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El origen de las nuevas atribuciones, ¿una fórmula que se repite?La ecuación se repitió como un calco durante los últimos años: ante cada hecho violento que impactó en la opinión pública, el Poder Ejecutivo o el Legislativo salieron a anunciar medidas contra el delito. En muchos casos, esas iniciativas quedaron en la nada. En otros, se hicieron realidad pero no tuvieron el efecto esperado sobre la sensación de inseguridad de la gente.
Menos de un año después, el Gobierno intentó otra jugada ante una ola de robos a restoranes: lanzar la "Espiral Urbana": helicópteros y 400 policías recorriendo las calles. La inseguridad se mantuvo igual. El año pasado, los cuestionamientos se dirigieron hacia la ley de Reincidencia (limita los beneficios para quien es condenado más de una vez), luego de una toma de rehenes en La Paternal. Nada cambió. Tampoco la propuesta lanzada hacia fin de año: a partir del caso de un adolescente que asesinó a su maestra en Olavarría, se intentó bajar la edad de imputabilidad de los menores (pretendía que se los pudiera juzgar como adultos). Cuando el caso cayó en el olvido, el proyecto también. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores propuso endurecer las penas para quienes mataran a policías. Fue justo luego de que dos hombres de la Federal cayeran baleados. La idea ni siquiera se trató. El último ejemplo ocurrió hace dos semanas. Dos policías fueron asesinados en un asalto en Once y el Gobierno impulsó el proyecto que otorgó más atribuciones para la Federal. Nuevas atribuciones para la Policía Federal.La Policía Federal tendrá más atribuciones. El Senado lo decidió anoche
al aprobar una ley que les permitirá a los policías interrogar detenidos en el
lugar del hecho, revisar personas o vehículos sin autorización judicial, y
hacer allanamientos sin testigos, entre otras facultades. Las modificacionesAyer les llegó el turno de expedirse a los senadores. Cada uno de ellos había
recibido, horas antes de la votación, un documento emitido por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS). Allí se les advertía que la mayoría de
las atribuciones propuestas podían ser consideradas violatorias de las
garantías constitucionales. Comentario.Muchos especialistas sostienen que con los nuevos procedimientos lloverán las nulidades en las causas y se acumularán los procesos desvirtuados que terminen en nada. Durante el tratamiento del proyecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió a los senadores que la mayoría de las atribuciones propuestas podían ser consideradas violatorias de las garantías constitucionales. En resumen, las mayores atribuciones policiales —de hecho, algunas facultades exclusivas de los jueces que ahora pueden ejercer los policías— podrían funcionar si se cumpliera la ley a rajatabla. Y si nadie dudara de la eficiencia profesional de los agentes. Pero con 17 años de democracia constante se siguen anulando operativos mal hechos, y desde hace un año hay una comisión de fiscales que investiga procedimientos policiales armados contra inocentes (una práctica frecuente que hace recordar a los enfrentamientos fraguados, durante la época de la dictadura miliar argentina, contra supuestos subversivos, que eran en realidad fusilamientos). Ya se detectaron 55, con más de cien policías involucrados pertenecientes a ocho divisiones y nueve comisarías diferentes. Una encuesta oficial revela que el 66 por ciento de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires cree que el desempeño de la Federal en la prevención del delito es de regular para abajo. En otra encuesta, ésta realizada entre lectores del diario La Nación al día siguiente de la media sanción de la ampliación de poderes en la Cámara de Senadores, el 49,97% de los entrevistados manifestó que le da miedo que la Policía Federal tenga más poderes. Mientras que casi la mitad de cuantos opinaron se mostraron contra de la resolución del Congreso, el 37,65% señaló que ahora se siente más seguro y el 13,27% opinó que todo seguirá igual. Independientemente de la falta de soporte científico que apoye a la ampliación de poderes como método efectivo para disminuir el delito, resulta de gravedad el hecho de que dichas ampliaciones avanzan peligrosamente sobre principios constitucionales tales como aquellos que protegen a las personas, su domicilio, sus papeles privados y de su derecho a que sea el juez natural de la causa quien, desde el primer momento y durante la duración de todo el proceso, asegure la legalidad del proceso. La Policía tiene un desafío gigantesco sobre la espalda. Actuar con el equilibrio y la mesura que la confianza social depositó, hace muchos años, en los jueces. Con un principio innegociable: que la seguridad de la gente es tan importante como sus derechos.
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