|
Fuentes jurídicas explicaron que este es el segundo caso de 'mobbing' admitido por la vía penal en Catalunya, después de que el pasado mes de septiembre, un juez de Barcelona abriera diligencias contra un gerente de Telefónica por acosar a un empleado. En España, ya son varias las causas por acoso moral que se están tramitando por la vía penal.
La trabajadora asegura que su jefe, M.A.C., de 54 años, administrador de Disvasconfec S.L., una empresa dedicada al sector téxtil de Sabadell, la obligó incluso a trabajar estando de baja llevándole en un taxi las tareas a casa y que la amenazaba e insultaba en público, lo que ha provocado que haya atravesado graves crisis de angustia y ansiedad y que presente trastornos de la personalidad, además de fobia al trabajo.
Asimismo, asegura que le prohibió ir al médico en horas de trabajo y que la amenazó con despedirla, rebajarle el sueldo o le dijo frases como: "que tenía que escoger entre sus hijos o su trabajo y que la dedicación al trabajo debía ser exclusiva".
La querella, que ha sido admitida a trámite por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, relata como el imputado le dijo que "era una inútil" y que no sabía "donde tenía la mano derecha".
En el auto por el que se admitió a trámite la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez afirma que los hechos denuncidos pueden ser constitutivos de "un supuesto delito de lesiones, coacciones y contra la libertad de los trabajadores".
La mujer, que lleva más de dos años de baja laboral, empezó a trabajar para M.A.C., que además es su primo hermano, a los 13 años, barriendo en las oficina de Hispamoda, hasta que a los 17 años "ya llevaba la oficina y el almacén". A partir de entonces, sus funciones empezaron a incrementarse paulatinamente sin que "realmente tuviera un horario", asegura la mujer.
Sin embargo, el acoso moral se inició después de que la empresa cambiara de nombre y pasara a llamarse Divasconfec. En su declaración en el juzgado, la mujer explicó que no ha dejado el trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a sus hijos, después de separarse de su marido, quien no le pasaba ninguna pensión. La empleada explicó que se llevaba trabajo a casa y que algunas noches ni siquiera dormía.
La querella relata que la mujer estaba asegurada con categoría profesional de operaria de segunda aunque realizaba una serie de funciones "que van más allá de dicha calificación profesional, al encargarse de la atención telefónica a los clientes, control de talleres de confección, controlar las planchas, controlar el almacén a nivel de controlar los pedidos, controlar los stocks para saber qué había en el almacén, así como aquellos productos que estaban fabricados o en proceso de fabricación, y controlar las piezas que debían los proveedores".
En la denuncia, presentada por el abogado de la mujer, Julián Suárez-Inclán, también se señala que la trabajadora "se ha visto sometida a un auténtico calvario y acoso ante la función de persecución que ejercía" el administrador "dirigida a que sus condiciones laborales y psicológicas fuesen de una presión de tal entidad" que la mujer "se viera abocada a abandonar la empresa para protegerse de dicha persecución y para proteger su integridad personal y psíquica".
La mujer también asegura que el administrador nunca le dio "instrucciones concretas" sobre sus innumerables funciones, lo que ha sido aprovechado por el imputado "para recriminarle porque había realizado un trabajo y había desatendido otro, porque había estado todo el día hablando por teléfono, porque se había desplazado a las otras seis tiendas que tenían porque había encargado un pedido y no otro".
La querella añade que "esta situación" le provocó un "estado de gran ansiedad y vergüenza" y comportó una "pérdida de autoestima" al "ignorar de qué manera debía trabajar en la empresa para evitar así la presión a la que venía sometiéndola diariamente el querellado". La denuncia señala que la mujer ha tenido que pagarse médicos privados porque no podía acudir en horas de trabajo.
Esta situación de acoso y "maltrato psicológico" se agravó, según la querella, cuando la mujer le comunicó a su jefe que quería trabajar sólo ocho horas, lo que provocó que empezara a ser insultada y vejada en público por su jefe, según la querella. A partir de ese momento, la mujer empezó a acudir al médico de la Seguridad Social, que le recetó ansiolíticos, que toma desde hace dos años.
La hermana de la empleada también trabajaba en la misma empresa pero tras 24 años se marchó porque el querellado le amenazó con pegarla, según la mujer. La trabajadora denunciante asegura que el administrador era igual con todo el mundo, lo que motivó que diversos empleados se marcharan de la empresa "hartos de aguantar insultos".
El pasado mes de febrero, el empresario, prestó declaración ante la juez en calidad de imputado y negó que acosara a la trabajadora asegurando además que las horas extras las hacía la mujer "de forma voluntaria".
El administrador afirmó que ésta trabajaba "siempre" en la empresa y que su función era la de administrativa, negando que haya tenido nunca algún problema con empleados. El imputado negó que la hubiera insultado o amenazado con despedirla o bajarle el sueldo.
Sin embargo, la mujer asegura que la humillaba delante de los compañeros o de clientes y que esta situación provocaba que "soñara con el trabajo" y que incluso haya pensado "en el suicidio".
"El se ha quedado el dinero y la posición y yo la enfermedad y sin trabajo y encima no sé qué soy ni quien soy, y me han estado exprimiendo como a un limón y me he terminado", añadió la trabajadora a Europa Press.
FUENTE: Europa Press.
ABC.-Toledo.
El CIT pide la dimisión de Gil por generar una «crisis» entre instituciones por la Vega Baja
TOLEDO. El Colectivo de Interinos y Temporales (CIT) de Castilla-La Mancha exigió ayer el cese del consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, porque entiende que su falta de capacidad organizativa en el proyecto urbanístico de la Vega Baja ha generado una «crisis» en las relaciones institucionales entre su departamento, el Consejo Consultivo, la Comisión Regional de Urbanismo y el Ayuntamiento de Toledo.
En un comunicado, el Colectivo acusa también al consejero de la realización de «informes técnicos manifiestamente arbitrarios que vulneran nuestras leyes, creando numerosas situaciones de inseguridad jurídica», citando, a modo de ejemplo, el caso de la Vega Baja. También denuncia su política de personal basada «en el amiguismo, enchufismo y favores personales» y «casos gravísimos de acoso moral».
Según el colectivo, Alejandro Gil comete irregularidades como al creación de jefaturas de servicio ficticias «carentes de contenido, incumpliendo de manera flagrante la legislación vigente». El CIT también denuncia «conductas abusivas de determinados altos cargos sobre algunos funcionarios», la quiebra de relaciones entre órganos de la Junta de Comunidades «y la degradación y falta de credibilidad de la Consejería» provocadas por la gestión del citado responsable autonómico.
«Estamos convencidos -continúa la nota- de que el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, como político responsable que es, pondrá fin a esta etapa de decadencia instucional de la Consejería de Obras Públicas, con un cambio sustancial en su modelo organizativo para que estas situaciones nunca vuelvan a producirse, de forma que los principios de buena fe, eficacia, eficiencia así como los principios de igualdad, mérito y capacidad sean una realidad en el hacer cotidiano de la Administración regional».
En cualquier caso, «si la ética profesional no es motivo suficiente para que Alejandro Gil dimita, Bono debe destituirle por haber gestionado de forma arbitraria la Consejería de Obras Públicas», reitera el comunicado.
Martes, 8 de Abril de 2003
LA INFORMACIÓN DE ALICANTE.- Local.
MOBBING
Cuatro expertos abordan el acoso psicológico en el trabajo en el Club INFORMACIÓN
Cuatro especialistas abordan esta tarde en el Club INFORMACION (Avenida Doctor Rico, 17) el acoso psicológico en el trabajo desde un enfoque multidisciplinar, en una mesa redonda que se celebrará a partir de las 20.00 horas.
Al finalizar las intervenciones se abrirá un coloquio para que los especialistas respondan a las preguntas del público. La asistencia es libre, limitada al aforo del local.
La Asociación Valenciana para la Erradicación del Acoso Psicológico en el Trabajo ha organiza do este acto con la colaboración del Sindicato de Enfermería (SATSE) y de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante.
En la mesa de esta tarde intervienen la abogada María José Blanco Barea, jurista especializada en el estudio del acoso psicológico en el trabajo, junto a la doctora Reyes Núñez Bartolomé, ex jefa del Servicio de Medicina del Trabajo del Hospital de San Sebastián y miembro de la Asociación Francesa de Medicina del Trabajo.
También participan la psicóloga clínica Elena Aznar Avendaño, y Miguel Barón Duque, doctor en Psicología y profesor titular del Departamento de Psicología Organizacional de la Universidad de Sevilla.
El periodista José María Perea presenta el acto y modera el debate posterior a las intervenciones de los cuatro especialistas citados.
El acoso psicológico en el trabajo o «mobing» es objeto de denuncia creciente, a pesar de que esta actuación no está tipificada expresamente como delito en el Código Penal.
Junto a la sede del diario INFORMACION, en la misma Avenida Dr. Rico en el polígono de San Blas, existe un amplio aparcamiento para vehículos, de carácter público y gratuito.
LA TRIBUNA DE SALAMANCA. Local
Dos empleadas de Educación Vial presentan la primera querella criminal por 'mobbing'
El 11% de las mujeres y el 6% de los hombres sufren acoso moral en el trabajo, según UGT
UGT sacó ayer a la luz los dos primeros casos que se dan en Salamanca de querellas criminales por acoso moral en el trabajo. Se trata de dos empleadas del Centro Superior de Educación Vial que han denunciado a sus superiores por discriminación laboral.
M. Á. R.
El acoso moral en el trabajo o 'mobbing' no está aún tipificado en la legislación española, si bien existe jurisprudencia al respecto y el Parlamento Europeo ha descrito en una resolución el fenómeno. Se trata de situaciones de discriminación laboral, hostigamiento y abuso de autoridad por parte de los superiores, que provocan lesiones y alteraciones físicas y psíquicas en los empleados. Éste es el caso de dos trabajadoras del centro superior de Educación Vial, que han presentado la primera querella criminal que se registra en Salamanca por este motivo, según informó UGT. El sindicato, que se ha sumado a la denuncia, asegura que los problemas de las dos demandantes comenzaron hace cuatro años, a raíz de haber superado una oposición. «El acceso a la oposición de estas trabajadoras produjo tal rechazo en el centro superior de Educación Vial que, en estos momentos, son las únicas mujeres del grupo A que tienen asignado el nivel más bajo de su escala, constatándose el hecho de que a todas las nuevas promociones se les ha asignado, de entrada, dos niveles más». UGT denuncia que las empleadas han sido apartadas de sus funciones, se les ha negado el acceso a cursos de formación remunerados, les han encargado tareas de «imposible cumplimiento», han sufrido humillaciones y se han obstaculizado las relaciones con sus compañeros, hasta el punto de ser rechazadas por ellos. Además, se las acusa de ser las responsables del posible cierre del centro. Un tercer caso UGT afirma también que hay una tercera trabajadora del centro que se encuentra en la misma situación, que, en este momento, está en tratamiento médico, pero que no ha presentado querella. Precisamente, la negativa de las personas que sufren acoso moral a denunciar su situación es la que provoca que se registren muy pocos casos de 'mobbing' en los tribunales. No obstante, el sindicato asegura que el 11 por ciento de las mujeres trabajadoras de la provincia y entre el 5 y el 6 por ciento de los hombres sufren acoso moral. Además, UGT señala que la mayor parte de los casos se da en la Administración pública.
EL NORTE DE CASTILLA.- Castilla y León.
Denuncian por acoso moral a tres altos cargos de Tráfico de Salamanca
F. GÓMEZ/SALAMANCA
El sindicato UGT y dos funcionarias de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Salamanca presentaron ayer una querella criminal contra el director del Centro Superior de Educación Vial de la ciudad, Miguel Moreno Sánchez, el jefe de área de este centro, Juan Jesús Martín y la subdirectora general, Estella Rivera, por las «lesiones y alteraciones físicas» que las trabajadoras están sufriendo supuestamente como consecuencia «del acoso moral, la discriminación laboral, el hostigamiento y abuso de autoridad» de sus superiores.
UGT afirma que desde el acceso por oposición de las dos pedagogas al Centro Superior de Educación Vial «se las ha apartado de manera sistemática de las funciones que les son propias», además de discriminarlas en la oferta de cursos de formación.
EL NORTE DE CASTILLA.-Salamanca.
Denuncian por acoso moral a tres altos cargos de la DGT salmantina
Dos trabajadoras de Tráfico han presentado una querella por «discriminación, hostigamiento y abuso de autoridad»
Éste es el primer caso denunciado por el denominado 'mobbing' que se registra en la provincia de Salamanca
F. GÓMEZ/SALAMANCA
El sindicato Unión General de Trabajadores y dos funcionarias de la Dirección General de Tráfico presentaron ayer una querella criminal contra el director del Centro Superior de Educación Vial de Salamanca, Miguel Moreno Sánchez, el jefe de área de este centro, Juan Jesús Martín y la subdirectora general, Estella Rivera, por las «lesiones y alteraciones físicas» que las trabajadoras están sufriendo supuestamente como consecuencia «del acoso moral, la discriminación laboral, el hostigamiento y abuso de autoridad» de sus superiores.
Se trata del primer caso de este tipo, conocido como 'mobbing' presentado en la provincia de Salamanca. En su querella, la Federación de Servicios de UGT asegura que desde el acceso por oposición de las dos pedagogas al Centro Superior de Educación vial «se las empieza a apartar de manera sistemática de las funciones que les son propias, relegándolas a tareas que las han ido descapitalizando progresivamente por una situación de discriminación laboral».
En su denuncia, el sindicato también asegura que las dos funcionarias son «discriminadas premeditadamente» de la oferta de cursos del centro y que son «directamente excluidas de los cursos cuando son remunerados por las instituciones que los solicitan».
Tensión y persecución
Entre las razones de la denuncia, la secretaria provincial de FSP-UGT, Antonia Fraile, asegura que «su jornada de trabajo está permanentemente sometida a la tensión y a la persecución más encarnizada», así como a «intimidaciones, faltas de respeto o, por ejemplo, acusaciones en público de haber comprado un coche de forma fraudulenta de forma constante».
Antonia Fraile también aseguró que cuando el sindicato comunicó a la dirección del centro que debían cesar estas presiones y se puso en conocimiento de los compañeros de las dos funcionarias la situación, «se desató una campaña orquestada y manipulada que atemorizó al resto del personal bajo la amenaza del cierre del centro, despidos o traslados a Madrid», una situación que según el sindicato «provocó además el rechazo a las dos compañeras».
Según los datos que dio ayer a conocer en Salamanca el sindicato, esta forma de presión se realiza sobre 1.500.000 trabajadores en todo el país. Estas estadísticas reflejan que, además, la mayor parte se da en las administraciones públicas y con una mayor incidencia en las mujeres.
Miércoles, 9 de Abril de 2003
EL PERIODICO DE ARAGÓN.- Quejas.
CASOS DE ´MOBBING´
Entre las reclamaciones recibidas por el Justicia de Aragón a lo largo del 2002, se encuentran casos de acoso moral en el trabajo o mobbing; denuncias contra el régimen jurídico de las becas y las prácticas de colaboración en empresas; quejas por el estado de algunas carreteras aragonesas y de máquinas quitanieves; reclamaciones por las listas de espera para acceder a centros de atención residencial; y peticiones de medidas de prevención de la ludopatía.
EL COMERCIO.- Opinión.
CARTA DE GIJÓN
Acoso moral
JOSÉ LUIS IGLESIAS/
UNO de los problemas que va en aumento es el acoso en el ámbito laboral, que se manifiesta de diferentes formas. Es un comportamiento que abre una herida, que nada tiene que ver con el estrés, atacando al amor propio, la dignidad del trabajador/a, una súbita pérdida de confianza que uno o una tuviera depositada en la dirección de la empresa. El traumatismo es mayor cuanto más importante sea la implicación que tenga el/la compañero/a en su trabajo.
Eso se manifiesta mediante una conducta al límite de la discriminación: observaciones sexistas para desorientar a una mujer en un departamento de hombre, bromas soeces dirigidas a un homosexual. Esto conlleva que se ha pasado de la discriminación al acoso moral, más sutil y más difícil de advertir con el riesgo de que le sancionen a uno o a una.
Estos conflictos los provocan personas o individuos que miran con recelo, con autoritarismo, que niegan la información necesaria, que no valoran el trabajo de los otros, que no confían en los demás, los que hacen el vacío... Todos ellos forman parte de un mismo grupo, los acosadores/as, laborales y va en diferentes direcciones. Un buen gestor de personal y organización del trabajo tiene que apostar por el mayor rendimiento en la empresa, sobre la base del bienestar de trabajadores y trabajadoras, potenciando la autoestima de los mismos/as y fomentando el espíritu de equipo para que todos, sin exclusión, se sientan parte del proyecto de actividad de la empresa. Lo que se practica en algunos casos es todo lo contrario, el hostigamiento, el miedo, la coacción, la intimidación y la amenaza.
En nuestra sociedad, como consecuencia de la cultura imperante, existen diferentes relaciones de poder entre hombres y mujeres, relaciones asimétricas contrarias al principio de igualdad, que subordinan a las mujeres al poder natural de los hombres. La principal razón es que las mujeres son más vulnerables a la violencia que padecen en todos los ámbitos en que se desarrolla su vida cotidiana y, en particular, en el mundo laboral.
Hay un factor o varios, pero el principal es el desempleo, la precariedad laboral y la competitividad. Son factores que están ligados, la violencia social en su conjunto y eso lo estamos viviendo día a día en muchos centros de trabajo de Gijón y Asturias. Esto impide una relación fluida en el mundo laboral y empresarial. Lo que deben hacer los sindicatos es combatir estas conductas que conducen a una confrontación que todos estamos obligados a evitar.
EL CORREO.-Vizcaya.
JUAN LUIS FUENTES SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
«Convendría un juzgado especial para las calumnias entre famosos y tertulianos»
IDOIA URKIDI/BILBAO
El Servicio de Atención a la Víctima, promovido por el Gobierno vasco, funciona desde 1991. Este departamento, cuyo máximo responsable es Juan Luis Fuentes, atiende gratis a una media de 700 personas al año.
-¿Son los vizcaínos reacios a denunciar?
-No, cada vez son más conscientes de que pueden reclamar asistencia y sus derechos.
-¿Existe también el maltrato a los hombres?
-Sí, por supuesto, pero en menor número.
-¿Sería un maltrato psicológico?
-Hay casos en que se da violencia física. Lo que se suele denunciar es el desprestigio que mina la personalidad y la autoestima.
-También tratan el 'mobbing'. ¿Cómo se contrasta un caso de acoso moral en el trabajo?
-Es complicado. Precisas testimonios de compañeros o personas que puedan testificar.
-¿Entonces?
-La versión de la víctima es la base fundamental de la denuncia.
-¿Cuál es el perfil de la estas víctimas?
-Son personas de 35 a 45 años con un cierto nivel de estudios y una cierta capacitación, que después de desarrollar unos años de trabajo se encuentran con unas funciones que no son las suyas.
-Podría ser cualquiera.
-Sí, mujeres u hombres.
-¿Debe legislarse sobre estos delitos?
-Yo entiendo que sí. Pasamos el 80% de nuestro tiempo en el trabajo.
-¿Y existe una sensibilización en la sociedad?
-Ante la violencia de género, por supuesto. Ante el 'mobbing', menos, ya que es algo que empieza a surgir ahora.
-¿Existe suficiente apoyo judicial?
-Hay muchos jueces, muchos juzgados y muchas sentencias. Sin embargo, creo que hay sentencias que no son aceptables.
-¿Qué otros procesos siguen?
-Todos los delitos contra las personas. Desde atracos con violencia, a estafas y calumnias.
-Con lo que lanzan algunos tertulianos de televisión se tienen que llenar los juzgados...
-Todo el mundo tiene derecho a denunciar, pero creo que habría que crear un juzgado específico para famosos y colaboradores.
-¿La visión de las películas influye mucho?
-Sí, por eso nosotros explicamos a la víctima cuáles son los procedimientos a seguir.
-¿Tan mediatizados están?
-Sí. Nos ha ocurrido, sobre todo, con personas mayores, que piensan que el fiscal es el malo de la película.
LA VERDAD.- Elche.
Un empleado pide a Kelme 58.000 euros por acoso en el trabajo
G. MARTÍN/ELCHE
Un ex trabajador ha denunciado al grupo empresarial Kelme por supuesto acoso en el trabajo. El empleado, Antonio R., de 58 años, considera que fue relegado en sus funciones durante varios meses y totalmente discriminados en relación a otros trabajadores. La vista oral tuvo lugar ayer en la sala del juzgado de lo Social número 1 de Elche.
El demandante solicita a la empresa que le indemnice en 58.000 euros por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de su situación laboral. Según relató ayer en la sala de vista no se le dio trabajo que realizar durante cinco meses, por lo menos relacionado con su puesto que era de administrativo.
Antonio fue trasladado con otros empleados a un almacén distinto al que era su lugar habitual de trabajo, aunque supuestamente de forma provisional. Todos los trabajadores volvieron a su puesto menos él.
Ante la situación creada, el trabajador demandó al grupo empresarial que, finalmente, se avinó a llevar a cabo un acto de conciliación, en el que se comprometió a devolver su puesto al empleado.
Sin embargo, pasaron los meses y Antonio seguía realizando funciones de ordenanza, cuando se le daba algún cometido. Su abogado, José García Antón, aseguró ayer que «si no se le dio trabajo es porque no se quería, teniendo en cuenta que el grupo tiene varias empresas». Precisaba sin embargo que «los empleados de cinco o seis empresas están todos en las mismas dependencias». Antonio fue despedido en febrero pasado con otros once compañeros.
Jueves, 10 de abril de 2003
ANÁLISIS DEL «MOBBING»
Los expertos consideran que el acoso psicológico en el trabajo es un delito
Afirman que es difícil de diagnosticar ante el aumento del estrés laboral y piden la intervención de fiscales e inspectores
J. HERNÁNDEZ
El «mobbing» o acoso psicológico en el trabajo no es una enfermedad sino un «ataque a la integridad moral» de las personas y «un delito de trato degradante», según expusieron los expertos juristas, médicos y psicólogos que participaron en la mesa redonda celebrada el martes en el Club INFORMACION, organizada por la Asociación Valenciana para la Erradicación del Acoso Psicológico en el Trabajo. Los cuatro ponentes coincidieron en que la única manera de combatir el «mobbing» es mediante un enfoque multidisciplinar en el que tendría un papel fundamental la intervención jurídica.
Según la abogado María José Blanco Barea, jurista especializada en el acoso psicológico en el trabajo, «existe en nuestra sociedad una incultura de la violencia psicológica. A los jueces no les entra en la cabeza tal sufrimiento y las personas de a pie deben saber que existe el derecho a la integridad moral, que engloba el concepto de individuo y de persona. Es un derecho fundamental al igual que el derecho a la vida y la libertad, y su núcleo coincide con la dignidad. Es el derecho a ser tratado y respetado como es cada cual».
Como experta considera que mediante los artículos 173 y 175 del Código Penal se puede calificar el «mobbing» como delito y descarta que sea una enfermedad. «Las personas afectadas responden con ansiedad, y como no se les presta ayuda sufren daño psicológico. «¿Por qué no aplican esos artículos del Código Penal? ¿Por qué lo niegan?», dijo a la vez que comparó el «pater familias» de una empresa con el supuesto derecho de los maltratadores en los casos de violencia doméstica al cometerse éstos en el domicilio. «La sociedad tiene derecho a entrar en las empresas. El acoso es una nueva forma de despido, porque no se basa en el incumplimiento de contrato o en una decisión empresarial. No quiero que metan en la cárcel al autor, sino que se sepa que comete delito».
María José Blanco criticó con especial dureza el «mobbing» en la administración pública, que es, según sus datos, donde más se produce. «No tiene justificación alguna porque los funcionarios trabajan para el bien social».
Todos los ponentes reivindicaron la intervención de los fiscales, de los inspectores de Trabajo y la creación en las empresas de un consejero de prevención o de la figura del mediador, una persona de confianza que intente solucionar el problema en los primeros estadios para evitar la solución en los tribunales. Reyes Núñez, miembro de la Asociación Francesa de Medicina del Trabajo, destacó que ya comienza a existir legislación internacional sobre el acoso laboral y aludió a la ley belga de medicina preventiva, al interés del Parlamento Vasco por elaborar normas en este sentido, y a la necesidad de formación, información y convenios «antimobbing».
Núñez, cuyo trabajo tiene como referencia el tratado de la francesa Mari France Hirigoyen, profundizó en los primeros estudios europeos sobre el «mobbing», uno de los cuales establece hasta 45 conductas hostiles que se repiten, y aludió a datos del año 2000 según los cuales 13 millones de europeos sufrían este tipo de acoso, lo que supone un 19% de la población laboral, destacando el «mobbing» a las mujeres en los países latinos. Dijo que la mayoría de los casos se registran en los hospitales, sectores sociales, administración pública y enseñanza, y reclamó un cambio de la cultura de empresa.
El profesor de Psicología Organizacional de la Universidad de Sevilla, Miguel Barón, enumeró las «presiones constantes, amenazas, humillaciones y agresiones que sufre el trabajador acosado» hasta que le invade un sentimiento de inutilidad que le hace entrar en la «espiral del mobbing», con consecuencias físicas, que empiezan con trastornos del sueño, alimentarios, ansiedad y depresión.
La psicóloga Elena Aznar insistió en la dificultad de establecer el «mobbing» del estrés laboral. Opina que el acoso lleva a una situación de incapacidad laboral con secuelas, y que no hay que tratar tanto la patología como la rehabilitación para que la persona pueda reinsertarse en el mundo laboral.
GARA.- Cultura.
Los músicos de la OSE denuncian el «acoso sicológico» de la dirección
Tras dos años de silencio, han vuelto a hablar de crisis entre dirección y músicos Se han suspendido tres conciertos a causa de la huelga, y podría haber más casos
El comité de empresa de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) denunció ayer varias irregularidades en el seno de la entidad, la más destacada la prueba de calidad a la que quieren someter al violoncellista titular Jacek, «la gota que ha colmado el vaso», y que ha provocado la huelga de la plantilla y la cancelación de tres conciertos.
DONOSTIA
Hace dos años el comité de prensa de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) denunció el comportamiento «incorrecto» y «abusivo» de la dirección de la entidad, y tras un largo silencio ayer ofreció una rueda de prensa para denunciar públicamente que esa «crisis de relación entre la dirección y los músicos» y sus consecuencias no han sido superadas.
«La gota que ha colmado el vaso», según dijo el presidente del comité, Xabier Sarasa, ha sido la prueba de calidad a la que quieren someter al violoncellista titular Jacek, que debía realizarse hoy, y que ha provocado una huelga de tres días por parte de los músicos, con la cancelación de tres conciertos, el programado en Iruñea anteayer, el que debían ofrecer en Hondarribia ayer y la actuación de mañana en Baiona.
Los músicos pidieron a su público que disculpen las molestias que les puedan causar, pero anunciaron que se sienten «menospreciados», por lo que van a ejercer «cuantas acciones consideremos oportunas, y no estamos cerrados a la huelga», añadió Sarasa.
En la larga lista de irregularidades citaron las malas relaciones entre dirección y músicos, tanto musicales como personales, la falta de diálogo entre ambos, los problemas para alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo aún no han firmado el del año 2002 y no han aplicado ninguna subida desde 2001, los problemas para ampliar la plantilla e incluso un caso de mobbing.
Este clima ha propiciado que en una encuesta realizada entre los músicos la mayoría de ellos se mostrara en contra de la renovación de los directores titulares, Gilbert Varga y Christian Mandeal, y el director general, Germán Ormazabal.
El problema principal ayer era la prueba de calidad, una medida que no se ha aplicado en los 21 años de historia de la orquesta y que «no existe en ninguna otra orquesta europea», dijeron. Para denunciar esta medida ayer a la mañana se celebró una concentración de trabajadores frente a la delegación española de Trabajo de Donostia, donde se celebró un acto de conciliación a causa de la constitución de la comisión de la prueba. Los músicos se niegan a tomar parte en esa comisión y su ejecución, y enviaron a su abogado para hablar con el letrado de la entidad.
La direccion: «Es ilegal»
GARA
DONOSTIA
La dirección de la OSE afirmó en una nota que «la huelga es ilegal, por ser solidaria, así como abusiva» y anunció que ejercerá todas las acciones legales a su alcance. El escrito se centra en la prueba de calidad de Jacek y subraya que ha seguido «criterios estrictamente artísticos» y que la celebración de la audición de control se recoge en el artículo 15 del Estatuto del Personal de la Orquesta. «Hemos planteado nuestra disponibilidad a negociar una nueva redacción de dicho artículo e incluso su supresión y la respuesta del comité de empresa ha sido la no supresión del artículo y tratar de impedir su aplicación. Además, el comité de empresa está presuponiendo un desenlace que no está decidido», dicen
Domingo, 13 de Abril de 2003
DIARIO SUR.- Málaga Metropolitana.
600 psicólogos debaten sobre el estrés en Torremolinos
Mª ISABEL R. PALOP/MOPER/
Cerca de 600 profesores e investigadores han presentado 700 trabajos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, donde se ha celebrado el octavo congreso nacional de psicología social. A pesar de tener carácter nacional, también participaron titulares de las universidades de Arizona, Tetuán y Holanda, así como investigadores hispanoamericanos. Los temas prácticos prevalecieron sobre los teóricos. Así, se debatieron ponencias sobre el mobbing, acoso en el trabajo, y sobre todo el estrés laboral, investigaciones que pretenden una mayor calidad de vida y buscar del mismo modo «el conocimiento por el conocimiento», según el organizador del congreso Luis Gómez.
EL CORREO GALLEGO.- Vigo
Indemnizaciones en un colegio por acoso moral
AGENCIAS\VIGO
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) condena al Colegio Atalaya de Vigo a indemnizar a dos trabajadoras, una de ellas directora del centro, tras reconocer la existencia de un delito de acoso moral.
La sentencia, a la que tuvo acceso Efe, condena al centro a indemnizar a su directora y copropietaria, María Teresa Ramos, con 22.000 euros, y a la profesora e hija de esta, María Teresa Seoane, con 11.000 euros, lo que incrementa la cuantía que se recogía en la sentencia dictada anteriormente por el Juzgado de lo Social de Vigo.
La resolución del TSXG reconoce la existencia de conductas dirigidas al menosprecio personal y profesional de las dos profesoras, así como otras acciones de descrédito ante los alumnos y los padres.
El conflicto en el centro surgió en septiembre del año 2000 cuando se produjo un cambio en la distribución de participaciones de la sociedad limitada, a las que se incorporaron varias personas nuevas, familiares de anteriores accionistas, que se jubilaron. Este fue el desencadenante del conflicto, según María Teresa Ramos, quién se mostró satisfecha de la resolución del TSXG
LA VOZ DE GALICIA.- Vigo.
Un colegio de Vigo deberá pagar 33.000 euros por acoso moral a dos maestras
-El Tribunal Superior de Xustiza eleva las indemnizaciones fijadas por un juzgado de lo social
-Las víctimas fueron la fundadora y directora del centro y su hija, quees profesora
Fue la fundadora del colegio Atalaya de Vigo, hace 46 años, y ha sido acosada moralmente por su compañeras de trabajo. Es la historia de María Teresa Ramos y también la de su hija, profesora del mismo centro.
El Tribunal Superior de Xustiza ha ratificado una condena del Juzgado de lo Social número 3 de Vigo contra el Colegio Atalaya, de la misma ciudad, por acoso moral en el trabajo del que fueron víctimas María Teresa Ramos, directora y copropietaria, y su hija y profesora del centro, María Teresa Seoane. El alto tribunal gallego ha elevado las indemnizaciones a las víctimas fijadas por el juzgado de lo social, que había establecido el pago de 3.000 euros a la directora y de 1.500 a su hija. Ahora, Teresa Ramos tendrá que recibir 22.000 euros y María Teresa Seoane, 11.000.La resolución judicial reconoce la existencia de conductas dirigidas al menosprecio personal y profesional de las dos profesoras, así como otras acciones para desacreditarlas ante los alumnos y los padres.
LUIS CARLOS LLERA (VIGO)
Una de las víctimas incluso llegó a estar detenida cuatro horas
María Teresa Ramos narra que el acoso que ha sufrido desde hace tres años ha sido tal que llegó a estar detenida durante cuatro horas por la Policía Autonómica por supuestos malos tratos a los alumnos.
El infundio y la mentira habían sido propalados por sus acosadoras con la complicidad de algunos padres de alumnos, dice la directora del centro que, tras la sentencia, no ha podido reincorporarse a su trabajo porque sigue de baja por depresión. La que ha vuelto al centro ha sido la otra víctima, María Teresa Seoane, que cuenta que el ambiente es muy tenso en el colegio.María Teresa Ramos fundó el colegio Atalaya en 1957 con otros dos socios, que ya se jubilaron. Cuando entró en vigor la Logse tuvo que buscar otras instalaciones y nuevos socios para acometer la inversión. Ahí empezó el calvario, que todavía sigue.
HUELVA INFORMACIÓN.- Local.
Mar Rodriguez.
La oposición que ha realizado el PSOE en los últimos cuatro años fue calificada ayer por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Moro, como "destructiva, vacía de propuestas y carente de iniciativas, dando la espalda al pueblo de Huelva". A su juicio, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Huelva, José Juan Díaz Trillo, junto con María José Rodríguez, han pretendido "desviar a los juzgados la política municipal, abandonando los foros políticos, e intentando paralizar la actuación del equipo de gobierno del PP". Moro resaltó que el PSOE ha perdido las siete demandas judiciales presentadas contra el equipo de gobierno del PP.
La actuación más "ruin y mezquina" del PSOE, según Moro, fue llevar al alcalde de Huelva a los juzgados por el 'El caso 'Recreativo', donde Pedro Rodríguez pudo "demostrar la legalidad de una operación valiente, puesta en marcha para salvar al Recreativo y sanearlo". En este punto, Moro denunció la actitud de los socialistas en contra del PP. "Ellos no querían la actuación del Recre y la construcción del estadio". Dice que los socialistas intentaron poner "impedimentos", al tiempo que insinuó que el ex presidente del Recreativo, Diego de la Villa, "asesoró al PSOE". por ello considera que "la estrategia les ha salido tan mal que al final han tenido que pagar a De la Villa poniéndolo en las listas socialistas de cara a las próximas elecciones municipales". Una medida que pone de manifiesto "hasta dónde llega el disparate", puntializó.
Según Moro, Los socialistas han derrochado creatividad en "inventar calumnias y crispar la vida política con el único objetivo de desprestigiar al alcalde de Huelva quien ha tenido un respaldo en los últimos cuatro años por su buena gestión en la ciudad".
Moro continuó arremetiendo contra el PSOE con un discurso bien aprendido y 'satisfecho' de que el PSOE haya perdido las siete demandas judiciales presentadas contra el equipo de gobierno del PP, que según dijo, "unas han sido interpuestas por los socialistas directamente y en otras han estado en la sombra". Todos los casos judiciales contra el PP han sido desestimados, resueltos total o parcialmente, "siempre a favor del PP y en contra del PSOE", insistió Moro, quien criticó que lo que buscaban los socialistas "era o perjudicar el honor del alcalde o paralizar la actuación del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huelva".
En esta línea, Moro destacó que la denuncia contra la concesión de una casa en el Parque Moret se archivó, mientras que "hoy decimos con orgullo que este parque es una realidad y próximamente se pondrá la primera piedra". La denuncia por la concesión del alumbrado de las Fiestas Colombinas a una empresa o las presuntas irregularidades en el trámite de facturas de la Comisión de Gobierno también se archivaron. Igualmente, señaló que la denuncia interpuesta por los aparcamientos en los aledaños de la Casa Colón también ha sido desestimada, como la denuncia contra el teniente de alcalde de Personal, Enrique Pérez Viguera, por acoso moral a una trabajadora. Los casos denunciados en la contratación del Patronato de Desarrollo Local y Turismo (PDLT) están siendo resueltos a favor del PP. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva insistió en que durante cuatro años el PSOE ha intentado judicializar la vida social y política de Huelva, "boicoteando las actuaciones de los populares" y en todos los casos "ha fracasado".
Lunes, 14 de Abril de 2003.
EL PERIÓDICO DE CÓRDOBA.- Economía.
REPORTAJE CONDICIONES DE TRABAJO
El lodazal del ´mobbing´
El acoso laboral se produce cuando hay una conducta de un superior que discrimina, debilita e incluso humilla al trabajador de forma continuada. Es relativamente frecuente en Europa, con 13 millones de personas afectadas.
DAVID MARTINEZ BARCELONA.
Antonio trabajaba en el Ayuntamiento del municipio que le vio nacer hace 42 años y era responsable de inspeccionar la potabilidad de las aguas comunales en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid. Era un empleado ambicioso, con ganas de trabajar y contaba con un expediente ejemplar. De la noche a la mañana su situación cambió de forma inesperada. A finales de julio del 2001, avisó al alcalde de que los filtros de limpieza de las aguas estaban en mal estado. El ayuntamiento no le hizo caso y dos días más tarde los vecinos se despertaron con enormes cantidades de fango que brotaban de sus grifos. Ante la indignación vecinal, el alcalde reunió al pleno municipal y decidió acusar a Antonio de negligencia, por lo que fue inmediatamente relevado de su cargo y situado en un sótano sin hacer ningún tipo de trabajo. "Me gritaron para intimidarme, me dejaron sin trabajo. Me humillaron y minusvaloraron en público", según relata este funcionario en los hechos probados de una sentencia judicial. Antonio solicitó días más tarde la baja laboral por depresión.
Esta historia personal, que llegó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, refleja el minucioso proceso de destrucción psicológica de un afectado por acoso moral o mobbing en el trabajo. En este caso, existió "un comportamiento irracional y repetido con respecto a un empleado, que constituyó un riesgo para su salud y seguridad, tanto física como mental". Un acoso que ha alcanzado hoy por hoy una situación insostenible para miles de personas en sus puestos de trabajo y la pérdida de efectivos y competitividad para las empresas.
El mobbing surge cuando se produce una conducta que discrimina, humilla, debilita o amenaza con insultos, rumores y comentarios vejatorios de forma continuada. El acoso moral puede implicar ataques físicos y verbales o la denigración del trabajo de un compañero o su aislamiento social. Según reflejan los datos recogidos en la Tercera Encuesta Europea sobre condiciones de trabajo de la Fundación Dublín (2000), el 9% de los trabajadores de la UE, cerca de 13 millones de empleados, manifiestan sentirse afectados por el acoso moral.
El índice más elevado se registra en las administraciones públicas, seguido de la banca, sanidad, enseñanza y medios de comunicación. En España, los estudios aseguran que cerca de 1,5 millones de trabajadores sufren este problema.
El mobbing se da más en trabajos muy exigentes, que comportan altos niveles de ansiedad. Y para las víctimas del acoso moral, las consecuencias y los síntomas físicos y psíquicos son estrés, depresión, pérdida de autoestima, sentimientos de culpabilidad, fobias, trastornos del sueño y problemas digestivos. El despido es en el 40% de los casos el fin último que busca el acosador. Para la empresa, los costes del acoso pueden desembocar en un mayor absentismo y rotación del personal, y en pérdidas de productividad.
El estudio Cisneros, realizado en la Universidad de Alcalá de Henares por el profesor Iñaki Piñuel, autor del libro Mobbing: cómo sobrevivir al acoso moral en el trabajo, concluye que el acosador suele ser el responsable de la organización (70%), un compañero de trabajo (26%) o un subordinado que decide hostigar a un superior (3,5%).
La consultora B&G Galiper aconseja a los directivos que apliquen acciones para prevenir el mobbing como variar las tareas del trabajador, dar muestras de agradecimiento, hacer ver al empleado la importancia de su trabajo, aprobar la delegación de funciones, fomentar la carrera profesional y la formación de los trabajadores y transmitir una correcta comunicación de la situación de la empresa. Los trabajadores afectados tienen la posibilidad legal de denunciar el acoso moral.
Martes, 15 de Abril de 2003
EL CORREO.- Álava.
El programa de víctimas de acoso moral en el trabajo atiende a 400 personas
Las urgencias sociales municipales realizaron 17.810 intervenciones el último año Norabide ofreció asistencia a 1.529 inmigrantes
NURIA NUÑO/VITORIA
El programa de atención a víctimas de acoso moral en el trabajo ha asistido a 403 personas durante su primer año de existencia. De éstas, la gran mayoría -372 usuarios- fueron mujeres, frente a los 31 hombres que solicitaron ayuda, según se recoge en la memoria de 2002 del Servicio de Inserción Social, que fue presentada ayer por la concejal responsable del área, María Ángeles Castellanos.
Un total de 121 personas demandaron apoyo emocional y psicológico, mientras que otras 24 personas acudieron en busca de asesoramiento jurídico.
67 familias rumanas
Este servicio, gestionado por la Asociación Vasca contra el Acoso Laboral (AVAL) en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria, ha desarrollado un proyecto de «prevención, sensibilización y tratamiento» del 'mobbing', también conocido como psicoterror laboral que afecta a entre un 5% y un 11% de los alaveses, según algunos estudios.
De forma paralela, el informe municipal destaca el trabajo de los Servicios de Urgencias Sociales, que atendieron a 3.702 personas. Éstas requirieron de 17.810 actuaciones de emergencia para tratar sus problemas.
En cuanto a la ayuda que el Ayuntamiento de Vitoria presta al colectivo de inmigrantes, el balance municipal recoge los resultados del programa Caminante, dirigido al colectivo rumano, asentado en un solar en la zona de Aguirrelanda. El último año se trabajó con 150 personas, esto es, 67 familias.
El resto de extranjeros fueron atendidos por el centro de acogida a la inmigración, que registró un aumento de usuarios en todos sus recursos. De esta forma, Norabide ofreció asistencia social a 342 inmigrantes -frente a los 234 del año 2001- y ayuda jurídica a otros 366 (270 un año antes), mientras que a su servicio de mediación recurrieron 821 personas (808 en el ejercicio 2001).
|
|
