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Capítulo 13/La corrupción en tiempo de Chávez  

 

 

 

Algunas sugerencias internacionales

En la Cumbre Anticorrupción de Estados Unidos se delinearon estrategias continentales (foto: Fast Multimedia).

En el plano internacional se están haciendo esfuerzos para estandarizar las mejores prácticas generales y específicas de combate a la corrupción. Abundan las recetas, como algunos las califican. La del Estado Incorruptible, presentada por el experto Omar Torrijos Pauzner, en la Cumbre Anticorrupción, el 21 de septiembre de 2000, establece los siguientes principios y fundamentos:

Que introduzca y mantenga una nueva política basada en la verdad, la justicia social, el patriotismo y la conciencia para que dicha novedad en la política produzca la restauración de las naciones y termine con la acostumbrada tendencia a pensar que la política es un medio para llegar al poder.

Que el bien es común, tanto material como económico, así como mental y corporal sea el objeto primordial para emprender cada acción del gobierno en todos los niveles.

Que suplante todas aquellas estructuras que obstaculizan el bienestar y que reoriente, reestructure y provea una nueva dirección en todas las instituciones del Estado.

Que le preste una seria atención a los problemas particulares de la nación y a las desventajas de aquellas áreas que así lo ameriten.

Según Torrijos Pauzner, "el Estado Incorruptible, tiene que nacer de las entrañas de hombres honestos, capaces y valientes, que se decidan a romper con el atractivo encanto de la corrupción, la ausencia de ética, la falta de valores y la injusticia social; hombres que se atrevan a levantarse y cortar los cordones umbilicales que alimentan y contribuyen a robustecer la corrupción...El mundo clama por ser liberado de la esclavitud de la corrupción y por reformas adecuadas para elevar la dignidad humana sobre la tierra y elevar nuestra calidad de vida".

El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos ha establecido unas normas prácticas, ensambladas de los códigos internacionales vigentes y de las leyes locales. Básicamente se dividen en dos categorías: las dirigidas a establecer y mantener sistemas de contratación de funcionarios públicos y las que deben adoptarse luego de que los funcionarios ocupan posiciones públicas.

Vemos unas y otras, a continuación.

Para contratación de funcionarios con el más alto nivel de competencia e integridad:

Los sistemas deben pagar una remuneración justa que permita mantener el debido nivel de vida sin corrupción.

Los sistemas de contratación y los ascensos deben ser abiertos y por méritos, basados en normas objetivas.

Los sistemas deben garantizar una jubilación digna sin recurrir a la corrupción.

Los sistemas deben permitir una preselección a fondo de todos los empleados destinados cargos vulnerables.

Los sistemas deben incorporar periodos de prueba después de la contratación inicial.

Los sistemas deben preservar los principios de los derechos humanos y ser eficaces para prevenir y detectar la corrupción.

Para el mantenimiento del personal en la gestión pública:

Las instituciones públicas deben ser imparciales, especializadas y administrar códigos de conducta moral.

Debe existir capacitación y asesoramiento de funcionarios para asegurar el debido entendimiento de las obligaciones y las normas éticas que rigen las actividades, así como el profesionalismo y el ámbito de competencia.

La capacitación debe incorporar el estudio de las prácticas de brutalidad física y otras violaciones asociadas con la corrupción de los funcionarios de justicia y seguridad.

Asegurar los mecanismos gerenciales que hagan cumplir las normas éticas y administrativas de conducta.

Los sistemas deben reconocer méritos a los empleados que muestren una alta integridad personal y contribuyan al objetivo de defender a su institución contra la corrupción.

Los sistemas de personal deben incluir turnos periódicos en las tareas para disminuir el aislamiento que fomenta la corrupción.

Los sistemas deben proporcionar la debida supervisión a las decisiones discrecionales y del personal que puede tomarlas.

Los supervisores deben rendir cuentas del control de la corrupción.

La dirección de cada organismo debe practicar y promover activamente las normas de integridad y demostrar dedicación para impedir y detectar la corrupción, la deshonestidad y la conducta inmoral.

   

 

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