Aparte de las anteriores, a lo largo del reportaje han quedado suficientemente ratificadas todas y cada una de nuestras observaciones iniciales, las cuales constituían una brújula cualitativa que junto con la cuantitativa y muestral, nos ilustraban sobre la supervivencia, adaptación y expansión continua de la corrupción administrativa a los nuevos tiempos de revolución y transformación.

Así, a pesar de que luego del proceso constituyente de 1999 se han designado dos grupos de funcionarios al frente del Poder Ciudadano, bajo esquemas de selección fuertemente cuestionados por algunos sectores de la sociedad –más el primero que el segundo-, al ser poco democráticos y participativos y bajo un clima de dudosa "transitoriedad constitucional"; la Fiscalía y Contraloría General de la República lucen débiles al frente de la lucha contra la corrupción. Estos dos organismos, a todas luces, han perdido celeridad en sus procesos. Es increíble que dos periodistas le hayan ganado la batalla del tiempo a la Contraloría, y con menos recursos a su disposición, como para que los venezolanos conociéramos a ciencia cierta, cuando menos, una versión bastante creíble del megafracaso electoral. La falta de recursos y de personal se está convirtiendo en una excusa adicional que favorece la impunidad y da lugar a solidaridades indirectas que socavan la credibilidad en las nuevas instituciones. Los medios y los periodistas están llenado un vacío investigativo que le corresponde al los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano.

Adicionalmente, al Tribunal Supremo de Justicia se le ha colocado en una delicada situación donde crecen las sospechas de su cuadratura con el oficialismo a los ojos de la oposición y de franca independencia cuando los juicios emitidos provienen del entorno gubernamental. Pero lo que sí es evidente y demostrable es que el sistema judicial surgido al calor del proceso constituyente no arroja saldos positivos ni mejores a lo que era la justicia bajo la IV República. Este hecho está reconocido por conspicuos próceres del proceso actual.

El Código Orgánico Procesal Penal, el tan nombrado COPP, como ya vimos, se convirtió en un factor, nos guste o nó, que le da soporte a la impunidad. En buena parte de los casos de corrupción atribuida a la IV República o en los denunciados desde la V contra la IV República, revisados en los capítulos 7 y 8, la inmensa mayoría de los imputados obtuvieron ventajas en algunos casos injustificables de los beneficios procesales.

En cuanto al desempeño de otra instancia fundamental en la lucha contra la corrupción como lo es la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la constante falta de consenso en su seno denota que los intereses personales y políticos de sus miembros en oportunidades opacan a los del país y las necesidades de esclarecer verdades. Casos dejados por el Proceso Constituyente y el Congresillo, tanto de la IV como de la V República o los nuevos como el Plan Bolívar 2000, el FUS, las Megaelecciones, entre otros, tampoco han encontrado calificación política ni condenatoria ni absolutoria en el parlamento.

En tres años de gestión chavista no ha habido castigo ejemplar contra ninguna figura trascendente de la corrupción administrativa, ni de la IV ni de la V República. Aunque el gobierno constantemente reitera su vocación anticorrupción, emprende iniciativas en diversas escalas, donde incluso la Disip ha venido actuando en un nuevo rol de investigación policial sin resultados concretos y envuelta en una sombra de dudas en cuanto a la ética de sus funcionarios y ex funcionarios. En este sentido algunas de las incidencias del supercaso Montesinos dejan un tufo combinado de extorsión, encubrimiento, corrupción, mentiras repetidas hasta la saciedad, complicidad. No incluimos a plenitud este caso porque su complejidad amerita una investigación particular y otros periodistas estarán, seguro, mucho mejor documentados para desarrollarlo con profundidad y precisión.

El gobierno nacional en un Aló Presidente bastante emotivo anunció en octubre pasado el estudio y posterior promulgación de una Ley Anticorrupción y la creación de una Comisión Presidencial de Combate a la Corrupción Administrativa. La exposición de motivos y el articulado fue entregado al entonces vicepresidente Isaías Rodríguez, ahora Fiscal General, a fines del año 1999 por el experto Alejandro Arzola. Es verdad que la Asamblea Nacional está trabajando al respecto, pero la sustitución o actualización de la Ley de Salvaguarda forma parte de la mora legislativa del actual Parlamento, tan cuestionada por estos días. La llamada transitoriedad ha sido factor estimulante de la corrupción y la impunidad al no haberse actualizado todas las leyes viejas o necesarias que se desprenden de la Constitución Bolivariana.

La entrada en Vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, por añadidura, derogó automáticamente más de la mitad de la Ley de Salvaguarda y facilitó el caldo de cultivo para las irregularidades.

Salvo el COPP, es arriesgado concluir que muchas de los aspectos mencionados en las líneas precedentes hoy sean diferentes a como los observábamos en la IV República. La lucha contra la corrupción todavía tiene un largo recorrido por delante y mientras más gente esté conciente de su presencia masiva y empobrecedora, las posibilidades de éxito en su disminución y erradicación progresiva serán mayores. Nadie tiene el monopolio de la verdad en este sentido.

— ¿Si usted tuviera el poder, los medios y los recursos podría mencionarme al menos tres acciones contundentes de combate a la corrupción administrativa en Venezuela? –formulamos la interrogante al diputado Alejandro Arzola, integrante de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

—Sí. Uno, establecer el principio de autoridad –respondió-. Si hay un Presidente que gobierne con seriedad, sin duda que este principio va a bajar a la cadena de mando y ese principio se va a respetar. Nadie va a cometer un hecho de corrupción cuando se sabe que va a ser sancionado. Dos, debe redactarse una nueva normativa que establezca las sanciones, tanto para los responsables como para los negligentes, incluyendo a jueces y fiscales. Tres, información y formación. Todo el mundo debe conocer en profundidad el tema y las sanciones.

— ¿Se refiere usted a formación ciudadana?

— Sí, claro. Mientras tengamos buenos hijos tendremos buenos ciudadanos. De qué sirve tener buenos principios de autoridad o buenas leyes, si no tenemos buenos ciudadanos.

— ¿De qué manera puede participar el ciudadano común en la lucha contra la corrupción?

— Denunciando a través de mecanismos serios. Si hay denuncias bien canalizadas y sustentadas, la sociedad puede participar sin miedo y sin temor. La corrupción es un problema de todos y en esa pelea debemos participar todos.

Para la ex constituyente, periodista y escritora Angela Zago, el aspecto fundamental radica en el buen funcionamiento de la institucionalidad: "después viene todo lo demás".

— Este país va a funcionar si la sociedad civil se organiza y se concreta el poder de movilización. Considero que la base de la transformación, de lo que va a pasar en el país, va a depender de la organización de la sociedad. Lo único que hay que agradecerle a Hugo Chávez, que es una cosa buena que está pasando gracias a él, es que la sociedad se está organizando y esto es lo fundamental para mí, después viene todo lo demás. Esto es el futuro del país. El problema que se cuestionaba en el orden político, social y ético eran las instituciones. Aquí nadie cree en las instituciones y esa es la gran revolución, que las instituciones sean fundamentales y que puedas creer en un verdadero estado de derecho. El día que esto se así, la corrupción dejará de ser un problema fundamental.

El punto tiene plena coincidencia con los expresado por el ex fiscal Ramón Escovar Salom. También reconoce como lo primordial el rescate y pleno sentido de la institucionalidad y su respecto:

— El estado de derecho lo tienen los sectores políticos en la medida que les se favorable a ellos. Esto, lamentablemente, ha sido siempre así. Mientras eso no cambie no habrá una lucha más exitosa contra la corrupción administrativa en Venezuela.

El también ex constituyente y actual diputado por el MAS, Carlos Tablante, estima que uno de los aspectos que hay que regular en el país es el del financiamiento de las actividades de los políticos y de las organizaciones a las que pertenecen.

— Allí está una fuente importante que origina perversiones en la relación que establecen quienes representan a los ciudadanos con su representado y con el poder que ostentan de esa representación. El otro aspecto es darle impulso a una verdadera revolución educativa en el país que tiene que comenzar en la familia, con el apoyo de los medios, debe seguir en todos los niveles educativos y la formación ciudadana permanentemente cargada de valores éticos. Esto requiere de un gran compromiso y de un plan nacional donde esté todo la sociedad representada. Esta es la diferencia entre un liderazgo mesiánico y una verdadera movilización social.

Para el parlamentario, el venezolano puede contribuir si en el seno de cada familia "no se permita el uso de la mentira sino que la relación familiar sea sobre la base de la verdad. Esto es básico al hablar de valores".

— Pero tú no puedes ser diferente cuando sales del ámbito de tu familia, de lo privado, y entras en el ámbito de lo público, cuando caminas, cuando ves a los vecinos, o entras en contacto con los espacios y servicios públicos. Tenemos que quebrar la corrupción que nos atrapa como sociedad, cuando somos impuntuales en el trabajo, no respetamos las leyes y las señales de tránsito, tomamos lo que no nos pertenece, aceptamos como natural al corrupto. Tenemos que alcanzar una capacidad como individuo para luchar eficientemente contra la corrupción. El rechazo social también es clave. Es como si tú y yo caminamos por Miami y nos encontramos con Blanca Ibáñez y la saludáramos como si aquí no ha pasado nada...

— ¿Cómo percibe usted los niveles de tolerancia de la sociedad venezolana frente a los hechos de corrupción? –le preguntamos al contralor Clodosbaldo Russián.

— Yo creo que la sociedad venezolana está muy preocupada por los hechos de corrupción. Es más, creo que en Venezuela se impone socialmente hablando el ‘cero tolerancia’. La bandera de la lucha contra la corrupción siempre ha despertado y despierta simpatía en la sociedad. Aún cuando una institución tan importante como la denuncia la hemos venido relajando, en el sentido de que se ha venido utilizando con y sin fundamento, soy de los que creo que la población está sensibilizada en contra y ese es un sentimiento que no tiene por qué prestarse para especulaciones. Por lo contrario la denuncia tiene que ser bien fundamentada, porque si no se hace daño irreparable a instituciones, familias y personas.

El ex candidato presidencial Eduardo Fernández es del criterio de que la utilización de la televisión es una pieza clave para emprender una cruzada nacional y masiva que eleve los valores y principios morales de la sociedad venezolana.

— Yo soy un maniático del tema de la educación. Además de la familia que está en crisis y de la utilización eficiente de los medios de comunicación, la educación es el instrumento más importante contra la corrupción. Luego, hay que profundizar la reforma del Poder Judicial, Lo que han hecho es un ‘quítate tú pa’ ponerme yo’, se han quitado jueces de la IV para poner jueces amigos del señor Manuel Quijada y del partido de gobierno, pero falta ejemplaridad para castigar los delitos contra la cosa pública. Esta cara de la reforma judicial todavía no la hemos presenciado. Y lo tercero es reducir el Estado, simplificar los procedimientos y rehacer un Estado más transparente.

— ¿Y qué puede hacer el ciudadano mientras todo aquello se logra? –repreguntamos.

— Dando ejemplo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un ciudadano es sentir tranquilidad de conciencia para acusar a otro de corrupción. Te portas bien, respetas las leyes, cumples con tus deberes familiares, no te copias en los exámenes si eres estudiante, cumples con tus obligaciones laborales, respetas el código de ética profesional; sólo así tienes autoridad moral para acusar a los demás de corrupción. En otras palabras, lo primero que tenemos que hacer es ser mejores. Y no esperar a que los otros lo sean.

Al ex contralor Eduardo Roche Lander le parece muy importante, en primer lugar, el respeto a la Constitución y las leyes por todos los ciudadanos y todas las instituciones y sus representantes.

— En segundo lugar, crear en la población y en los funcionarios públicos la conciencia del deber público y la necesidad de exigir el cumplimiento de las cosas. El tercer aspecto importante es que haya sanción. Cuando una persona comete un hecho irregular, un delito, un robo y no es sancionado y queda impune, todos los demás querrán hacer lo mismo. ¿Por qué seguir teniendo razones para no robar?, como alguna vez dijo Gonzalo Barrios. La impunidad nos está liquidando como sociedad

— Actualmente se requiere actualizar todo un mundo de leyes, incluidas las que castigan la corrupción. ¿Cómo ve usted esta evolución jurídica?

— Hay dos tipos de sanciones que deben aplicarse cuando hay casos de corrupción y de irregularidades. Las irregularidades se sancionan con multas, destituciones y otras acciones administrativas. Cuando hay pérdida del patrimonio público, cuando hay intención de dolo, eso ya es penal. Actualmente la Contraloría debe pasarle los expedientes a la Fiscalía para que el juicio penal continúe. Hay una contradicción en este momento en lo que se refiere al patrimonio público, porque la Ley orgánica de Contraloría establece que es la Contraloría la que inicia los procesos de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal establece que es la Fiscalía la instancia que tiene que iniciar. Cualquiera que lo haga está bien. El punto es que todo ciudadano sabe que hay personas, antes y ahora, que han cometido enriquecimiento ilícito pero no han sido sancionadas.

El diputado Gerardo Blyde, sugiere que la fórmula efectiva para combatir la corrupción está basada en tres aspectos: un reforma real del Poder Judicial, el modelaje de los funcionarios públicos, comenzando por el Presidente, y mejorar y ampliar la educación.

— En Venezuela se perdió la educación ciudadana. No soy viejo y recuerdo con mucho cariño mis clases de educación moral y cívica. A alguien se le ocurrió eliminar esto y hoy por hoy en Venezuela las escuelas no producen ciudadanos. Si no formamos ciudadanos de nuevo, el país no se va a enderezar jamás.

Sólo la organización en todas las instancias y comunidades, dice Blyde, asegura no sólo la participación social ordenada, sino el control sobre los gobernantes y la capacidad de denuncia y reclamo.

— En Venezuela hay mucha gente decente que quiere vivir en un país decente.

— ¿Primero Justicia tiene en su agenda incidir sobre el tema de la corrupción administrativa?

— El tema es importante y entendemos su gravedad pero en este momento las prioridades son inseguridad y desempleo. Tal vez el tercer tema en importancia sea la corrupción. Vamos a trabajar intensamente en la reforma del Código Penal. Vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que tanto la Ley de Salvaguarda como cualquier otra ley que indique ilícitos y que esté recogida o desordenada en el ordenamiento jurídico venezolana sea concentrada en un Código penal moderno y vamos a luchar porque el año que viene al Poder Judicial le sea asignado un porcentaje no inferior a 4%.

Consistente con su línea de pensamiento, el profesor e investigador Herbert Koeneke vislumbra como salidas el fortalecimiento e independencia de las instituciones involucradas y de los mecanismos de rendición de cuentas.

— Tienes que contar con instancias de control y de fiscalización realmente autónomas, que no dependan sus dirigentes para su permanencia en el cargo de un Presidente de la República. Deben tomar las decisiones sobre la base de la justicia y la equidad. Hay que hacer más transparente la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Tienes ahora fracciones anónimas cuando lo que requiere es la representación parlamentaria personalizada para exigirles cuentas también.

Agrega que un país como Venezuela, con los niveles de corrupción que exhibe, requiere urgentemente de grandes campañas educativas dirigidas a la formación ciudadana. En el sector público hay que emprender acciones "de gerencia pública y ética en el desempeño".

— Hay un problema cultural muy fuerte que resolver, tanto individual como grupal. Hay que tratar de cambiar ciertas orientaciones culturales según las cuales hay una visión fatalista del venezolano que, lejos de ser un emprendedor, trata de resolver los problemas basado en un sistema deshonesto de relaciones familiares y de amistad. Hay que cambiar esta visión para que el venezolano sea menos tradicional y sea más auto iniciador de proyectos tanto para su vida como para su trabajo.

— ¿De tener el poder, los recursos y medios, puede mencionarme al menos tres acciones contundentes para reducir la corrupción en Venezuela? –formulamos la misma pregunta a Luis Cristhiansen, ejecutivo de Consultores 21.

— En primer lugar, controles e instancias fiscalizadoras legítimamente constituidas. Luego, hay que introducir muchos sistemas en la administración pública para regular a todos quienes manejan dineros públicos. Como el gobierno está utilizando a la Fuerza Armada como medio de redistribución de riqueza, siendo que siempre fue una institución con varios velos de secreto, hay que minimizar los riesgos de corrupción desde el ámbito militar. Se está multiplicando el volumen de dinero que administran y para nadie es un secreto en este país que las Fuerzas Armadas están acostumbradas a no ser controladas.

El tercer aspecto que menciona Cristhiansen es la institucionalización de la sanción.

— Para mí es un contrasentido que una V República que nació como reacción a la corrupción de la IV República no exhiba visiblemente como norma la existencia de sanciones. No solamente sanciones contra los corruptos del pasado sino contra los corruptos de la propia V República. El tema de la sanción es fundamental, incluso pensando en los temas de opinión pública: fíjate, cuando Hugo Chávez se alza en el año 1992, él está castigando públicamente a un símbolo de la corrupción en Venezuela que era Carlos Andrés Pérez. Luego, después de ser Presidente, acaba con todas las instituciones formalmente establecidas y castiga públicamente los símbolos también de la corrupción de los últimos 40 años.

— ¿Qué vio la gente allí?

— Bueno, aquí apareció alguien con capacidad para castigar, sin embargo ese que fue capaz de castigar lo que había hasta el momento, actualmente se está mostrando como muy incapaz para castigar la corrupción que aparece. Esto es muy importante a los efectos de la opinión pública, porque hasta ahora el mensaje es que aquí se acabó la corrupción y no hay más.

— Pero no hay ningún preso para los casos que se han denunciado en la V República.

— No, pero hay demasiados ojos. El que no haya un solo preso o el que en este momento él no tenga que castigar a nadie es también parte de un mensaje, es decir, si yo no tengo que castigar a nadie a lo mejor es porque no hay corrupción. Pero miremos esto al revés. Tomemos el caso hipotético de Grüber Odremán. Bueno, la misma severidad con la que yo castigué a los de antes se la aplicaré a estos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Una muy importante: Chávez se erigió como juez de la IV República, el hizo el juicio y estableció la pena. Ahora entra a decir: señores yo no soy juez, yo tengo que esperar a que se pronuncien las instituciones. ¿Cuál serla la diferencia para Chávez? Yo no creía en las instituciones de antes y en las de ahora sí.

— A su criterio, ¿cuál es la consecuencia práctica de esto? –repreguntamos a Cristhiansen.

— Bueno, si alguien no es condenado por corrupción la responsabilidad termina siendo la práctica de una responsabilidad compartida entre la institución que debía sancionar y yo (Chávez), eventualmente. Pero en la medida que Chávez goce de carisma como goza en este momento, tiene un amplio margen de maniobra en ese sentido.

La presidente de la Comisión de Contraloría, Vestalia de Araujo, propone que hay que incursionar en el área de una mejor dotación para el Ministerio Público, tanto en recursos financieros como en las experticias contables que realiza la PTJ.

— Me he dado cuenta de que muchos de los casos que se han perdido ocurren porque el fiscal que acciona la parte penal conoce que existe un delito de salvaguarda, pero lo tipifica inadecuadamente y entonces el juez piensa que no hubo delito. El problema es que el delito no se llamó por su nombre, ocurre la absolución que a los efectos es como una complicidad indirecta. Entonces yo creo que este asunto debe ser incorporado a los cambios en materia de salvaguarda para presionar la negligencia para los fiscales, policías y jueces.

Una de las salidas que propone Gustavo Coronel, presidente de Pro Calidad de Vida y representante de Transparencia Internacional en Venezuela, es la instauración de un Consejo Nacional de Integridad.

— ¿Por favor nos explica en que consiste?

— Estaría conformado por un grupo de entre 7 y 9 personas provenientes de los sectores más representativos de la sociedad civil y del gobierno, orientado a establecer las políticas y estrategias nacionales anticorrupción.

— Pero tenemos un Poder Moral que establece la Constitución de 1999...

— La nueva Constitución establece la figura del Poder Moral , la cual se encargaría de coordinar y comandar los esfuerzos destinados a luchar contra la corrupción en el país. Una primera debilidad de esta figura en su composición, en la cual no existe ninguna representación de la sociedad civil, como si la lucha contra la corrupción fuese solamente un asunto del gobierno. En cambio, un Consejo Nacional de Integridad hubiese sido una figura más legítima y tendría una verdadera fuerza moral que lo que existe que es un grupo francamente incestuoso de tres funcionarios incondicionales al gobierno de turno, incapaces de contrariar al jefe. La insistencia en nuevas leyes o en constituciones como salidas a la pavorosa corrupción venezolana es un espejismo. Lo que necesitamos son actitudes decididas, acciones concretas, iniciativas ciudadanas y que cada quien sea un líder en la lucha contra la corrupción. Cualquier esfuerzo sin el concurso de toda la sociedad, carece de sentido.