La clase política costarricense, parapetada detrás de los degenerados partidos políticos Unidad, Liberación y sus turecas de ambos, enloquecida hasta el delirio por la enormidad de la riqueza que le proporciona el robo fácil e impune de fondos de bienes públicos, empuja hasta el tope el acelerador de sus fechorías. Y no se detiene ante nada, como lo demuestra una simple enumeración de algunos de sus crímenes más destacados que todo el mundo recuerda, como el Fondo de Emergencias, el Fondo de Compensación Social, el Fondo de Asignaciones Familiares, los Certificados de Abono Tributario (CATs), el Banco Anglo, BICSA (el otro Banco que ahora se roban y del que no se quiere hablar), los abominables contratos de co-generación eléctrica, los fraudes con propiedades compradas por el IDA o el IMAS diz que para resolver problemas de tierras para campesinos o vivienda para familias sin recursos. Pero muchos otros hechos mucho más trascendentes que los anteriores en que los individuos más destacados de aquellos partidos, en su condición de altos funcionarios públicos, juraron observar y defender la Constitución y sin embargo pasaron sobre ella, se sentaron sobre ella y actuaron en contra de ella, lo que implica que se arrogaron la soberanía y, en consecuencia, se convirtieron por el mismo hecho, en traidores a la Patria como lo dice la misma Constitución. Por el momeno citaremos sólo tres casos que los colocan bajo es título indigno de: traidores a la Patria.

PRIMERO. Por orden de Miguel Ángel Rodríguez, 40 diputados y diputadas, entre los que había varios juristos y juristas,, aprobaron un tratado para entregarle a Colombia más de 15 mil kilómetros cuadrados de nuestro mar patrimonial. Constitucionalmente se necesitaban 43 votos, pero Rina Contreras lo dio por aprobado con 40. Entre los y las que votaron, estaba Abel Pacheco, y se violó el artículo 7 constitucional.

SEGUNDO. Mediante una ley que tiene las características de un gran asalto, se aprobó el traspaso de fondos de los seguros sociales a bancos públicos y privados, y como toda estafa debe presentarse bonita para sorprender al estafado, se le puso el nombre falso y rimbombante de "LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR".

TERCERO. Los gobiernos de los partidos Unidad y Liberación, ambos a cual más, han metido sus manos sucias hasta el codo en los fondos de la Caja del Seguro Social impidiendo que la Institución le de el medicamento adecuado a quien lo necesita, disponga del instrumental necesario para atender a los pacientes, particularmente los del corazón y de cáncer y cumpla como se debe con sus obligaciones en pensiones.

Malversando los fondos del Seguro Social y violando la Constitución, los gobiernos de la Unidad y Liberación le han sacado a la Caja sumas astronómicas, llegando en este momento la deuda en bonos a 300 mil millones de colones, lo que representa el 86 por ciento del total de las inversiones, a pesar de que su Ley Constitutiva dice que las inversiones en el Estado no deben pasar del 20 por ciento del total de las mismas.

Pero esta clase política costarricense, corrupta, inescrupulosa y desmandada, capaz de cometer todos esos crímenes, y frenéticamente empeñada en vender el país, no quiere oposición a sus desmanes. Y busca corromperlo todo para adecuarlo a su propia condición.

Esto es lo que explica que quieran usar los tribunales como aparato represivo para castigar a quienes han tenido el coraje, la valentía y la alta conciencia cívica de hacer oposición a una de sus fechorías, como es el monopolio inconstitucional de RITEVE. Y como el que la debe la teme y son tantos y tan grandes sus crímenes, entonces tratan de impedir el surgimiento de toda chispa de oposición para que no se vaya a declarar un incendio y cínicamente acuden al Derecho, ellos que han violado y conculcado todos los derechos, pensando que de esa manera coartarán la posibilidad de que todos acudamos "al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión" consagrado en el preámbulo de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Siendo así las cosas, les negamos competencia a cualquier Tribunal para condenar a ciudadanos que, ante la quiebra más acabada del estado de derecho, perpetrada por corruptos, perjuros y traidores a la Patria, han tenido la hidalguía de manifestar su oposición al abuso y al crimen tratando de revertir las cosas para que la satrapía en que han convertido esta Patria, pueda volver a ser República.

Lo anterior quiere decir que estamos frente a un juicio en que no se trata de perseguir la infracción a ninguna ley; en que no se trata de proteger al pueblo contra acto ilegal alguno. Los que han violado la Constitución y todas las leyes para imponer el imperio de su corrupción y arbitrariedad, no están interesados en ninguna clase de legalidad. De lo que se trata es de aplastar toda protesta.

Estamos frente a un juicio político de la corrupción contra el civismo; de la arbitrariedad contra la legalidad; del cinismo contra la entereza: de la desvergüenza contra la honestidad.