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I. Casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos* Derecho a la Vida e Integridad Personal
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Caso AMIA |
El 18 de julio de 1994 estalló frente al edificio de la Asociación de Mutuales Israelitas en la República Argentina (AMIA) un artefacto explosivo ocasionando la muerte de 86 personas y dejando más de trescientos heridos. Desde entonces se ha realizado una investigación judicial que no ha aportado datos concretos sobre los hechos y los responsables del atentado.
El Estado Argentino ha incurrido en diferentes violaciones a derechos humanos fundamentales como no garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas al omitir cumplir su deber de prevenir, investigar y sancionar el atentado, y el derecho a la protección judicial de los familiares y los sobrevivientes.
Al cumplirse cinco años del atentado el CELS, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch, patrocinó a Memoria Activa, una asociación civil creada con el fin de perseguir la investigación del atentado a la AMIA, en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Argentino.
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Caso Bulacio |
Walter Bulacio fue muerto por la policía en 1991 a causa de los golpes que recibió en una comisaría luego de haber sido detenido arbitrariamente en la entrada de un recital de rock. Nunca fueron aclaradas las circunstancias en las que se produjo su muerte a pesar de las innumerables gestiones judiciales que ha realizado su familia.
Entre los derechos humanos involucrados en el presente caso se encuentran el derecho a la vida e integridad física como así el derecho a un recurso sencillo y efectivo ante un juez.
El CELS conjuntamente al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) patrocinó a los familiares de la víctima en la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando la violación de los derechos antes aludidos.
La Comisión aprobó un informe declarando admisible el caso e instando a las partes a arribar a una solución amistosa. Los peticionarios exigieron del Estado argentino medidas concretas que no fueron aceptadas por éste.
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Caso Dominguez Dominichetti |
Christian Domínguez Dominichetti murió como consecuencia de severos golpes sobre su cuerpo que efectuó personal del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. En el juicio que se realizó como consecuencia de tales hechos, sólo se condenó a tres personas por los delitos de torturas y negligencia funcional, dejándose de lado la responsabilidad por muerte.
Considerando que se violó tanto el derecho a la vida como a la integridad personal y se incumplió de esta manera un deber internacional específico de juzgar y castigar los hechos de tortura teniendo en cuenta su gravedad, el CELS junto a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) patrocinó a los familiares de la víctima en una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana.
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Caso Gutierrez |
En agosto de 1994, Jorge Omar Gutiérrez, subcomisario de la provincia de Buenos Aires, fue encontrado muerto en el vagón de un ferrocarril. Algunos testigos presenciales del caso responsabilizan del hecho a miembros de la policía bonaerense.
Además de violarse el derecho a la vida y a la integridad física, se incumplió con el derecho a un recurso judicial efectivo con respeto a las normas del debido proceso, en razón de la irregular y deficiente investigación que llevaron adelante tanto las autoridades policiales como judiciales.
El CELS, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) patrocina a los familiares y amigos de la víctima en una denuncia ante la Comisión Interamericana.
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Caso Lapacó |
En octubre de 1998, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación negó a Carmen Lapacó el derecho a conocer, a través de una investigación judicial, lo ocurrido a su hija, detenida desaparecida durante la pasada dictadura militar.
Esta resolución motivó la presentación de una denuncia ante la Comisión con el patrocinio del CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora-, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), donde se solicitaba una condena al Estado argentino por la violación del derecho a la verdad de la Sra. Lapacó.
En noviembre de 1999, luego de diferentes audiencias, se firmó en Buenos Aires una solución amistosa ante miembros de la Comisión Interamericana. El Estado argentino se comprometió a garantizar el derecho a la verdad. Esta obligación, reconocida por el Estado como imprescriptible, consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento de lo sucedido con las personas desaparecidas en la última dictadura militar.
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Caso Seguimiento 28/92 |
En el año 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la resolución Nº28/92 en la que declaró la incompatibilidad de las leyes y decretos de impunidad dictados por el Estado argentino con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recomendó al Estado argentino la investigación exhaustiva de las violaciones a los derechos humanos y su reparación integral.
En tal oportunidad la Comisión dispuso la implementación de un proceso de seguimiento del cumplimiento de dicha resolución en el que actualmente participa el CELS junto a otros organismos de derechos humanos.
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Indígenas: Caso Wichis |
Las comunidades aborígenes que integran la Asociación Lhaka intentan desde 1991 lograr que el gobierno reconozca su propiedad sobre las tierras que habitan. En forma inesperada, desconociendo las negociaciones que se estaban llevando adelante, en 1994 el gobierno inició obras en estas tierras que comprenden un puente internacional y un plan de urbanización de la zona. La Asociación fracasó en su intento de exigir la realización de la evaluación del impacto ambiental por vías judiciales.
El CELS, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), patrocina a la Asociación Lhaka en una denuncia ante la Comisión Interamericana por violación del derecho a la tierra ancestral, derecho que se basa fundamentalmente en la vida que estas comunidades desarrollan desde tiempos inmemoriales en esas tierras.
La presentación de la denuncia ante la Comisión dio lugar al comienzo de un proceso de negociación con el Gobierno sobre el reconocimiento de la propiedad de las tierras a las comunidades.
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Inmigrantes: Caso de la Torre |
Juan Carlos De la Torre es un inmigrante uruguayo que fue detenido sin orden judicial y expulsado de nuestro país sin gozar de las más mínimas garantías judiciales. En el ámbito interno se presentó un hábeas corpus sobre el que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando la expulsión ya se había efectuado.
El CELS presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana alegando la violación del derecho al acceso a un tribunal judicial y a un debido proceso.
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Caso Schillizi |
En agosto de 1995, el abogado Schillizzi fue sancionado disciplinariamente por jueces integrantes de un tribunal a los que había recusado. La medida, que ordenaba el arresto por tres días del abogado, se sostenía en la intención manifiesta de obstruir el curso de la justicia.
El CELS conjuntamente con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana alegando la violación de los derechos a la libertad ambulatoria, a la jurisdicción y a un debido proceso, ya que Schillizzi no había accedido a instancia judicial alguna que dirima la legitimidad de la restricción a su libertad ambulatoria.
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Caso Menéndez y Caride |
Menéndez y Caride son dos jubilados argentinos que iniciaron un reclamo judicial por el cobro de la totalidad de sus haberes jubilatorios. Sus reclamos en los tribunales se encontraban en trámite y sin resolución hacía más de tres años.
Con el patrocinio del CELS se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana alegando denegación de justicia. Debido a que la situación de estas personas no es excepcional, sino que alcanza a miles de jubilados, tramitan en forma conjunta en esta denuncia numerosas peticiones que han sido acumuladas por referirse a idénticas situaciones.
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Caso Cabezas |
José Luis Cabezas era un periodista gráfico argentino que fue asesinado en enero de 1997. Por su muerte y posterior encubrimiento del hecho se encuentran sospechados varios integrantes de la policía.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) solicitó al CELS el patrocinio de la querella en la causa penal por el homicidio de Cabezas debido a su vasta experiencia en temas vinculados a violencia policial e institucional.
Un equipo de abogados conformado por integrantes del CELS y de ARGRA participaron como parte querellante del debate que se llevó a cabo en la ciudad de Dolores. Fueron citados por esta querella numerosos testigos, los que fueron indagados con el fin de poder demostrar la existencia de un pacto de impunidad que atentaba contra la libertad de expresión en la Argentina.
En el alegato se destacó que la causa que determinó la muerte de José Luis Cabezas fue su condición de periodista y se enfatizó la idea de que el crimen fue cometido con el objetivo de transmitir a la prensa una señal de amenaza.
Como resultado del juicio fueron condenados todos los imputados en la causa y se comenzó una investigación judicial tendiente a averiguar la responsabilidad de efectivos de la policía bonaerense que colaboraron en el encubrimiento del crimen.
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Caso Ojeda |
José Luis Ojeda fue detenido en forma arbitraria por personal de la Policía Federal en 1996. Por negarse a firmar un acta que lo comprometía falsamente fue torturado por policías de una comisaría. A partir de haber denunciado las torturas, Ojeda comenzó a sufrir represalias. Así fue que fue objeto de detenciones arbitrarias y se le imputó en forma falsa haber cometido un robo y un homicidio. Estas dos últimas causas fueron declaradas nulas por la justicia.
El CELS representa a Ojeda en la causa iniciada por tortura por la que se encuentran procesados dos policías y en la denuncia penal por los actos de hostigamiento.
En 1999, Ojeda sufrió un atentado contra su vida tres días después de haber identificado en un reconocimiento fotográfico a algunos de los policías que lo habían hostigado. El CELS inició por estos hechos una nueva causa que se encuentra en plena investigación.
Ante la violación del derecho a la vida e integridad física y a la libertad ambulatoria, el CELS presentó ante la Comisión Interamericana una solicitud de medidas cautelares que fue acogida favorablemente. Allí se solicita al Estado argentino que disponga todas las medidas necesarias para la seguridad de José Luis Ojeda.
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Caso Vilela |
Hugo Airali, ex oficial de la Policía Federal Argentina, formuló graves denuncias contra su superior, un comisario, Norberto Vilela. Las denuncias consistían en diversas irregularidades cometidas por el comisario, entre otras, las de practicar detenciones masivas y arbitrarias, recaudar ilícitamente dinero, fabricar delitos y utilizar sus facultades disciplinarias con el fin de infundir temor a cualquier policía que quisiese oponerse a la comisión de estos delitos.
Como represalia, Airali recibió numerosas amenazas contra su vida e integridad fìsica, por lo que el CELS lo patrocinó en una denuncia ante la justicia penal donde se encuentran procesados dos oficiales policiales además del comisario Vilela.
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Caso Mignone |
Terminada la dictadura militar se inició la causa 761 con el fin de investigar las denuncias de crímenes cometidos en el ámbito de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
En el año 1995 Emilio Mignone, padre de una víctima de un centro clandestino de detención de la última dictadura militar presentó con patrocinio del CELS una denuncia ante la justicia en reclamo de sus derechos a la verdad y al duelo.
Con posterioridad a dicha presentación, gran cantidad de familiares afectados por el terrorismo de Estado se han presentado en la causa.
A fines de 1998, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se presentó como parte en la causa.
Durante el transcurso del año 1999, fueron solicitadas en la causa diversas medidas tendientes a obtener información que permita encontrar a los responsables de los hechos investigados.
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Caso Colotto |
En julio de 1998, diversos organismos de derechos humanos presentaron un petitorio ante el Ministro del Interior para que se remueva de sus cargos a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre quienes pesaren pruebas de su participación en violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar. Este petitorio, al que se acompañó un listado de nombres entre los que se encontraba el del ex comisario Colotto, fue fundado en una resolución dictada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades.
Al sentirse agraviado por este hecho, el ex comisario Colotto inició una querella de calumnias e injurias contra presidentes de ocho organismos de derechos humanos. Abogados del CELS ejercen la defensa de la mayoría de las personas imputadas en la causa.
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Caso Viceconte |
Mariela C. Viceconte, alumna del práctico UBA-CELS, con el patrocino de abogados del CELS, interpuso un recurso de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo federal con el fin de lograr que el Estado sea obligado a producir una vacuna (Candid I) contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.
La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal falló ordenando al Ministerio de Salud y acción Social y al Ministerio de Economía cumplir estrictamente y sin demoras con el cronograma para la construcción del laboratorio que fabricará la vacuna. En su fallo, de junio de 1998, responsabilizó en forma personal a los respectivos ministros y puso la sentencia en conocimiento del Presidente de la Nación y del Jefe de Gabinete de Ministros.
Actualmente se encuentra pendiente la resolución de dos recursos de queja que fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ambos Ministerios. El CELS, por su parte se encuentra diligenciado oficios para controlar el cumplimiento por parte del Estado de las medidas ordenadas por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en su fallo.
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Caso Follini |
En octubre de 1997 Martín Follini fue detenido arbitrariamente junto a dos compañeros. Miembros de la policía federal intentaban evitar una manifestación pacífica opositora al Presidente de la Nación y omitiendo cumplir con los requisitos legales debidos detuvo a los jóvenes para averiguar su identidad.
El CELS patrocinó a Follini en una denuncia ante la justicia donde se cuestionó la facultad policial de detener a personas por averiguación de identidad.
La justicia consideró que en este caso dicha potestad fue utilizada arbitrariamente y condenó a un policía por el delito de privación ilegítima de la libertad.
Actualmente, el policía condenado presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, luego de que le fuera denegado un recurso de apelación.
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Caso Careaga |
Ana María Careaga se desempeñaba como jueza en el poder judicial de la provincia de San Luis.
Como represalia por haber defendido la independencia judicial en su provincia y por haber iniciado una investigación judicial a un funcionario público fue destituída de su cargo por un Tribunal de Enjuiciamiento y le fue iniciada una causa penal.
Los abogados del CELS patrocinan a la ex magistrada en su defensa y han presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que aún no fue resuelto. Simultáneamente se gestionó ante la justicia un pedido para evitar su detención.
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Caso Tablada |
En enero de 1989 un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) atacó el Regimiento Militar de La Tablada. Después del copamiento siguió la represión en manos del Ejército, con un saldo final de numerosas muertes. Los atacantes fueron juzgados y condenados según la Ley de Defensa de la Democracia, y desde un primer momento fueron denunciadas graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Agotadas las instancias internas, los condenados acudieron a la Comisión Interamericana, que en diciembre de 1997 emitió un duro informe en el que sostuvo que había sido debidamente probado que muchos de los muertos fueros ejecutados por las fuerzas militares después de su rendición, así como también que muchos de los condenados habían sido torturados o maltratados. Finalmente, también destacó que se había violado el debido proceso por la falta de una instancia que revisara la sentencia del tribunal de juicio.
Como consecuencia de la inactividad del Gobierno Nacional frente a este informe, el CELS presentó una querella (conjuntamente con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) para que se investiguen las ejecuciones reconocidas por la Comisión Interamericana. Después de un primer rechazo por parte de los tribunales, actualmente se está avanzando, lentamente, en la investigación de estos hechos.
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Caso patti |
Luis Abelardo Patti, quien fue Comisario de la Policía en la última dictadura militar argentina y está seriamente acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos, se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.
El CELS presentó una impugnación a dicha candidatura ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires basándose en la falta de idoneidad de Patti para ejercer cargos públicos, requisito exigido por la Constitución Nacional (art. 16).
La impugnación fue rechazada por la Junta Electoral sin resolver las cuestiones de fondo planteadas. En su rechazo, la Junta Electoral, se limitó a informar que L. A. Patti no registraba antecedentes penales, dato que había sido incluido en la impugnación presentada.
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Caso Voto de Detenidos sin Condena |
El CELS interpuso un amparo contra los Ministerios de Justicia e Interior con el objeto de solicitar se garantice el ejercicio del derecho al sufragio de las personas que se encuentran privadas de su libertad sin condena en todos los establecimientos penitenciarios del país.
En el caso se considera que si bien se priva a una persona legítimamente de la libertad ambulatoria por razones de prevención, el resto de sus derechos no se encuentran alcanzados por dicha restricción y deben poder ser ejercidos ampliamente.
La acción fue rechazada cuatro meses después de presentada. Esta resolución fue apelada ante un tribunal superior, quien a pesar de la inminencia de un acto eleccionario no se expidió.
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Caso Verbrugghe |
María Inés Verbrugghe padece de una incapacidad motora que hace que deba trasladarse en silla de ruedas. Para acceder a su lugar de trabajo utiliza habitualmente como medio de transporte el tren. La empresa concesionaria del servicio había comenzado a realizar en las estaciones una serie de remodelaciones colocando molinetes y máquinas expendedoras de boletos. Estas innovaciones impedirían que personas como María Inés Verbrugghe pudieran utilizar el servicio.
Ante esta inminente situación, el CELS, patrocinando a la perjudicada inició una acción de amparo para garantizar el derecho a la igualdad de personas discapacitadas donde se reclama la adecuación del servicio ferroviario a la normativa vigente sobre accesibilidad para las personas con discapacidad.
En primera y en segunda instancia la justicia resolvió haciendo lugar al reclamo y ordenó a la empresa concesionaria adecuar los accesos en un plazo de 60 días y al Estado a supervisar la ejecución de las obras.
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Denuncia al Defensor del Pueblo por Brote de Enfermedad |
Ante el brote de una enfermedad (Leichmaniasis) en la provincia de Salta, se presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo con el objeto de lograr el suministro de un antídoto para dicha enfermedad y la supervisión de las actividades económicas que produjeron el brote. Como consecuencia de la presentación de la denuncia se declaró el alerta sanitario en la provincia.
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Denuncia al Defensor del Pueblo por Certificados de Pobrezas para Inmigrantes |
Los trámites para obtener la residencia legal en nuestro país tienen un costo sumamente elevado. Hasta mediados de 1998 las personas carentes de recursos podían acreditar no poder abonarlos a través de un certificado que tramitaba ante los tribunales. A raíz de una resolución reciente de la justicia, estos certificados deben tramitarse ante los Registros Civiles. Estos Registros se niegan a tramitar certificados a personas que carezcan de Documento de Identidad argentino.
A raíz de esto se presentó una denuncia ante el Registro que obtuvo como respuesta el reconocimiento expreso del actuar ilegítimo de dicho ente.
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Denuncia ante el Panel de Inspección del Banco Mundial por Derecho a la Alimentación |
El Banco Mundial otorgó a la Argentina un crédito monetario en el que se preveía una cláusula de garantía por la que determinados programas sociales no podían modificarse. Entre estos, se encontraba el Pro-huerta, un programa por el cual las personas con necesidades básicas insatisfechas reciben semillas y capacitación para producir alimentos en su propia huerta.
Durante 1999 el programa Pro-huerta sufrió un abrupto recorte presupuestario que ponía en peligro su subsistencia.
Considerando que se estaba afectando el derecho a la alimentación de beneficiarios y trabajadores, con el patrocinio del CELS se presentó una denuncia ante el Panel de Inspección del Banco Mundial.
Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999, el Panel de Inspección realizó una visita a la Argentina con motivo de esta denuncia, luego de la cual presentó un informe en el mes de diciembre. Allí se declaró el pedido abstracto por la terminación del préstamo del Banco, pero se reconoció el derecho de los peticionarios y la necesidad de profundizar la comunicación entre el Banco y la sociedad civil.
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