Víctor Hugo Saldaño, el cordobés
condenado a muerte por la Justicia estadounidense, podría ver revocada su
condena capital en las próximas horas. La posibilidad tiene sus fundamentos
en que ayer, en una decisión histórica, la Corte Suprema de aquel país
dictaminó que todas las penas de muerte dispuestas por jueces y no por
jurados deberán ser revisadas.
En el caso de Saldaño, su culpabilidad respecto del
asesinato de un comerciante texano en 1995 había sido declarada por un jurado
del condado de Collins, mientras que la pena fue determinada por un magistrado
de Texas. De esta forma, el fallo quedaría nulo y la sentencia debería dictarse
nuevamente con las modificaciones correspondientes.
“De confirmarse la noticia, el primer paso que daremos será pedir la nulidad del
juicio y el segundo, exigir la prohibición de la pena de muerte a Saldaño, ya
sea por la vía de la clemencia, del perdón o de un fallo judicial”, adelantó el
abogado del cordobés en Argentina, Juan Carlos Vega. Recién desayunado con la
nueva, Vega, que lleva adelante la acusación internacional en Washington contra
el Estado norteamericano por entender que hubo racismo en el fallo contra
Saldaño, explicó que la decisión del Tribunal Supremo podría abrir las puertas a
una “solución amigable”. Así podría hacerse valer la Declaración Americana sobre
Derechos Humanos de 1948 y evitarse la pena capital.
La histórica resolución tomada ayer por la Corte Suprema estadounidense sostiene
la primacía de la Sexta Enmienda de la Constitución nacional, según la cual toda
persona tiene derecho a ser juzgada por sus pares, o sea, por un jurado. Con
siete votos a favor y dos en contra, fue revocado el fallo emitido en 1990
por el mismo tribunal, basado en la ley de pena capital del estado de
Arizona.
“Hemos concluido que los imputados por crímenes capitales, no menos que
otros acusados, tienen derecho a que un jurado determine acerca de cualquier
factor sobre el cual la ley condiciona un incremento en su castigo máximo”,
indicó la jueza Ruth Bader Ginsburg, en representación de los impulsores del cambio.
Según el cálculo de los expertos, la modificación derivará en la revisión de por
lo menos 168 casos de los estados de Arizona, Colorado, Idaho, Montana y
Nebraska. Sin embargo, la cantidad de “beneficiados” podría llegar a 800,
siempre que se computen los juicios en los que hubo participación de un jurado
de ciudadanos aunque sin intervención en la decisión sobre el castigo. Así, los
629 internos que actualmente aguardan su ejecución en el “pasillo de la muerte”
de las cárceles de Texas, Alabama, Delaware, Florida e Indiana, entre otras,
serían incluidos dentro de los casos a revisar.
“Es importante aclarar que en ningún momento se está revocando o suspendiendo el
dictamen de culpabilidad de los acusados. En términos prácticos, la decisión del
Tribunal Supremo exige una evaluación de la fase de sentencia de los casos”,
advirtió al respecto la abogada Wendy Patten, de la organización internacional
Human Rights Watch (HRW) en Washington. “La interpretación que ha dado el
Tribunal de la Sexta Enmienda de la Constitución simplemente dice que así como
el preso tiene derecho a ser juzgado por un jurado, ese jurado también es el que
debe determinar, además de su culpabilidad o inocencia, el castigo que le
corresponde”, agregó Patten.
Por su parte, la jueza Sandra Day O’Connor, una de las voces disidentes junto al
magistrado William Rehnquist, se mostró escéptica frente al punto de vista de la
mayoría. Según O’Connor, el fallo de sus colegas será una pérdida de tiempo
tanto para los acusados como para los tribunales. En su opinión, los primeros
“probablemente no tendrán éxito en su apelación”, mientras que los segundos
“afrontarán una gran carga en esos cinco estados”. Lo extraño fue que, a pesar
de su descreimiento, la jueza concluyó advirtiendo a la población sobre la
posibilidad de que las condenas de muerte a los presos culpados de homicidios se
terminaran declarando inconstitucionales. Ya el jueves pasado, la misma Corte se
había pronunciado en contra de la ejecución de retrasados mentales, en una
decisión que afectará a 20 de los 38 estados del país en los que se aplica la
pena de muerte desde su reimplantación en 1976, y que salvará la vida de varios
centenares de condenados con deficiencias mentales.
En el caso de Saldaño, ésta sería la segunda vez que logra esquivar la inyección
letal. En junio de 2000, la Corte Suprema había decidido anular su ejecución
argumentando que los fiscales la habían conseguido basándose en su condición de
hispano. Pero tiempo después la justicia texana no tuvo en cuenta esa
advertencia y ratificó la condena. Hace apenas un mes, el fiscal general de
Texas, John Cornyn, admitió por segunda vez la existencia del “error judicial”
al que llevó la interpretación de un psicólogo jamaiquino, quien juzgó como
“peligroso” el hecho de que Saldaño fuera un hombre joven y latino. “Nos vamos a
basar en el reconocimiento de Cornyn del error para pedir la anulación de la
pena de muerte. Consideramos que es importantísima para el caso”, concluyó su
abogado, Juan Carlos Vega.
