Entre abril de 1998 y diciembre de 1999 se realizó en el municipio Campo Elías de la población de Ejido en el estado Mérida, bajo el patrocinio y ayuda del Banco Mundial, una experiencia piloto para toda América Latina, con la finalidad de poner a prueba un conjunto de prácticas transparentes en el diseño y la aplicación de políticas públicas por parte de un gobierno local, con la participación amplia de la comunidad y la asesoría del organismos multilateral por la vía de varios expertos.

La iniciativa surgió tras la realización de un taller regional en Caracas a fines de 1997, donde participaron funcionarios del Banco Mundial y de varias organizaciones no gubernamentales, junto a un grupo de funcionarios municipales de Latinoamérica. Se analizó intensamente, entre otros tópicos, el recorrido dado por la descentralización de funciones ocurrida en Venezuela desde 1989, proceso que había generado graves problemas de desorden administrativo, corrupción y de mala interpretación de normas y regulaciones.

"Procedimientos imposibles de predecir y funciones duplicadas trajeron consigo la ausencia de métodos transparentes de mecanismos de rendición de cuentas en la provisión de servicios, creando incentivos para la corrupción entre funcionarios municipales. Los ciudadanos creían a menudo que los sobornos eran la manera más efectiva de obtener servicios y no estaban motivados para participar en la función pública", revela la memoria documental del Banco Mundial al respecto de la situación reinante en nuestro país.

En la reunión, 35 alcaldes venidos de todos los países de América Latina solicitaron ayuda al Banco Mundial al conocer que el ente multilateral podía asistirlos técnica y financieramente con diversos propósitos. Al final del encuentro, solamente 20 alcaldes firmaron acuerdos para asistencia en reformas gubernamentales y tres pactaron cartas de acuerdo para programas de transparencia.

La alcaldesa de Ejido, electa con los votos de Acción Democrática, Elba Soto, se anotó en la lista de interesados para la realización de un programa de transparencia y resultó favorecida con el accionamiento del plan piloto, luego de tres visitas de especialistas del Banco Mundial a la comunidad de Ejido.

La anterior es la estructura política típica de cualquier Concejo Municipal del interior del país antes de la llegada al poder del chavismo: una mayoría adeca de 6 concejales contra 4 de la oposición repartida entre COPEI y el MAS. Para el momento, la comunidad de Ejido estaba integrada por unos 120 mil habitantes y políticamente estaba dividida en 7 parroquias: Acequias, Fernández Peña, Jají, La Mesa, Matriz, Montalbán y San José, con 89% de la población urbana y 11% rural y 39% considerada como pobre por el Banco Mundial. "En el pasado –refiere el diagnóstico antecedente de la prueba piloto- la corrupción debilitaba la provisión y mantenimiento de servicios, así como la calidad de vida de Campo Elías".

Entre Junio y julio de 1998, se aplicó una encuesta que diagnosticó dos factores clave en la percepción de la corrupción municipal por parte de los pobladores:

"Los resultados de la encuesta diagnóstico –revela el documento del Banco Mundial- fueron presentados en un taller que se llevó a cabo con la participación de la comunidad. Las estrategias para la reforma municipal fueron desarrolladas sobre la base de los resultados de las encuestas y de las decisiones de los grupos involucrados. Los grupos de trabajo identificaron los obstáculos a la reforma así como también los recursos disponibles para frenar la corrupción y reformar el gobierno municipal. También se propusieron soluciones y presentaron métodos para llevar a cabo un seguimiento de los cambios mediante un plan de acción".

Básicamente fueron tres los problemas detectados:

De común acuerdo, autoridades municipales y población aprobaron cinco ordenanzas municipales para incrementar la participación de la comunidad.

El plan de acción provocó cambios en los procedimientos administrativos para las licencias de industrias, construcción de obras públicas y privadas y de comercio y para la certificación de pagos de impuestos municipales, con el apoyo del Banco Mundial en la instauración de procedimientos transparentes de controles de responsabilidad, suministro de servicios y credibilidad en el gasto.

"Las técnicas de monitoreo –revela la documentación disponible- incluyeron audiencias públicas sobre el presupuesto, un sistema computarizado para efectuar el seguimiento de las obras públicas y talleres locales con actores sociales... Después de la implementación, una segunda encuesta de percepción de los usuarios fue conducida para evaluar el programa piloto. La encuesta de 1999 encontró que el desarrollo de consensos entre la sociedad civil y el gobierno local había logrado mejorar la transparencia, el acceso público a servicios, y la propia capacidad del gobierno para resolver los problemas municipales. Con el inicio de audiencias públicas participativas sobre presupuesto, la sociedad civil se convirtió en una parte integral de los procesos de toma de decisiones y de implementación de políticas públicas locales".

Se añade que "ahora los ciudadanos de Campo Elías, Ejido, ejercen mayor incidencia en cómo se distribuye el presupuesto local porque demandan eficiencia. Han ganado mayor poder para ocuparse y hacer seguimiento de sus proyectos".

Vemos las mejoras ocurridas en el incremento de la transparencia y la disminución de la corrupción, con los resultados de las encuestas aplicadas por el Banco Mundial en 1998 y 1999 en porcentajes:

"Entre julio de 1998 y agosto de 1999, las percepciones sobre el desempeño, la corrupción y el complejo administrativo mejoraron más de 50%", argumentan los expertos del Banco Mundial. El equipos conformado por María González de Asís, Especialista en manejo del Sector Público del Banco Mundial; Edgardo Buscaglia, Raúl Monte Domecq, Guillermina Kanonnikoff, del programa de Asistencia Técnica a Municipalidades del Banco Mundial; la alcaldesa, Elba Soto y Fundacomún; reconocieron al final de la experiencia piloto las siguientes lecciones e impactos:

"El enfoque de construcción de consensos desarrollado en Campo Elías, Ejido, hace que las reformas sean más sostenibles. Otras municipalidades de Venezuela están aprendiendo de esta experiencia...La sociedad civil también está respondiendo al programa, incorporándose a los comités formados con los funcionarios públicos para monitorear la asignación de los recursos públicos", concluye el Banco Mundial, institución que promueve la experiencia comentada bajo el título: Reduciendo la corrupción: lecciones de Venezuela.

Más recientemente, la Alcaldía de Chacao, bajo la conducción de Leopoldo López de la agrupación Primero Justicia, creó un comité entre la dirección de Obras Públicas y Mantenimiento y los vecinos organizados, para acordar estrategias de participación, establecimiento de prioridades y control del presupuesto en la ejecución de obras públicas (El Universal, 2/03/2001).

Una propuesta defendida en Venezuela por René Castro, coordinador regional de la Cuarta Conferencia Interamericana sobre Problemas de Fraude y Corrupción en el Gobierno, al respecto de la participación de la sociedad civil y de todas las instancias de la sociedad organizada en la lucha contra las irregularidades administrativas, quedó plasmada en mayo de 2000 (El Universal, 11/05/2000):

Iniciativas como estas, sin duda, contribuyen a fomentar la participación ciudadana, a hacer más transparente la utilización de fondos públicos, cuya única misión es la de elevar la calidad de vida de la población, y nos dicen muchísimo de las reservas morales de las que todavía dispone la sociedad venezolana para combatir la corrupción.