se aprobara la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que prevé en su articulado varias medidas para la prevención de las enfermedades profesionales.
Catalogación
La autoridad laboral se agarra con fuerza a este hecho para justificar el incremento de casos en la provincia, incluido el pasado año. Según el director general de Trabajo de la Generalitat, Román Ceballos, un mayor control y catalogación de las patologías laborales y una mejor interconexión entre la Administración laboral y la sanitaria está siendo decisiva para que afloren nuevos casos. Ceballos da por hecho que el número va a seguir creciendo en la Comunidad Valenciana en los próximos años.
Ceballos destaca que enfermedades profesionales como el estrés o la ansiedad son también centro de atención en las actuaciones del Gobierno valenciano contra la siniestralidad laboral. Patologías consideradas emergentes como el estrés, la depresión, la ansiedad y la violencia en el trabajo (mobbing), tanto psíquica como física, son responsables de un gran número de problemas de salud asociados al trabajo, según explica Ceballos. El director de Trabajo aboga porque el colectivo de trabajadores y la Administración se enfrenten a los problemas relacionados con la psicosociología para darles solución en la misma medida que se hace con con la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y la medicina del trabajo.
Sin embargo, puede hacerse en el caso de la violencia en el trabajo o mobbing, un fenómeno al alza que todavía no está catalogado por el Ministerio de Trabajo y de Sanidad como enfermedad profesional, pese a la existencia de varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de comunidades autónomas, que consideran la patología como enfermedad de origen laboral, por producirse en el centro de trabajo, y que se contrae durante un determinado tiempo de exposición y riesgos para la salud, las dos principales requisitos que otorgan a la enfermedad profesional su condición como tal desde el punto de vista jurídico.
Los sindicatos tienen una visión de la jugada notablemente distinta. El secretario general de CC OO en Alicante y la Marina, José de la Casa, asegura que si no aparecen más casos de enfermedad profesional pura y dura es porque el sistema español es muy restrictivo en el reconocimiento de enfermedades profesionales y en el número que se considera respecto a la media de la Unión Europea.
De la Casa atribuye el aumento de casos que se está produciendo en los últimos años a las campañas de divulgación e información que realizan las centrales sindicales a título preventivo. «En los próximos años seguirá subiendo la cifra», afirma De la Casa, el cual mantiene que no hay más casos por motivos económicos y por el ahorro que persigue la autoridad sanitaria.
Comisión tripartita
El secretario de CC OO, que exige una comisión tripartita con la Administración, la patronal y los sindicatos para la evaluación y valoración de enfermedades profesionales, envía un «aviso a navegantes, porque los sistemas de trabajo actuales están disparando los casos de mobbing, estrés y ansiedad entre la población laboral». El responsable de Salud Laboral de UGT, Juan Francisco Richarte, atribuye directamente a la Administración la falta de un mayor número de declaraciones de enfermedades profesionales que sí se producen pero quedan en el mayor de los anonimatos al ser consignados como enfermedades comunes. Esta estrategia responde, según el sindicalista, a la falta de voluntad de legislar sobre la materia y al recorte del gasto sanitario y de pensiones por baja laboral. Este argumento no tiene peso, de acuerdo con la opinión del responsable sanitario de la Mutua La Fraternidad en Alicante, Emiliano Cánovas.
El responsable de esta mutua advierte de que España, y la provincia de Alcicante no es una excepción, debería tener cinco veces más bajas por enfermedad profesional. El motivo no es otro, en su opinión, que la dificultad que entraña diagnosticar estas patologías laborales, ya que muchas se producen después de una dilatada exposición al agente causal.
EUROPA SUR.- Algeciras.-
LABORAL
Educación traslada a las denunciantes de un caso de acoso moral
REDACCIÓN.
ALGECIRAS. Las dos trabajadoras de los servicios de administración del instituto Torrealmirante que denunciaron ser víctimas de un caso de acoso moral en el trabajo han sido destinadas a otros centros educativos. La medida ha sido celebrada por la Federación de Trabajadores de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) como la mejor de la soluciones posibles por cuanto que, alegan los sindicalistas, satisface la aspiración de las denunciantes de cambiar de centro de trabajo.
El presunto caso de acoso moral fue hecho público por el secretario comarcal de FETE-UGT, Luis Vilches. Días después, los docentes del Torrealmirante denunciaban públicamente el linchamiento que a su juicio se había sometido a la directora acusada sin ofrecerle posibilidad de defensa. La asociación de padres de alumnos del centro anunció su total apoyo a la docente acusada por las trabajadoras.
EL PERIÓDICO DE CÓRDOBA.-
PATOLOGIAS EN EL MUNDO DEL TRABAJO
Un experto pide sanciones para evitar el acoso moral
La Junta imparte un curso formativo a sus funcionarios para detectar este problema
ANA ROMERO
El acoso moral en el trabajo, también conocido como mobbing , existe desde siempre, pero hace muy poco que se está diagnosticando como patología del mundo laboral. Desde ayer y hasta el viernes, la Junta de Andalucía está impartiendo un curso a 25 funcionarios para que sepan detectar este problema en la Función Pública.
El encargado de impartir el primer módulo de este curso es José Millán Villanueva, funcionario del Cuerpo Técnico Superior del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien asegura que el acoso moral "debería estar penalizado, hay que establecer sanciones para estas conductas y prevenirlas atajando los problemas en su origen".
Millán señala que este tipo de conflictos "a veces surgen de una falta de comunicación entre los trabajadores, y las empresas deben abordar estos problemas cuando surgen para evitar que se llegue a producir el acoso". Este experto comenta que, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen siete millones de casos de acoso moral en el mundo, pero señala que "muchos casos permanecen ocultos porque quienes lo sufren no saben qué les pasa ni qué pueden hacer para evitarlo", por lo que recomienda a los afectados que denuncien las presiones de que son objeto.
José Millán señala que el mobbing agrupa 25 tipos de conducta que pueden sufrir los trabajadores "tanto de sus superiores como de subordinados, aunque los casos más frecuentes se dan entre compañeros del mismo nivel". Entre estas conductas están las agresiones, el aislamiento, el acoso sexual, pero también encargar poco trabajo a un empleado o levantar calumnias contra un superior, aunque los expertos consideran que estos ataques deben ser constantes, sistemáticos y durar un mínimo de seis meses. Estas conductas provocan problemas físicos y psíquicos en las víctimas, al tiempo que aumentan los accidentes laborales y las bajas por depresión.
CUATRO CASOS EN CORDOBA
La delegada provincial de Justicia y Administración Pública, Soledad Pérez, explicó que aunque la mayoría de los casos de acoso moral se producen en el ámbito de la empresa privada, desde la consejería se pretende poner las medidas adecuadas que eviten este problema en la administración pública. Pérez señaló que en Córdoba sólo se han registrado cuatro casos de mobbing , que son atendidos actualmente por el Servicio de Atención a Víctimas de Delitos de la Junta (SAVA).
La delegada afirmó que es necesaria una regulación específica penal y social, ya que la legislación laboral y la Ley de la Función Pública no cubren este problema. Por ello, se estudian diversas propuestas sobre la modificación del régimen jurídico que debe sancionar las conductas de acoso moral en el trabajo.
TITULARES EL MUNDO.- MADRID
Acoso Laboral.
Denuncia por malos tratos a la edil de mujer.
Algete. La psicóloga municipal acusa a la concejala Esperanza Martínez....
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