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En el año 2002, los diputados locales de los diferentes partidos que integraron la Segunda Legislatura en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), se sirvieron con la cuchara grande, pues se autorizaron pagos por 231 mil 641 pesos al mes, tanto por su dieta, como por apoyo para servicios extraordinarios, gastos de módulos, para la operación de comisiones, así como pagos de servicios de asesoría.

Esta información se encuentra desglosada en el Informe Final de Auditoría sobre la Cuenta Pública del año 2002, que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF entregó ayer por la noche a los diputados locales.

De acuerdo con el informe, durante el 2002 y sin distinción de partido, los diputados se asignaron un pago extraordinario de fin de año por 80 mil pesos, mismo que se elevó por la misma cantidad para los 12 legisladores que integraban la Comisión de Gobierno, entre los que estaban María de los Angeles Moreno del PRI, Patricia Garduño del PAN y Armando Quintero del PRD.

La auditoría incluyó una supervisión del gasto a la primera legislatura, la que fue presidida por Martí Batres, hoy subsecretario de Gobierno del DF.

La Contaduría detectó aquí que entre enero y julio de 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejerció 56 millones de pesos en el capítulo de servicios personales, en donde se agrupa el pago de dietas a diputados, asesores y demás personal.

Sin embargo, el legislativo local no pudo justificar las erogaciones, ya que no entregó las autorizaciones de pago de dietas, asignaciones a asesores, pagos de contratos por diferentes servicios, ni por declaraciones de impuestos.

irregularidades en segundo piso

También se auditó al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic), encargado de la construcción de los segundos pisos y se comprobó que en el 2002, personal de honorarios que no estaba facultado para la firma de documentos oficiales, como estimaciones de gastos, minutas, dictámenes y resultados de licitación, suscribió esos documentos.

Pide oposición revisar otros 100 fideicomisos
Asegura PRD manejan con poca claridad $53 mil millones
Reforma
REFORMA/Redacción

Además de las irregularidades en las transferencias de la Lotería Nacional al fideicomiso Transforma México, existen casi 100 organismos que no tienen plenamente transparentado el destino de sus recursos y que sirven de "cajas grandes" para directivos de dependencias y de empresas privadas.

Lo anterior lo advierte la fracción del PRD en el Congreso, en un documento basado en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los legisladores perredistas piden que se revisen las cuentas de estos otros fideicomisos, igual que se hace con el creado por la Lotería Nacional.

Casi a la par, senadores del PRI presentaron ayer más pruebas de presuntas anomalías en la Lotería.

Al ratificar su denuncia ante el Auditor Superior, la senadora Martha Tamayo informó que las pruebas tienen que ver con aspectos administrativos, como son contratos de personal y licitaciones, en casos diferentes a los que ya reportó la Auditoría en la Cuenta Pública del 2002.

Uno de estos casos, dijo, tiene que ver con la contratación del señor Sergio Borbolla, a quien se le pagó por un trabajo de consultoría para la Lotería, cuando al mismo tiempo fungía como director adjunto del mismo organismo.

La senadora Dulce María Sauri, quien también acudió a ratificar la denuncia, dijo que la bancada del PRI tomó el acuerdo de que ya no serán divulgados los documentos entregados al Auditor y otras acciones legales en el caso de la Lotería.

En contraste, los legisladores perredistas Alfonso Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna, Inti Muñoz y Malú Micher, informaron ayer que pretende hacer públicos los donativos irregulares de aquellos organismos dedicados a "asuntos nobles".

Basada en informes de resultados de la cuenta pública y de auditorías realizadas por la ASF, Dolores Padierna, secretaria de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior, denunció que existe un centenar de organismos que no transparentan recursos.

La diputada perredista presentó una lista de fideicomisos federales que están fuera del mandato de la Ley de Ingresos en la que se establece la obligatoriedad del Ejecutivo para informar las disponibilidades de los fondos.

Nadie sabía o conocía de su existencia, y ahora, por Ley, tienen que informar a la Cámara de Diputados su saldo y el objeto de los fondos, dijo la legisladora.

Resaltó que la Secretaría de Hacienda aparece como fideicomitente en todos los casos, además de que los Comités Técnicos están integrados sólo por altos funcionarios federales.

"En las Secretarías del Gobierno Federal existen 153 fondos y fideicomisos que representan un monto total de 53 mil 725 millones 764 mil 986 pesos, al cierre de 2003. Debido a sus montos y gastos merecen revisión a fondo", advirtió.

"Entre los fideicomisos destacan el Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo saldo total es de 771 millones 813 mil pesos, que se tendrían que revisar con otros dos fondos, donde el primero asciende a dos millones y el segundo a 73 millones, que suman 816 millones 700 mil pesos, cantidad desproporcionada tan sólo para el personal (de esa dependencia)", detalló.

La diputada dijo que además hay fondos que se manejan con poca claridad en el Consejo Nacional para la Cultura (Conaculta) y en el Instituto Nacional de las Mujeres.

Padierna enfatizó que el artículo 74 constitucional establece que para fines de la revisión de la Cuenta Pública no opera el secreto bancario, por lo que no es válido el argumento de la ASF en el sentido de que es endeble el fundamento legal para auditar a estos fideicomisos.

La legisladora aseguró que los fideicomisos son, además de millonarios, muy significativos en el apoyo del sector privado, en transgresión de lo que marca la ley respectiva.

Con información de Claudia Salazar

Fondos bajo lupa

Estos son algunos de los fideicomisos que el PRD pide auditar:

- Fideicomiso para el Financiamiento a la Vivienda del Magisterio.
Tiene 243 millones, lo maneja el SNTE, y el Gobierno se ha negado a auditarlo, pese a quejas de maestros.

- Fideicomiso para trabajadores del Hotel Camino Real
Maneja 4 millones de pesos.
Recibe aportaciones federales, a pesar de que el hotel es una empresa privada.

- Fideicomiso de Rescate Carretero en Pequeño
Tiene 60 millones de pesos.

- Fideicomiso para Nuevos Aeropuertos
Con 1,138 millones de pesos.

- Fideicomiso para pago de indemnizaciones en Cancún
Por un monto de 153 millones.

- Fideicomiso e-México
Con 600 millones, para modernizar las telecomunicaciones.

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: 2004-07-02

México, 25 Jun (Notimex).- En un hecho sin precedente, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) dar a conocer información disponible sobre los salarios que perciben los dirigentes de los partidos políticos con registro.

El máximo órgano electoral del país dio la razón al periodista de El Universal, Arturo Zárate Vite, quien en calidad de ciudadano había solicitado dicha información al IFE, la que en principio le fue negada, lo que motivó que el reportero presentara una impugnación que fue resuelta hoy de manera favorable por el TEPJF.

Por mayoría de votos, seis a uno, los magistrados resolvieron que el IFE debe dar a conocer los sueldos de los líderes nacionales del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Convergencia, que le fueron solicitados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La sala superior del Tribunal estableció un plazo de 10 días hábiles luego de que el IFE celebre su próxima sesión ordinaria o extraordinaria, para que entregue la información.

Unicamente el magistrado Eloy Fuentes Cerda no estuvo de acuerdo con la resolución, pero no porque el ciudadano no tenga derecho a conocer esos datos, sino porque, desde su punto de vista, el reclamo tenía que haberse hecho mediante un juicio de garantías y no por uno de juicio de protección a los derechos políticos del ciudadano.

Según el magistrado, el derecho a la información no puede ser vinculado a los derechos políticos.

Sin embargo, la mayoría de sus homólogos opinó lo contrario y consideró que se estaban violando derechos políticos y que, por tanto, el Tribunal está obligado a resolver el caso.

Para los magistrados José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Leonel Castillo González, José Luis de la Peza, José de Jesús Orozco y Mauro Miguel Reyes, los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer cómo utilizan los recursos públicos de los partidos políticos.

Argumentaron que los ciudadanos quieren tener más elementos que les lleven a determinar el sentido de su voto en las diferentes elecciones. De ahí que, dijeron, debe haber transparencia por parte de los institutos políticos.

El magistrado presidente del TEPJF, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, así como los magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Leonel Castillo González coincidieron en que en ese caso no procede el juicio de amparo porque se trata de una garantía constitucional de un ciudadano.

El proyecto de resolución fue presentado por Ojesto, quien destacó que con ello se construye un nuevo estatus en la vida política nacional.

Por otra parte, el TEPJF ratificó la resolución de las autoridades electorales del Estado de México para que el Partido Acción Nacional (PAN) se abstenga de realizar campañas anticipadas en esa entidad, porque crean condiciones desiguales en la competencia.

El PAN también tendrá que pagar una multa de dos mil días de salario mínimo general vigente en la capital del estado de México.

Subsiste la instrucción al organismo político de retirar la propaganda difundida en esa entidad del país y la suspensión inmediata de toda clase de actividades que tengan por objeto promover candidaturas a la gubernatura.

Se le advirtió al partido blanquiazul que en caso de incumplimiento el Instituto Electoral Estatal (IEE) proveerá lo necesario para el retiro de ese material con cargo a las prerrogativas que correspondan al organismo político.

Ganan altos salarios pocos funcionarios
Percibe promedio $153 mil el 0.5% de los burócratas. Rebasan sueldos de Secretarios de Estado mexicanos a los de sus similares de Brasil, Alemania, Chile y Estados Unidos

Por Juan Carlos Orozco
Reforma

Los altos funcionarios mexicanos, que representan menos del 0.5 por ciento de la plantilla del Gobierno federal, se encuentran entre los mejor pagados del mundo, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Con percepciones superiores a los 179 mil dólares anuales, un Secretario de Estado en México gana aproximadamente 24 por ciento más que un funcionario de rango similar en Alemania; 67 por ciento más que el puesto equivalente en Estados Unidos y más de 4 veces lo que alguien con el cargo equivalente en Brasil.

En el caso de un servidor público con nivel de director general, el de México gana 123 mil 100 dólares anuales, contra 26 mil 800 dólares de uno similar en Chile y 89 mil 100 dólares promedio para uno en Estados Unidos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, 498 mil 485 personas laboran en el Gobierno federal, de las cuales sólo dos mil 300, es decir, el 0.5 por ciento del total, tienen percepciones salariales superiores a 100 mil pesos.

En promedio, estos funcionarios públicos tienen ingresos de 153 mil pesos al mes, equivalentes a los que ganan los directores divisionales de empresas grandes del sector privado.

Las Secretarías de Defensa y Marina son las que cuentan con el mayor número de plazas con sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales.

En el primer caso hay 537 generales con ingresos que rebasan ese nivel, mientras que en la Marina hay 268 almirantes con percepciones similares.

Si en lugar de considerar a los funcionarios que ganan más de 100 mil pesos se consideran los que ganan más de 40 mil, la proporción crece ligeramente y llega al 2.5 por ciento del total.

Adicionalmente, si bien sólo una pequeña parte de la burocracia tiene salarios muy altos, el salario promedio de quienes laboran en el Gobierno es de alrededor de 7 mil 500 pesos mensuales, cifra casi 50 por ciento superior al de los que trabajan en el sector privado.

En números absolutos, también las Secretarías de Defensa y de Marina destacan por la cantidad de empleados que perciben sueldos superiores a los 40 mil pesos mensuales; sin embargo, es una parte proporcional muy pequeña del personal de esas dependencias.

En el caso de la Defensa sólo 1.5 por ciento del personal tiene percepciones superiores a 40 mil pesos. En tanto, para la Secretaría de Marina la proporción es de 4 por ciento en ese rango.

En contraste, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la dependencia federal que tiene la mayor proporción de trabajadores bien pagados".

En esa entidad, 448 de las 2 mil 194 personas que ahí laboran tienen un ingreso promedio de 86 mil 730 pesos mensuales.

Esto significa que 20 por ciento de los empleados de la SFP tiene niveles salariales equivalentes a las percepciones de un director general en la burocracia estadounidense.

El número de burócratas con altos sueldos subiría si se tomaran en cuenta a las empresas paraestatales y banca de desarrollo, sin embargo, no existe suficiente información pública para hacer comparable esta información.

(Con información de Mónica Ramírez, José Luis Caballero y Ernesto Sarabia)

Lideran en sueldos

Los salarios de la alta función pública en México son de los mejor pagados del mundo.

Ganan más funcionarios mexicanos

(Remuneraciones netas en dólares por año)*

	Secretario de Estado	Director General
México	179,200	123,100
Alemania	144,500	64,800
Reino Unido	124,900	86,400
EU	107,500	89,100
Perú	75,600	42,400
Francia	74,700	74,700
España	67,900	54,100
Brasil	38,700	25,900
Chile	28,900	26,800
Filipinas	12,800	5,400

Los mejor pagados por dependencia

(Porcentaje del total de plazas)

Con más de 40 mil pesos al mes

*Dólares del 2002 / FUENTE: CIDE, SHCP y Secretarías de Estado / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

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Fecha de publicación: 2004-06-08

Transparenta el Congreso bono de retiro de diputados
Por Claudia Guerrero
Reforma

Para evitar escándalos como los de anteriores legislaturas, la Cámara de Diputados abrió un fondo de ahorro en donde los legisladores "construirán" su propio bono de marcha o seguro de retiro.

El diputado Alfredo Gómez Sánchez, presidente del Comité de Administración, explicó que previa autorización de cada legislador, se realizará un descuento mensual de 10 mil 700 pesos en su sueldo para contribuir al fondo.

"Cada uno de los 500 diputados tienen un fondo de ahorro. Se les descuenta 10 mil 700, el máximo que se ahorran de sueldo, para que al final de los tres años puedan tener una cierta cantidad de recursos económicos que sirvan como retiro y sean transparentes.

"Esto es para que ya no haya el problema como en anteriores legislaturas que se daban sus bonos, que eran montos que excedían las expectativas de la ciudadanía, ahora está transparentado todo por completo", dijo.

Según el priista, la intención es que cada diputado termine la legislatura, en el 2006, con un bono de 350 mil pesos, que tenga como origen su propio salario y los intereses otorgados por las instituciones bancarias.

"La tasa de interés es alta, va del 5 al 14 por ciento anual y si nosotros consideramos el CPP (Costo Porcentual Promedio de Captación en Moneda Nacional), es una tasa bastante considerable.

"Es para dar completa transparencia, acabar con los bonos que los diputados se llevan cada fin de legislatura y que nos ocasionan problemas de imagen", abundó.

El diputado mexiquense aclaró que no todos los legisladores reciben el mismo sueldo, ya que algunos están obligados a realizar aportaciones a sus partidos o a las legislaturas locales de sus estados y entonces los descuentos podrían variar.

Entrevistado antes de participar en la reunión plenaria del PRI, el mexiquense dijo que le informarán a los integrantes de la bancada sus saldos actualizados y que el sistema de ahorro fue contratado con Banorte.

En diciembre del 2002, la anterior legislatura en San Lázaro propuso incrementos presupuestales para conseguir un bono de retiro de entre 500 mil y un millón de pesos.

En la promoción del "premio" estuvieron involucrados legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, quienes -después de un escándalo- sólo consiguieron un pago de 380 mil pesos, producto de algunos ahorros en la Cámara.

Los actuales diputados federales perciben una dieta mensual de 64 mil 168 pesos, más 19 mil 688 pesos por asistencia legislativa y 24 mil 414 pesos por atención ciudadana, es decir, un total de 108 mil 270 pesos mensuales y casi un millón 300 mil pesos anuales.

Además tienen derecho a vales de despensa, ayuda para gasolina, uso gratuito de autopistas de cuota y, dependiendo su estado de origen, se les otorgan cuatro boletos de avión en periodo de sesiones y dos en el receso.
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Fecha de publicación: 2004-06-01

Limitan gastos a funcionarios
Reforma
REFORMA / Redacción

El Gobierno federal autorizó a cada uno de los 19 Secretarios de Estado un gasto de 13 mil 500 pesos al mes para hacer llamadas por teléfonos celulares y 12 mil 750 pesos mensuales para que coman en restaurantes.

En conjunto, el presupuesto del 2004 para los Secretarios en esos dos rubros asciende a casi 6 millones de pesos, de acuerdo con las disposiciones publicadas ayer en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.

Esta es la primera vez que el Gobierno hace explícitos estos gastos, pues con anterioridad no daba cuenta de manera clara sobre algunas de las prestaciones que reciben los altos funcionarios del gabinete foxista.

Hasta el 2003, el manual sólo señalaba que los gastos de telefonía celular y restaurantes se ejecutarían "de conformidad con las disposiciones específicas y de acuerdo con el presupuesto autorizado a la unidad administrativa", pero no mencionaba las cantidades exactas.

El gasto autorizado no se limita a los Secretarios, pues también se consideran recursos para subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad y directores generales de las dependencias públicas.

En lo referente a sueldos del gabinete presidencial, quedaron sin cambios respecto al año pasado; así, el jefe del Ejecutivo continuará recibiendo mensualmente 155 mil pesos y los Secretarios percibirán 149 mil pesos.

El manual establece que cada uno de los 19 Secretarios tiene derecho a una ayuda mensual de 77 pesos para comprar despensa.

Otras prestaciones para los funcionarios de primer nivel es que tienen derecho a utilizar hasta tres vehículos oficiales, mientras que los subsecretarios pueden tener hasta dos autos.

En ambos casos, los funcionarios pueden gozar de 20 días hábiles de vacaciones, en dos periodos de 10 días cada uno; asimismo, reciben gratificaciones de fin de año y gozan de un seguro de gastos médicos mayores.

Ayer, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados citó al Secretario de Hacienda, Francisco Gil, para que explicara el incremento en el gasto corriente, y el funcionario negó ante los legisladores que los gastos superfluos hayan aumentado.

"Resultan totalmente infundadas las versiones que hablan de un desorbitado crecimiento del gasto corriente (...). La administración del Presidente Fox ha reorientado el gasto público hacia rubros prioritarios y de mayor rentabilidad económica y social", aseguró Gil.

Con información de Verónica Galán

$13 mil 500 gasto máximo mensual en celular por Secretario

$12 mil 750 gasto autorizado al mes en restaurantes para cada Secretario

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Fecha de publicación: 2004-06-01

Falta Kahwagi en 2004 a siete de 15 sesiones
Por Claudia Guerrero
Reforma

El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Jorge Kahwagi, estuvo ausente del 47 por ciento de las sesiones del último periodo ordinario.

De acuerdo con el registro oficial, el legislador con licencia sólo asistió a 8 de las 15 sesiones de pleno que se realizaron entre el 15 de marzo y el 30 de abril de este año.

El inquilino de Big Brother tiene dos inasistencias justificadas (15 de marzo y 1 de abril) y cinco permisos de Mesa Directiva (6, 15, 22, 27 y 29 de marzo).

Según un acuerdo de la Legislatura anterior, a Kahwagi no le serán descontados el sueldo de sus ausencias, ya que al justificarlos o contar con permiso, no aplica la sanción por falta.

Sin embargo, en el primer periodo de sesiones de la 59 Legislatura, el boxeador tiene faltas registradas el 1 y el 25 de septiembre, así como el 23 y 28 de octubre del 2003.

Arturo Noble San Román, secretario de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara baja, aseguró que a Kahwagi le serán descontados todos los recursos por faltas injustificadas o por días cobrados y no trabajados, como sucedió con el pago del mes de mayo.

A pesar de ser el coordinador e los diputados del PVEM, Kahwagi dejó de asistir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, a partir de que la priista Elba Esther Gordillo fue destituida de la presidencia de esa instancia.

De acuerdo con su oficina de prensa, en el segundo periodo de sesiones el diputado presentó seis iniciativas de ley.

Entre sus propuestas están la iniciativa de reforma al Artículo 20 de la Ley de Planeación, reformas a la Ley de Subsidios para las empresas de aviación y cambios al artículo 202 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

De acuerdo con su equipo, Kahwagi también presentó propuestas para modificar el Artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo; el 294 y 296 del Código Federal de Procedimientos Penales y al 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario.

15 Sesiones entre el 15 de marzo y 30 de abril

8 Asistencias registradas

2 Inasistencias injustificadas

5 Permisos de la Mesa Directiva

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Fecha de publicación: 2004-05-31

Ocultan sueldos en paraestatales
Denuncia el IFAI que las peores en transparencia son Pemex, CFE y Luz y Fuerza
Por Armando Talamantes y Verónica Galán
Reforma

Las grandes paraestatales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro fueron ubicadas dentro de las peores entidades públicas en cuanto al cumplimiento de la transparencia financiera.

"Son casos extremos de opacidad; no informan sobre sueldos y prestaciones en forma clara y completa", sentencia un estudio realizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Estas paraestatales no publican en sus páginas de internet clara y completamente la información acerca de los sueldos, percepciones, prestaciones y compensaciones de sus altos funcionarios.

El Banco Nacional de Comercio Exterior, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y la Secretaría de Relaciones Exteriores también muestran graves deficiencias, pues omiten informaciones sobre los sueldos reales, de acuerdo con el estudio.

El IFAI evaluó entre febrero y abril de este año el grado de cumplimiento de las dependencias y organismos federales respecto a la información que deben tener disponible en internet.

Es la primera revisión que realiza el instituto desde que entró en vigor la Ley de Transparencia en junio del 2003.

El examen arrojó que la información financiera de las dependencias federales, que comprende sueldos, ejercicio del gasto, auditorías, subsidios y contratos, fue uno de los rubros peor calificados, al obtener un puntaje de 45.7 en una escala de 100.

"La transparencia en el ejercicio de los recursos públicos es una de las mayores exigencias de la sociedad, dado que la estructura del Gobierno se mantiene gracias a las contribuciones de los ciudadanos", indica el IFAI en su reporte.

Misterio en el Banxico

Las paraestatales no son las únicas deficientes. El Banco de México también carece de claridad para informar sobre la remuneración que perciben sus altos funcionarios.

REFORMA solicitó al Banxico el sueldo del Gobernador Guillermo Ortiz y de los cuatro subgobernadores que integran la Junta de Gobierno, pero el banco central no informó los sueldos reales.

Banxico informó que los cinco miembros de la Junta de Gobierno reciben cada mes un sueldo neto que oscila entre 129 mil pesos y 141 mil pesos, pero no ofreció más detalles.

La información que ofrece Banxico no puede ser impugnada ante el IFAI, ya que el instituto carece de facultades para vigilar a organismos autónomos, tales como el banco central o el IFE.

A diferencia de las dependencias del Ejecutivo federal, donde el IFAI tiene autonomía legal para resolver inconformidades en acceso a la información gubernamental, en el caso de Banxico la instancia de revisión de solicitudes por negativas de acceso es la Gerencia de Normatividad de Banxico.

Esta unidad está subordinada administrativamente a la Junta de Gobierno del propio banco.

Sospechosamente iguales

Al no aclarar con detalle los sueldos reales de sus directores, las paraestatales y el Banco de México sólo ofrecen cifras casualmente muy similares.

PEMEX

$139.5 mil

Monto de sueldo y compensaciones mensuales del director general. No se cuantifica la canasta básica, servicio médico integral, seguro de vida especial y gastos de alimentación.

CFE

$137 mil

Percepción neta mensual del director general. No se desglosa a cuánto asciende cada rubro. Se omite explicar claramente cómo se determinan los bonos de los altos funcionarios.

BANXICO

$130-142 mil

Rango en el que Banxico ubica los sueldos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno, pero sin aclarar la cantidad exacta. Existen prestaciones económicas que no son cuantificadas.

Fuente: IFAI y portales de las dependencias
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Fecha de publicación: 2004-05-31

Critican gasto corriente
Ven aumento en nómina de la burocracia. Exigen líderes empresariales se invierta más en infraestructura física
Reforma
REFORMA/ Redacción

Líderes empresariales, especialistas y académicos criticaron ayer el creciente gasto corriente en que está incurriendo el Gobierno federal y demandaron que, en vez de destinar mayores recursos al pago de la burocracia, se invierta más en infraestructura física.

"Ese gasto corriente lo estamos financiando con recursos petroleros en un 30 por ciento, estamos utilizando un recurso no renovable para gastárnoslo en una burocracia muy grande, lo estamos gastando en nómina...", lamentó Héctor Rangel Domene, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Señaló que el Gobierno debería ir racionalizando su gasto corriente e incrementar la proporción que destina a la inversión en infraestructura.

"Sería mejor dedicarlo a inversión, porque daría más competitividad al País. La inversión pública induce inversión privada y tendría muchos efectos positivos", agregó.

Cuauhtémoc Martínez García, presidente de la Canacintra, coincidió.

"Lo que necesitamos que aumente es el gasto en inversión para ir reduciendo las desviaciones que tenemos, sobre todo en el ámbito de la competitividad", apuntó.

Ayer, REFORMA publicó que durante los primeros 3 años del Gobierno del Presidente Vicente Fox, el aumento del gasto corriente equivale a dos y media veces la recaudación que se buscaba con la reforma fiscal, que incrementaba el IVA general al 15 por ciento.

Ignacio Trigueros, director del Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM, señaló que la falta de transparencia en los rubros que componen el gasto corriente impide realizar una evaluación objetiva de su comportamiento.

Indicó que si bien existen rubros del gasto social que han aumentado, como educación y salud, se desconoce el resultado de estos programas.

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública, José Castelazo, criticó que los resultados en materia de seguridad pública, de mejor educación de los maestros, salud y competitividad del campo no se han mejorado, a pesar de que los salarios a los funcionarios han crecido.

"El gasto de la nómina (de la burocracia) se lleva entre el 55 y 60 por ciento de los ingresos", refirió.

De acuerdo con Castelazo, el gasto corriente ha aumentado porque se creó una Secretaría más, ha crecido en un 30 por ciento el número de subsecretaríaas y se han creado direcciones generales adjuntas.

Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey del Campus de la Ciudad de México, también criticó que el Gobierno se concentre en atender cuestiones de muy corto plazo y deje a un lado la capacidad de ampliar la producción.

(Con información de Karla Rodríguez, Verónica Galán, Adolfo Navarro y Alicia Díaz)

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Fecha de publicación: 2004-05-12

Detalla Hacienda el gasto
Atribuye incremento en el rubro sobre todo al aumento en la nómina de maestros, personal de Salud y subsidios sociales
Reforma
REFORMA / Redacción

La Secretaría de Hacienda informó que el gasto corriente aumentó 152.8 miles de millones de pesos en términos reales durante los últimos 3 años, impulsado principalmente por los programas sociales de subsidios y el crecimiento de la nómina en maestros y personal de Salud.

"El factor que en mayor medida explica el crecimiento del gasto son los subsidios a programas dirigidos a la población, como Oportunidades, Becas, Alianza para el Campo, Vivienda, Procampo y otros de alto impacto social", estableció Hacienda en un documento.

REFORMA publicó ayer que en la primera mitad del sexenio foxista el gasto corriente del Gobierno federal y las entidades públicas creció en 294 mil millones de pesos respecto a lo que se gastó en el último año de la Administración de Ernesto Zedillo.

Hacienda precisó que esa cantidad corresponde a términos nominales, puesto que si se descontara la inflación, el gasto corriente registró un aumento de sólo 152.8 miles de millones de pesos.

Según explicó, en el año 2000 el gasto corriente ascendió a 898.6 millones de pesos, a precios de 2004, mientras que en el 2003 ese rubro sumó mil 51.4 millones de pesos, medido en los mismos términos.

El incremento se concentró principalmente en cuatro rubros: subsidios gubernamentales, servicios personales, pensiones y los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas).

"El crecimiento en el gasto de servicios personales se explica de manera importante por la evolución de plazas y remuneraciones de maestros, médicos, enfermeras, paramédicos y otros grupos relacionados", anotó Hacienda.

Agregó que entre el 2000 y el 2004, el personal dedicado a funciones de seguridad nacional y pública creció significativamente, en 9.4 por ciento.

El gasto en la nómina también subió por la contratación de plazas para operar nuevas plantas de empresas públicas, así como por los aumentos de remuneraciones que se han situado por encima de la inflación, según la dependencia.

Algunas erogaciones que tradicionalmente se contabilizan dentro del gasto corriente, tales como subsidios o sueldos de maestros, médicos y policías, han comenzado a ser contadas desde este año como "inversión social", para diferenciar el gasto que es productivo y tiene impacto social, de aquellas erogaciones que no reúnen estas características.

"Se gasta relativamente más en subsidios y transferencias, que se han registrado como gasto corriente, pero que finalmente se convierten en inversión", explicó la dependencia.

Hacienda consideró inválido afirmar que el incremento en el gasto corriente de los últimos 3 años hubiera sido más alto que los pretendidos ingresos por una Reforma Fiscal.

La propuesta de reforma tributaria, en los términos que propuso el Gobierno y rechazó el Congreso, hubiera permitido una recaudación adicional del orden de 120 mil millones de pesos anuales.

"Una reforma fiscal no genera ingresos sólo para un año porque no se hace para un sólo año, sino para ser permanente", refirió Hacienda.

El desglose de las cuentas presupuestales

El crecimiento real del gasto corriente entre 2000 y 2003 fue de 152.8 miles millones de pesos y se explica como sigue:

	Miles de millones de pesos	Participación porcentual
Subsidios a Programas	68.8	45.0%
Servicios Personales	56.7	37.1%
Pensiones	19.8	13.0%
Pidiregas	17.5	11.5%
Otros	-10.0	-6.5%
Total	$152.8

	2000	2003	Diferencia
Poderes y Entres Autónomos	16.4	23.5	7.2
Maestros y Médicos (Ramo 33)	161.6	183.3	21.7
Organismos y Empresas	130.9	164.7	33.8
Gobierno Federal	160.9	155.0	-5.9
Total	469.9	526.5	56.7

Coordenadas /
El desbordante gasto corriente
Hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos por un momento que la propuesta de reforma fiscal que planteó Fox en el 2001 hubiera sido aprobada
Por Enrique Quintana
Reforma

Los cálculos que hacía la Secretaría de Hacienda indicaban una recaudación adicional neta del orden de 120 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 2 puntos del PIB, en caso de que los legisladores hubieran aceptado la propuesta del Gobierno.

Pues resulta que de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el gasto corriente del sector público creció en 294 mil millones de pesos durante los primeros tres años del Gobierno de Fox.

Esto quiere decir que las erogaciones adicionales en gasto corriente durante el último año se hubieran comido 2.4 veces el monto total de la recaudación adicional derivada de la reforma.

O, si lo quiere ver de otro modo, con el simple gasto adicional que se ha hecho se hubiera necesitado otra "reforma y media", simplemente para sufragarlo.

Tan sólo el pago adicional por concepto de servicios personales, renglón que incluye salarios y todo tipo de remuneraciones a los servidores públicos, que ascendió a 113 mil millones de pesos, hubiera absorbido casi la totalidad de los recursos que se iban a obtener principalmente por el aumento del IVA a un 15 por ciento general.

En términos nominales, el gasto corriente del sector público efectuado en el 2003 fue superior en 41 por ciento al realizado durante el último año del Gobierno de Zedillo. Esto significa que ha crecido a una tasa anual de 6.5 por ciento en términos reales, mientras que la economía lo ha hecho apenas a 0.6 por ciento, es decir, a un ritmo diez veces menor.

Los funcionarios públicos ya han expresado en diversas ocasiones que no hay que satanizar al gasto corriente, pero lo cierto es que su componente más importante sigue siendo el pago de la nómina del sector público.

En el 2003, el 50 por ciento de estas erogaciones fue para pagar a los empleados públicos, pero en los primeros tres meses del 2004, ese porcentaje llegó al 57.5 por ciento.

El crecimiento nominal de los pagos a la burocracia, entendiendo a ésta como los trabajadores del sector público, fue de ¡46 por ciento! entre el primer trimestre del año 2000 y el mismo periodo de este año.

Si quitamos el efecto de la inflación, obtenemos un ritmo de crecimiento anual de 5.1 por ciento en términos reales, nada mal para un periodo de estancamiento.

Y, sin embargo, la plantilla del sector público no ha crecido. Para el 2001 se presupuestó una plantilla de 3 millones de personas y para este año el monto fue de 2 millones 914 mil personas.

Esto significa que la principal explicación del crecimiento de la nómina pública son los mayores ingresos de quienes laboran en el servicio público, que han crecido a un ritmo anual superior al 6 por ciento en términos reales.

Es inocultable que el Gobierno estableció un acuerdo implícito con los grandes sindicatos que perduran en la estructura del sector público y que más allá de que los incrementos directos al salario hayan estado en términos generales en línea con los incrementos para el conjunto de los trabajadores, los aumentos en prestaciones y otros gastos marcaron la diferencia para que los ritmos de crecimiento se hayan hecho más visibles.

Uno de los argumentos persistentes del Gobierno es que los recursos adicionales que se han canalizado al gasto corriente corresponden a lo que el Gobierno ha caracterizado como "inversión social".

Como otras veces le he comentado, si hubiera evidencias precisas de que las erogaciones para gasto social tuvieran claramente repercusiones en una mejoría de las condiciones de vida de la población, se podría justificar este incremento.

Sin embargo, fuera de algunos programas específicos que son perfectamente detectables, hay toda una gran cantidad de rubros de gasto cuyo ejercicio requiere del uso de estructuras burocráticas. Y no me refiero solamente a las oficinas públicas.

Por ejemplo, la enorme cantidad de recursos públicos que absorben los grandes sindicatos relacionados con la administración pública son considerados como "inversión social".

Es indispensable que se vuelva a dar una discusión acerca de las mejores vías para utilizar los miles de millones de pesos que se destinan supuestamente a la mejoría de las condiciones de vida de la población.

Si la administración de estos recursos fuera la correcta, creo que tendríamos evidencias crecientes de cómo la gente vive mejor. Pero, desafortunadamente, no podemos llegar a esa conclusión.

Tasas

Como ayer le comentaba en este espacio, era posible que el precio del dólar siguiera subiendo, como efectivamente ocurrió. Pero el alza no va a ser duradera y si el día de hoy, como algunos piensan, las tasas de los Cetes dan un estirón y suben alrededor de un punto, lo más probable es que desde mañana las cotizaciones de la moneda norteamericana alcancen su techo.

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Fecha de publicación: 2004-05-11

El subejercicio que registraron las finanzas del Gobierno del Distrito Federal en 2003 es el más alto de los últimos ocho años, con excepción de 1998, informó la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF.

En el documento titulado "Opinión sobre el Informe de Avance Programático-Presupuestal enero-diciembre 2003", la Contaduría precisa que de un gasto programado de 74 mil 352 millones de pesos, aprobado por la ALDF, el Gobierno local sólo ejerció 68 mil 70 millones de pesos.

La Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano encargado de fiscalizar el gasto del GDF.

De acuerdo con este documento, el subejercicio del presupuesto capitalino fue de 8.4 por ciento; sin embargo este porcentaje se reduce a 5.9 por ciento, si se toma en cuenta el pasivo circulante de mil 924 millones de pesos reportados por la administración capitalina.

El informe de la Contaduría señala que en los programas prioritarios de la administración local, tales como Seguridad Pública, Protección Social, Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda e Infraestructura para el Transporte Urbano no se gastó el año pasado todo lo proyectado.

Para los programas prioritarios del GDF se aprobó un presupuesto de 48 mil 549 millones de pesos; sin embargo sólo se ejercieron 44 mil 189 millones de pesos, es decir, faltaron de gastar 4 mil 360 millones de pesos.

A decir del diputado panista Obdulio Ávila, en tres años el Gobierno capitalino no ha ejercido más de 11 mil millones pesos.

"Con la aplicación de todos los recursos aprobados al GDF en 2003 se habría podido duplicar la cobertura en programas prioritarios", afirmó en legislador.

En 1998, año con mayor subejercicio de gasto reportado por la administración capitalina, quedó sin gastarse el 6.5 por ciento del presupuesto local, según cifras de la Contaduría.

Asegura dirigencia tricolor que dejaron de aplicarse más de 33 mil millones de pesos

La dirigencia nacional del PRI denunció ayer que el Gobierno del Presidente Vicente Fox tuvo un subejercicio de más de 33 mil millones de pesos durante el 2002, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de ese año realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

David Penchyna, secretario técnico del Consejo Político Nacional del tricolor, señaló que la irregularidad es una constante inadmisible de la administración panista.

"Lo hemos señalado desde hace mucho tiempo, y aunque todo el año el Gobierno se trata de curar en salud para decir que no es cierto, pues cada año que llega la Cuenta Pública los montos de subejercicio son muy elevados, en un país con grandes carencias que no merece que los recursos estén ociosos o guardados", aseguró.

De acuerdo con un análisis realizado por la dirigencia priista, de esos 33 mil millones (2.2 por ciento del total del presupuesto autorizado por la Cámara), 13 mil corresponden al gasto programable y los 20 restantes a no programable.

Del primer caso, el 80 por ciento corresponde a gasto corriente y el otro 20 por ciento a la inversión física. El 25 por ciento de los 13 mil millones subejercidos se debió a una inadecuada programación presupuestaria y ejercicio del gasto.

Ante ese panorama, Penchyna demandó que se informen los motivos de la no aplicación de los recursos, ya que representa entre otras cosas, dijo, una muestra de la insana relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

"¿Por qué se programan mal los recursos? ¿Se hace de manera intencional?, porque los subejercicios aparecen ya como una constante tan permanente que pareciera que es como darle el avión al Congreso: 'tú etiqueta los recursos que quieras en el decreto, al fin y al cabo yo que soy el ejecutor no lo voy a realizar'", dijo.

A pesar de que la ASF no encontrara transferencias de recursos del Gobierno federal a la Fundación Vamos México, encabezada por Marta Sahagún de Fox, Penchyna advirtió que para el PRI no es caso cerrado, ya que en el informe de la Cuenta Pública 2002 se reconoce que no hay reglas claras para definir los límites entre lo público y lo privado.

"Pese a que la Auditoría no ha encontrado transferencia alguna de recursos a la Fundación Vamos México, el informe sí reconoce que no existen normas al día de hoy que permitan delimitar y diferenciar con claridad las actividades que se realizan en actos oficiales de aquellas que se efectúan con carácter de actos en lo particular.

"Por eso, para nosotros, en el PRI, este asunto no está concluido y se deben verificar todos los donativos otorgados por el Gobierno central, organismos descentralizados, desconcentrados y empresas paraestatales que lo hayan hecho a la Fundación Vamos México", afirmó.

El ex diputado federal adelantó que el tricolor, a través de sus diputados en la Comisión de Vigilancia, realizarán una revisión exhaustiva de las operaciones relacionadas con la fundación.

A pregunta expresa, se refirió a las declaraciones del Presidente Vicente Fox, en el sentido de que la organización que encabeza su esposa nunca ha recibido recursos públicos.

"El puede pronunciarse, pero él es el titular del Poder Ejecutivo federal, y a quien corresponde analizar, revisar y en su caso autorizar o no autorizar la Cuenta Pública es al Legislativo.

"El pronunciamiento del Presidente en lo particular me parece respetable, pero me parece que no es su función", agregó.

El pasado 1 de abril la ASF prácticamente exoneró a la fundación de Marta Sahagún, al asegurar que no existe evidencia sobre desvíos desde la Presidencia de la República.

De acuerdo con el Informe del Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, después de una investigación en 78 entes públicos, se determinó que no existe ninguna irregularidad que implique el uso de recursos públicos a favor de Vamos México.

De acuerdo con un primer análisis realizado por el PRI al Informe de la Revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2002, éstas son algunas de las irregularidades encontradas.

- El gasto neto del 2002 presentó un subejercicio del 2.2 por ciento en relación con lo aprobado por la Cámara de Diputados (cifras en millones de pesos).

De acuerdo con el análisis del PRI, el total de los incumplimientos del Gobierno podría ser superior a 1 punto porcentual del PIB.

- En las 2 mil 584 observaciones, sólo se finca responsabilidad a 5 funcionarios.

- El comité técnico de Fobaproa funcionó sin reglas de operación, lo que ocasionó discrecionalidad en las decisiones y excesos en ejercicio de facultades.

Equivale alza en gasto a dos reformas fiscales

Crece gasto corriente 294 mil millones de pesos respecto al gobierno de Zedillo

Por Alberto Barrientos y Adolfo Navarro
Reforma

El aumento en el gasto corriente del sector público registrado durante los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox equivale a dos y media veces la recaudación que se buscaba con la reforma fiscal y que incrementaba el IVA general a 15 por ciento.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en la primera mitad del sexenio el gasto corriente del Gobierno federal y las entidades públicas creció en 294 mil millones de pesos respecto a lo que se gastó en el último año de Zedillo.

La propuesta de reforma fiscal que Fox impulsó en el 2001 permitía una recaudación adicional del orden de 120 mil millones de pesos, menos de la mitad de lo gastado adicionalmente.

Según Marcos Chávez, investigador del Colegio de México, alrededor del 90 por ciento de la recaudación adicional que se generaría por la reforma fiscal iba a ser destinada al costo financiero de la deuda pública y el resto a gasto en inversión o gasto corriente.

"Todo el intento de cambio de la política fiscal no es para aumentar el gasto social ni el productivo", señaló el investigador.

Dijo que no cualquier alza en el gasto corriente mejora el bienestar social, porque el gasto corriente se compone, en más del 50 por ciento, de sueldos y salarios.

Chávez criticó el aumento en el gasto corriente porque significa más un incremento en los ingresos que perciben los funcionarios públicos al haber una disminución en el empleo público federal.

Por nómina pública, el año pasado se gastaron 505 mil millones de pesos.

El Presupuesto de Egresos estableció una plantilla de 2 millones 914 mil personas, lo que significa que se pagaron 173 mil pesos anuales por empleado público, un promedio de 14 mil 438 pesos al mes.

Laura Sour, especialista en finanzas públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que los legisladores tienen la responsabilidad en la aprobación de mayores montos en el presupuesto presentado por el Ejecutivo.

"No está claro en el marco legal si el Presidente tiene poder de veto o no sobre el presupuesto, y en ese sentido la figura presidencial pierde poder en elegir la política de gasto en este País", dijo.

En otros países, explicó, los diputados pueden modificar el presupuesto en su composición, siempre y cuando no aumenten el déficit fiscal del Gobierno, mientras que en México pareciera que el Presidente forma parte del "staff" de los diputados, porque no hay un balance de poderes en ese sentido.

"Muchos de ellos (los diputados) no tienen el conocimiento técnico, deberíamos ser más exigentes de lo que ellos pueden dejar que aprueben y qué no".

Recordó que a los diputados se les ha presentado por parte de Hacienda un presupuesto austero que ellos mismos han modificado, lo que ha redundado en mayor gasto corriente del Gobierno.

Gasto desbordado

El incremento del gasto corriente entre 2000 y 2003 ha sido de tal magnitud que habría consumido más del doble de los ingresos generados por la reforma fiscal.

Gasto corriente
(Miles de millones de pesos)

A cuánto equivale el incremento
(Respecto a cifras de 2003)

3.4 Veces la inversión pública directa del año pasado
4.4% del Producto Interno Bruto del país

FUENTE: SHCP

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Fecha de publicación: 2004-05-11

Cuestionan adquisiciones de Edil de SLP
Reforma

SOLEDAD DE GRACIANO / San Luis Potosí

REFORMA / Redacción

En un cuestionado proceso, el Alcalde perredista de Soledad, San Luis Potosí, Roberto Cervantes Barajas, logró un crédito por 30 millones de pesos y ordenó la compra de dos camionetas de lujo con valor de 392 mil pesos cada una, sin convocar a licitación y violando la Ley de Adquisiciones, denunciaron regidores de ese municipio.

Juan Manuel Ramírez Martínez, regidor del Partido Convergencia, denunció que esta compra costó al Ayuntamiento 784 mil pesos, y las camionetas se destinaron, una para uso personal del Edil y otra para el Cabildo.

"Yo no recuerdo que se haya aprobado en alguna sesión de Cabildo la compra de las dos camionetas Expedition Eddie Bauer modelo 2004, pues nosotros debimos autorizarla".

"La Ley de Adquisiciones del estado fija que los montos arriba de 321 mil pesos deberán ser licitados y jamás se convocó a empresas o distribuidoras a participar en concurso alguno", subrayó.

Ramírez Martínez explicó que el 22 de enero apareció publicado en el Periódico Oficial del Estado que se había aprobado un crédito al Alcalde por 30 millones de pesos que sería otorgado por el banco Banorte, pero que hasta el 8 de marzo se giró un oficio donde se invitaba a los regidores a una sesión de Cabildo para el 11 de marzo donde se aprobaría o rechazaría la autorización.

"Fue publicado en el Periódico Oficial del Estado como decreto, firmado por el Secretario General de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca, siendo que hasta esa fecha no había sido llevado a Cabildo, ni tampoco lo había aprobado el Congreso", dijo.

El regidor dijo que en la sesión del 17 de marzo, a la que no fueron invitados él y el regidor panista, Raúl Paulín, fue cuando finalmente se aprobó el crédito.

Rómulo Garza Martínez, Diputado del PAN y presidente de la Comisión de Gobernación, manifestó que por parte del Congreso del Estado nunca se recibió una solicitud del Ayuntamiento de Soledad para la autorización de un crédito por 30 millones de pesos. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/edicionimpresa/notas/040510/estados/499078.htm Fecha de publicación: 2004-05-10

* Cada diputado gana, en promedio, 100 mil pesos al mes

* El salario mínimo es de apenas 1,280 pesos mensuales

Oaxaca, Oax., 28 de abril (apro).- Tan sólo los diputados de la LVIII Legislatura local ganan un promedio de 100 mil pesos mensuales cada uno, el equivalente a lo que perciben 78 trabajadores con salario mínimo vigente en el estado de Oaxaca.

Los ingresos mensuales de un legislador equivalen a 78.12 salarios mínimos vigentes en el estado de Oaxaca que contrastan de manera desproporcionada con los mil 280 pesos que percibe al mes un trabajador con el rango más bajo.

El comparativo parte de la declaración que hizo la diputada perredista Juanita Cruz Cruz, quien reconoció que un legislador local gana 42 mil pesos por nómina, más 28 mil de viáticos, 20 mil por trabajos de comisión y 10 mil para el pago de “asesores”.

Esta situación contrasta con los ingresos de por lo menos el 19.73 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del estado de Oaxaca que recibe ingresos menos de un salario mínimo y del 28.21 por ciento de la población que no tiene ninguna entrada económica.

De acuerdo con la información, la LVIII Legislatura local se gastaría mensualmente, por lo menos, cuatro millones 200 mil pesos, tan sólo en dietas y apoyos de 42 diputados, lo que al año representaría un gasto de 50 millones 400 mil pesos.

Con estos 50 millones 400 mil pesos, se podrían construir por lo menos 56 centros de salud, se realizarían 154 obras de rehabilitación del nivel educativo o se efectuarían, por lo menos, 125 obras de reconstrucción de caminos rurales, de acuerdo con los costos presentados en el V Informe de Gobierno de José Murat Casab.

La diputada local del PRD consideró que es importante que la ciudadanía sepa cuánto gana un diputado y qué tipo de apoyos han recibido, ante la ausencia de una ley de transparencia y acceso a la información estatal.

Cruz Cruz explicó que tanto ella como los diputados Otilia Galindo y Salomón Jara, tienen el compromiso de aportar el 50 por ciento de su dieta a la Unión Campesina Democrática para poder hacer el trabajo político, además de pagar a su propio personal, porque no sólo han sido excluidos de los 10 mil pesos para el pago de asesores, sino que nunca les han entregado los 20 mil pesos por trabajos de comisión.

“Haciendo cuentas nos deben más de 220 mil pesos a los tres diputados por concepto del pago de asesores, aunque se platicó y ya nos han estado abonando”, añadió la legisladora.

Sin embargo, dijo no saber cuánto gana el líder del Congreso, Juan Díaz Pimentel, “porque él maneja el recurso y, por ello, él puede hacer y deshacer o disponer de lo que él quiera o necesita”.

En cuanto a los apoyos, aceptó que al inicio de la presente Legislatura los apoyaron con 100 mil pesos para el enganche o la adquisición de un vehículo. “Sin embargo, hay diputados con camionetas del año y que han viajado a Europa”.

Como caso concreto se refirió al líder de la fracción parlamentaria del PRD, Félix Serrano Toledo, “quien lamentablemente es un incondicional” del gobierno del estado.

“Él ha viajado a Europa con su esposa Rosario Villalobos Rueda (dirigente del grupo Mujeres Unidas entorno al Género, la Equidad y la Reivindicación --MUGER--) y sus hijos. Además, se compraron camioneta del año y no sabemos cómo se hicieron de eso, por eso especulamos que es el Congreso el que asume los gastos”, puntualizó.

Preocupada porque el Congreso no rinde cuentas, la legisladora solicitó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado que explique en qué y para qué se canalizaron 495 millones de pesos correspondientes a los tres años de la presente Legislatura.

“Sabemos que en nómina de diputados se está gastando 4 millones 200 mil pesos mensuales; pero estamos haciendo un análisis que de los 137 millones que este año presupuestó el mismo Congreso, mensualmente le tienen que dar 12 millones de pesos y en qué se va el dinero”, cuestionó.

Julián Sánchez
El Universal
Jueves 29 de abril de 2004
Primera plana, página 1

La distribución salarial en el país refleja dos clases de trabajadores: los que apenas sobreviven y los que lo tienen todo.

Dentro de esta "élite laboral" están petroleros, electricistas y los del IMSS. Unos se jubilan muy jóvenes y gozan pensiones de hasta más de 100 por ciento de su último salario.

En su mayoría reciben ayuda para renta, médico, educación propia y de sus hijos. No tienen problema para lograr préstamos de sus patrones. Ni se diga de los aguinaldos: hasta de tres meses de salario.

En el IMSS pueden jubilarse con 27 años de servicio las mujeres y 28 años los hombres.

Las mujeres electricistas tienen 42 días de incapacidad antes del parto y 78 después.

El salario de un petrolero de menor rango es de hasta 10 mil 836 pesos mensuales.

Para el historiador Lorenzo Meyer, las canonjías a muchos sindicatos son resultado de la compra de la paz política que hicieron los gobiernos del PRI.

Ponen consejeros énfasis sobre el financiamiento
Por Carlos Marí
Reforma
REFORMA / Tabasco

VILLAHERMOSA.- El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, expresó ayer su beneplácito por la reforma electoral que presentará el Ejecutivo ante el Congreso, y consideró urgente fiscalizar el manejo financiero de los partidos políticos.

Advirtió que el financiamiento a las campañas puede convertir a los procesos electorales en "rehenes de intereses privados".

Durante la reunión de funcionarios electorales de todo el País, Ugalde manifestó que ha dialogado con el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, para conocer las propuestas que, a su juicio, enriquecen planteamientos hechos por los partidos.

"Pretendemos que esa iniciativa, junto a las que algunos legisladores y partidos políticos han anunciado, contribuirá a fortalecer el régimen y transparentar la vida de los partidos, y fortalecer la vida democrática del País", dijo Ugalde.

Resaltó que la reforma delineada por Creel busca dar mayores facultades al IFE para fiscalizar a los partidos, lo que contribuirá a un manejo más transparente y legal de los recursos por parte de los partidos.

Ugalde elogió la propuesta de regular topes de precampañas, pues advirtió que pudieran ser un canal por donde fluyan recursos ilegales.

Durante su conferencia sobre "la evolución, retos y perspectivas de la democracia en México" el presidente del IFE mencionó ochos grandes temas que, a su juicio, conformarían una reforma electoral integral.

Empero, Ugalde destacó que los más relevantes están relacionados con la creciente influencia del dinero en la política y la corrupción que genera, aparejados con el principio de transparencia.

Dijo que desde la reforma electoral de 1996, el financiamiento público a los partidos se ha incrementado con el propósito de promover la equidad y limitar la tentación de recurrir a fuentes ilegales, pero ello, lamentó, provocó que el costo del voto sea más elevado.

A pesar de tales incrementos, agregó, el financiamiento público tampoco ha atenuado la necesidad de que los partidos políticos recurran a fuentes adicionales de recursos.

"En suma, la mayor importancia del dinero en la política puede ser un germen de corrupción electoral y, además, puede estimular el abuso y la desviación que algunos candidatos y dirigentes políticos pueden hacer de esos recursos", advirtió.

Marca Ugalde sus prioridades

- Fiscalización de partidos

- Financiamiento público

- Rendición de cuentas

- Registro de nuevos partidos

- Regulación de precampañas

- Duración de campañas

- Acceso a medios de comunicación

- Sistema de sanciones

$70.03
Costo por voto en 1994

$219.00
Costo por voto en 2000

$412.00
Costo por voto en 2003

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Fecha de publicación: 2004-03-19

Los cinco consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala acordaron ayer reducir 20 por ciento su salario como medida de protesta por la falta de recursos extraordinarios para la organización de los comicios del 14 de noviembre.

Guillermo Ruiz Salas, consejero electoral, aseguró en entrevista que la medida no tiene como objetivo ahorrar, sino inconformarse porque el Congreso y el Gobierno de Tlaxcala se han negado a otorgar 17 millones de pesos adicionales para la organización de las elecciones locales.

"Mas que ahorrar, lo que pretendemos es prepararnos para el peor de los escenarios en el que no se nos autorice más presupuesto", resaltó.

También dijo que se reducirán otras prestaciones que el IET les ofrece.

Ruiz Salas afirmó que el dinero que les será reducido se empleará en la organización de los comicios.

Blinda Corte a Judicatura
Determinan Ministros que son incuestionables las decisiones del CJF que afecten a particulares
Por Víctor Fuentes
Reforma

Las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal no pueden ser impugnadas legalmente, aún cuando afecten a particulares, estableció ayer la Suprema Corte de Justicia, al poner fin a una polémica sobre el papel del órgano de administración del Poder Judicial.

Los ministros resolvieron una contradicción de criterios entre dos salas de la Corte, que reflejaban una duda que ha estado presente desde 1995, cuando el CJF fue creado para administrar y vigilar a los más de 500 tribunales federales que operan en el País.

El Pleno de la Corte desechó la posibilidad de que las inconformidades contra el Consejo de la Judicatura puedan ser motivo de litigio, por siete votos contra tres.

Con esta decisión, las resoluciones del CJF en materia de transparencia y acceso a la información generada por la justicia federal serán definitivas e inatacables, ya que los ciudadanos interesados no podrán promover juicio de amparo o algún otro recurso para impugnarlas.

Las decisiones son tomadas, en última instancia, por una Comisión de Transparencia que integran tres consejeros.

En este sentido, el Poder Judicial queda en una situación distinta a la de todos los demás órganos de estado en este tema. Mientras las decisiones del Ejecutivo, Legislativo y órganos autónomos sobre acceso a la información pueden ser cuestionadas por los ciudadanos mediante juicios de amparo, las que adoptan la Corte y, a partir de hoy, el CJF, son incuestionables.

"Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas", dice el artículo 100 de la Constitución, reformado en 1999 para aclarar de manera más contundente este punto, luego de que la Corte sostuvo intensos debates sobre el tema en 1996 y 1997.

Las únicas decisiones del Consejo que pueden ser impugnadas, son las que se refieren al nombramiento, adscripción y destitución de jueces y magistrados, mediante un recurso de revisión administrativa, que resuelve la Corte.

El Consejo es presidido por el Ministro Mariano Azuela y participan además tres funcionarios designados por el Poder Judicial, dos por el Senado, y uno por el Ejecutivo.

La contradicción se presentó en mayo del 2003, cuando la Primera Sala de la Corte ordenó a una juez federal admitir una demanda de amparo promovida por el abogado Alberto Bazbaz contra el CJF, debido a que se negó a entregar información sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales en el DF, Jalisco y el Estado de México.

La Segunda Sala de la Corte había sostenido anteriormente el criterio de que ninguna decisión del CJF podía ser llevada a litigio, salvo las previstas por el artículo 100 de la Constitución. A fin de cuentas, esta posición fue la que prevaleció.

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Fecha de publicación: 2004-03-17

Multan en Tlaxcala a diputados faltistas
Aplica el Congreso local sanción de un día de salario
Por Juan Ramón Nava
Reforma

TLAXCALA / Tlaxcala

Por primera vez en la historia política del Congreso local, ayer martes, el pleno determinó sancionar económicamente a ocho diputados, de los 32 que conforman la 57 legislatura, y que reiteradamente han faltado a las sesiones de trabajo.

Los diputados que deberán pagar una amonestación de 848 pesos cada uno militan en las bancadas del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM.

La decisión de sancionar a los ocho diputados faltistas se dio durante una encerrona que sostuvieron 20 de los 32 legisladores que integran el Congreso de Tlaxcala, y donde se abordaría la destitución del alcalde priísta de Tenancingo, Marcial Pedro Pérez Guzmán, a quien además se le sigue un proceso de juicio político por la presunta malversación de recursos públicos.

Los legisladores concluyeron que, de los diputados faltistas cuatro solicitaron por escrito permiso para ausentarse, pero ocho no lo hicieron y se resolvió sancionarlos económicamente.

Antonio Rosas Lezama, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, durante una entrevista colectiva informó que a los ocho legisladores sancionados se les retendrá un día de su salario, cantidad que según reveló, asciende a 848 pesos en promedio.

"En este período y en esta mesa directiva se tomó el acuerdo de esta naturaleza, que a decir verdad, ya era necesario. Yo no tengo nada en contra de mis compañeros, y en especial del PRD, pero ustedes (los reporteros) han sido testigos de que muchas de las veces sufrimos para mantener el quórum dentro de la sala de sesiones", explicó.

Hizo hincapié en que esta medida que sanciona a los diputados involucrados, resulta una advertencia para quienes con su inasistencia entorpecen los trabajos camerales, y vaticinó que habrá más amonestaciones con una mayor severidad.

"El acuerdo que sanciona a los diputados faltistas es una advertencia para quienes no asisten a los trabajos legislativos y para quienes no asisten de manera puntual a las sesiones, es muy importante que se siente un precedente, yo creo que con esta medida todo se normalizara, pues de lo contrario, los trabajos se retrasarán y se entorpecería nuestra labor legislativa, fue una petición unánime de mis compañeros", puntualizó.

Los diputados que se hicieron merecedores de la multa son Gilberto Temoltzin Martínez, Víctor Morales Acoltzi y Javier Reséndiz, los tres son líderes de las bancadas del PAN, PT y PVEM, María del Refugio Juárez Rivas, del PRI y Floria María Hernández, Rafael Minor, Sergio Serrano y Ubaldo Lander Corona, todos del PRD.

848 pesos la multa a cada legislador

6 mil 784 pesos el total de las 8 multas

Los ausentes

La LVII Legislatura del Congreso Local inicio su Primer Periodo Ordinario de Sesiones del tercer año de ejercicio el 15 de enero del 2004.

Diputados faltistas:

Descarta Corte violaciones a la Constitución. Inconforma medida a Góngora; ve monopolizado el acceso de los ciudadanos al poder
Por Víctor Fuentes
Reforma

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) pueden convertirse en partidos, siempre y cuando acrediten tener más de 154 mil militantes y presencia en al menos 200 distritos electorales.

Con esta medida, dio por válidos los candados que estableció en diciembre pasado el Congreso para la formación de nuevos organismos políticos, a través de las reformas hechas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, una mayoría de ocho Ministros resolvió que los requisitos impuestos no violan la Constitución.

"El Congreso tomó en cuenta un reclamo social de dictar normas para que los nuevos partidos tengan una real representatividad, y se eviten vicios en su funcionamiento", dijo durante la sesión pública el Ministro Juan Silva Meza, integrante de la mayoría.

Los Ministros también fallaron a favor de que los nuevos partidos utilicen colores y emblemas claramente distinguibles de los partidos ya existentes, al rechazar una acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo.

La otra obligación establecida en la reforma a ocho artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es que los nuevos organismos políticos tendrán que competir solos y no podrán formar coaliciones en la primera elección federal en la que participen. En este apartado la votación fue de siete contra tres, pues José Ramón Cossío se sumó a la minoría de Genaro Góngora y José de Jesús Gudiño.

Estos últimos se pronunciaron por declarar inconstitucional toda la reforma, ya que en su concepto viola la garantía constitucional de libre asociación de los ciudadanos y hace casi imposible el surgimiento de nuevos partidos.

"Los partidos políticos ya existentes decidieron cerrar la puerta y monopolizar el acceso de los ciudadanos al poder. Se quiere combatir abusos de algunos partidos con violaciones a la Constitución, y en vez de permitir nuevas opciones, se cierran a las que ya existen", dijo Góngora, quien advirtió sobre el riesgo de que los ciudadanos opten por cauces "no institucionales" para manifestarse políticamente.

El ex presidente de la Corte no conmovió a sus colegas. Salvador Aguirre lo ilustró con cifras, al señalar que el requisito de acreditar una militancia equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral nacional permite en teoría la existencia de 400 partidos, por lo que no se puede hablar de que se ignore a las minorías.

Este fue el segundo debate político de este tipo en la Corte en un mes. En febrero pasado, los Ministros resolvieron que es válido imponer restricciones a la difusión de propaganda antes del inicio de las precampañas electorales, y que la libertad de expresión de los aspirantes a candidatos está sujeta a los principios constitucionales de equidad electoral. En aquella ocasión, Góngora y Gudiño también se opusieron.

La resolución de ayer es mala noticia para todas aquellas organizaciones que actualmente no tienen el carácter de APN debidamente registrado ante el Instituto Federal Electoral, pues mientras no tengan este registro, no pueden aspirar a convertirse en partidos.

Entrada restringida

Las Agrupaciones Políticas Nacionales que busquen convertirse en partidos deben cumplir los siguientes requisitos:

- 154 mil militantes.

- Presencia en 200 distritos electorales.<

- Utilizar emblemas y colores diferentes aal de los partidos existentes.

- No podrán hacer coaliciones en la primerra elección federal en la que participen.

- El número de sus afiliados debe ser equiivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral nacional.

En el pasado...

Antes de las reformas al Cofipe, los requisitos para crear un partido eran:

- Contar con 3 mil afiliados en por lo mennos 10 entidades federativas

- O bien tener 300 afiliados en por lo mennos 100 distritos electorales uninominales.

- El número total de sus afiliados no podíía ser inferior al 0.13% del padrón electoral nacional.

Estructura política

Partidos políticos nacionales con registro y financiamiento público que recibirán este año:

PAN
$519 millones 83 mil 106

PRI
$567 millones 450 mil 901

PRD
$330 millones 304 mil 156

PT
$125 millones 349 mil 183

PVEM
$172 millones 901 mil 390

Convergencia
$123 millones 439 mil 657

75 agrupaciones políticas tienen registro en el país

$14 millones 541 mil 548 financiamiento que reciben este año

65 millones 688 mil 49 personas inscritas en el padrón electoral (2003)

Fuente: Instituto Federal Electoral

Cada legislador local gana 101 mil pesos mensuales, con bono trimestral incluido; el priista Juan Manuel Parás admitió que no los desquitan.

En el anteproyecto para el Presupuesto General de Egresos del Congreso se pretende mostrar una política de austeridad, aunque no tomaron en cuenta la iniciativa de Liliana Flores Benavides al respecto. Foto: Carlos Rangel/Archivo.

La lección no fue aprendida. A pesar de que la revelación de sus altos salarios causó polémica desde la anterior Legislatura, los nuevos diputados no pretenden reducir sus sueldos que, cada año, le cuestan a los nuevoleoneses 44 millones 352 mil pesos.

Aunque cada uno de los 42 legisladores gana 101 mil pesos mensuales —donde se incluyen los aproximadamente 33 mil pesos que forman parte del bono trimestral—, el anteproyecto para el Presupuesto General de Egresos del Congreso se quedó corto, pues sólo propone que no se aumenten las remuneraciones de los diputados y que se otorguen aumentos al personal administrativo.

Ayer, durante la instalación del Comité de Administración del Poder Legislativo, se dio a conocer la iniciativa en la que pretende mostrar una política de austeridad y, sin embargo, no se mencionó la posible reducción de los emolumentos de los diputados.

“El presupuesto del 2004 no contemplará incremento económico alguno en las remuneraciones de los diputados”, señala el documento elaborado por el comité.

“Los ajustes salariales se realizarán sólo para el personal de los organismos de soporte técnico y de apoyo”, puntualiza.

La iniciativa fue aprobada por los integrantes del comité, que preside el diputado del PRI, Juan Manuel Parás González, así como por sus compañeros de partido María de la Luz Estrada García, Raúl Moncada Leal, el panista Rodolfo Moreno Rodríguez y la petista Guadalupe Rodríguez Martínez. Mientras, la propuesta de la diputada independiente Liliana Flores Benavides, en el sentido de reducir en un 50 por ciento el salario legislativo, será estudiada en próximas reuniones.

El mismo Parás González admitió que los diputados no desquitan las altas remuneraciones que reciben.

“Hay que ser congruentes: la dieta, las remuneraciones de los diputados no son bajas, son muy altas”, sentenció.

¿Gana muy bien siendo diputado?

Yo creo que sí.

¿Y lo desquitan?

Yo creo que no.

Para el legislador, es destacable que se haya decidido no incrementar “ni un peso más” los salarios de los diputados y dijo que el tema de los bonos o de la posible reducción de los sueldos será visto por la Comisión de Coordinación y Régimen Interno. “El Comité de Administración lo único que acordó es privilegiar al personal del Congreso en lugar de privilegiar las remuneraciones de los diputados”, resaltó. “No recibiremos ni un peso más por ningún concepto. Nosotros estamos aprobando no subir, ni compensación, ni dieta, ni gasto, absolutamente por ningún concepto”.

Pero el panista Rodolfo Moreno aseguró que el trabajo de los diputados de la Septuagésima Legislatura sí amerita el alto salario que reciben, pues “venimos a hacer un trabajo, los que vamos a estar apoyando a nuestros distritos”.

Trabajadores de base, sí

Los salarios de los trabajadores de base sí serán beneficiados. De acuerdo con una propuesta del legislador César Serna Escalera, un considerable número de empleados del Congreso local no ganan lo que merecen, por lo que sí ameritan un aumento adicional al de la inflación del próximo año. “Como consecuencia de un estudio realizado por su servidor, hemos detectado que la carga de trabajo del personal que labora para esta H. Soberanía no es proporcional a la retribución económica que reciben como ingreso”, señala el proyecto de Serna Escalera.

“Proponemos sea considerado un aumento a las percepciones de los empleados del Poder Legislativo”.

Prevén que Liliana no tenga grupo legislativo

La diputada independiente, Liliana Flores Benavides, podría quedarse sin grupo legislativo, de acuerdo con los avances del análisis que realiza la comisión especial sobre el caso.

Aunque el dictamen será presentado ante el Congreso hasta el próximo lunes, los estudios que han hecho los diputados apuntan a que la dirigente estatal de El Barzón no podrá formar el Grupo Legislativo de la Sociedad Civil.

“Por lo que se ve, no cumple con los requisitos para formar un grupo legislativo”, reveló el presidente de la comisión, Plácido González; “todos los argumentos que hemos escuchado es que no se puede formar un grupo legislativo”.

Como antecedente, se puede considerar el caso del actual diputado Jorge Padilla Olvera quien, al ocupar una curul en la Sexagésima Octava Legislatura, fue expulsado del Partido Acción Nacional y también intentó promover la creación de su propia bancada. La propuesta le fue negada.

En caso de que el dictamen no favorezca a Flores Benavides, ella podrá seguir siendo diputada con todas sus facultades, pero no tendrá prerrogativas destinadas a los grupos legislativos ni un lugar en la Comisión de Régimen Interno, donde están los representantes de las bancadas.

Ayer, ante el grupo de diputados, compareció el líder estatal de Convergencia, Ernesto Cerda Serna, quien defendió que Flores Benavides no puede tener su propio grupo legislativo.

El político citó a Jorge Carpizo para insistir en que los diputados no pueden formar sus propias estructuras partidistas cuando llegan al Poder Legislativo.

Dijo que el sistema político mexicano está basado en partidos y no en candidaturas independientes, por lo que no procede la solicitud hecha por Flores Benavides cuando inició la presente Legislatura.

Como se sabe, al asumir su cargo, la barzonista eliminó toda relación con el partido Convergencia debido a que hubo rupturas en pactos políticos que se habían hecho antes de las elecciones del 6 de julio.

Flores Benavides dijo que ya no tendría relación con ese instituto político y que, en su lugar, ella misma integraría el Grupo Legislativo de la Sociedad Civil. Para Cerda Serna, la actitud de la diputada independiente es de protagonismo: “quiere ser opositora con capacidad de chantaje”.

¿Austeridad?

Los salarios mensuales con aumento meritorio:

Una persona del Comité de Archivo: 4 mil 900 pesos

Una persona de Mantenimiento: 5 mil 900 pesos
Dinero anual destinado a los sueldos de empleados sindicalizados, de confianza y honorarios: 2 millones 262 mil 908 pesos.

Un diputado: 68 mil pesos

Bono mensual: 33 mil pesos
(Más viáticos, gastos de representación, gastos por funciones legislativas y oficina).

Dinero anual destinado al pago de 42 legisladores: 44 millones 352 mil pesos.

Fuente: Propuesta del diputado César Serna sobre el aumento a empleados de base.