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Con este planteamiento inicial, los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza presentaron ayer unas jornadas que tendrán lugar la próxima semana y que, bajo el título de Trabajemos contra el estrés , pretenden analizar las condiciones del trabajo de riesgo, las consencuencias para la salud y buscar medidas de prevención.
La presidenta del comité científico de las jornadas, María Pilar Paúl Garasa, psicóloga y técnico de Ergonomía del Servicio de Prevención del hospital Miguel Servet, señaló que "el estrés es una respuesta emocional e individual, connatural y consustancial al ser humano ante los factores externos que le rodean, que en realidad afecta a cualquier individuo, independientemente de su profesión".
No obstante, reconoció que es especialmente más grave entre los profesionales de la sanidad y recordó que no se puede paliar, sino únicamente aplicar los mecanismos necesarios para controlarlo.
CAUSAS La especialista apuntó que una excesiva carga de trabajo, el exceso de responsabilidad, una pésima definición de las funciones o estilos de liderazgo deficientes, los conflictos laborales o el acoso laboral pueden desencadenar situaciones objetivas que van desde dolores de cabeza, de espalda, taquicardia, desmotivación, síndrome de profesional quemado o burn out , estados graves de ansiedad e incluso llegar a la depresión.
"Se ha demostrado que trabajar en estas condiciones puede generar el incremento de accidentes laborales, de errores, así como una disminución de la satisfacción personal en el trabajo y el enrarecimiento del ambiente laboral", añadió Pilar Paúl.
De ahí que las jornadas se han estructurado en torno a cinco mesas redondas en las que se intentará diagnosticar los factores laborales de riesgo e intentar buscar soluciones, como los cursos de prevención, en los que se invitará a los trabajadores a mejorar su autocontrol.
"Hay que tener en cuenta que el estrés se contagia y, comprendiendo que el usuario que acude a recibir una asistencia sanitaria vive una situación de más o menos estresante, es necesario estudiar la relación profesional-usuario para rebajar los niveles de ansiedad y estrés", apuntó la técnico.
Asimismo, la psicóloga insistió en la necesidad de trabajar en dos frentes, porque la responsabilidad del estrés es de todos. "Por un lado es necesario que la dirección de la empresa diseñe estrategias que permitan crear estructuras flexibles, mejorar la comunicación y potenciar el trabajo en equipo. Además, es fundamental que se impulse la formación continuada y se permita el desarrollo de la carrera profesional. Por otras parte, el trabajador tiene la responsabilidad de saber prevenir situaciones de estrés", agregó Paúl.
En cualquier caso, reconoció que hasta el momento no existen estudios generales sobre el estrés en los centros hospitalarios zaragozanos, aunque se ha realizado una muestra con el 10% de la plantilla --8.000 trabajadores entre el Servet y el Clínico-- y en la misma no se ha detectado ningún caso de estrés que revista niveles nocivos.
EL MUNDO.- EL DIA DE BALEARES.- POLEMICA
El Tribunal Superior condena al Govern de Progrés por acoso laboral a una funcionaria del Ibanat
La sentencia considera probado que la Conselleria de Medio Ambiente la sometió a un trato «vejatorio» por ser del PP y afiliada al CSIF - Su jefa le ordenó elaborar una memoria de cien páginas en sólo 48 horas
MIQUEL FÈLIX
PALMA.- La Conselleria de Medio Ambiente tendrá que indemnizar con 3.000 euros a una técnico del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) después de que el Tribunal Superior de Justicia haya considerado probado el acoso laboral a que fue sometida tras la llegada al poder del Pacte de Progrés como consecuencia de su militancia en el PP y su condición de representante sindical del CSI-CSIF.
La sentencia de la sala de lo social de este tribunal considera probado que Blanca Iglesias fue objeto de órdenes «vejatorias» y ofensivas para su categoría profesional. Para muestra un botón. El día 10 de octubre de 2001, la jefa del servicio de espacios naturales de la Conselleria, Catalina Massutí, ordenó a Blanca Iglesias que abandonara durante dos días su trabajo en el centro de Ca s'Amitger para realizar controles en la Feria de Tramontana de Lluch.
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, entre las tareas que se le asignaron figuraba el recuento del número de vehículos estacionados en el aparcamiento cada hora. Semejante encargo no se le ha dado jamás a un técnico, ni siquiera a un operario.
El varapalo que la sentencia representa para la Conselleria que dirige la verde Margalida Rosselló es indiscutible: «Pocas veces se puede encontrar una orden tan vejatoria y ofensiva para un técnico que desprenderle de sus propias funciones en el centro de trabajo y enviarle durante dos jornadas al recuento de vehículos y personas en el aparcamiento colindante [de la feria] por lo que sobran consideraciones sobre tal conducta claramente vejatoria y que violenta [...] el derecho del trabajador a la consideración debida a su dignidad».
El magistrado Miguel Suau expresa, en nombre del Tribunal, que «resulta plenamente probado que desde el año 1999 en que la Comunidad Autónoma y órganos que la componen, tras las elecciones, cambiaron de signo político se ha producido un claro desencuentro de la actora», Blanca Iglesias.
Otra de las órdenes abusivas a la que fue sometida esta técnico y ahora ha corroborado el juez fue el encargo, recibido el 29 de septiembre de 2001, de completar en un plazo de 48 días una memoria de más de cien páginas sobre la actividad del centro de trabajo del que es responsable. Muy poco tiempo para tanto trabajo.
«Era como ir a Alcatraz»
La sentencia también deja claro que las controvertidas órdenes, pese a transmitirse a través de la gerente del Ibanat, Rosa Bris, procedían directamente de la Conselleria de Medio Ambiente. Blanca Iglesias relató ayer a este diario el infierno que significó para ella el cambio de color político que vivió la Comunidad Autónoma en 1999.
«La presión era tan grande que ir al trabajo se convirtió para mi en algo así como ingresar en Alcatraz: me quitaron las funciones y nadie quería hablar conmigo. Los jefes me trataban como si fuera una apestada. Los compañeros me tenían que llamar por teléfono para que no les vieran hablando conmigo, ya que eso les podía llevar problemas», explicó.
Después de todo lo que ha pasado, Blanca Iglesias anima a otros trabajadores de la administración pública que se encuentren en una situación similar a que denuncien su caso. Tras haber recibido el respaldo de la justicia en una instancia superior, avanzó que ahora exigirá que se investigue a los responsables políticos de la situación que ha tenido que soportar en el Ibanat. «Tengo derecho a estar en el sindicato que quiera y libertad de afiliación política», sintetizó, «tengo derecho a ser del CSIF y del PP gobierne quien gobierne».
Por otra parte, este diario se puso en contacto con la Conselleria para saber qué tenía que decir ante los hechos denunciados y ahora sentenciados en su contra. Pero evitaron pronunciarse y se limitaron a anunciar que recurrirán el fallo del Tribunal Superior ante la instancia que corresponda.
Sábado, 18 de enero de 2003
EUROPA SUR DIGITAL.- Algeciras.- Laboral.-
UGT DENUNCIA DOS CASOS DE ACOSO MORAL EN UN INSTITUTO.-
El sindicato FETE-UGT ha denunciado la concurrencia de un caso de acoso moral contra dos trabajadoras públicas
A.F.C.
ALGECIRAS. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) acusó ayer a la dirección del instituto 'Torrealmirante' de acosar moralmente en el trabajo a dos miembros del personal de administración y servicios del centro educativo. Las víctimas del presunto acoso son una funcionaria y una trabajadora del personal laboral del instituto a quienes, asegura el sindicato, se les ha vedado el acceso al material de trabajo, se les mantiene relegadas premeditadamente de buena parte de las tareas profesionales de su competencia e incluso se les asigna labores de inferior categoría.
"Lo que estamos padeciendo es un atentado a nuestra dignidad profesional y humana -denuncia Isabel María Cachero, la funcionaria que denuncia ser víctima de un acoso moral promovido por la dirección- Esto es algo que no debería consentirse en la Administración pública".
Cachero, una funcionaria con más de 20 años al servicio de la Administración, asegura sentirse acosada desde hace tres años y medio. La trabajadora alega que esta situación le ha generado trastornos de salud que le obligaron a solicitar una baja por depresión.
Según explicó ayer el secretario comarcal de FETE-UGT, Luis Vilches, la denuncia planteada por la trabajadora motivó la apertura de una investigación por parte de la Inspección de Educación, que hace tres meses tomó declaración tanto a la denunciante como a su compañera de trabajo María del Carmen Cuevas. "La compañera ratificó las denuncias presentadas y, desde entonces, se ha encontrado con que la dirección ha empezado a dispensarle el mismo trato que viene padeciendo María Isabel desde hace más de tres años y medio", aseguró el sindicalista. La Inspección de Educación, sin embargo, informaba ayer a FETE-UGT de que las conclusiones de la investigación apuntan a que, en ningún caso, ha existido una situación de acoso moral .
Isabel María Cachero asegura que su decisión de hacer pública a través del sindicato la situación de la que se considera víctima fue adoptada después de varios intentos por reconducir sus relaciones con la dirección del centro. Cachero llegó a solicitar un cambio de destino, que le fue denegado. "Han sido años de malos gestos, malos modos, trato humillante...Yo nunca quise llegar a esto, pero lo cierto es que después de más de 20 años de trabajo en la Administración no me había sucedido algo así", argumentó la denunciante.
FETE-UGT ha comprometido su incondicional apoyo a las trabajadoras en el primer caso de acoso moral en el trabajo que un sindicato denuncia públicamente en la comarca.
La directora del instituto 'Torrealmirante' declinó ayer hacer declaración alguna sobre la denuncia promovida por las dos empleadas.
EL SINDICATO NO DESCARTA MOVILIZACIONES.-
El secretario comarcal de FETE-UGT, Luis Vilches, anunció ayer que, de no investigarse en profundidad la denuncia por acoso moral presentada por dos trabajadoras del instituto 'Torrealmirante', su sindicato promoverá movilizaciones de protesta entre el personal de administración y servicios de los centros escolares de la comarca.
FETE-UGT tiene intención de poner en conocimiento de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía las denuncias de las dos empleadas. Mientras, una de las denunciantes, Isabel María Cachero, mostraba ayer su disposición a recurrir a los tribunales de Justicia para reclamar la restitución de los derechos que considera vulnerados.
DIARIO DE AVISOS.- España.-
Sociedad
Primera condena de prisión por maltrato psicológico de un hombre a su ex mujer
Un juzgado de Barcelona ha impuesto la primera pena de prisión efectiva en España, de dos años y siete meses de cárcel, a un hombre por maltratar psicológicamente a su ex mujer durante la mayor parte de los 23 años de vida matrimonial, según fuentes judiciales.
El agresor psicológico no podrá acercarse a la víctima ni menos de 250 metros de su casa en los próximos cinco años y deberá indemnizarla por los daños morales que le generó con su menosprecio y por los desperfectos que le causó en su domicilio
EFE
Barcelona
El condenado es Antonio C. N., quien también ha sido condenado por el juzgado de lo penal número 11 de Barcelona por quebrantar una medida judicial que le prohibía acercarse a su ex esposa durante seis meses.
Ahora, el agresor psicológico no podrá acercarse a la víctima ni menos de 250 metros de su casa en los próximos cinco años y deberá indemnizarla por los daños morales que le generó con su menosprecio y por los desperfectos que le causó en su domicilio.
Quebrantamiento de medida. Antonio C. ha sido condenado a 18 meses de prisión por un delito de violencia psíquica habitual y otros 15 meses de cárcel por un delito contra la administración de Justicia, por acercarse a su ex mujer.
El acusado se casó hace 23 años con M. C. M. A., con quien tuvo dos hijas, en la actualidad de 22 y 15 años de edad. Según la sentencia, "casi desde el inicio, pero sobre todo en los últimos años de matrimonio (cuando ella le anunció que quería dejarle) y hasta la separación, en junio de 2000, el acusado trató a su esposa de manera despectiva, sufriendo constantes reproches, insultos y desprecios, tratándola como si no sirviera para nada", explica los fundamentos de derechos de la citada sentencia.
Tal es el grado de acoso psicológico ejercido por el marido que la mujer le hizo pensar que no valía para ejercer como madre ni como esposa, por lo que se vio forzada a abandonar el domicilio conyugal.
La sentencia relata varios episodios de este acoso psicológico y como, el 25 de julio de 2001 un juzgado de Barcelona, a petición de la mujer, dictó un auto en el que prohibía al acusado acercarse a ella durante seis meses.
Sin embargo, el procesado incumplió la medida de alejamientos en reiteradas ocasiones, como el 4 de septiembre, cuando acudió a un bar situado a menos de diez metros del domicilio de la víctima a tomarse un café o el 18 del mismo mes, cuando aparcó su coche junto al de su esposa y su nueva pareja y amenazó de muerte a su ex mujer.
YAHOO NOTICIAS.- Andalucía.-
Condenan a una inmobiliaria a indemnizar a una trabajadora que sufrió acoso moral tras hacerse delegada sindical
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
El juzgado de lo Social número 8 de Sevilla ha condenado a una inmobiliaria a pagar una indemnización de 12.000 euros a una trabajadora que fue objeto de acoso moral en el trabajo tras ser elegida como representante legal de la empresa, y a la que sus jefes le retiraron como "represalia empresarial" el teléfono móvil, el despacho y el fichero de clientes.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge como hechos probados que desde que la trabajadora M.A.L.B., que era directora de ventas de una oficina de la inmobiliaria, decidió asumir la representación de los trabajadores en la empresa "la actitud de los propietarios cambió radicalmente, pasando de tener sobre ella una excelente consideración profesional a una actitud de hostilidad no justificada e irrazonable con los propios objetivos empresariales".
Dice el juez que la empleada sufrió un "acoso profesional y personal que pretendía su marginación profesional en la empresa y aislándola de sus compañeros, a los que llegó a indicárseles que no trataran con ella".
Esta conducta, añade el fallo, supone un atentado a su derecho fundamental a la libertad sindical, con repercusión en su derecho a la dignidad personal y profesional, dado que los propietarios la desposeyeron de elementos esenciales para el desempeño de su trabajo como el teléfono móvil, el fichero de clientes o el propio despacho que venía ocupando.
De la misma forma, indica que la mujer fue desacreditada ante el resto de sus compañeros y "subordinados", dado que era directora de la oficina, hasta el punto de que se le "prohibió" que pudiera salir a desempeñar sus funciones fuera de los locales de la empresa, "extremo nuevamente incomprensible en quién debe vender inmuebles que debe visitar obligatoriamente con los clientes".
La sentencia añade que la empresa demandada no justificó en modo alguno la "razonabilidad ni proporcionalidad" de tales medidas, haciendo evidente que "la conducta de la empresa venía motivada como represalia a su decisión de presentarse a las elecciones sindicales, celebradas en la empresa y en las que salió elegida como delegada de personal".
Para el juez, "no hay lugar a dudas de que la actitud empresarial tuvo como objeto y resultado la vulneración del derecho a la libertad sindical" de la trabajadora y atentó también contra su "dignidad personal y profesional".
Como consecuencia del acoso, la mujer sufrió un cuadro ansioso-depresivo, por lo que se encuentra de baja desde junio pasado, con trastornos de ansiedad, pérdida de apetito, insomnio, cefaleas o templores que "han producido un evidente daño moral y profesional susceptibles de ser indemnizados".
De ahí que la sentencia condene a la inmobiliaria a pagar 12.000 euros a la trabajadora por la "represalia empresarial" y a reponer sus derechos a la situación anterior a la que se produjo el conflicto.
UNA DE LAS PRIMERAS SENTENCIAS EN ANDALUCIA.
El letrado Enrique Aguilar, que defiende a la trabajadora, explicó a Europa Press que se trata de "una de las primeras sentencias en Andalucía" en la que se reconoce el acoso moral a una trabajadora por el simple hecho de presentarse como representante sindical.
El abogado llamó la atención sobre el hecho de que el acoso llegó a extremo tal que no se le permitía ni salir a la calle para ejercer su labor de venta aún cuando la trabajadora era precisamente directora de una oficina de ventas.
Enrique Aguilar añadió que planteó la demanda contra la empresa inmobiliaria por vulneración de derechos fundamentales, después de que se le retirara el despacho y le quitaran el teléfono móvil y el fichero de clientes.
PUBLICACIONES DEL SUR.- Local.-
La sombra del "acoso moral" llega al IES 'Torre Almirante'
UGT denuncia que dos trabajadoras lo sufren, pero un informe lo rechaza
MÓNIKA BELLIDO ALGECIRAS
El responsable comarcal del sindicato UGT, Luis Gonzaga Vilches, denunció públicamente la detección de dos casos de mobbing en el IES Torre Almirante de Algeciras, los primeros que aparecen en un centro educativo en la ciudad, según afirma.
El denominado mobbing es una práctica de acoso moral en el trabajo que se basa en el aislamiento del empleado a través de distintos medios (como no asignarles tarea alguna, negarles la palabra o privarle de sus herramientas de trabajo) y que en muchas ocasiones termina produciendo depresiones y situaciones de ansiedad en el trabajador.
Al parecer, algo similar es lo que está sucediendo en el instituto algecireño Torre Almirante con dos empleadas de la Junta de Andalucía, según explicó ayer el representante sindical. Isabel María Cachero Becerra (funcionaria) y María del Carmen Cuevas Parejo (personal laboral) han denunciado el caso ante la sección sindical a causa de la situación "creada por la directora del centro".
Alegan que "no se les deja utilizar sus herramientas de trabajo en la secretaría. Todo se hace a máquina de escribir, las certificaciones académicas las tienen que hacer a mano y declaran ante el inspector que una de ellas (Cachero) no existe a efectos para la directora del centro", lo que significa que es "ignorada totalmente" en su puesto de trabajo. "Dos trabajadoras de la Junta están mano sobre mano", denuncia Vilches
En el caso de Isabel María Cachero -siempre según Vilches- esta situación se repite desde hace tres años y se ha venido deteriorando. A lo largo de este tiempo la funcionaria ha tenido que pasar dos meses consecutivos de baja por depresión y permanecer bajo tratamiento con "antidepresivos" además de haber sufrido "trastornos ginecológicos".
A finales de octubre se abrió el expediente y ayer mismo, Vilches tuvo noticia telefónica de que se había cerrado el informe y que éste concluye que "no existe acoso moral", tras una entrevista y la toma de declaraciones del inspector. No obstante, Vilches manifestó que aún no se le ha dado conocimiento por escrito "ni a la junta de personal ni al comité de empresa". Explicó que, aunque han intentado dar una solución al problema solicitando el traslado del centro "la Delegación no lo ha posibilitado". "La situación se sigue produciendo -prosigue- y ambas persisten en seguir manteniendo la denuncia".
El segundo caso aparece -según relata- después de la primera denuncia y la toma de declaraciones. En ese momento "la actitud que había se traslada también a la otra trabajadora", María del Carmen Cuevas.
Vilches entiende que es una situación que "se debe arreglar". Por el momento se mantiene a la espera que se traslade la resolución por escrito.
También barajan la opción de presentar denuncia en el Juzgado de lo Social (para Cuevas) y a través de la Consejería de Educación y Ciencia (para Cachero). Además anunció que no descartan la posibilidad de emprender movilizaciones.
Domingo, 19 de enero de 2003
IDEAL DIGITAL.- ESPAÑA
El CGPJ estudia si debe abrir expediente por mobbing a un magistrado
A. TORICES. COLPISA/MADRID
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá la próxima semana si abre un expediente sancionador a un magistrado de A Coruña por acoso moral a los seis funcionarios de su juzgado, que han permanecido cuatro meses de baja con una crisis ansioso-depresiva. Si el órgano de gobierno de los jueces decide que el comportamiento del juez debe ser analizado, y posiblemente sancionado, será la primera investigación por mobbing que abra la institución. Hay casos anteriores similares, aunque sin alcanzar las características de este moderno concepto de comportamiento reprochable con los subordinados en el ámbito laboral.
Los cinco miembros de la Comisión Disciplinaria del CGPJ se reúnen el miércoles para estudiar el informe elaborado por el Servicio de Inspección que, tras analizar durante los últimos tres meses los hechos denunciados por CC OO y tomar declaración a los principales afectados, ha propuesto la apertura de un expediente por posible falta grave a Juan Manuel Rodríguez Sineiro, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Coruña.
Abuso de autoridad
Dado que el acoso moral -conocido como mobbing - no aparece como infracción en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la propuesta de la Inspección hace referencia a una posible falta por abuso de autoridad o desconsideración hacia los trabajadores. La ley sanciona las faltas graves con multas de entre 300 y 3.000 euros.
Tres inspectores del Consejo se desplazaron el pasado 15 de octubre a Coruña para entrevistarse con los seis funcionarios del juzgado, con el magistrado denunciado, con el secretario judicial, con miembros de la junta de personal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y con representantes de Comisiones Obreras, el sindicato denunciante.
LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.- Opinión.-
Los usuarios pasivos
MARÍA JOSÉ POU AMÉRIGO
Todos somos usuarios pasivos del chicle. Andamos por la calle y un desagradable tirón en la planta del pie nos obliga a frenar o a ralentizar el paso. Hemos pisado un chicle. Somos los sufrientes usuarios pasivos del placer de los demás.
Lo mismo ocurre con quienes pretenden dormir mientras alguien pone la música a todo volumen en su coche; quienes quieren leer en el autobús mientras el vecino deja sonar su móvil y hace terapia de grupo con su conversación telefónica o quienes disfrutarían de una comida agradable si no fuera por ese niño que, en el restaurante, parece no tener padres. Nos pasamos el día siendo usuarios pasivos al soportar que el placer de otros dificulte nuestra mínima comodidad o nuestra elección de un placer distinto. Por eso es razonable pero no suficiente que las autoridades ofrezcan soluciones para eliminar al usuario pasivo del chicle o del tabaco. Para el primer caso se ha presentado en Valencia una máquina que limpia las aceras de la molesta goma de mascar. Para el segundo, el Gobierno ha anunciado medidas muy restrictivas que se implantarán progresivamente en los próximos años. Entre ellas, la de prohibir fumar en las empresas.
Si el trabajo, desde los tiempos de Adán -que es como decir desde siempre- ha sido una maldición, para los fumadores puede llegar a convertirse en una tortura.
Dado, además, la cantidad de situaciones en las que el trabajador es usuario pasivo de los placeres ajenos en el ámbito de la empresa -ese timbre de voz que se nos clava en las meninges, ese perfume embriagador para las cucarachas, ese tirano que disfruta elevando nuestro nivel de ansiedad o ese merluzo que no tiene más tema de conversación que sus acrobacias sexuales- no hay más motivos para prohibir el tabaco que para prohibir el mobbing, los olores desagradables o los sonidos que superen el umbral permitido por la OMS. Todos ellos pueden dañar nuestra salud y pueden llegar a generar grandes costes para la Sanidad pública y para la empresa que sufre las bajas laborales.
Lo que resulta preocupante es que ese mismo acorralamiento contra el amante del tabaco se desarrolle hacia quienes atentan igualmente contra la salud de sus congéneres de otros modos. Sin ir más lejos, con el coche. Los ciudadanos son usuarios pasivos de elementos contaminantes derivados del tráfico rodado y si el Gobierno se propone que, además de eliminar a los fumadores hay que eliminar a los conductores, es capaz de incentivar a las empresas para dar prioridad a los usuarios del transporte público dejando a los otros en un ala de la empresa para ellos, aislados del resto y perseguidos con campañas para dejar el coche. Ese día habrá que decir, como apuntaba una pintada anónima: "El tabaco advierte que las autoridades son perjudiciales para la salud''.
EL CORREO DIGITAL.- Sociedad.-
El CGPJ estudia abrir expediente a un juez de La Coruña por acoso laboral
Seis funcionarios de su juzgado han tenido que ser trasladados tras permanecer cuatro meses de baja con una crisis ansioso-depresiva
ALFONSO TORICES/COLPISA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá la próxima semana si abre un expediente sancionador a un magistrado de La Coruña por acoso moral a los seis funcionarios de su juzgado, que han permanecido cuatro meses de baja con una crisis ansioso-depresiva. Si el órgano de gobierno de los jueces decide que el comportamiento del juez debe ser analizado, y posiblemente sancionado, será la primera investigación por 'mobbing' que abra la institución.
La comisión disciplinaria del CGPJ se reúne el miércoles para estudiar el informe, elaborado por el servicio de inspección tras analizar durante los últimos tres meses los hechos denunciados por CC OO. En el escrito, se propone la apertura de un expediente por posible falta grave a Juan Manuel Rodríguez Sineiro, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de La Coruña.
Dado que el acoso moral no aparece como infracción en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la propuesta de la Inspección hace referencia a una posible falta por abuso de autoridad o desconsideración hacia los trabajadores. La ley sanciona las faltas graves con multas de entre 300 y 3.000 euros. Tres inspectores del Consejo se desplazaron el 15 de octubre a la ciudad gallega para entrevistarse con los seis funcionarios del juzgado, con el magistrado denunciado, el secretario judicial, miembros de la junta de personal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y representantes de CC OO.
Insultos y vejaciones
El escrito describe dos episodios ocurridos en el juzgado que terminaron con los seis trabajadores de baja. En ambos casos se denuncian insultos, descalificaciones y vejaciones del magistrado a los funcionarios, que terminaron con crisis nerviosas, con una trabajadora encerrada en el cuarto de baño sin querer salir y con otro empleado de la administración de Justicia asistido por los médicos forenses del palacio de justicia coruñés. CC OO señala en su escrito que el trato desconsiderado del magistrado hacia sus funcionarios se repetía desde hacía 2 años.
Desde septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de La Coruña, uno de los cuatro de la ciudad, está compuesto por el magistrado denunciado, el secretario judicial y dos funcionarios interinos. Los seis funcionarios afectados por la denuncia han permanecido de baja hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir de entonces, por consejo de sus médicos y de acuerdo con el alto tribunal gallego y el CGPJ, aceptaron ser trasladados en comisión de servicios al recién creado Juzgado de lo Penal número 5 de la ciudad gallega.
DIARIO SUR.-
El CGPJ estudia la apertura del primer expediente a un juez por acoso moral
Los seis funcionarios de un juzgado de La Coruña estuvieron cuatro meses de baja por una crisis nerviosa a causa de los insultos y vejaciones que recibían . CC. OO. denuncia que los hechos se repitieron durante dos años
ALFONSO TORICES/COLPISA. MADRID
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá la próxima semana si abre un expediente sancionador a un magistrado de La Coruña por acoso moral ('mobbing') a los seis funcionarios de su juzgado, que han permanecido cuatro meses de baja con una crisis ansioso-depresiva. Si el órgano de gobierno de los jueces decide que el comportamiento del juez debe ser analizado, y posiblemente sancionado, será la primera investigación por 'mobbing' que abra la institución. Hay casos anteriores similares, aunque sin alcanzar las características de este moderno concepto de comportamiento reprochable con los subordinados en el ámbito laboral.
Los cinco miembros de la Comisión Disciplinaria del CGPJ se reúnen el miércoles para estudiar el informe elaborado por el Servicio de Inspección que, tras analizar durante los últimos tres meses los hechos denunciados por CC. OO. y tomar declaración a los principales afectados, ha propuesto la apertura de un expediente por posible falta grave a Juan Manuel Rodríguez Sineiro, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Coruña.
Sanciones
Dado que el acoso moral no aparece como infracción en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la propuesta de la Inspección hace referencia a una posible falta por abuso de autoridad o desconsideración hacia los trabajadores. La ley sanciona las faltas graves con multas de entre 300 y 3.000 euros.
Tres inspectores del Consejo se desplazaron el pasado 15 de octubre a La Coruña para entrevistarse con los seis funcionarios del juzgado, con el magistrado denunciado, con el secretario judicial, con miembros de la junta de personal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y con representantes de CC. OO., el sindicato denunciante.
La denuncia que desencadenó la investigación había sido formulada un mes antes. El escrito describe dos episodios ocurridos en el juzgado que terminaron con los seis trabajadores en situación de baja. En ambos casos se denuncian insultos, descalificaciones y vejaciones del magistrado a los funcionarios, que terminaron con crisis nerviosas, con una trabajadora encerrada en el cuarto de baño sin querer salir y con otro empleado asistido por los médicos forenses del Palacio de Justicia coruñés.
CC. OO. señala en su escrito que aunque estos dos episodios, ocurridos en los primeros días de septiembre de 2002, motivaron la denuncia por el trato desconsiderado del magistrado hacia sus funcionarios, que se repite desde hacía dos años.
Desde septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de La Coruña, uno de los cuatro de la ciudad, está compuesto por el magistrado denunciado, el secretario judicial y dos funcionarios interinos.
Traslado de funcionarios
Los seis funcionarios afectados por la denuncia han permanecido de baja hasta el 31 de diciembre del 2002, cuando, por consejo de sus médicos y de acuerdo con el alto tribunal gallego y el CGPJ, aceptaron ser trasladados al Juzgado de lo Penal número 5 de la ciudad.
Si la Comisión finalmente abre el expediente disciplinario por falta grave, deberá nombrar un instructor -un magistrado al menos de la misma categoría que el investigado-, que tendrá que realizar todas las pruebas que considere precisas para esclarecer los hechos denunciados, formular un pliego de cargos -que recibirá las alegaciones de la Fiscalía y del afectado-, y remitir el expediente completo a la comisión, para que sus miembros adopten una resolución.
La misma norma señala que si el expediente disciplinario concluye con una propuesta de falta grave será la propia Comisión Disciplinaria quien resuelva sobre la sanción a adoptar. En cambio, si la falta es muy grave, la comisión debe remitir el expediente, con la propuesta de sanción, al Pleno del CGPJ. Las resoluciones de la comisión pueden ser recurridas ante el Pleno, en primera instancia, y ante el Tribunal Supremo, en segunda. Para las decisiones del Pleno sólo cabe recurso ante el Supremo.
LA OPINIÓN DE MURCIA.- Economía.-
SENTENCIA
Condena por acoso moral a una sindicalista
Un tribunal sevillano falla contra una empresa que hizo la vida imposible a una trabajadora
El juzgado de lo Social número 8 de Sevilla ha condenado a una inmobiliaria a pagar una indemnización de 12.000 euros a una trabajadora que fue objeto de acoso moral en el trabajo tras ser elegida como representante legal de la empresa, y a la que sus jefes le retiraron como "represalia empresarial" el teléfono móvil, el despacho y el fichero de clientes.
La sentencia recoge como hechos probados que desde que la trabajadora M.A.L.B., que era directora de ventas de una oficina de la inmobiliaria, decidió asumir la representación de los trabajadores en la empresa "la actitud de los propietarios cambió radicalmente, pasando de tener sobre ella una excelente consideración profesional a una actitud de hostilidad no justificada e irrazonable con los propios objetivos empresariales".
Dice el juez que la empleada sufrió un "acoso profesional y personal que pretendía su marginación profesional en la empresa y aislándola de sus compañeros, a los que llegó a indicárseles que no trataran con ella".
Esta conducta, añade el fallo, supone un atentado a su derecho fundamental a la libertad sindical, con repercusión en su derecho a la dignidad personal y profesional, dado que los propietarios la desposeyeron de elementos esenciales para el desempeño de su trabajo como el teléfono móvil, el fichero de clientes o el propio despacho que venía ocupando.
De la misma forma, indica que la mujer fue desacreditada ante el resto de sus compañeros y "subordinados", dado que era directora de la oficina, hasta el punto de que se le "prohibió" que pudiera salir a desempeñar sus funciones fuera de los locales de la empresa, "extremo nuevamente incomprensible en quién debe vender inmuebles que debe visitar obligatoriamente con los clientes".
La sentencia añade que la empresa demandada no justificó en modo alguno la "razonabilidad ni proporcionalidad" de tales medidas, haciendo evidente que "la conducta de la empresa venía motivada como represalia a su decisión de presentarse a las elecciones sindicales, celebradas en la empresa y en las que salió elegida como delegada de personal".
Para el juez, "no hay lugar a dudas de que la actitud empresarial tuvo como objeto y resultado la vulneración del derecho a la libertad sindical" de la trabajadora y atentó también contra su "dignidad personal y profesional".
LA RIOJA.- Región.-
Escuela de guardaespaldas
Los trastornos musculares provocan casi 9 de cada 10 bajas
El Irsal pondrá en marcha este año uno de sus proyectos más prioritarios: la Escuela de Espalda. Se trata de un programa que pretende formar sobre los hábitos que debemos seguir en nuestra vida diaria para evitar los trastornos musculoesqueléticos. Y todo ello, porque casi nueve de cada diez bajas por enfermedad profesional de la Rioja obedecen a lumbalgias, ciáticas, hernias... Bajas relativamente prolongadas, con un coste económico importante y que, además,registran más recaídas.
M.J.G./LOGROÑO
El programa integrará además los denominados riesgos psicosociales (el estrés, la depresión, el moobing o acoso psicológico en el trabajo...), porque muchos de estos factores se somatizan después en transtornos muculoesqueléticos. Es decir, que se englobarán las dos causas que ahora mismo ocupan la inmensa mayoría de las enfermedades profesionales y que, sobre todo, son muy propicias para la prevención.
El programa se puso en marcha en los últimos meses del 2002 como una experiencia piloto dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma (personas que trabajan con pantalla de visualización de datos). La actuación contó con un presupuesto de unos 60.100 euros y fue desarrollada por el Servicio de Medicina y Ergonomía del Irsal en colaboración con el Centro de Salud de la Columna Vertebral.
Los resultados de esta experiencia, explican desde el Irsal, fueron muy positivos, porque los trabajadores valoraban que la formación impartida les era muy útil no sólo en su vida laboral sino en su vida cotidiana. Por ello, aunque el programa está enfocado a la población laboral, también se dirigirá a otros colectivos como los jubilados o las amas de casa.
Lunes, 20 de Enero de 2003
LA VOZ DE ASTURIAS.-Seguridad Laboral.
CCOO corta la carretera para protestar por los accidentes
J. ANTUÑA.
La Unión Comarcal del Nalón de CCOO realiza a partir de las 12 de la mañana un corte de carretera en Sama dentro del calendario de actos que desembocarán en la manifestación contra la siniestralidad laboral que se celebrará el 6 de febrero en Oviedo.
El sindicato reclama que se aplique, tanto en las empresas como en las diferentes administraciones, la ley de prevención de riesgos laborales. Los datos que ha facilitado la central sindical indican que entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año pasado se han producido en la comarca 2.091 accidentes, de los cuales 13 fueron graves. Fallecieron 3 trabajadores.
CCOO también ha denunciado que "existe un dejadez por parte de la administración a la hora de aplicar la ley que es obligatoria", explicó el secretario general de la Unión Comarcal, José Manuel Martín Ferrer. Además, el sindicalista destacó que la salud de los trabajadores no se ve afectada sólo por los accidentes que puedan ocurrir, "sino que incluye las enfermedades, el estrés, el acoso psicológico y sexual. Sin olvidar la presión que se ejerce en determinados colectivos, como les sucede a los profesores". La central insta a la administración a plantear un servicio de prevención, una evaluación de riesgos y un plan de formación.
LA VOZ DE GALICIA.- Galicia.
El Poder Judicial podría abrir expediente al juez coruñés denunciado por acoso laboral
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá el miércoles si abre expediente sancionador a José Manuel Ramírez Sineiro, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña, por acoso moral a los seis funcionarios de su juzgado, que han permanecido cuatro meses de baja con una crisis ansioso-depresiva y que, desde principios de año, han sido destinados a otras salas en comisión de servicio.
Si el órgano de gobierno de los jueces decide que el comportamiento del juez debe ser analizado, y posiblemente sancionado, será la primera investigación por mobbing que abra la institución. Hay casos anteriores similares, aunque sin alcanzar las características de este moderno concepto de comportamiento reprochable con los subordinados en el ámbito laboral.
Los cinco miembros de la comisión disciplinaria del CGPJ se reunirán el miércoles para estudiar el informe elaborado por el servicio de inspección, que, tras analizar durante los últimos tres meses los hechos denunciados por CC.OO. y tomar declaración a los principales afectados, ha propuesto la apertura de un expediente a Juan Manuel Rodríguez Sineiro por posible falta grave.
(LA VOZ | REDACCIÓN)
ABC.- Toledo.
IU DICE QUE MADERO ES EL PRIMER ALCALDE CONDENADO POR "MOBBING"
TOLEDO. La candidata de IU a la Alcaldía de Quintanar, María Piedad Fernández, recuerda en una nota de prensa que Carlos Madero es el primer alcalde de este municipio que ha sido condenado por persecución sindical y acoso a un trabajador municipal «mobbing» y que se niega a ejecutar una sentencia firme desde hace dos años.
La candidata de IU se refiere así al caso de Vicente Moreno, el representante sindical del CSI-CSIF que denunció al alcalde por vulnerar la libertad sindical y recuerda también que el regidor quintanareño ha perdido también otro juicio interpuesto contra unos jóvenes a los que quería quitarles el derecho reconocido por la Constitución a la crítica y libertad de expresión.
Para Fernández, el caso del sindicalista Vicente Moreno, que, incluso, llegó a ser confinado a trabajar al cementerio, y el de los jóvenes juzgados por repartir un panfleto anónimo con críticas al equipo del gobierno municipal, no le importan al alcalde del PP, «quien piensa que la justicia no es para él y considera que está por encima de las leyes y de la Constitución».
La candidata acusa también al alcalde de «manipular las cifras de población y omite que el municipio tiene más de 10.500 habitantes y le hace responsable de no querer que supere los diez mil vecinos, con lo que se perderían subvenciones estatales y sospechando que «debe tener motivos ocultos para ello».
También le acusa de haber repartido un boletín municipal «pagado con dinero público, en el que se demuestra su talante demagógico y su falta de proyecto personal, mostrando su confusión al relacionar el incremento de población con un crecimiento económico».
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