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Muertes en enfrentamientos en el G.B.A.INTRODUCCIÓN La violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad en el Gran Buenos Aires ha alcanzado niveles alarmantes. El análisis de diferentes indicadores[1] permite apreciar:
I. UN BREVE ANÁLISIS DE LOS ENFRENTAMIENTOS POLICIALES Durante el año 1999 se produjo un fuerte incremento de las muertes en enfrentamientos de civiles con integrantes de las fuerzas de seguridad. Este incremento particularmente notorio en el Gran Buenos Aires, donde el número de personas muertas por agentes de seguridad mostró un aumento de 100%, acompañado de un incremento del 23 % en el número de funcionarios muertos. Este crecimiento no había tenido precedentes en años anteriores. Si bien durante el año 2000 no se repitió este aumento, la cantidad de personas, civiles y funcionarios muertos en enfrentamientos se sigue manteniendo en los altos niveles alcanzados el año anterior.
Una primera lectura de los datos anteriores permite realizar dos observaciones: a) En primer lugar, el incremento de la mortalidad de civiles víctimas del accionar policial está acompañado por un aumento en la muerte de funcionarios. En tal sentido la violencia de la política represiva termina envolviendo entre sus victimas a los propios agentes de seguridad. b) En segundo lugar, este incremento de la mortalidad de civiles y funcionarios, lejos de dar resultados en materia de seguridad, no fue presenta acompañado de la reducción del número de delitos denunciados. Aun cuando todavía no hay estadísticas criminales para el año 2000, sin embargo las cifras correspondientes al primer semestre (156.146 delitos denunciados de enero a junio) parecen indicar que el total de delitos denunciados se mantendrá relativamente estable en relación con todo el año 1999 (312.292)[2].
II. INDICADORES DE IRRACIONALIDAD EN EL USO DE LA FUERZA Un análisis más profundo muestra que estos enfrentamientos presentan características de irracionalidad y uso indiscriminado de la fuerza letal. Este abuso de la violencia y el uso de la fuerza en primera instancia y sin los menores recaudos explica tres fenómenos preocupantes: a) El mayor porcentaje de las víctimas civiles se encuentra entre personas menores de edad (de 1 a 20 años). b) Se observa un fuerte incremento de los casos de terceros muertos por causa del accionar policial en los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y sospechosos. c) La gran mayoría de los funcionarios muere en circunstancias en las que no se encuentra desempeñando servicio.
A) LA EDAD DE LAS VICTIMAS DE LOS ENFRENTAMIENTOS Como muestra el siguiente gráfico, de las 102 víctimas fatales civiles de las que se tienen datos acerca de su edad, más del 42 % tienen menos de 21 años.
Entre los menores de 21 años, 27 de las víctimas son menores de 18 años y 16 se encuentran entre los 18 y los 20. Contra lo que se supone las personas menores de 21 años no muestran un mayor nivel de violencia en los supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Se observa lo contrario: los datos muestran que en la mayoría de los episodios en que hay agentes de policía muertos se trata de enfrentamientos con mayores de edad[3]. Asimismo de los 43 enfrentamientos en que han muerto menores, sólo en cinco de ellos hubo funcionarios muertos (2) o heridos (5).
B) LAS MUERTES DE TERCEROS Durante el año 2000 se ha observado un fuerte incremento de los terceros muertos y heridos en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y sospechosos. De 1999 a 2000 la cifra de terceros muertos pasó de 6 a 16 y la de los heridos de 22 a 40.
Y además de este aumento en el número de terceros muertos y heridos, un análisis más detenido de las noticias en que aparecen estos casos permite observar que estas muertes no se deben a errores policiales, falta de capacitación o a la fatalidad sino al accionar que implementa la institución y al uso irracional de la fuerza por parte de los agentes: a) En muchos casos la muerte del tercero es producida por la reacción violenta del policía en circunstancia en que no se encuentra en peligro su vida ni la de otras personas, y las que su reacción genera situaciones de alto riesgo. Ejemplo de esto son la muerte de Alejandro Marcos Levickas de 20 años muerto por la policía cuando esta decidió perseguir a dos personas que merodeaban un banco[4], o la muerte de Carmen Noemí Sosa, alcanzada por una bala policial cuando un agente reaccionó ante un asalto a un colectivo con pasajeros el 7 de octubre de 2000. En la gran mayoría de los casos se consigna que son las fuerzas de seguridad las que inician el uso de las armas (en las noticias que terminan en la muerte de terceros como resultado del enfrentamiento, en un solo caso se consigna que los sospechosos iniciaron los disparos). Es de notar que las noticias policiales se basan, en general, en los partes oficiales emitidos por las fuerzas de seguridad, por lo que el dato puede estar subcuantificado. b) Por otra parte, el análisis de los casos de muertes de terceros muestra que el recurso a la fuerza letal es la primera reacción policial, sin los mínimos recaudos ni circunstancias que lo justifiquen. Tal es el caso las graves lesiones al deportista Walter Balunek, a quien el 15 de febrero un policía le disparó en la puerta de un banco confundiéndolo al suponer que se dirigía a robarlo. O el caso de Gisela Bareto una chica de 12 años que en enero falleció víctima de un disparo policial en medio de una persecución[5]; o el caso de Mariano Witis (23 años) que en septiembre fue muerto por la policía junto a uno de los sospechosos que lo había tomado de rehén[6]. O la muerte del simpatizante de Deportivo Morón, Mariano Guaraz de 17 años, asesinado el 16 de diciembre por el disparo de escopeta de un agente policial[7]. c) En diversos casos, la circunstancias de la muerte de terceros causada por las fuerzas de seguridad es seguida de un ocultamiento o modificación de los hechos a fin de incriminar al tercero como autor de un delito o de inventar un supuesto enfrentamiento. Así la versión policial en el caso del asesinato de Mariano Witis fue que él y la otra rehén formaban parte del grupo de asaltantes, en el caso de la muere de Gisela Barreto los agentes sostuvon que el los delincuentes estaban armados y se trataba de un enfrentamiento[8]. Esto no sólo muestra que el accionar ilegal en el uso de las armas es seguido de acciones delictivas, sino que, además, es dable suponer la existencia de este tipo de hechos en otros casos que son presentados como enfrentamientos en los partes policiales.
C) EL ELEVADO PORCENTAJE DE POLICÍAS MUERTOS DE FRANCO En las policías de Buenos Aires, sólo el 21 % de las muertes de agentes policiales se produce en condiciones normales de servicio. El resto se produce en situaciones ajenas al servicio y en la mayoría de los casos -34%- cuando el agente se encuentra de franco.
Por una parte, esto señala el nivel general de inseguridad y las condiciones de multifuncionalidad a la que son sometidos los policías. Pero de modo particular la responsabilidad por estas muertes es adjudicable a políticas institucionales incapaces de reaccionar de modo adecuado ante situación. Se trata de políticas que mantienen la obligación legal del policía de reaccionar hasta las últimas consecuencias y en toda circunstancia, y de instituciones que otorgan poca trascendencia a la evaluación y desarrollo de políticas que protejan a sus integrantes.
[1] Ante la ausencia de datos oficiales que permitan este tipo de análisis, las cifras utilizadas para este documento provienen de la base de datos del CELS. Esta base se elabora a partir del relevamiento sistemático de noticias publicadas en los cuatro periódicos de mayor circulación del país. [2] Datos del Sistema Nacional de Información Criminal. Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. [3] En tres hechos en los que se informa la muerte de un agente en el ámbito del Gran Buenos Aires se detalla la participación de personas menores de edad. [4] El hecho se produjo el 29 de septiembre y además de la muerte de Alejandro Levickas, resultó herido otro tercero, el joven de 19 años Manuel Fernández Gache. También murieron un sospechoso y fueron heridos tres policías y un sospechoso. Los resultados de la desproporcionada persecución, sólo una semana después de la muerte de Mariano Witis, llevaron a reemplazo de tres altos jefes policiales de la zona aunque no se les aplicaron sanciones. La autopsia sobre el cuerpo de A. Levickas determinó que había recibido cinco balazos. [5] Todos los testigos del caso sostienen que la única que disparó fue la policía y que los sospechosos no estarían armados. [6] Las pericias realizadas sobre las armas encontradas prueban que los supuestos delincuentes nunca dispararon. [7] Según la investigación el disparo de esa escopeta también había producido heridas en otras dos personas. [8] En octubre Nestor Fernandez de 16 años y Sebastian Ciarlo de 24 muerieron al ser atropellados en su ciclomotor por un patrullero policial que participaba de una persecución. La versión policial, señalada como falsa por lo familiares de los jóvenes y organizaciones de víctimas, sostuvo que los jóvenes murieron mientras participaban de una carrera callejera.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2001.- CENTRO DE
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